miércoles, 2 de febrero de 2011

CARTA ABIERTA A MARGARITA A STOLBITZER

Estimada conciudadana:
Vayan a ud. mis más sinceras y entusiastas felicitaciones por su escrito “Todos, con derecho a la vivienda” (CLARIN, 31-I-11). Más adelante, si me lo requiere, y con puro ánimo de colaboración para con nuestra Patria, podré hacerle algunos comentarios a su escrito, sin más afán que perfeccionar algunos conceptos necesarios para la posible concreción de sus propuestas. Todos, democráticamente, debemos colaborar en el indispensable esfuerzo para apartar al país del ruinoso camino en que “tirios y troyanos” lo han colocado a lo largo de la última centuria. Lo importante es destacar que en amplia mayoría lo han hecho por no haber tenido conciencia de la importancia del asunto abordado por usted.

El principal motivo de mi felicitación es el hecho que usted, como candidata en las próximas elecciones, ha puesto sobre la mesa de discusiones el más básico de los problemas del orden social argentino.
Ninguna sociedad humana - so pena que incurrir en autodestrucción - puede eludir la tarea de conocer y tratar la cuestión primaria para la vida material de todo individuo y la sociedad: el régimen legal de acceso a la tierra.
Ni ninguna sociedad ha de prosperar sin acertar a legislar adecuadamente sobre el destino de la renta del suelo destinándola a formar el tesoro con que afrontar el gasto público. Tomada esta medida, se pueden eliminar los actuales impuestos y poner fin a la emisión falsa de moneda (inflación). Es indispensable hacerlo porque impuestos e inflación son pésimos recursos para gobernar. Con ambos se castiga al trabajo, a la inversión de capital real, al comercio y al consumo.
La historia prueba que un orden político tan poderoso como el de la antigua Roma se autodestruyó por su sistema de propiedad de la tierra y el régimen de impuestos adoptado.

¿Por qué habríamos de escapar nosotros a ese fatal destino tras haber establecido en el año 1869, vía Código Civil, el derecho romano de propiedad del suelo (parágrafo Quinto de la nota al Art. 2503 del CC)?

Para colmo, nuestro “deletéreo régimen de impuestos” toma como principales hechos imponibles el trabajo, la ganancia y el consumo. Un verdadero atentado contra la prosperidad individual y social. ¿Cómo evitar que existan legiones de “carenciados”, se incremente cada vez más el nivel de pobreza y contra lo ordenado por el Art.25 de la Constitución, de hecho se haya cancelado la inmigración a nuestro país cuando éste permanece escandalosamente vacío?

¿Cómo impedir que como consecuencia inevitable de aquellos dos grupos de leyes, los argentinos consideren a la trata con “la tierra el mejor y más seguro negocio de la Tierra?.

Estimada amiga, que la tierra sea tratada como cosa in comercio y la gente lucre con ella obteniendo con su compraventa más ganancias que con ningún otro trabajo, tiene lamentables costos. A la cabeza la emergencia de millones de hombres, mujeres y niños hacinados en el seno y en las orillas de las ciudades más importantes. El resto del territorio argentino está vacío, poblado con menos de 1 h/Km2. ¿No se vé que ese hacinamiento, esa falta de trabajo para millones y otra cantidad mayor de “ñoquis” sobreviviendo en o del aparato del Estado nacional y provincial, tienen una única causa? Estos efectos son el resultado del alto costo del suelo y la abrumadora carga impositiva. Por ello abaratar la tierra y eliminar los impuestos es la clave de la recuperación argentina.

El tema por usted abordado exige el análisis de un doble sistema jurídico:
a) del sistema legal de acceso a la tierra (Código Civil) y
b) del régimen legal de impuestos, cuya matriz fue la “provisoria” ley de impuestos a los réditos, dictada en los 1930 por un gobierno sin suficiente base democrática e ideológicamente conservador de los intereses de los terratenientes.

Las consecuencias jurídicas, económicas, políticas y culturales de ambos sistemas, en su intrincada relación en feed-back con otros fenómenos, explican el triste panorama actual argentino.
Dominando la cuestión central de la cual usted se ocupa se aclara por qué con ese doble sistema legal es imposible concretar el ideario promovido por los radicales en los 1900 (la democracia política).
La misma maligna conjunción de los dos sistemas explica la imposibilidad de concretar, de modo estable, un “orden socialmente justo”, propiciado por el peronismo a mitad del siglo XX (la democracia social).
Esta “conjunción legal maligna” es descuidada por los estudiosos. Se lo digo como profesor universitario en ciencias sociales.

Este abandono ha dado lugar al legislar “bondadoso” en la forma y “oportunista” en la ocasión, pero siempre chapucero, el que ha fabricado una verdadera “maraña legislativa” que arruina la libertad individual, imposibilita la igualdad y sustituye a la necesaria fraternidad por un manifiesto encono de todos contra todo.

Con toda cordialidad vuelo a reiterarle mis felicitaciones, quedando a su disposición para lo que estime de utilidad.

Dr. Héctor Raúl Sandler
Profesor Consulto, Derecho, UBA
Diputado de la Nación (m.c.)

PD: Me permito remitirle un reciente trabajo hecho por un doctorando en Derecho, revelando la verdad verdadera respecto al Partido de Pehuajó, su provincia. Este estudio es una biopsia del orden argentino actual y sugiere a las claras la necesidad de extenderlo a todo el país. Por su prístina verdad debiera ser la “base” del pensamiento político argentino, sin excepción y sin perjuicio de las diferencias de partido, generadas por otros motivos, sentimientos e ideales. Vale.



Todos, con derecho a la vivienda
Clarin 31/01/11 Es imprescindible alentar un pacto social de la tierra, para terminar con los que hacen negocios (políticos o económicos) con las necesidades de la gente. Un acuerdo que contemple acceso, título, infraestructura, crédito y medio ambiente.

Por Margarita Stolbizer

Argentina es el octavo país del mundo en cuanto a su extensión territorial. Sin embargo, es uno de los menos poblados y el 80% de sus habitantes vive en el 1% de su territorio. Sin duda, l a riqueza principal de nuestra Nación es su tierra y lo que ella puede sostener y producir .

Existe un remanido discurso sobre la distribución de la riqueza . Muchos exponentes son los mismos que, desde la función, en los tiempos de mayor bonanza, exhiben como resultado el aumento de planes sociales (se llamen como se llamen), focalizados, clientelares y nada transparentes, que mantienen la pobreza y ensanchan la desigualdad .

El principal error en la discusión de una política distributiva es olvidar que la riqueza no es plata, sino acceso a posibilidades, capacidades, condiciones e instrumentos para producirla; el capital, el trabajo y la tierra. Por eso es un error responder a las ocupaciones ilegales con la Gendarmería, en lugar de hacerlo con planes de distribución y acceso a la tierra, además de usar la fuerza del Estado para garantizar todos los derechos a todas las personas, la seguridad y la paz.

Este gobierno demostró incapacidad para administrar los recursos estatales priorizando a los más necesitados. También ha mostrado torpeza en el manejo del orden público y en la ausencia de una fuerza pública confiable después de ocho años de llegar al poder.

¿Cómo hacer para que en una nación con el extraordinario potencial que la nuestra tiene, dichos beneficios puedan ser distribuidos y aprovechados de manera más justa por todas las personas que habitan nuestro suelo? Se requiere consenso para alcanzar la equidad distributiva sobre tres pilares:

1. Disminuir sustancialmente los altos porcentajes de trabajo informal , a través de una política seria y sostenible de acuerdos entre el sector público y el sector privado, reglas de juego claras y una firme acción del Estado, con transparencia, para promover la inversión productiva. El empleo en negro limita al trabajador en su capacidad de negociación, baja los niveles de protección y dignidad, impidiéndole acceder, entre otras cosas, a un buen servicio de salud y a un crédito para su propio ascenso social.

2. Argentina tiene un sistema impositivo regresivo, que castiga la producción y el consumo, y beneficia las rentas extraordinarias y la especulación financiera. Es imprescindible producir una reforma sustancial de nuestra estructura tributaria , convocando a todos los sectores políticos, económicos, sociales y académicos, para reformular la composición de la masa de recursos que se coparticipa y reparte.

3. El acceso a la tierra, para vivir dignamente y para producir, debe también formar parte de este debate estructural . Se debe decir no al tema de las ocupaciones de tierras.

Hay que planificar y desarrollar la urbanización de zonas rurales, dotándolas de condiciones dignas para la vida comunitaria.

Nuestro problema no es falta de tierras sino de políticas . Más del 60% de la población tiene dificultades de acceso a una vivienda digna.

El acceso al suelo como factor de producción es también uno de los que más acentúa la inequidad en la distribución de la riqueza. Sin embargo, se multiplican los megaemprendimientos urbanos para los más pudientes. Si sólo el 10% de alguno de ellos se destinara a urbanizaciones sociales, aseguraríamos vivienda a miles de personas. Ese rentable mercado inmobiliario parece inasequible para el Estado. O hay falta de voluntad política.

Los planes federales de viviendas registran desde el año 2005 bajos porcentajes de ejecución y entrega. Florencio Varela aparece con el mayor déficit habitacional, y allí mismo cientos de viviendas están abandonadas.

Se necesita un pacto social de la tierra , para terminar con los que hacen negocios (políticos o económicos) con las necesidades de la gente. Que proteja a los pequeños productores que la hacen producir y asegure vivienda digna. Nuestro Bloque de Diputados del GEN, a través del diputado Horacio Alcuaz, impulsa una Ley Nacional de Garantía del Derecho Ciudadano a una Vivienda Digna, que contempla el acceso, el título, la infraestructura, el crédito y el medio ambiente.

Argentina necesita una profunda renovación ética y cultural, para que nos indignemos igualmente por la corrupción y por la pobreza extrema. Ambos son crímenes que deben ser atacados con toda fortaleza por el Estado y el Gobierno.

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