miércoles, 4 de julio de 2012

LA CORTE SUPREMA ANTE EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

“HAY RAZONES DE DERECHO QUE LOS HOMBRES DE DERECHO NO ENTIENDEN”
RAUL GIRBAU, Economista.


El Presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, volvió a expresar este miércoles (04/07/2012) su opinión a favor de que los jueces paguen el impuesto a las Ganancias. Pero consideró atendible la visión de muchos de sus colegas opuestos a ese avance de otro poder sobre el Judicial..

Según lo informado por URGENTE 24 los otros jueces se  preguntan por qué se les quiere cobrar a ellos por “ganancias” mientras "siguen" exentos otros sectores "económicamente muchísimo" más relevantes sin mencionar un aspecto mucho mas sustantivo. Uno que es básico  para miembros de una Corte Suprema Justicia, cuyo rol principal  es juzgar sobre la “constitucionalidad” de las leyes y los actos de los funcionarios públicos, incluyendo al Poder Ejecutivo. ¿Es constitucional el impuesto a las ganancias? ¿Es constitucional que una oficina del Poder Ejecutivo – la AFIP – cobre y ejecute a los jueces por falta de pago?  Esto es lo que,a tenor de las declaraciones tenidas a la vista,  esta ausente de la conciencia de nuestros magistrados.  

"He sostenido que hay que resolver en el sentido de pagar (ese tributo)"
, ratificó Lorenzetti. Su opinión  va en contra del profundo objetivo de la Constitución Nacional que consagra la libertad económica, la democracia y el sistema al republicano. O sea la plena autonomía del poder judicial frente a los otros dos poderes. Su ligera respuesta pasa por alto  los principios que la Constitución consagra y que la ley de  impuestos a la ganancia violan. ¿Pueden esperar los trabajadores (de toda clase y jerarquía)  tener esperanza en que la Justicia defienda la plena propiedad del fruto de su trabajo – el salario -, garantizado por la Constitución,  si el Presidente de la Corte es favorable a ese impuesto tan inicuo?

Debe llamar la atención en esta delicada materia la liviandad de juicio de sus colegas.  Discrepan con la  opinión del Presidente.  No se declaran contra el impuesto a las ganancias (nuevo nombre para el impuesto a los réditos establecido por la oligarquía terrateniente que dominaba en el Congreso Nacional en 1932). Su critica se reduce a esto:"¿Por qué se quieren sacar (las exenciones) de los jueces y no se sacan las otras, que son de la actividad económica y son muchísimo más relevantes?".
 “¿Por qué a mí y no a vos”, es el lastimoso argumento de los ministros de la Corte que se oponen a pagar un posible impuesto a las ganancias. Todo aquel que posea una conciencia jurídica debidamente formada, a la luz de las normas de la Constitución y viendo la terrible calamidad que ha resultado ser para nuestro país el régimen de impuestos creado en 1932 (por “3 años para siempre”), lo menos que debe hacer es pedir un radical cambio en el sistema de recursos para el Estado. Tiene la obligación moral de investigar cuánto ese régimen impositivo tiene que ver con las calamidades que sufren los trabajadores y los inversores de capital real; con el decaimiento de  la iniciativa empresarial, la fuga de capitales, la ruina del sistema monetario (un  peso nacional , hoy, en el 2012 vale 0.0000000000001 de lo que valía en 1943). Los señores ministros tienen que preguntarse que tiene que ver el actual régimen impositivo ( montado a partir de aquel “provisorio para siempre” impuesto a las ganancias de 1932) con las 12 millones de personas viviendo por debajo del nivel de pobreza, con dos millones de pobres sobreviviendo con subsidios y cientos de miles en “situación de calle”. Cuanto tiene que ver con el hacinamiento urbano ( 14 millones de personas hacinadas en los 13.000 km2 de la “zona metropolitana de Buenos Aires), con la desaparición de 600 ciudades en el interior  y con las crisis económicas decenales que rigurosamente ocurren,  sea cual fuere la ideología del gobierno..   

Según el Mensaje que acompañó al proyecto de Presupuesto 2012 las exenciones impositivas alcanzarán este año a cerca de 50 mil millones de pesos, de los que unos 350 millones (el 0,7 por ciento del total y el 4 por ciento de las exenciones a Ganancias) corresponden a los jueces. ¿Qué clase de sistema de recursos fiscales es éste que la “exención” es el aire que la mayoría necesita para sobre vivir? ¿No piensan los Ministros que las “exenciones” son matriz de corrupción? Han de pensar  en la inevitable conexión  que existe entre un mal régimen impuestos y la moral social, la corrupción de las costumbres y la expansión del delito callejero, brutal y corriente en estos días. Si asignaran a este asunto la importancia que tiene no debatirían en consideraciones como estas:

"
La de los jueces es insignificante en términos económicos y esas exenciones (en otros sectores de la economía) se siguen manteniendo y quieren sacar la de los jueces; esto genera un poco de reacción dentro del Poder Judicial"
.

Este no es el modo de ver la  realidad de nuestra economía social y pública, forjadas ambas por el Derecho. A estas realidades ha que explicarlas por sus causas. Y las causas principales están en el sistema legal contrario a la Constitución que ellos deben custodiar. Una es la ley de propiedad de la tierra (urbana y rural)  que alienta a los particulares a especular con su creciente valor. Con este sistema la tierra está cada vez más lejos del alcance de los trabajadores. La otra es el funesto régimen de impuestos vigente a partir de 1932, desarrollado a partir del impuesto a las ganancias. Ambos regimenes forman par de tenazas  mortales.  Han minado todas nuestras mejores  instituciones y  acabara con destruir a nuestro país. Una Argentina, pensada por la Constitución (la Biblia de la Corte Suprema) como el mejor  lugar para  todos los hombres del mundo que quieran habitar su suelo.

2 comentarios:

Unknown dijo...

No sólo los jueces deben ser iguales al resto de los ciudadanos en sus obligaciones.

Martín Maglio dijo...

Artículo 110.- Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones.

Simple y sencillo.