Fernando Scornik Gerstein
Abogado español y Solicitor para Inglaterra y Gales
Fred Harrison
Economista británico
Los magos representan sus trucos engañando a la gente. Esto no hace ningún daño porque es simple entretenimiento. Pero cuando los políticos hacen su magia, mucha gente sufre. Por ello es que hay una pérdida de respeto por la política. Esto es una amenaza a la democracia.
Los más peligrosos y dañinos trucos se hacen en la esfera de la política impositiva. Estos trucos hacen a alguna gente rica a expensas de otros. Los economistas llaman a esto “búsqueda de rentas”. Los buscadores de rentas manipulan el sistema político para ganar privilegios especiales en formas que convierten a todos los restantes en perdedores. Los mayores escándalos que se han visto desde 2008 – y aún antes – revelan como políticos corruptos conspiraron con promotores de modo que pudieron embolsarse una parte del valor de la tierra. La única forma efectiva de combatir estas corruptelas es cambiando la forma que los gobiernos recaudan por los servicios públicos. En el corazón de estas reformas estaría un eficiente impuesto a la tierra.
El régimen fiscal en España creó los incentivos financieros que desencadenaron la feroz especulación inmobiliaria que originó la crisis financiera. Las víctimas son aquellos que perdieron sus empleos. La especulación con la tierra también originó el problema de viviendas inaccesibles y mala planificación urbanística. Si queremos evitar estos episodios en el futuro, debemos cambiar los incentivos financieros.
Ello significa que debemos recaudar los ingresos del Estado en una forma que sea justa para todos. El impuesto a la tierra está en el corazón de esa reforma financiera. Se basa en la filosofía que “puedes quedarte con lo que has creado y debes pagar por lo que recibes”. Pero veamos como funcionan las cosas en el sistema actual.
Doble imposición
Consideremos lo que ocurre cuando ud. compra una casa. En realidad ud. está eligiendo cuándo, cómo y porqué ud. va a pagar por los servicios que desea usar. ¿Cómo hace esto? Lo hace cuando toma en cuenta no sólo la calidad de la construcción, si no también el acceso a los servicios públicos en el sitio que ud. ha elegido para vivir. ¿Está la casa o apartamento cerca de una buena escuela o centro sanitario, cerca de medios de transporte o de un parque? La existencia y calidad de esos servicios se refleja en el precio de la casa o apartamento que ud. va a comprar. La tierra – un monopolio de hecho – y a través de ellas los inmuebles sobre ella asentados, capitalizan todas las mejoras y servicios que la rodean. El vendedor de la propiedad añade matemáticamente el valor de esos servicios al precio de la propiedad.
Pero el secreto, digamos el “truco” de este arreglo, es por supuesto que el vendedor no ha sido el origen, ni el proveedor de esos servicios públicos. Sin embargo, él se embolsa el valor de los servicios incorporado al precio de la propiedad. Esto significa que el comprador, es decir ud., no solo paga por esos servicios como parte del precio de la casa, sino que, además, debe pagar impuestos al gobierno para financiar esos servicios públicos. En realidad, ud. termina pagando dos veces por los servicios que ud. desea usar. Esta es una de las causas del caos en el sistema impositivo y las flagrantes injusticias que conlleva.
No es un impuesto
Aunque se lo llame impuesto es importante comprender que el “impuesto a la tierra” no es realmente un impuesto. Esta es la belleza de los cargos basados en el valor de la tierra. La gente elige dónde quiere vivir y trabajar y en consecuencia, elige cuánto debe pagar.
Para hacer justas las finanzas públicas, debemos reducir los impuestos sobre lo que ganamos y consumimos e invitar a la gente a pagar directamente por los servicios que quieren usar. Pero es necesario que esa “carga” (o impuesto si se prefiere por comodidad llamarlo así) sobre la tierra debe estar referida a su valor actual de mercado. En España, el Impuesto Sobre Bienes Inmuebles (IBI) se basa en valores catastrales que representan solo el 40% del valor de mercado. Esto es algo perfectamente conocido, establecido y aceptado hasta el presente. Pero ¿qué significa esto? Pues que los propietarios están infragravados mientras que el resto de la población están, necesariamente, sobregravados en sus ingresos.
Hay un gran beneficio cuando el gobierno cambia los impuestos sobre los ingresos por impuestos (o cargas) sobre el valor de la tierra. Se incrementa la productividad y ello resulta en la creación de más empleos e inversión, produciendo un ingreso mayor para ser compartido entre el gobierno y el pueblo.
La Constitución Española
En realidad la Constitución Española requiere la introducción de una carga directa sobre la tierra.
El artículo 47 requiere políticas de regulación del uso del suelo que impidan la especulación. Pero en el sistema actual de propiedad solo hay una forma de erradicar la especulación y es cambiando los incentivos financieros. Una tasa anual sobre el valor de la tierra impulsaría a los propietarios a no retener tierra vacante esperando que aumente su precio, pues le resultaría muy costoso. La especulación disminuirá radicalmente. Cuanto más alta la tasa, menos especulación. Si la tasa absorbiera todo el posible plusvalor, la especulación sería totalmente erradicada. El mismo art. 47 nos da la clave cuando dice: “La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entres públicos”. Solo hace falta cumplir la Constitución.
A su vez el artículo 148 incluye dentro de las competencias de las Comunidades Autónomas la “Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda”. Pero estos objetivos no pueden lograrse en forma justa y equilibrada con un sistema impositivo que fomenta el crecimiento urbano descontrolado. Un desarrollo ordenado se lograría reduciendo o suprimiendo aquellos impuestos que son barreras al empleo y la inversión y reemplazarlos por cargas por los servicios que la gente desea usar, es decir, cargas sorbe el valor de la tierra que siempre reflejará el acceso a estos servicios.
Esta es la forma para que todos compartan el valor que es socialmente creado por la inversión en servicios públicos. La evidencia demuestra los beneficios de un “impuesto” a la tierra recaudado sobre valores cercanos al valor de mercado. Dinamarca tiene un régimen de imposición a la tierra desde 1926. Hoy, Dinamarca está considerada con el mejor sistema de viviendas de Europa, cuando se lo mide de acuerdo al tamaño y la calidad del espacio para vivir. Y si nos fijamos en el desempleo, la comparación es significativa para nosotros. Según el último EUROSTAT:
· Nueve de las diez regiones en la UE con la menor tasa de desempleo están en Dinamarca.
· En España tenemos seis de las diez regiones con mayor tasa de desempleo de la UE.
Cambiando el sistema fiscal hacia el valor de la tierra, España tiene todo por ganar.
España es, además, un país vacío, con 93 habitantes por km2. Que en nuestro país haya problemas de vivienda indica la gravedad de nuestro problema y la ceguera de nuestros políticos. ¿Cómo es posible que países como Singapur con 7.546 habitantes por km2 o, para hablar de Europa, países como Holanda, con 497 habitantes por km2 no tengan problemas de vivienda y si los tenga nuestro país?
La más elemental lógica indica que algo funciona muy mal y la ausencia de debate político sobre el tema indica el compromiso de muchos políticos con el sistema actual y muy especialmente con los Bancos que son, a través de las hipotecas, los grandes beneficiarios de la renta del suelo.
Renovando la democracia
Para resolver la crisis en democracia, necesitamos un sistema fiscal transparente. El mayor paso en ese sentido se realizará cuando los impuestos que dañan la producción sean disminuidos o reemplazados por un sistema eficientemente administrado de imposición a la tierra. Esta reforma a la larga conformará a todos, porque se basa en la justicia natural y creará la solidaridad social que es necesaria si los pueblos de España desean entrar en una nueva etapa de prosperidad.
