Dr. Hector Raul Sandler, Profesor Consulto, Derecho, UBA
“Hubo otra década del 70 en la que pudo cambiar la historia argentina. Se vuelve a evidenciar que uno de los problemas que tienen que superar los argentinos es el de una centralización desmedida del gobierno nacional. El país ha cambiado mucho, entonces es más difícil pasar a la parte más propositiva, pero me parece que el mensaje debería llevarnos, por lo pronto, a posiciones con respecto a cómo se distribuyen los recursos que recauda el Estado, cómo se reparten el IVA y la cantidad de impuestos en donde la parte del león se la lleva el gobierno central, de qué manera participan las provincias, y cómo devolverles a éstas el poder que han ido perdiendo hasta convertir a los gobernadores en peones del poder central. Esto debería ser llevado a los otros planos, al de la representación política y también al plano de la justicia, que es muy importante, el de la descentralización de la justicia, por ejemplo el Consejo de la Magistratura y la administración judicial.” (Ezequiel Gallo Clarin, Enero 3 de 2010)
Es incuestionable la verdad que sostiene Ezequiel Gallo sobre la híper centralización del orden político, económico y social argentino que, más allá de los funcionarios de turno, los coloca en manos del gobierno nacional. Este fenómeno ha ido in crescendo a partir de los 1870. Si bien el distinguido historiador nos invita a dirigir la atención, con toda razón, al área de los “recursos del Estado”, nos parece que la oportuna invitación no estimulará acciones para revertir el proceso de centralización que destruye por completo el principio federal establecido por nuestra Constitución Nacional. No logrará rectificar aquella nefanda tendencia si el dedo acusador se limita a señalar al proceso de distribución de los recursos fiscales. Que esta distribución, la de todos los impuestos y otros recursos, es centralista, no cabe duda alguna. Pero ella no tiene su raíz tan solo en la vocación y la conducta de algunos caudillos políticos ni siquiera en la ideología, por lo demás bastante confusa y voluble, de los partidos políticos. A lo sumo a aquéllos y a éstos solo se les puede acusar de no haber advertido con la debida claridad y actuado con mayor firmeza para corregir el sistema de recaudación de los recursos fiscales. El es sistema de recaudación de fondos el Estado el padre del centralismo político que ha frustrado el progreso inicial y que, de no cambiarlo, hundirá a la República en inciertos destinos.
En los 1870 se estableció el Código Civil de reconocida prosapia romana en cuanto al sistema de propiedad de la tierra. Fue aprobado con la clara advertencia de su redactor, Dalmacio Vélez Sarsfield, que ante diversos sistemas conocidos en la historia, él prefería ceñirse “al puro derecho romano”. El menos avisado debía haber calculado que con semejante sistema de acceso al suelo, era muy probable que nuestra sociedad civil y política repitiera la sangrante historia de la decadencia de Roma. Hoy, a 130 años de la vigencia de este sistema, no solo padecemos un federalismo frustrado, sino que no hay una efectiva república (medida por la separación de poderes), ni es posible una sana democracia, cuando es asolada, como en la antigua Roma, por una enorme “clientela” nutrida, fundamentalmente, por ciudadanos “sin tierra”: villas miseria, conventillos, homeless, hacinamiento en la Capital y sus sendos cordones en el Gran Buenos Aires, que se repiten en todas las capitales del Interior. Mientras en el 99% del territorio la densidad poblacional no alcanza al 2 h /km2, el país esta vacío y su población hacinada en 23 focos. Solo un necio o quien desconozca en absoluto la historia y decadencia de Roma puede ignorar la similitud que guarda con la nuestra. ¿Cómo pensó el legislador de entonces que la absoluta propiedad del suelo podía concederse sin los efectos acaecidos en Roma? Lo dice expresamente en el párrafo octavo de la nota (a) al Titulo IV del Código Civil: “El contrato de arrendamiento será entre los propietarios y los cultivadores o criadores de ganado, un intermediario suficiente” , para que los sin tierra puedan acceder a ella. El mismo principio se aplicó a las ciudades: el intermediario suficiente sería en este caso el “contrato de locación”. Los sin tierra accederían “fácilmente” al suelo pagando un alquiler. No es necesario destacar lo errado de tales creencias. Arrendatarios e inquilinos – la amplia mayoria del pais – lo sabe por experiencia propia. Los alquileres que devoran las ganancias de empresarios, negociantes y familias, villeros y homless los rodean a la vista de todos. Son en su conjunto la prueba más escandalosa la falsedad de lo prometido por el legislador. Pero ningún argentino lo ve y en las c asas de estudio no se lo quiere tratar.
Sin embargo a pesar de esa legislación romana del C. Civil, en los 1870 el país dio un enorme salto hacia delante y paso a ser uno de los principales del mundo. Este progreso asombró al mundo y ocultó a los propios argentinos aquella falla. Se pasó por alto que era la gran baratura de la tierra argentina, la llegada de mas de 5 millones de inmigrantes dispuestos a trabajar, que pesar de cobrar los salarios mas altos del mundo. Lo ha mostrado una y otra vez el profesor Cortés Conde. Al producir a tan bajo precio que pasamos a ser el “granero del mundo” y, a la vez fincar los recursos fiscales en de los derechos de exportación. Esto es, que, al fin y al cabo, eran los “compradores extranjeros” los principales proveedores de recursos para el Estado nacional. Pero la dicha duro poco, Ya en 1910 Alejandro Bunge señalaba una brutal caída el PBI interno en relación con la llegada de nuevos inmigrantes. Y para colmo, después de la guerra 1914-1918, los países compradores optaron por el “proteccionismo”.
Tras la crisis mundial de 1930 el país se enfrentó el desafío de la Esfinge de Tebas: debía aprovechar el régimen del Código Civil (que otorga el derecho a ser propietario de la tierra) para crear el fondo del tesoro de las provincias, mediante un recurso netamente federal. El llamado “impuesto a la tierra libre de mejoras” . Si no se lo hacía (como no se lo hizo), habría de repetir en versión local la historia de Roma. Esto es lo que se hizo al optar por el camino de la auto destrucción: crear impuestos que gravaban al trabajador, al productor y al consumidor. Lamentablemente en 1932, como enseña el profesor Meier Zylberberg en su reciente libro “Raíces totalitarias del Fracaso argentino”, el Congreso Argentino eligió el peor de los caminos, al que aun se mantiene desde entonces. Estableció un sistema “provisorio”, pero para siempre. Esta ley fue la cepa, la madre, de todos los actuales impuestos. Se llamó “impuesto a los réditos”. Para recaudarlo se creo una oficina nacional: la DGI., hoy la AFIP, para la cual ya no rige el Art.18 de la CN, pues en materia de ingresos personales nada puede ser ocultado al Estado e incluso trabajadores, inversores y consumidores tienen la obligación de “declarar contra si mismo”. Esto no es una cuestión de penalistas. Configura un radical cambio de todo el orden social. ¡Viva la ley, aunque perezca el derecho!
Con esta centralización recaudatoria fue apoyada con la centralización de la emisión de billetes papel por un Banco Central nacional, la ligereza en emitir “empréstitos nacionales”, y, de modo harto frecuente, recurrir a la “falsificación de moneda nacional”, esto es, la inflación. Se forjó así la Argentina unitaria actual y a la vez se decidió conculcar todas las libertades civiles. La razón es sencilla: en Argentina se es ciudadano político porque el gobierno provee a sus habitantes, a cierta edad, de un documento de identidad con el que puede votar. Pero ninguna legislación le garantiza ser “ciudadano económico”, como quería Alberdi y pretende la Constitución en su capitulo fundacional; la parte de Derechos y Garantías, Hoy los habitantes carecen de efectiva libertad de trabajo y de ser dueños exclusivo del fruto de su trabajo. Lo primero es imposible por el coste de la tierra, puesta al servicio de la especulación; lo segundo es imposible por la exacción a que es sometido el ingreso de trabajadores, inversores de capital productivo y consumidores
Desde 1890 eran todos estos efectos calculables y lo vieron unos pocos argentinos, cuyos nombres merecen ser recordados. Para evitar la caducidad del progreso primero y la posterior desintegración argentina después , estadistas como el presidente Roque Saenz Peña en 1912, el diputado nacional Carlos Rodríguez en 1919, el profesor Arturo Orgaz y el literato e historiador Arturo Capdevila (c.1920) y en los 1930 el gobernador de Córdoba don Arturo Sabattini, propusieron recurrir a la recaudación de la renta del suelo en cada provincia argentina y en la Capital Federal y, paralelamente, eliminar impuestos al trabajo y la inversión. Nadie hoy los recuerda a pesar de ser los herederos morales del ideario de Mayo. Es la solución moderna y más civilizada para nuestros angustiantes problemas sociales. Es menester hacerlo, porque en su enseñanza y en otros muchos argentinos de igual parecer, todos olvidados, yace el filón moral en el que debemos instruirnos para recuperar el esplendor perdido y el bienestar para todos los habitantes de hoy, de nuestros descendientes y de “todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”.
Es la mayor obligación moral y política de aquellos que se esfuerzan por celebrar el Bicentenario. LO que hay que celebrar y revivir son los ideales de la Revolución fundacional de la Argentina moderna. No vale la pena recordar hechos fortuitos e irrelevantes frente a esta fatal encrucijada en que nos hallamos. Hay que revivir los ideales sostenidos por Manuel Belgrano, Hipólito Vieytes, Segundo de Agüero, Bernardino Rivadavia, Esteban Echeverria, los patriotas de la Asociación de Mayo y la Generación del 37, de Sarmiento y de Juan Bautista Alberdi, por citar solo algunos. Todos ellos fueron injustamente ignorados por los legisladores de 1932. Honrar a Mayo es recuperar el sentido de haber fundado una nación soberana, de hombres libres, tratado iguales, trabajando por el bienestar individual y general del país. Hay que guiarse por los inmortales principios contendidos en el Preámbulo de nuestra Constitución. Lo demás nos vendrá por añadidura.
Buenos Aires, Enero 3 de 2010
"ECONOMISTA Y POLITICO QUE DESCONOCE EL SISTEMA RENTÍSTICO DE LA CONSTITUCION DE 1853 ES UN PELIGRO PARA LA HUMANIDAD"
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