–¿Por qué dice que el problema de la vivienda no es un tema de viviendas sino de suelo?
–A ver. En los últimos años el crecimiento económico ha traído aparejado un aumento del precio del suelo. En 2002, una hectárea en Bragado, valía 1.400 dólares y actualmente cuesta 17.000. Este aumento de la renta no se da sólo con la tierra agraria, también ocurre con el suelo urbano, que aumentó su precio de seis a ocho veces en el mismo período, generando una presión muy grande en el desarrollo urbano. Este fenómeno está acompañado de un boom de la construcción pero que no necesariamente significa una contribución para que más familias puedan comprar una vivienda o un departamento en el mercado, sino que prevalece la compra de viviendas para resguardar ahorros.Al mismo tiempo, si bien –en términos de políticas públicas– se ha reconstruido la calidad del empleo y los salarios, de la educación y de la salud y las políticas sociales han cobrado un impulso que realmente entusiasma, se comprueba que estamos muy rezagados respecto al desarrollo de políticas públicas que posibiliten el acceso al suelo urbano, para sectores de ingresos medios y medios-bajos, los cuales hoy lo resuelven en el mercado informal. De cada 10 nuevos habitantes de la región metropolitana que ingresan a la ciudad, seis no lo hacen a través de una inmobiliaria para alquilar o compran de manera formal, sino que llegan y compran un lote o alquilan un cuarto en el mercado informal que se traduce en el boom de la expansión de cuartos en las villas y las tomas de tierras. La crisis del Parque Indoamericano obedeció a muchos factores pero principalmente a la crisis de quienes alquilan en villas a precios muy altos y ante un aumento no pueden seguir pagando. Entonces, hay un proceso social de acceso a la ciudad, técnicamente de acceso al suelo urbano, que está imposibilitado para grandes sectores. El caso de Ledesma, en Jujuy, refleja que el Estado no está haciendo lo suficiente frente a eso. Allí el gobierno provincial reconoce que hay un problema pero dice: “Es un problema de vivienda”, entonces se construyen viviendas lo cual supone una salida a la crisis. Es un gran esfuerzo (social y económico) pero no resuelve la cantidad y tipo de demanda. Por ejemplo, en la región metropolitana, entre 2005 y 2008 se construyeron 40.000 viviendas. Eso es todo lo que se había construido en los últimos 30 años. En términos cuantitativos es revolucionario. Si el Estado construye viviendas y las ocupaciones siguen, entonces está faltando algo.Sin duda es loable que desde 2004, se retome la construcción pública de viviendas que estaba desfinanciada, reactivando y vinculando los programas con municipios y organizaciones sociales en el territorio. Pero se centró el esfuerzo en la vivienda como parte de la obra pública con un acuerdo muy estrecho con la Uocra y con la Cámara Argentina de la Construcción, con el objetivo primordial de dar empleo, generar trabajo en blanco, reactivar la producción y la economía. El llamado rol contracíclico estuvo muy bien hasta 2007 pero desde ahí se comprueba que ello no alcanza para resolver “el problema de la vivienda”. El Estado construye viviendas, que obviamente responden a demandas reales, pero desatiende el problema del suelo, de la construcción de ciudad. El punto es planificar entendiendo la planificación como concertación con los actores y comprometiendo a la gente. Cuando es así, se pueden esperar los tiempos que la gestión demanda, construyendo confianza y dando garantías de que va a haber una solución. Tardará un año, dos, pero la va a tener. Si eso además se plantea acompañado de instrumentos que aseguran una mejor distribución del espacio, se tendrá un acceso más justo a la ciudad, no sólo la casa. Por ejemplo, cuando estalla el problema en Jujuy, se actuó en consecuencia y de la peor manera, realizando la expropiación a la desesperada. La expropiación es un instrumento de la política, que en base a prioridades se hace antes, en nombre de la función social. Es decir, se ubica a una población en un barrio. Se analiza de quién es la tierra. El Estado expropia pagando la indemnización que corresponda porque acordó antes que ese colectivo va a estar ahí, de un modo convalidado por ellos mismos.
–¿Qué expresan los conflictos de Ledesma y el Indoamericano?
–Expresan y visibilizan un problema que viene de hace tiempo. Fue muy fuerte el dramatismo que adquirieron esas batallas campales, pero en el fondo, no son otra cosa que el emergente visible de algo que viene sucediendo: la crisis del acceso al espacio residencial (de los alquileres en las villas en el caso del Indoamericano) para gran parte de la población.Ya es frecuente ver que cuando ocurre una toma y se consolida, enseguida se empiezan a construir las nuevas casas, las cuales se hacen con una calidad que soporta cinco pisos de altura. O sea, hay una creciente especulación. La última toma de la 31 fue eso. En realidad eran cinco o seis especuladores. Antes, eran lógicas distintas. Había una ONG o algún grupo organizado que diagramaba y distribuía los lotes. Después se gestionaba la regularización en La Plata y se reclamaba el título. Ésa fue la manera típica como se fueron conformando muchos barrios que en sus orígenes fueron asentamientos. Pero está cambiando.El Indoamericano además puso en cuestión al Estado. Expuso la desarticulación del Instituto de Vivienda de la Ciudad. La Capital Federal tiene una de las constituciones más progresistas, con sólo realizar un programa de viviendas basado en ella, bastaría. Pero el macrismo desarmó la función constructiva del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, derivando la política habitacional a Corporación del Sur y a una serie de cajas a través de subsidios de distintas formas que en el Indoamericano actuaron como colchón y que por eso el poder municipal no terminó jaqueado pese a la gravedad de la crisis.De una extraña forma, Jujuy y el Indoamericano mostraron –como también ocurre en Ushuaia, en Bariloche, en Trelew o en Córdoba– que se promueve una gobernanza territorial basada en el no reconocimiento de derechos (a la vivienda, a la ciudad), en la judicialización del problema y en el tratamiento de quienes reclaman derechos como delincuentes.
–¿Cómo cree que se podría empezar a solucionar el problema del suelo?
–Hay varias medidas que significaron avances pero que se deben profundizar con instrumentos que reconfiguren el poder del Estado frente al mercado del suelo y la especulación. Necesitamos que se reconozca que la especulación genera un daño social o que quien tiene una vivienda vacía o un campo o un lote, está especulando y le corresponda una imposición fiscal progresiva. Esto está propuesto en la provincia, con el proyecto de ley de Promoción de Hábitat Popular. El que especula paga. No paga el que tiene suelo para trabajar o para vivir, paga quien espera a que llegue el Estado para valorizar su tierra gracias a la urbanización y los servicios públicos que brinda cuando llega. Cuando eso ocurre, lo que compró en pocos pesos cuando era tierra, ahora vale mucho más porque llegó la urbanización.
–¿Qué es la reforma urbana que plantean desde Habitar Argentina?
–Significa contar con un andamiaje legislativo y con instrumentos cuya base sean reconstruir una política de derechos, especialmente relacionada con el espacio habitable. Ya no sólo se trata del 14 bis: el derecho a la vivienda, sino que trata de un derecho de tercera generación, más complejo, que es el derecho a la ciudad. Concebida ésta como un producto colectivo y cuya distribución debe ser igualitaria, asumiendo que todos tenemos derechos a tener una participación en ese producto. Englobando que desde el poblador más pobre cuando pone un ladrillo a kilómetros del centro está construyendo ciudad, hasta cuando el más rico que no ocupa una vivienda, vulnera ese derecho colectivo. Las relaciones sociales tienen un correlato en el espacio y ello interpela derechos. Argentina tiene una gran memoria de la justicia social asociada a los derechos del trabajador, pero la justicia social también es justicia espacial. Cuando en un barrio cerrado se privatiza una calle, construye una ciudad de un modo diferente, donde lo público pasa a ser privado, incrementando la segregación socioespacial e impidiendo el libre uso de los espacios y vulnera la esencia de la construcción democrática que es la ciudad. ¿Qué es lo que todos vivimos y reconocemos en la ciudad? El espacio público. Eso es la ciudad y todos tenemos pleno derecho a acceder a ella, pues un acceso al espacio urbano bajo relaciones injustas profundiza la desigualdad social.Argentina está avanzando en protecciones sociales basadas en derechos, en la niñez, la educación, el saneamiento, la salud, y derechos humanos, en una fase posliberal que reconstruye la presencia del Estado y el rol de la política en lo social, pero necesitamos hacerlo en lo espacial. Los tiempos han cambiado y las tensiones hacia ciudades más injustas cuesta revertirlas. Se viene haciendo una gran inversión en infraestructura, que curiosamente es la que más valoriza el suelo. El punto es que el Estado no recupera todo ese valor que su presencia y su acción le da al suelo. Eso habla que en términos de política territorial estamos en el jurásico. Es decir, estamos en la década del ’40 con la diferencia que Perón pudo impulsar un conjunto amplio de intervenciones en los mercados (empezando por la función social de la propiedad) que fue más importante que todas la viviendas que hizo, que fueron muchas. En Habitar Argentina estamos convencidos de que existe una gran oportunidad de avanzar con el proceso de reforma urbana porque parece posible avanzar con políticas urbanas en derechos. La audiencia de la próxima semana de la Corte Suprema sobre el Derecho a la Vivienda es una excelente oportunidad de establecer una bisagra, donde otros derechos fundamentales puedan ser considerados más importantes que el derecho a la propiedad.
Respuesta del Blog.
EXISTE UNA SOLUCIÓN MAS SENCILLA E INTEGRAL
Toda esta injusticia se soluciona con una simple "Reforma Tributaria" que reemplace los impuestos al trabajo y al consumo por RENTAS fundiaria -generadas por el 1,5% del valor de la tierra -valor generado por la sociedad y no por el dueño de la tierra-- como manda la Ley Cristiana –en Levítico 25:23-, la Economía Clásica, la Revolución de Mayo de 1810 –mediante la “Ley de Enfiteusis” de Belgrano-, y la Constitución de 1853 –mediante su Sistema Económico y Rentístico de recursos del Estado-.
La Ley Cristiana fue eliminada por el Catolicismo Romano; La “Economía Clásica y Rentística” fue reemplazada por el “Neoliberalismo Tributario”; y los argentinos hemos traicionados nuestros principios fundantes al reemplazarlos en el Art. 2503 del Código Civil por la corrupta “Ley Romana” que permite la apropiación de la renta publica para favorecer a los ricos –dueños de la tierra-, a la especulación, a la desigualdad y a la corrupción; en desmedro de los trabajadores que además de verse forzados a pagar alquileres altísimos, tendrán que sostener al estado con un perverso Régimen Tributario que con 84 impuestos liquida el poder de compra del salario.
El mismo Derecho Romano que destruyo a Roma esta destruyendo a la Argentina y a todos los países que lo adoptaron.
Nuestros intelectuales en Derecho y Economía como señalaba San Juan “No podrán ver mas que lo que han aprendido” convirtiéndose en un peligro para la paz y el progreso.
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