IV. REFORMA DEL GASTO PÚBLICO:
LÍMITES, ORÍGENES Y CONTROL.
Enero de 2019 Bolsa de Comercio Rosario
1° LOS POLÍTICOS Y SU ADICCIÓN AL GASTO.
Las reiteradas crisis que, desde 1946 a la fecha, viene padeciendo Argentina cada 5 o 6 años nos han brindado una evidencia contundente.
El problema es el gasto, no el déficit. La perturbación del país se produce de modo inexorable cuando el Gobierno gasta de más, instigado por el afán de la reelección. Así desequilibra la economía nacional.
Actualmente, la astronómica recaudación de $ 4,6 billones anuales, no alcanza para pagar al mismo tiempo: gastos corrientes, obra pública, subsidios graciables, jubilaciones y servicios de la deuda.
Con las recaudaciones genuinas, exprimidas al máximo, el Estado cubre sólo el 72 % del gasto público consolidado (nación + provincias + municipios + entes autónomos). En 73 años casi siempre tuvimos déficit. Sólo existió superávit entre los años 2003 a 2008 porque éramos insolventes y no pagábamos la deuda defaulteada.
Hasta ahora, el gobierno no había visto otra salida más que emitir letras y bonos. De pronto el alto grado de endeudamiento fue exagerado e hizo prever una nueva insolvencia. El pánico se apoderó de los inversores y se derrumbó el valor de la moneda, sostenido por las imprudentes operaciones de la mesa de dinero enquistada en el gabinete nacional y luego en el Banco Central.
Con una celeridad y magnanimidad nunca vistas en emergencias similares, el FMI nos concedió el 27avo acuerdo salvador. Pero aún hoy, ni el gobierno ni la clase política han tomado conciencia plena de este hecho aterrador. Lo atribuyen a “circunstancias externas”, a un “golpe de mercado”, o las “oscuras fuerzas” de especuladores. Nunca a su propia y culpable ineptitud.
Así hemos descubierto que el verdadero y grave problema de las finanzas públicas no es tanto el déficit sino el monto de un inaguantable gasto público, y su financiamiento con impuestos, emisión de papel moneda, libramientos impagos y endeudamiento con altísimas tasas de riesgo.
2° DE LA PRUDENCIA FISCAL A LA LOCURA KEYNESIANA
Hasta el advenimiento de la “revolución keynesiana en 1945, la prudencia era la única y sagrada regla fiscal respetada en todo el mundo.
En EE.UU. predominaba la advertencia registrada por Richard E.Wagner : «El Gobierno no debe gastar sin decretar impuestos. El Gobierno nunca debe endeudar a las generaciones futuras mediante una financiación deficitaria de las inversiones públicas, casi siempre destinadas a proporcionar beneficios temporales y efímeros».
Eso fue antes, del colapso financiero mundial de 2008. El keynesianismo de postguerra, había producido una vuelta de campana en los criterios de prudencia.
En boca de Alvin Hansen, influyente asesor de Roosevelt y Truman, se proclamaba que «en lo sucesivo, lo que es locura dispendiosa en el comportamiento familiar será lo óptimo y más prudente en los asuntos de los grandes países para distribuir los ingresos» (A Guide to Keynes, Harrys editor, New Economics 1947).
A partir de 1946, Gran Bretaña inició el experimento del Socialismo Fabiano con el gobierno de Clement Attle. Prontamente, la Argentina se puso a imitar este proyecto laborista con el nombre de justicialismo. Plagiamos íntegramente el plan socioeconómico de Keynes y sir William Beveridge o “keynesianismo tardío”, cuyas ideas siguen dominando académicamente la enseñanza universitaria local de la economía.
Estos fueron sus resultados; 1° continuos y crecientes déficit fiscales, 2° irrupción de impuestos múltiples para apropiarse de la renta en toda manifestación de riqueza, 3° estatización de importantes empresas incluyendo los bancos, 4° incesante aumento del gasto público, 5° designaciones de empleados públicos para encubrir el desempleo y 6° una inflación reptante provocada por el Banco Central, que nunca pudo ser contenida, salvo en el período de la convertibilidad 1991-2000.
Ahora, a pesar de su extraviado pragmatismo ideológico y por dramática exigencia del FMI, el gobierno tiene que decidir el retorno a la sensatez sobre la locura fiscal de estos interminables años.
3° MÁXIMO LÍMITE TOLERABLE.
Mientras que la fiscalidad real –o sea el gasto público- estaba reducida entre el 10 al 15% PIB no se producían importantes reacciones económicas.
La población toleraba el diezmo fiscal, porque el eje de la actividad económica se mantenía en el campo de las decisiones privadas y no era
“objeto de las intervenciones del Estado”. Por su parte, el Gobierno con su escaso tamaño no podía entorpecer la actividad humana y la economía crecía naturalmente al compás de iniciativas personales, inversiones de capital y radicaciones de empresas foráneas.
Comenzaron los problemas cuando se pasó a un porcentaje superior al 25% del PIB. El control de la economía se deslizó inexorablemente de la Sociedad al Estado o, mejor dicho, del sector privado a la casta política. Allí se produjeron graves alteraciones económicas. En palabras de Juan B. Alberdi: “El régimen rentístico del Estado comenzó a entorpecer y avasallar al sistema económico privado”.
Se crearon organismos reguladores, se nombraron miles de nuevos empleados públicos reclutados en las listas partidarias, se inventaron registros, trámites, controles y formularios de todo tipo. Las cosas simples y cotidianas se hicieron cada vez más complicadas, difíciles y enmarañadas.
Cuando la política comenzó a inmiscuirse en la economía, las decisiones racionales fueron sustituidos por deliberaciones políticas, pautas demagógicas y propuestas ampulosas pero inútiles. Los objetivos a largo plazo, con sus persistentes efectos-inducidos, fueron reemplazados por objetivos inmediatos, produciendo precarios efectos-impactos.
Los trabajadores, empresarios, profesionales, autónomos, jubilados y desocupados comenzaron a ver que sus ingresos nominales ya no alcanzaban para cubrir las necesidades. El Estado se llevaba una tajada cada vez más grande de la torta común y empezamos a tener crisis cíclicas cada 5 o 6 años.
Entonces, como en una cinchada, todos comenzaron a tirar de la soga de precios, tasas, alícuotas y salarios para no ceder posiciones. Ganaron los más audaces, los sinvergüenzas, los acomodados con funcionarios del gobierno y los que organizaron ilícitas asociaciones para montar negociados y saquear al país mediante el gasto y la obra pública.
La contundente enseñanza de brillantes y prestigiosos economistas que analizaron el tema, demuestra que el límite máximo para no caer en el estropicio de la decadencia es el 25 % del PBI real de cada año. Tales son las opiniones de John M. Keynes (1) (1883-1946), de Colin Clark (2) (1905-89), de Harry G. Johnson (3) (1923-77), de Friedrich von Hayek (4) (1899-1992), de James M. Buchanan (5) (1919-2013) y de Milton & Rose Friedman (6) (1912-2006).
John M. Keynes, canonizado por los políticos intervencionistas como el patriarca de la nueva economía, consideró que sería sumamente imposible
mantener un adecuado nivel de productividad si la imposición tributaria excedía el límite del 25% de la renta nacional.
Señalaba Keynes (1) que antes de la 1ª guerra la detracción de impuestos apenas llegaba al 10% de la renta media de los países europeos. Luego, entre las dos guerras, subió al 20% y después de la 2ª guerra mundial, alcanzó en la Inglaterra socialista un 30%, mientras que en EE.UU. sólo llegó al 22,9%.
Este último país tuvo la sabiduría de mantener frenado el monto del gasto público, limitado y oscilante en una franja comprendida entre 18% y 25% del PIB. Entre 2008/09 el gasto público americano trepó al 41% como consecuencia de los descomunales subsidios que las administraciones de George W. Bush y Barack Obama otorgaron a los banqueros para salvarlos de la bancarrota, absorbiendo activos tóxicos e hipotecas subprime.
Sin embargo, pasado el período de “estímulo fiscal para evitar la depresión” el gasto público federal de EE.UU. durante la gestión de Barack Obama regresó al 24,7% del PIB.
La experiencia europea ha demostrado también que cuando aumentan los impuestos, la productividad de la economía cae rápidamente, porque el Estado devora la parte esencial de la renta que empresas y personas destinan a reinversiones. A la larga ninguno puede tener bienestar si esperamos recibirlo todo del Estado sin aportar capitales o esfuerzos personales.
Nuestros políticos parecen no comprender que el Estado no genera recursos, los toma de otros. Cada peso que gasta el Estado debe venir de alguna otra parte: sale del bolsillo de los trabajadores o sale de las ganancias de las empresas o sale del ahorro de las personas, pero siempre es recaudado de la actividad privada con impuestos, inflación y deuda.
El gobierno puede creer que estimula la economía haciendo obra pública, en lugar de locales comerciales o plantas industriales, pero ni el gasto público ni el estímulo fiscal, ni el fallido sistema PPP (participación público-privada) pueden hacer que se construyan las dos cosas al mismo tiempo.
Las circunstancias por las que el exceso de gasto público desata una batalla de todos contra todos, no son difíciles de comprender. Cuando el gobierno gasta en demasía, tiene que arrebatar una mayor parte a la Sociedad, sobre todo a quienes no viven del Estado.
En tal caso, la porción que deja a los ciudadanos es insuficiente para que progresen decentemente y no hay duda alguna que provocará la lucha de todos contra todos, en la cual siempre ganarán los más fuertes e inescrupulosos y nunca los más honestos ni los más necesitados.
4° REFORMAS DEL GASTO PÚBLICO
Los sucesivos gobiernos se han preocupado por perfeccionar al máximo el aparato represivo del control fiscal, configurando un sistema de espionaje muy similar al de la STASI de Alemania Oriental.
Mediante el abuso de las declaraciones juradas, las facturas electrónicas, la informatización, las tarjetas de débito y el cruzamiento de datos, en la AFIP y la UIF se ha constituido un formidable aparato de control de la vida privada. De este modo se dedican a cazar contribuyentes encerrándolos en una jaula de leyes, decretos, trámites, instructivos, regulaciones y normas de obligatorio cumplimiento.
Pero la triste realidad de nuestra decadencia ha demostrado algo sustancial.
Del mismo modo que el Estado hace espionaje sobre nosotros los ciudadanos, tendríamos que exigir al Gobierno y a los opositores políticos que comiencen a establecer un régimen de similar control y pesquisa del gasto público en todas las jurisdicciones. Cualquier espionaje es despreciable. Pero puestos a compararlos, no hay duda que la máxima prioridad debe recaer sobre el examen y la pesquisa del gasto público. En lugar de discutir candidaturas y ambiciones personales, tendrían que ponerse a pensar y resolver este problema. Salvo que la casta política desease que en Argentina se produzca una implosión similar a la que en 1990 provocó la disolución de la Unión Soviética con el desmembramiento e independencia de 15 repúblicas.
Aquí van algunas propuestas fundamentales para impedir el desmadre del gasto público bajo cualquier velo, máscara o careta: tanto en la burocracia, como en la obra pública, en los subsidios, en la asistencia social universal, o en lo que fuese.
Estas reglas debieran ser incorporadas a una Constitución Económica que complemente la Constitución Política. La forma de hacerlo consiste en sancionar una ªLey fundamental de ordenamiento del sistema rentístico presupuestario», que sólo pueda ser modificada con el voto favorable de ¾ del total de legisladores de ambas cámaras, reunidas en Asamblea General.
1° El presidente de la República, los Gobernadores y los Intendentes municipales estarán obligados a presentar anualmente a las cámaras respectivas, un presupuesto donde los gastos equivalgan rigurosamente a los ingresos fiscales del año anterior.
2° Las cámaras del Congreso o de los Concejos tanto en el estudio del presupuesto como en la aprobación del mismo deberán ceñirse al límite de un
presupuesto donde los gastos sean iguales o inferiores a los ingresos del año precedente.
3° La sumatoria del presupuesto nacional y del conjunto de las provincias no podrán superar el 25 % del PBI del año precedente. Para ello deberá contarse con el cálculo del PBI en moneda corriente hecho por el INDEC o el Banco Central y supervisado por auditores económicos independientes. La sumatoria de todos los presupuestos no deberá ser superior a este porcentaje y las diferencias serán arbitradas en el lapso improrrogable de tres meses entre los gobernadores, siendo decisivo el voto del presidente de la República.
4° Para garantizar esta normas, todos los habitantes del país gozarán del derecho soberano de limitar sus obligaciones tributarias en el pago de impuestos directos (a su nombre o integrantes de su familia) al 25 % del ingreso líquido y realizado manifestado en la declaración jurada del impuesto a la renta
5° las disposiciones para reducir el monto del gasto público entrarán en pleno vigor a los 4 años de su adopción. Para conseguir una transición ordenada hasta su plena vigencia, los gastos se irán reduciendo anualmente en un mínimo del 25 % anual teniendo el mismo tratamiento legal que las desviaciones respecto del equilibrio presupuestario según la siguiente norma.
6° En caso de que las proyecciones resulten erróneas y se produzca un déficit de ejecución, los gastos nacionales, provinciales y municipales se ajustarán automáticamente a la baja para restablecer el equilibrio proyectado dentro de un período máximo de 90 días corridos.
7° Los responsables de decidir, autorizar y ordenar la emisión de libramientos para el pago de gastos autorizados, serán personal y solidariamente responsables del cumplimiento de la anterior regla presupuestaria.
8° Si se produjese un superávit presupuestario, dichos fondos se utilizarán exclusivamente para cancelar Deuda Pública en poder de organismos gubernamentales o de inversores particulares.
9° El Banco Central tendrá prohibido emitir dinero para prestar fondos al gobierno federal o los gobiernos provinciales. Tampoco podrá emitir deuda onerosa para financiar o avalar el gasto público. Las utilidades líquidas y realizadas del Banco Central serán destinadas rigurosamente al rescate de los bonos y títulos de la Deuda Pública nacional o provinciales. El Banco Central dispondrá de todo lo necesario para que las transacciones económicas privadas puedan hacerse mediante una moneda de libre uso, estándole vedado el monopolio en la disposición de divisas de exportación o importación.
10° Las disposiciones de esta regla fundamental sólo podrán suspenderse en tiempos de grave convulsión interior, guerra con invasores del territorio o emergencia nacional declaradas por 2/3 del total de las Cámaras legislativas y aprobadas expresamente por el presidente. Al transcurrir un año, la emergencia expirará automáticamente.
Este es el Decálogo de sabias y prudentes reglas para proteger al país de la persistente decadencia que amenaza su integridad.
Han sido tomadas y recogidas de dos imprescindibles libros que debieran ser la biblia de cabecera de todos los políticos:
James Buchanan; “Economía política del déficit presupuestario” Eumed.Net Free
James Buchanan & Richard E. Wagner:“Déficit del sector público y democracia: legado político de lord Keynes”, Rialp, Madrid
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
(1) John Maynard Keynes: Tratado sobre el dinero II tomos. Londres, 1942.
(2) Colin Clark: Public Finance and Changes in the Value of Money. Oxford Press, 1948
Colin Clark: Welfare & Taxation. Oxford Social Guild, 1957
(3) Harry G. Johnson: Living with Inflation. Banker Press, 1975
(4) Friedrich A.Hayek: Los fundamentos de la libertad, Unión Ed. Madrid, 2013.
(5) James M. Buchanan: Déficit del sector público y democracia. Rialp 1983.
(6) James M. Buchanan: Economía política del déficit presupuestario, Eumed.Net
(7) Milton & Rose Friedman: La tiranía del statu quo. Ed. Ariel, Madrid, 1984.
Milton & Rose Friedman: Libertad de elegir. Ed. Ariel, Madrid, 1985
Antonio I. Margariti
I. REFORMA DEL ESTADO:
LÍMITES, FUNCIONES Y BUROCRACIA.
Enero de 2019 Bolsa de Comercio de Rosario Dr. Antonio I. Margariti
1° LA DECADENCIA Y EL LIDERAZGO DESAPRENSIVO
Argentina tiene hoy un Estado tan voraz e insaciable que no sólo la ha sepultado en la decadencia sino que impide a sus habitantes tener una vida normal y sosegada como los demás países.
Desde hace tiempo la política nativa, desaprensivamente, ha venido erigiendo un Leviatán, devorador de los valores económicos que la sociedad produce con dedicación y esfuerzo.
En 1946, nuestro ingreso per cápita llegaba a u$s 12.850 anuales [ppa año 2016] siendo superior a Australia, Nueva Zelanda, Canadá y España.
Setenta años después retrocedimos a u$s 9.550 por año, mientras que la media de esos países llega a u$s 41.413 anuales. En 70 años triplicamos la población pero producimos sólo una quinta parte de nuestra renta potencial. Todo el impulso se lo llevan el Estado, la casta política, la oligarquía gremial y aquellos que viven a costa de quienes trabajan. Por eso aumenta la pobreza y vivimos en decadencia.
No hay ninguna duda que algo muy poderoso ha impedido que Argentina siguiese el camino de los países similares.
Según Colin Clark ello ha sido consecuencia de las pésimas leyes sancionadas en 1946, que contribuyeron a crear y sostener una economía cerrada, improductiva, corporativa y deficitaria. Fueron 16.268 decretos leyes sancionados de enero a mayo 1946, íntegramente plagiados del plan fabiano de Sidney & Beatrice Webb, Lord Keynes y Sir William Beveridge; posteriormente convalidados por el Congreso en noviembre 1946 por la ley ómnibus 12.922. Con gobiernos militares o civiles de distinto signo, los principios en que se basan tales leyes perduran intactos hasta el día de hoy. Están sostenidos por una falsa doctrina jurídica y económica: la tercera vía neokeynesiana. Afirma dogmáticamente que la riqueza es algo perenne, que permanece siempre intacta y que es susceptible de ser arrebatada por el Estado para repartirla entre los menesterosos con criterios políticos, sin que su magnitud sufra menoscabo. Durante 73 años, hemos sido gobernados con éste embuste. Y así nos ha ido.
Tenemos un Estado elefantiásico que nadie se anima a desmontar. La distorsión de ingresos personales es descomunal entre el 10 % de los más afortunados con el 90% de los menos favorecidos.
Muchas decisiones políticas, adoptadas sin medida ni respiro, han provocado una sistemática destrucción de los valores económicos y del capital laboriosamente acumulado. El Estado se financia mediante el inmisericorde expolio de dineros de la clase media. Que es, precisamente, la clase que trabaja, la que se somete dócilmente a la autoridad política, la que cumple con leyes muchas veces injustas o depredadoras y la que soporta, atemorizada, un perverso arrebato fiscal en condiciones similares a los esclavos del régimen feudal.
Este juicio puede parecer excesivo.
Sin embargo, no sólo está basado en claros y manifiestos casos particulares que todos conocemos sino en datos globales macro económicos, que indican porqué se produce la caída de la renta y la pérdida de valiosos recursos; porqué hay un creciente empobrecimiento de la población; porqué estamos sometidos al saqueo de nuestro tiempo y dinero; porqué los espacios públicos están deteriorados y las propiedades privadas carecen de mantenimiento; porqué vivimos desde hace décadas en un clima de asaltos, piquetes, crímenes, asesinatos de policías y violencias callejeras propias de un estado de anarquía social.
2° PRIORIZAR LOS DATOS
Según la revista Expansión y el Banco de Datos del Banco Mundial, el PBI argentino pasó violentamente de u$s 637.590 millones en 2017 a u$s 432.950 millones en 2018 y caería a u$s 425.167 millones en 2019. Con una población estimada en 44,5 millones de habitantes, el siguiente es nuestro ingreso per cápita -por habitante para el año 2018- comparado con otros países de similar economía agroexportadora.
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1° AUSTRALIA u$s 53.190 > 24,8 mill. habs.
2° Nª ZELANDA u$s 42.719 > 4,8 mill. habs.
3° CANADÁ u$s 40.004 > 36,7 mill. habs.
4° ESPAÑA u$s 29.739 > 46,8 mill. habs.
5° URUGUAY u$s 16.420 > 3,5 mill. habs.
6° CHILE u$s 15.800 > 18,4 mill. habs.
7° BRASIL u$s 9.954 >209,3 mill. habs.
8° ARGENTINA u$s 9.550 > 44,5 mill. habs.
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Para comprender que esto es el fruto inevitable de una profunda distorsión en la estructura de la economía, es conveniente examinar el esquema en PDF adjunto cuya autoría corresponde a Wilhelm Röpke uno de los más influyentes economistas de los últimos años y padre intelectual del renacimiento de Alemania después de la guerra.
ARGENTINA POLÍTICA Y
FISCALMENTE INVIABLE
Allí se comprenderá cómo el Estado elefantiásico se apodera de la riqueza, porqué nos empobrece a todos y cuál debiera ser el razonable destino de los recursos que anualmente producimos. Los resultados son aciagos y uno de los mayores errores en que solemos incurrir, es juzgar las políticas y programas de los gobiernos por sus intenciones, no por sus resultados.
Véase el siguiente cuadro de datos globales.
He aquí, el círculo de hierro de nuestro destino. Siempre dará el 100%. Tiene varios componentes: Gasto Familiar, Gasto Político, Costo del Mantenimiento, Nuevo Capital y Saldo de la Balanza Comercial. Según cuál sea su distribución, caeremos en tirabuzón hacia la decadencia o podremos emerger a una vida mejor. ¡Cualquier otra opción está excluida! ___________________________________________________________
Destino de la Magnitud Objetivo Logros y resultados esperados
Demanda final Actual Deseable por la Reforma de Estructuras
CONSUMO FAMILIAR 37,5% 39% Mejorar el nivel de vida de la gente
GASTO PÚBLICO (*) 46,0% 25% Austeridad para reducir gasto público
GTOS.MANTENIMIENTO 13,0% 15% Reponer el capital obsoleto o gastado
CREACIÓN Nvo. CAPITAL 5,5% 20% Crear trabajo de calidad para crecer
EXPORT – IMPORT -2% +1% Pagar Deuda e Importar lo necesario
SUMATORIA DEL PBI 100 % 100 % Crecimiento en Orden y Libertad
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(*) Cada punto del PBI equivale hoy a u$s 4.500 millones
3° SÓLO REALIZANDO SE ALCANZAN RESULTADOS
Lo que exaspera a muchos estudiosos y serios investigadores de la economía, es la insustancial y frívola manera con que nuestra dirigencia (de todo signo y color) trata estos problemas. Ellos tienen un superficial conocimiento de la realidad, persisten en un dogmatismo ideológico
irracional, y carecen de visión a largo plazo. Por eso no toman resoluciones eficaces en el corto plazo que nos conduzcan al objetivo buscado. No saben gobernar, ni timonear el país. Sólo saben hacer falsas promesas y engañarnos con baratijas y quimeras.
Hemos llegado a un punto tal de desorden mental, de descomposición moral y decadencia económica que es imperioso tomar decisiones valientes y urgentes, asumiendo el costo político de su impopularidad.
Lo que ahora se intenta hacer es continuar administrando el mismo modelo keynesiano tardío del peronismo kirchnerista que nos precipitó en la decadencia.
Si así fuese, ello será fatal, aun cuando lo hagan sin corrupción, es decir sin robar. Porque la esencia del modelo consiste en arrebatar a las clases medias y pudientes no vinculadas con el poder, mayores porciones de su renta y patrimonio para repartirlo entre los electores que carecen de trabajo o se resisten a trabajar por indolencia. Esperan en vano que un milagroso crecimiento, caído del cielo, pueda arreglar las cosas reduciendo la proporción del Gasto Público sobre la Renta Global del PBI.
En pocas palabras, el país no da para más. Está sobrecargado de tributos
y regulaciones. Exhausto de pagar impuestos por trabajar en blanco, por ganar un sueldo que no alcanza, por tener una cuenta bancaria, por cobrar indemnización en caso de despido, por vender la casa propia para adquirir otra más pequeña, por pagar pésimos servicios públicos, por alquilar un departamentito propio, por ahorrar dinero para la vejez, por invertir en plazos fijos o bonos del Estado y por conservar el patrimonio para legarlo a los hijos.
4° DOMINAR EL MONSTRUO DEVORADOR.
La primera y excluyente tarea que debiera asumirse, tendría que ser la organización de un Estado Nuevo que no siga oprimiendo a la Sociedad, sino que la estimule y anime. El costo de ese Estado debe bajar imperiosamente del actual 46% al 25% del PBI, donde cada punto es igual a u$s 4.500 millones hoy en día.
Si persistiesen en seguir gestionando este monstruo devorador fruto de la demagogia, el clientelismo y la corrupción, nuestra patria terminará siendo gobernada por oleadas de dirigentes deshonestos y desaprensivos, que la convertirán en un vasto latrocinio.
Para Cambiar hay que Organizar y organizar implica establecer una estructura intencionalmente eficaz para que no haya funcionarios ni empleados públicos que ocupen cargos inútiles y puedan llevar a cabo las tareas necesarias con el menor costo posible.
Durante más de una década, se ha montado un caleidoscopio burocrático que impide disponer de un organigrama sensato. De 2.387.410 cargos públicos existentes en 2003 hemos pasado a 3.832.030 en 2017. El 68 % corresponde a las provincias, el 13 % a los municipios y el 19 % a la Nación. Nos sobran 1.450.000 empleados públicos que ganan sin producir.
Para administrar este monstruo, el actual gobierno se ha llenado de ministerios, coordinadores y secretarías de Estado, que son todo lo mismo.
A cualquier presidente le resultaría imposible coordinarlos y controlar si hacen bien o mal las cosas. Demasiados caciques para convocar una simple reunión de gabinete. Demasiadas funciones inútiles, repetidas, prescindibles y artificiales. Demasiados ñoquis. Demasiado descontrol y demasiado desparrame de responsabilidades para asegurar impunidad.
5° PLAN DE REFORMA DEL ESTADO.
La responsabilidad del gobierno, la oposición, los dirigentes sindicales, los representantes empresarios y los líderes religiosos es muy grande pero es imprescindible iniciar y poner en marcha un impostergable plan de Reforma del Estado como tarea esencial del próximo Gobierno.
1. Unidad de conducción. Reordenar el gabinete para época de crisis, concentrando las funciones en sólo seis ministerios: Economía, Relaciones Exteriores, Interior y Justicia, Salud Pública y Asistencia social, Educación, Defensa y Seguridad,
2. Congelar vacantes. En toda la Administración Pública por 5 o 10 años, se prohibirán nuevas designaciones y se establecerá la transferibilidad de personal de un área a otra.
3. Retiros. Adaptar las disposiciones del personal militar al personal civil, permitiendo que en la administración, existan “retiros activos”, “retiros pasivos” y “bajas de servicio”. El derecho a la estabilidad en el puesto público se perderá sin contemplaciones cuando adhieran a huelgas o paros.
4. Censo de Organismos. Hacer un rápido y sintético Censo de organismos y entes descentralizados indicando: cuánto es el costo directo de cada uno, cuántas personas ocupa, cuántos casos atienden, cómo valúan la prioridad de sus funciones y adónde podrían derivarse las tareas necesarias.
5. Organigrama caótico. Presentar a la consideración pública la maraña y espesura de este Censo, que impide una eficaz acción de gobierno, comprometiéndose a racionalizarla para no hacer recaer su costo sobre aquellos que trabajan.
6. Nuevo Organigrama. Confeccionar un organigrama racional de la administración pública, adoptando los criterios técnicos de cualquier Manual de Administración y la experiencia nacional que puede brindar el
antecedente de Federico Frischknecht en su libro “Gobierno, el arte de la administración pública”.
7. Mando directo. Todos los ministros, sin excepciones, debieran tener mando directo sobre los funcionarios de carrera desterrando los gabinetes de asesores, los adscriptos y las secretarías privadas. Las funciones de los ministros debieran ser operativas y no de staff, es decir de planeamiento y ejecución.
8. Jerarquías y niveles. La administración pública tiene que reorganizarse en sólo 5 niveles escalafonarios: Pasante, Asistente junior, Senior, Jefe de Sector y Director de Área. Quedarían eliminados todos los cargos políticos rentados, sin autoridad ejecutiva o sin incumbencia en temas específicos.
9. Censo de empleados. Hacer un Censo de empleados y funcionarios, mediante un simple formulario que deba ser llenado y entregado antes de cobrar el próximo sueldo, revelando: cómo se denomina la oficina donde trabaja, cuál es su tarea diaria, qué jerarquía presupuestaria tiene, cuántos casos atiende, cuál es la duración media de cada trámite. Cualquier falsedad en la información será castigada con la suspensión o el despido.
10. Evaluación de personal. Sobre cada formulario del Censo de Empleados, cada jefe deberá controlar y calificar la aptitud del personal para integrar el organigrama de la Nueva Administración.
11. Manual de Procedimientos. Redactar un Manuel de Procedimientos Administrativos Uniforme para toda administración pública, indicando: intervenciones, tiempo admisible para cada trámite, escritos y peticiones, recursos administrativos, instrucción y sanciones, recursos de alzada, de reposición, de certeza, de nulidad, de súplica y de revisión, obligaciones y responsabilidades de los funcionarios, alcance de las decisiones y texto de los escritos utilizables. Sancionado el nuevo Manual, todos los procedimientos especiales, legales o administrativos, quedarán anulados y sin posibilidad de recurrencia retroactiva.
12. Listado de trámites. Preparar un listado de todos los trámites, inscripciones, registros, habilitaciones, permisos y declaraciones juradas que deban hacer los ciudadanos, por cualquier motivo y en todos los niveles. Estimar costos e indicar cuánto tiempo duran las autorizaciones actualmente requeridas
13. Calificación de oficinas. Calificar cada oficina, repartición, sección o sector administrativo dentro de tres criterios: 1° Imprescindible y necesaria 2° Útil y conveniente, 3° Innecesaria y sustituíble. A continuación habría que suprimir reparticiones inútiles congelando absolutamente todas sus funciones. También habría que hacerlo con el exceso de pasos administrativos. Se debieran examinar y eliminar los trámites ridículos o
sin sentido: inscripciones, registros, controles, permisos, habilitaciones y declaraciones juradas innecesarias o repetidas. Los tiempos procesales tendrían que ser sumarios para evitar que la burocracia parasitaria demore decisiones y promueva maniobras para justificar sus privilegios
14. Extensión de permisos. Mientras se desarrolle el punto anterior, se dispondrá una norma que prolongue 10 años la vigencia de todos los permisos o autorizaciones necesarios: Registros civiles, Registros automotor, Carnet de conductor, Registros fiscales, Registros de Proveedores, Registros públicos de Comercio, Inspecciones generales de Justicia, Fiscalías de Estado y similares. Se revisará la finalidad, el costo y la funcionalidad de todos los organismos que atiendan Registros administrativos, sean estatales o autónomos como el Registro automotor.
15. Asignación de Funciones. La asignación de tareas y funciones, la delegación de autoridad y la exigencia de responsabilidades individuales, serán la fórmula básica para el personal del Estado y la manera de conseguir que los empleos públicos sean sólo los necesarios y estén ocupados por individuos idóneos, útiles y eficientes. Como ellos tienen estabilidad garantizada, la huelga será terminantemente prohibida y castigada con pérdida de ese derecho.
16. Límites al Parlamento. Tanto en las cámaras de Diputados como Senadores o Concejales, el número máximo de secretarios, asesores o colaboradores de cada uno estará limitado a 3 personas sólo por el período de su mandato.
17. Bajas y Retiros. Al personal excedente que no pueda ser encasillado en la nueva grilla presupuestaria, se le aplicarán las mismas normas de bajas, retiros activos y retiros pasivos que rigen para el personal militar.
18. Seguro de desempleo. Si el argumento político para justificar el exceso de un millón y medio de empleados públicos es que representa un subsidio al desempleo, no habrá mejor forma de blanquearlo que convertirlo en auténtico seguro de desocupación para la función pública, pagadero con recursos genuinos.
19. Normas contables. Establecer normas contables uniformes para la administración pública en todas sus jurisdicciones, con fechas de presentación de balances o rendiciones de cuenta. En cada caso se designarán responsables a cargo y se admitirán auditorías privadas sobre el cumplimiento de estas normas.
20. Evaluación de proyectos. Cualquier obra pública, sin excepciones, deberá estar precedida por la documentación del proyecto de inversión. Deberán tener intervención los consultores independientes que certifiquen la evaluación financiera del proyecto conforme con criterios y condiciones
técnicas que impidan sobreprecios, adicionales, obras complementarias no presupuestadas, abandono de obras y pretextos para eludir obligaciones.
21. Método chileno. A partir de cierto monto, las licitaciones se harán por el método chileno de obras públicas con financiamiento autónomo, construcción, mantenimiento y explotación contínua del bien o servicio por períodos de 20 a 30 años. Podrá garantizarse una rentabilidad razonable si el proyecto no genera suficientes utilidades. Este método será aplicable a autopistas, rutas, infraestructuras de transporte urbano, diques, embalses, centrales eléctricas, edificios públicos en alquiler, escuelas, hospitales, estaciones y vías ferroviarias, locomotoras y vagones, redes de gas y electricidad, agua potable y cloacas, puertos y aeropuertos, centros culturales y deportivos.
22. Máximo de personal. Progresivamente y en el lapso de 2 a 3 años, ninguna jurisdicción de la administración pública (nación, provincias y municipios) podrá disponer de una dotación de personal (planta permanente o transitorios, contratados o pasantes y supernumerarios) que exceda el número de 10 funcionarios por cada 1.000 habitantes de su jurisdicción según el último censo de población. Sólo quedarán exentos de este límite los cargos activos asignados a tareas de seguridad policial, defensa militar, salud y educación pública, siempre y cuando se trate de personas que estén efectivamente al frente de tareas concretas y específicas.
6° EPÍLOGO, PARA TENER EN CUENTA.
Existen en Argentina, grupos de ciudadanos reunidos alrededor de intereses funestos y dañinos. Se los han denominado de distinta forma: grupos corporativos, poderes concentrados, oligarquía sindical, políticos corruptos, mafias enquistadas en el poder, capitalismo de amigos, sindicalistas millonarios y dirigentes de ficticias organizaciones sociales.
Todos ellos, sin excepción, están dispuestos a apoyar cualquier programa o política pública que les otorgue fondos, subsidios, prerrogativas, mercados cautivos, fueros parlamentarios y exenciones impositivas.
Inexorablemente el costo de todo ello será cargado a la cuenta de los candorosos contribuyentes, prisioneros en la jaula tributaria de la AFIP, la UIF y las Administradoras provinciales.
Esos grupos ejercen tan poderosa y eficaz influencia política porque comparten su choricería con los funcionarios que les acuerdan privilegios y con los magistrados judiciales que les cubren las espaldas con los vericuetos de la impunidad.
Los intentos de corregir esta situación, votando adecuados candidatos para las elecciones legislativas en el Congreso, han fracasado. Porque una vez
elegidas, esas “adecuadas personas” no hacen lo que deben hacer. Se sienten presionados por los grupos de intereses y condicionados por el espíritu de cuerpo de sus pares. Entonces se acomodan a la corrección política, hacen causa común con ellos y se convierten en cofrades de la mafia política.
Siguiendo la experiencia de Milton Friedman podemos señalar que sólo existen dos vías para romper este círculo de hierro de comparsas e intereses bastardos. Una, es la elección de un presidente corajudo e inteligente, que se comprometa vitalmente a esta tarea. Otra, es el aditamento o añadido a la constitución mediante la sanción de una Ley fundamental del Orden Económico Social a la luz de los principios de la constitución nacional. Sería como lo propuso Juan B. Alberdi: el “Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina”.
La opción presidencial requiere que la mayoría del pueblo sepa reconocer las virtudes y valores de sus candidatos, sobre todo de su anterior vida privada, evitando las sorpresas que han sucedido en todo el tiempo de la democracia
También exige que ese candidato tenga claridad de ideas, profundas convicciones morales y esté dispuesto a cambiar el país más que ocuparse por su reelección y la del equipo que lo acompañe.
Además de ser una persona inteligente, es decir compenetrada del valor de las ideas sensatas, tiene que tener conocimientos ordenados en el campo económico y en los aspectos políticos, culturales, éticos y familiares.
Le será necesario y conveniente poseer una clara visión histórica para relacionar su mandato con la continuidad de las mejores cualidades del pueblo argentino, sus tradiciones y sentimientos populares. Debiera comportarse como un atleta en la carrera de postas, que recibe el testimonio de sus antecesores y lo debe pasar a quienes lo releven.
Además de espíritu de grandeza, debiera adoptar una natural conducta de humildad para que la soberbia o arrogancia no se le suban a la cabeza y le generen el síndrome de Hubris. Las cualidades fundamentales a poner en uso serán la audacia y el valor para introducir cambios importantes en el período inicial de su luna de miel, antes que la tiranía del statu quo se afirme y le torpedee sus iniciativas.
Sin embargo para poner coto al Estado Leviatán, monstruo devorador de los recursos nacionales, y reducirlo a su tamaño adecuado del 25 % del PBI del año precedente, será necesaria la vía constitucional que puede intentarse por dos caminos.
Uno, es la reforma de la constitución conforme con criterios de sensatez y la garantía de que los constituyentes no terminarán haciendo un insoluble
pastiche legal. El otro es proponiendo de entrada una Ley fundamental del Orden Económico, para establecer los criterios y principios del sistema económico como enmienda de la constitución nacional, asegurando los principios de libertad, orden, justicia, unidad nacional y equidad.
La vía de esta Ley fundamental ya está abierta con el 27vo acuerdo firmado en condiciones muy cordiales con el FMI que exige: equilibrar el presupuesto, eliminar el impasse o déficit estructural, estimular la iniciativa privada, ayudar a la creación de nuevos puestos de trabajo, y obtener saldos exportables a fin de que pagar los servicios de la Deuda pública sin abrumar a los ciudadanos.
A largo plazo, la estrategia más prometedora para reducir el aparato del Estado elefantiásico consiste en dar poderes extraordinarios al presidente sólo para reformar el Estado, reducir impuestos, rebajar alícuotas y establecer reglas fiscales claras y simples en la liquidación y pago de impuestos. Otra medida sustancial consiste en exigir la habilitación de una moneda de libre uso con la más absoluta libertad de contratación. Simultáneamente y para que el peso nacional pueda competir con monedas más estables habría que exigir la renuncia del monopolio cambiario y mantener un riguroso control en la cantidad de moneda anualmente emitida dentro de un margen máximo del 3 al 4 % de la base monetaria del año anterior.
Ya está todo dicho: ¡ Alea iacta est !
Antonio I. Margariti
Otros Informes:
i. REFORMA DEL ESTADO
II. REFORMA ESCOLAR
III. REFORMA LABORAL
IV. REFORMA DEL GASTO PÚBLICO
V. REFORMA IMPOSITIVA.
