Resulta un tanto sorprendente, luego de tantos años durante los cuales se ha hablado pésimo del liberalismo, equiparándolo a la anarquía económica, al egoísmo o a la insensibilidad, leer algunas líneas de los originarios y principales fundadores del liberalismo, en las que a viva voz proclaman la necesidad de dividir las parcelas de tierra entre la mayor cantidad posible de personas.
Lo cierto es que, desde sus inicios, el liberalismo consistió, no en el rechazo frenético de la intervención estatal (en cierto modo eso significaría la desaparición del Estado), sino en el reclamo denodado de una intervención fuerte, inteligente y decidida, pero no para concentrar el poder de decisión en el mismo Estado interviniente, sino para desconcentrarlo entre los ciudadanos. El fundamento de esto era que a mayor influencia y decisión sobre el propio comportamiento, mayores posibilidades y herramientas para crear, innovar y cooperar con el prójimo para generar riqueza.
Esta idea central de desconcentrar el poder no entraba en conflicto con la idea de dividir la tierra, sino que, al contrario, conducía directamente hacia ella. De hecho, fue Locke quien en su Ensayo sobre el gobierno civil, además de defender la división de poderes, reclamó que cada persona contara con la cantidad de tierra que le sea necesaria para vivir y trabajar, asegurando que el fundamento de la propiedad era que cada cual debía ser dueño del producido de su trabajo.
Por otra parte, los fisiócratas, primeros teóricos del liberalismo económico, soñaban con una sociedad en que sólo el impuesto sobre la tierra sostuviera al Estado, disminuyendo su precio, aumentando la capacidad de la gente trabajadora para acceder a ella y liberando al trabajo y los salarios de los impuestos. El fundamento de todo esto, para ellos, era que la tierra era lo único que producía valor “real”, con lo que seguramente querían significar que era lo único que no necesitaba del trabajo del hombre para producir una ganancia.
No estaban equivocados. Y esta idea fue la que inspiró el trabajo de Adam Smith titulado La riqueza de las naciones, en el que ensaya una fórmula de la riqueza como la siguiente:
RIQUEZA = TIERRA + TRABAJO + CAPITAL
Si la riqueza era aquello producido por el ser humano para satisfacer sus necesidades, entonces la verdadera riqueza era la generada por la conjunción del trabajo y la naturaleza. Por su parte, el capital era aquella riqueza que, en vez de ser empleada para la satisfacción inmediata de las necesidades humanas (consumo), lo era para ser usada en el proceso productivo y generar más riqueza (inversión).
Esa diferenciación entre capital y tierra, por la que muchos estudiosos se interrogaron sin encontrar respuestas a lo largo de la historia, escondía detrás una diferencia de definición sustancial, que a muchos se les escapaba: el capital había sido generado por el trabajo del ser humano, mientras que la tierra no. Por lo tanto, el interés o ganancia que producía el capital, era fruto del esfuerzo de persona o personas determinadas, mientras que la renta de la tierra era consecuencia de la actividad cooperativa y existencial del conjunto de la sociedad.
Por su parte, otros acérrimos y auténticos liberales, como Jefferson, Sarmiento o Tocqueville, fueron abiertos partidarios de una democratización lo más extensa posible de la propiedad de la tierra. Sarmiento, de hecho, cuando el Estado argentino quiso darle franjas de tierra a los costados del ferrocarril a las empresas inglesas a cambio de su inversión, propuso que en vez de darles franjas se les dieran pequeñas parcelas, alternadas de lado a lado de la vía, a los efectos de “evitar el latifundio”.
Pero fue Henry George, liberal norteamericano del siglo XIX y autoproclamado continuador y admirador de la obra de Adam Smith, quien desarrolló en su libro Progreso y miseria el gran aporte sobre la necesidad y la forma en que podía ser subdividida la tierra en la medida de lo posible. La propuesta era sencilla, pues consistía nada menos que en que el Estado se sostuviera gracias al impuesto sobre el suelo libre de mejoras, mientras que su queja era contundente: “Castigamos con un impuesto al que cubre de grano maduro los campos estériles; multamos al que instala maquinaria y al que deseca un cenagal. Hasta qué punto estos impuestos pesan sobre la producción, sólo lo comprueban quienes han intentado seguirlos a través de sus ramificaciones, porque su mayor peso recae en el aumento de los precios. Estos impuestos son, sin duda, semejantes al que el bajá egipcio puso a las palmeras. Si no inducen a talar los árboles, por lo menos disuaden de plantarlos.”
La renta que produce la tierra sola, libre de mejoras, por el sólo hecho de ser un elemento indispensable para la actividad humana y perfectamente limitado, es denominada por muchos renta fundiaria. Y esta renta fundiaria, resulta claro, no es el resultado del trabajo individual del poseedor de la tierra, sino de la actividad, crecimiento poblacional y demanda de tierras por parte del conjunto social. Por eso es que, si seguimos a Locke, considerando que el fundamento de la propiedad es el trabajo, entonces la renta fundiaria, para el liberalismo, aunque no suene muy liberal, debe ser socializada. Pues si es privatizada, el resultado será seguramente el acaparamiento de tierras y la disminución de la actividad económica, algo contra lo que habían luchado, y mucho, los liberales.
El peor efecto de la privatización de la renta fundiaria es que rebaja constantemente los salarios de los trabajadores. Y esto ocurre porque, al aumentar el costo de venta o alquiler (que incluye la renta fundiaria), aumenta entonces el costo para el empresario que invierte en el terreno, lo que se ve agravado por el hecho de que, a su vez, el Estado le aumenta los impuestos sobre el trabajo, ya que al no captar la renta fundiaria necesita financiarse de otra manera. Por lo tanto, lo que le queda al empresario para pagar salarios, y seguir teniendo un beneficio que permita la continuación de su actividad, resulta mucho menor que lo que debería y podría ser.
Por otra parte, la privatización de la renta fundiaria alienta la especulación con las tierras más que la producción, lo que a su vez ejerce presión para que el valor de las tierras siga aumentando y sea difícil para el resto del pueblo acceder a ella.
Es importante aclarar que la socialización de la renta fundiaria no es lo mismo que la colectivización de las tierras, porque no implica el dominio directo y discrecional del Estado sobre las mismas, sino simplemente el cobro de un considerable impuesto inmobiliario, consistente en un porcentaje del valor del terreno sin edificar. Esta sencilla medida, no sólo le permitiría al Estado disminuir los impuestos al consumo y sobretodo al trabajo, sino que, además, disminuiría el valor de la tierra y generaría un boom productivo y de construcción que irradiaría hacia el resto de la economía, fruto de que no sería rentable mantener los terrenos improductivos y sería muy productivo trabajarlos y edificarlos en la medida de lo posible.
