REFLEXIONES A LA VISTA DEL BICENTENARIO

Por Hector Raúl Sandler, Profesor de Derecho

Pretendo exponer una tesis provocativa. Lejos de mi el deseo de una polémica por la polémica misma. Me impulsa el dolor de contemplar los padecimientos sociales que sufren millones de familias argentinas, el escepticismo que agobia el corazón de la mayoría y el creciente juventud desanimada por el sentimiento de carecer de porvenir en su patria. Me anima a hacerlo la plena convicción de que la Argentina no tiene problema económico real y que, por el contrario, en ese ámbito, es uno de los países del mundo mejor dotado para que sus habitantes alcancen una elevada prosperidad material y espiritual.
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Empiezo por sostener que la universidad es en la actualidad una institución decisiva en la constitución del orden social. Tiene hoy un rol que jamás antes tuvo. Es verdad que comparte con muchas otras instituciones la tarea de conservar y desarrollar los conocimientos comprendidos en la genérica expresión “conocimientos superiores”. También lo es que no todas las universidades investigan en la medida que otros institutos lo hacen. Y, finalmente, es evidente que han nacido como hongos después de la lluvia, muchas “universidades” cuya denominación no responde al concepto que, con un criterio más estricto, debe responder una universidad. Sin embargo en nuestro país el título universitario es una poderosa carta de crédito a hacerse efectiva en ámbitos sumamente decisivos para la constitución del orden social: la enseñanza, la actividad empresaria, la acción política y la función pública.
No obsta a este juicio subrayando la importancia del titulado en la universidad el hecho de que una abundante cantidad de ellos no logren concretar sus aspiraciones en el campo laboral y que una buena porción archive sus títulos dedicándose a tareas ajenas a las de su profesión. En principio esto se debe mucho menos a una supuesta carencia de importancia del título universitario que a la opacidad de un orden social, carente de suficientes oportunidades para el trabajo. Pero además, esta legión de universitarios solo es formalmente excluida. Es materialmente activa en la formación de la opinión pública, desde su actividad en los medios de comunicación masiva hasta en las habituales charlas de café.
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Particular significación tienen los titulados en las llamadas ciencias sociales, incluyendo aquí las de humanidades. Por causas que no me detengo a exponer, no todas ellas tienen igual eficacia en la constitución del orden social. A la cabeza de todas están los titulados en las denominadas ciencias económicas y ciencias jurídicas. Hasta hace tan solo cincuenta años, la primacía indiscutida estaba en poder de los titulados en derecho. En principio por la ley fundamental – la Constitución Nacional – de los tres poderes que configuran el orden político republicano, uno de ellos, nada menos que el encargado de decir de modo definitivo lo que es o no es derecho, estaba, y está, a exclusivo cargo de abogados. Por entonces, los principales dirigentes políticos, la mayoría de los legisladores y gran parte de los ministerios del poder ejecutivo, incluyendo el de la hacienda pública, eran titulados en derecho.
Pero a partir de mediados del siglo XX, luego de la 2ª. Guerra mundial, las cosas cambiaron. No solo en nuestro país si no en todo el mundo Occidental. Los “contadores públicos” fueron sustituidos por “economistas”, el conocimiento denominando “economía política” fue reemplazado por otro de diferente contenido, denominado “ciencias económicas”. Al mismo tiempo a nivel internacional emergieron instituciones “especializadas” en cuestiones económicas (FMI, Banco Mundial, etc), destinadas ordenar la economía humana; en sintonía con los nuevos aires se crearon instituciones en los sendos países (Ministerio de Economía, etc). Por añadidura, siempre tras el propósito de establecer ordenamiento mas libre de la economía, tras la epidemia estatista dominante entre la primera y segunda guerra mundial, se constituyeron “mercados comunes”, que requirieron nuevas y complicadas instituciones ordenadoras de un orden económico supranacional (Comunidad Europea, etc).
La creciente hegemonía de la perspectiva economicista afectó incluso el ámbito cultural. Desde 1973 se otorga un “premio” al mejor trabajo en “ciencia económica”, algo aceptado como muy natural , pero que sin embargo merece justificados reparos. Tales premios confieren “autoridad científica” a personas y opiniones muy discutibles.
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Este gran cambio – que se inserta en lo que podríamos llamar el “espíritu materialista de la época”- ha afectado la composición personal de los gobiernos.
Si bien, en principio, los abogados no han perdido el monopolio del poder judicial, han sido fuertemente desplazados por los economistas en las esferas del poder ejecutivo y del legislativo.
En el ámbito del poder ejecutivo, la “cuestión económica y social” es principalmente planteada, y las soluciones proyectadas, desde el punto de vista de los economistas. En el legislativo dado que el saber económico se presenta más fundado en ecuaciones de matemática superior que en la historia, con explicaciones oscurecidas por la jerga de moda, los economistas se suelen expresarse de modo categórico, como iniciados en una ciencia de hecho oculta a la mayoría de la población, a pesar que esta población es real fuerza la constitutiva y destinataria de los efectos del orden económico. Respaldados por “teorías científicas”, rematan sus discursos con cifras tan precisas, que dejan al escucha una sola opción: “tómalo o déjalo”. De hecho son esquivos a opciones presentadas desde fuera del esquema del saber en que han sido instruidos, con el agravante que mediante la educación recibida, ellos mismos han sido debilitados en su capacidad para criticar las bases del saber que cultivan. En consecuencia los legos están excluidos a priori de toda discusión. Su derecho semeja a los de pacientes frente a los médicos: queda limitado a expresar su malestar. El diagnóstico y el medicamento es competencia de los titulados en las facultades de economía.
Alguien podría creer que las cosas en el poder legislativo son distintas. Los legisladores son elegidos por el pueblo para oficiar como sus representantes y para serlo basta con tener la edad suficiente. En consecuencia las Cámaras presentan, sin duda, una composición profesional muy variada. Sin embargo esta imagen variopinta es engañosa. Todo legislador cuenta con varios asesores “técnicos”, pero los titulados en economía son los que más peso tienen. Al menos cuando se trata de lo que más importa en las sociedades contemporáneas: la cuestión económica.
Los asesores legales, que podrían compensar ese fuerte peso de los titulados en economía, no pueden hacerlo porque, han pasado a la categoría de legos en cuestiones de orden económico. No solo por el tipo de pensamiento económico dominante que acabamos de describir, sino en gran medida por la educación e instrucción que reciben los que se titulan en derecho. Aquí, como lo he puntualizado en mi libro “Filosofía del derecho, problemas sociales y derecho correcto”, esencialmente se cursa una “ciencia dogmática jurídica”: técnica en interpretar (desde distintos punto de vista y al servicio de opuestos intereses) al derecho positivo dado.
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Más allá de discrepancias de detalle, de hecho, se tiene por “derecho” a la “legislación dictada por el Estado”, vía legislativa, vía jurisprudencial. Aunque ella sea francamente aberrante y destructiva de la sociedad como he explicado en mi libro “Impuestos” (1999). El desconocimiento sistemático del “derecho natural”, más allá de dar finalizada la vigencia del iusnaturalismo, ha erradicado como cuestión jurídica el capital problema de los “fundamentos del derecho”. Sus fundamentos materiales (como problemas de la vida social a resolver mediante normas humanas) y sus fundamentos ideales (como exigencias que la condición espiritual del ser humano plantea a la ley para ser legítima).
De manera que los titulados en derecho son técnicos de la ley positiva. Pueden entender el sistema, retocarlo aquí y allá, pero carecen de formación para mostrar el papel y la autonomía del principal ordenador moderno de la sociedad , el derecho. Tales técnicos dominan problemas de la forma jurídica, razón que pueden discutir la legalidad de una ley o una sentencia; pero ignoran las conexiones entre la forma y el contenido material normado. Por lo tanto no pueden resolver los problema de legitimidad de la ley. Ni siquiera se les aparece como problema, o por lo menos como problema que debe ser afrontado si se pretende un derecho que realice la Justicia en este reino.
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La manera dogmática jurídica de desarrollar la ciencia del derecho penetra todas las asignaturas y, para colmo de males, alcanza a la enseñanza del derecho constitucional. Por supuesto esto lleva a transformar a la Filosofía del derecho en mera Teoría del Derecho. Esto es de suma importancia, porque debilita por completo la fuerza de la Constitución como valla ante la arbitrariedad, la injusticia y el error jurídico. De hecho la tendencia resultante está a la vista. Por una parte los cultores de las distintas “ramas” en que el derecho ha sido fragmentado, pasan por el costado de los problemas que al derecho se le presentan en la tarea de establecer los fundamentos del orden económico. Con este paso al costado en relación a ese problema fundamental, los abogados carecen de base – desde el punto de vista de su formación como tales – para criticar cualquier política económica. En la época contemporánea, dada la posición central de la economía en la vida, esto significa someter el derecho a la fuerza. Los individuos, las familias, los grupos menores, son las víctimas de esa abdicación del poder jurídico. Los cultores del derecho constitucional – bajo la presión de esa abdicación – en el mejor de los casos, denuncian las astutas interpretaciones que se hace de la Constitución para ajustarla a la voluntad del poder gubernamental. Así , la jurisprudencia, en el sentido de “ciencia del derecho” carece de fuerza moral para obligar a los gobiernos ceñirse a la Constitución, pues no puede convocar al hombre común para bregar e incluso luchar por sus “derechos fundamentales”. Solo se puede luchar por lo que se ama y solo se puede amar lo que se conoce.
No es una casualidad sino un síntoma del fenómeno que describo, el hecho que el histórico nombre de nuestra facultad – Facultad de Derecho y Ciencias Sociales – haya sido amputado de un tajo, dado por las más altas autoridades de la Universidad. Hemos entrado al Siglo XXI con el recortado nombre de “Facultad de Derecho”. Este nuevo nombre es el resultado del sentido materialista imperante en la vida contemporánea: de ser una casa de altos estudios sobre el orden jurídico ( hecho fundamental en la constitución del orden social, incluyendo el económico) , ha reducido su competencia al conocimiento del ordenamiento legal , vigente un acto de poder de quien gobierna ). Esto no ha ocurrido como algo correspondiente al espíritu de la época. Pero ha podido ocurrir más pronta y fácilmente porque de manera gradual y continua se ha debilitado la fuerza de reflexión sobre el debido quehacer del jurista y del académico en general.
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Hasta este punto he descrito hechos, muy visibles para el que quiera ver. Lo que corresponde ahora – y esta es la parte más provocativa de la tesis – es preguntarse qué relación guarda lo descrito, si es que guarda alguna, con los dramáticos problemas sociales que vive la Argentina desde las últimas décadas del siglo XX y que perduran agravados a la entrada del siglo XXI.
En reciente publicación el abogado y dirigente político Horacio Sueldo sostuvo que la Argentina “más que una crisis padece una decadencia de setenta años”. Esto significa remontar el inicio de nuestro malestar social al año 1930. Es una idea muy compartida que ese año, tras el golpe militar que sustituyo al presidente electo Hipólito Irigoyen, interrupción de la democracia que siguió al colapso financiero mundial iniciado en Wall Street, es el mojón que divide a la Argentina en dos etapas: la del progreso rutilante (1860-1930) y de la decadencia, que corre desde ese momento hasta hoy. A primera vista, la afirmación parece describir la verdad. Sin embargo algunos datos cuestionan esa hipótesis. Veamos.
Durante la etapa rutilante se construyó el pais actual con la incorporación de vastos territorios (el Sur patagónico y el Noreste chaqueño), el vertiginoso aumento de la población (de algo más de 1 millón de habitantes a cerca de 14 millones, el tendido de la red de ferrocarriles más grande Sud América, construcción de los puertos de ultramar, las comunicaciones, la alfabetización masiva, etc. con todo lo cual la Argentina pasó a ocupar una destacada posición entre los primeros países del mundo. Sin embargo, pertenecen a la misma etapa hechos como la gran crisis financiera de 1873, producto de la excesiva emisión de circulante y la correlativa especulación en tierras ; la crisis de 1890, producida por una de las más escandalosas especulaciones con el suelo, que determinó una fracasada revolución cívico-militar y el colapso del gobierno de Juarez Celman; la huelga de los inquilinos en 1907 por el alto precio de los alquileres ; el grito de Alcorta de 1912, una rebelión de los campesinos en Santa Fe por el alto costo de los arrendamientos e impiadosos desalojos (Grito de Alcorta); la semana trágica de 1919, con huelgas y violenta represión contra los trabajadores en la Capital ; las huelgas de los trabajadores azucareros en Tucuman de 1923, militarmemte reprimidos; la rebelión de los trabajadores de la Patagonia, con violenta represión y fusilamientos. Es evidente que aquel progreso no se hizo a la par de la paz social. Tampoco, como suele ocurrir en tal situación, era ordenada la economía pública. Decía en su clase inaugural de la cátedra de Finanzas Públicas en esta Facultad el profesor Jose M. Terry en 1898 : “La Argentina ha vivido 88 años de vida libre, es decir, independiente...si dirigimos nuestra mirada hacia el pasado y si juzgamos el presente, tendremos que confesar con tristeza que la Republica ha perdido lastimosdamente tiempo y riqueza....La Argentina ha vivido en el despilfarro y, en consecuencia, en el déficit”. Por su parte , Alejandro Bunge, antes de 1930, denunciaba que la economía argentina , pese a las apariencias, se había estancado justo a partir del Centenario, 1910. Visto todo esto sostenemos que la tesis según la cual la decadencia argentina comienza en 1930 es una tesis gruesa, en parte correcta, pero que al ser tan atractiva para sectores políticos, oculta una realidad más profunda: los deletéreos efectos de nuestro sistema de acceso al suelo de origen romano (Nota al art.2503 del Código Civil). Debe se rechazada o ser tomada con mucha reserva.
Hay que partir de la hipótesis que sugieren los hechos: que los problemas de la economia social y de la economía pública ( déficit financiero), nacieron juntos con el recordado progreso. Algo institucional pronto comenzó a trabarlo hasta aniquilarlo por completo , para sumirnos luego en un reptar que tiende a la decadencia, alterado solo por ataques epilépticos quinquenales. Esta hipótesis de trabajo nos aparta de innumeras causas a las que, según el gusto de cada uno, se atribuye nuestra accidentada vida social: golpes militares, autoritarismo, populismo, caudillismo , imperialismos externos, etc.). Todos esos fenómenos son ciertos; pero no son causa de la decadencia; del mismo modo que las plagas se aprovechan de la debilidad de los organismos enfermos.. La causa jurídica-económica originaria de nuestra decadencia tiene que ser algo que al mismo tiempo pueda ser considerada como la causa de nuestro fulgurante progreso inicial. Hay que buscar la causa común a ambos procesos. Esa es la tarea de la ciencias sociales, en especial la ciencia económica y la jurídica.
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Sin perjuicio de lo dicho, algo muy importante comienza en el año 1930. Hacía más de una década que había terminado la guerra de 1914-1918 y la ideología estatizante se había propagado por todo el mundo. Si bien sus centros de irradiación eran varios y diferentes, en muchos puntos antagónicos, lo cierto es que desde la revolución mexicana de 1917, la soviética de octubre del mismo año, la fascista en Italia desde 1922, la mayoría de los países de Europa y América , incluyendo Gran Bretaña y los EEUU de Norteamérica, con distinto grado de intensidad, se inclinaron hacia las economías nacionales autárquicas, al amparo de férreos proteccionismos, aceptando al Estado como director, cuando no planificador, no solo de la economía pública sino también de la social. El librecambio que rigiera desde 1814 a 1914 quedó sepultado por obra de nuevas (viejas) teorías. La Argentina país exportador e importador por excelencia sufrió un serio golpe. Su economía pública había sido sostenida por los derechos cobrados a la exportación, pagados por los compradores extranjeros. Esos ingresos permitían mantener a los nuevos trabajadores (inmigrantes) libres impuestos y con salarios relativamente altos. Y a los terratenientes ejercer el privilegio de apropiarse para sí de la renta fundiaria , el originario recurso de los municipios, las provincias y de la nación, como pretendieran los revolucionarios de Mayo. Pero ante la brutal caída de las exportaciones había que apelar a otros recursos financieros. Los caminos eran pocos. Si se aspiraba a restringir el gasto público (cosa que se hizo) , si no se quería caer en la emisión de moneda sin respaldo (cosa que prudentemente se quiso), solo restaban dos: a) recaudar la renta del suelo para mantener libre de impuestos al trabajo y la inversión del capital, con lo cual además, se abarataba la tierra (cosa altamente necesaria) o b) mantener el privilegio de los dueños del suelo y obtener los recursos de lo producido por el trabajo y la inversión. El gobierno derivado del golpe de 1930 optó por el segundo.
De manera provisoria y tan solo por un par de años (así se argumentó) se dicto la Ley de impuestos a los réditos. Era sostener el gasto público sustrayendo al trabajador los frutos de su trabajo. Ese sistema impositivo agravado a la enésima potencia impera desde entonces hasta hoy. Ahí se inicio el camino hacia la ruina económica, social y política, con ramificaciones en toda la vida cultural, apreciable por doquier. En una de las naciones con el más extenso territorio del mundo, con su suelo magníficamente dotado, con un clima envidiable, prácticamente vacío, las 4/5 partes de su población (de primera calidad) sobrevive hacinada en pocas gigantes ciudades, plagadas de pústulas que corroen su organismo: villas miserias, ciudades ocultas, conventillos y homeless. Puede ser visto como un orden económico ruinoso; pero es mejor denunciarlo como un escándalo moral. Y su causa eficiente no es económica. Es absurdo alegar que la Argentina con semejantes recursos tiene “problemas económicos”. La causa eficiente es jurídica. Se trata de dos grupos de leyes : las que rigen el derecho de acceso a la tierra ( Código Civil), por un lado y por el otro, las leyes de impuestos empeñadas en castigar el trabajo, hostigar la inversión, trabar la libre iniciativa y desplumar al consumidor. Dos mordazas que actuando conjuntamente forman el “sistema ruinoso” que ha hundido a la Argentina y que de no cambiarlo la condena a su desaparición como país significativo en el mundo.
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Pero algo más sucedió a partir de 1930. El nuevo conocimiento económico (fruto de la nueva ciencia económica , antes conocida como economía política) y el conocimiento del derecho (restringiéndolo a técnica de la interpretación de la ley dada) , actuando de consuno han dejada a la sociedad política sin la base cultural indispensable para corregir los desatinos cometidos desde el poder y habilitar al poder para afrontar los problemas de hoy. Los procesos de cambio ideológico se habían iniciado mucho antes de finalizar el siglo XIX. Pero fue la catástrofe de la guerra 1914-1918 y los experimentos centralistas, autoritarios y totalitarios llevados a cabo a partir de 1918, los hechos que impulsarían a la voluntad social para concretar utopías y que, finalmente, cambiarían el contenido de la ciencia económica y del saber jurídico.
En relación al derecho, como lo hemos comentado, se impuso abierta y francamente el positivismo jurídico y con él se desarrolló una ciencia de normas dictadas por el Estado, desinteresada del contenido material normado. Una ciencia que en lugar de hacer de la ciencia jurídica el tribunal ante el cual debiera rendir examen de su grado de justicia el derecho positivado (creado para arreglar los demás órdenes de la vida social – en especial el orden económico –) , lo convirtió en la herramienta para todo uso , en especial para ordenar la economía. No puede extrañar que ese poder jurídico (tenido por sagrado en la antigüedad) acabara por ser el trapo de piso de los poderes más fuertes que en cada momento se yerguen en la sociedad. Durante la etapa de 1930-1945, la ley fue utilizada impúdicamente al servicio de los intereses dominantes creados desde la organización nacional. A partir de 1945, los intereses del poder cívico militar encaramado el gobierno del Estado dictó mas de cien mil decretos “reordenando” la economía pública y social. Decretos ratificados al calor del entusiasmo político para mejorar y proteger los intereses de los socialmente más débiles. Pero se impartió “justicia social” sin desmantelar aquel “sistema ruinoso” fundado en la ley civil y las leyes de impuestos. No se habría de establecer un orden social armónico como el postulado por la Constitución originaria. La ley tuvo cada vez menos que ver con el derecho. Lejos de ser un principio de orden es vista como el mejor medio para satisfacer los egoístas intereses de personas, grupos o sectores. La ley dictada por los hombres se ha convertido así en un autentico foco de desorden social y, en consecuencia, de postración nacional.
¿Por qué la ciencia jurídica tomó este rumbo? Conviene investigarlo; pero, de modo principal, se debe reconocer que con cultivadores e instruidos en una ciencia jurídica de tal clase, por buenos que sean como personas, son impotentes para establecer y mantener un orden social de hombres libres, tratados en pie de igualdad y propensos a colaborar fraternalmente entre si. Impotencia de consecuencias graves cuando en la vida moderna el derecho tiene una posición central en la configuración del orden social y el mundo enfrenta el desafío de la globalización.
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El cambio del contenido de la ciencia económica también comenzó a finales del siglo XIX. La ciencia económica clásica, montada a partir de los fisiócratas sobre la tríada de los tres factores de la producción – trabajo, tierra y capital – se había desarrollado en forma progresiva bien ceñida a ese esquema trimembre. Las aportaciones de Adam Smith, David Ricardo (respetando el modelo fisiocrático) fueron muy importantes. Esta ciencia creció no solo se preocupó por el fenómeno de una distribución justa de la riqueza anualmente producida, aunque no puso en clara evidencia el papel fundamental del derecho – de la ley dictada por el Estado – para asegurar que los salarios, los intereses y la renta del suelo tuvieren su legitimo destino. Fue Henry George quien en su extraordinaria obra “Progreso y Miseria” a fines del siglo XIX, con claridad meridiana , completó la obra de los clásicos. Demostró que sin un derecho que dispusiera la recaudación de la renta económica del suelo con destino a formar el tesoro público, la decadencia de la sociedad y del Estado acompañaría al progreso inicial como la sombra al cuerpo. Destacó que por la apropiación privada de la renta del suelo (asegurada por el derecho romano de propiedad) se produciría el colapso de la economía de mercado, de la pública e incluso la ruina de la civilización. “¿De dónde vendrán los nuevos bárbaros?, se pregunta al final de su obra. ¡Pasad por los barrios miserables de las grandes ciudades, y desde ahora podréis ver sus hordas amontonadas! ¿Cómo morirá la ciencia? Los hombres dejarán de leer y con los libros encenderán hogueras o los convertuirán en cartuchos.”(1880)
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La obra de George tuvo un impacto tan grande, sobre todo en los sectors trabajadores, que su libro fue traducido a casi todos los idiomas. En su pensamiento, alrededor del 1900 , se inspiraron hombres tan geográficamente tan alejados entre sí como Wiston Chuchill (Gran Bretaña), Sun Yan Sen (China) y Roque Saenz Peña (Argentina), por citar algunos. ¿Cómo es que su pensamiento no prosiguió? ¿Cómo es posible, incluso, que la triada tierra, trabajo y capital (base de la teoría clásica) fuera sustituida en la neo-clásica (o neo-liberal) por el binomio trabajo y capital? En los de la ciencia económica neoliberal se comienza con un real disparate que la mera observación del hombre más simple se negaría a corroborar : que los bienes de riqueza (llamada “producto”) son el fruto del trabajo con el capital, sin tierra. ¿La tierra volatiza por completo de esta construcción científica? En rigor , no. Pero se la oculta, con los más variados argumentos se oscurece su rol fundamental en la actividad económica; si se la llega a tratar, es de soslayo, en algún capitulo aparte, como para no caer en ridículo. Y, en todo caso, aquel neoliberal que reconozca el grave sentido que tiene para la actividad económica, se priva de exponer las tremendas consecuencias que para el orden social tiene el modo de administración legal de este factor. La producción es atribuida solo a dos factores: el capital y el trabajo. Esto explica que – en los hechos – ante la gigantesca desocupación (tomada como exceso de trabajadores), los gobernantes asesorados por semejante ciencia se desvivan por conseguir lo que es presentado como la clave de la ocupación: la inversión de capital.
Para el economista norteamericano de la Universidad de California (Riverside), Mason Gaffney, el cambio del contenido de la ciencia económica fue debido a una planeada conspiración de los grandes terratenientes y monopolios norteamericanos. La mayoría de la universidades de los EEUU dependen de los subsidios de los particulares e incluso hay una tajante división entre los “administradores” encargados de obtener fondos y el “plantel académico”. Gaffney es categórico en su juicio sobre el efecto de este sistema sobre el cuando y el por qué del giro de la ciencia económica neoliberal: para contrarestar la aceptación del pensamiento de George por los académicos , la gente del pueblo y miembros de la Iglesia, los más ricos de Norteamérica mediante la donación y subsidios lograron barrer de las universidades a todos aquellos que manifestaran la menor inclinación a favor de la recaudación de la renta del suelo. “Había, dice, una gran mayoría de pequeños intelectuales dispuestos a servir los intereses de los terratenientes. Naussau Senior fue uno de ellos. El peso por su número era bastante como para compensar su mediocridad. Atacan a Mill considerándolo un solitario excéntrico, un idealista sin sentido práctico, e incluso de marica por asumir la defensa de los derechos de la mujer” (The Conspiracy in the Teaching of Economics and History, reportaje de Adam Jon Monroe, Jr. en PROGRESS, N° 1044, july-aug-2001). Ante la pregunta del entrevistador sobre pruebas sobre la acción de los más ricos sobre la enseñanza de la nueva economía, el autor del libro The Corruption of Economics (1994), contestó: “Lea los nombres y las biografías de los suvencionadores y patronizadores más importantes en el pasado: Stanford, Rockefeller, Russelll, Sage, Carnegie, Hewit, Cornell, Wharton....Observe la composición de los consejos de gobierno de las universidades mas importantes, públicas y privadas. Todo está allí a la vista, para aquellos que tengan ojos para ver, mente para sacar su propias conclusiones y corazón suficientemente valeroso para luchar por el interés público” (idem). Poco y nada más que alguna conjetura. Una investigación profunda sobre la cuestión es necasaria.
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¿Qué podemos decir sobre la desaparición de la ciencia económica clásica en nuestro país , sustituida por el neoliberalismo? Digamos en principio que el pensamiento económico de los revolucionarios de Mayo fue introducido por Manuel Belgrano, cuidadoso traductor de la obra de los fisiócratas en nuestro país, cuando estaba en el Consulado. Este pensamiento fue firmemente compartido por quienes pasarían a la historia como padres fundadores y se concretó en el Congreso de 1826 en la Ley de Enfiteusis. Ley que fue desvirtuada durante y después del gobierno de Rosas , típico caso de fraude legis, a cuyo amparo se forjo una oligarquía terrateniente. Esteban Echeverria integrante de la generación de 1837, sostuvo el pensamiento de Belgrano, y fundado en la triada – trabajo, tierra y capital – en una monografía recomendó la renta fundiaria (la contribución inmobiliaria) como base del tesoro público. Juan Baustista Alberdi, temeroso que la flamante Constitución fuera desvirtuada en su programa económico, en 1854 escribió su Sistema Rentistico para la Confederacion Argentina, basándose también en el modelo clásico de la triada. Poco después un jurista y estadista de la talla de Nicolás Avellaneda, rindió su tesis doctoral sobre el tema que había ocupado la atención de los padres de la patria. La tituló Estudios sobre las leyes de tierras públicas (1865). Avellaneda también apoyó la fundación de Chivilcoy, el más original de los pueblos de la Argentina desde el punto de vista de la distribución de la tierra. Elegido Sarmiento presidente de la República, impresionado durante su estadía en los Estados Unidos por la ley del Homestead, prometió como programa de gobierno hacer 100 Chivilcoy. No lo concretó durante su mandato ; pero su discurso revela la importancia que el sanjuanino asignó a la ley que facilitara el acceso a la tierra como medio para ordenar una civilización. A su hora el presidente Roque Saenz Peña dictó la famosa ley que lleva su nombre, del voto secreto, universal y obligatorio, como base política de la democracia. Pero conocedor de la economía política y como estadista en serio, sabía que ese proceso exige la democratización económica. Con ese fin, junto con aquel proyecto (único que se recuerda) remitió otro – que la mayoría ignora – proponiendo una ley destinada a formar el tesoro público sobre la base de un impuesto al valor del suelo libre de mejoras. Proyecto que su prematura muerte frustró. Andrés Lamas , ilustre jurisconsulto, en un libro narrando la biografía de Rivadavia y en otro sobre la Legislación Agraria , destacaba la originalidad de la Revolución de Mayo , por ser el primer gobierno del mundo que había dictado una ley para surtir al tesoro público con el cobro , al poseedor de la tierra, de un canon relacionado con el valor del suelo. Se refería a la siempre mencionada, pero poco conocida, ley de enfiteusis. Por la misma época el profesor de filosofía y “maestro de conferencias” de la Universidad de Montevideo , cuyo nombre honra una de las calles que bordea nuestra Facultad, don Carlos Vaz Ferreira, aunque con discrepancias, comentaba la obra de George en un libro titulado Sobre la propiedad de la tierra.
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Finalmente, para redondear este breve resumen sobre la existencia y desaparición de la enseñanza académica de un pensamiento que vital para la sociedad la Argentina, recordemos que desde 1916 hasta prácticamente el golpe de 1930, existió en nuestro país un movimiento organizado para difundir las ideas fisiocráticas y georgianas, en la Revista del Impuesto Unico , órgano de la Liga del mismo nombre sostenida , entre otros, por la pluma del profesor de Introducción al Derecho de la Universidad de Córdoba , don Arturo Orgaz y el abogado y escritor don Arturo Capdevila. Merece también ser recordado el gobernador de Córdoba don Amadeo Sabattini . Integrante de un partido político adverso al que comandaba en la Nación, don Amadeo – presumo que por consejo de quien había sido diputado nacional en 1919, don Carlos Rodríguez – para solventar el gasto público de la importante provincia recurrió a un impuesto a la tierra. Para satisfacer sus objetivos (declarado en la consigna “aguas para el sur , caminos para el norte” ) recaudó parte del mayor valor del suelo incrementado para solventar la obra pública. Hizo una administración memorable. Aclaremos que pudo hacerlo porque la infernal máquina impositiva montada a partir de la ley de impuesto a la réditos recién comenzaba a funcionar. Hoy, donde el gobierno nacional es el principal recaudador de impuestos, le hubiera sido imposible. Importante lección de geografía económica para los interesados en este tema; no pueden omitirlo quien intenta reformar nuestro actual sistema impositivo. Solo con un pensamiento claro en esta materia se puede abandonar el pésimo método de coparticipación de impuestos, aniquilidador del federalismo y el regimen municipal sostenidos por la Constitución Nacional.
A partir de aquel golpe de Estado de 1930 primero y desde 1945 con la emergencia del movimiento peronista, la cuestión de la tierra y del destino de la renta del suelo dejó de estar en los programas políticos y académicos; para colmo ni siquiera tienen noticia de su existencia a quienes más les importa: los trabajadores. Desde cierto punto de vista puede causar extrañeza, toda vez que la campaña del entonces coronel Perón la hizo con la consigna “la tierra para quien la trabaja” y su candidatura a la presidencia fue sostenida nada menos que por el entonces existente Partido Laborista y el apoyo de los asalariados. Colaboraron en ella hombres que conocían muy bien el tema de la renta del suelo : el Dr. Antonio L Molinari y el Ing. Mauricio Birabent. Pero, según relación escrita de éste último publicada en la revista Fichas , asumida la presidencia de la Nación, Perón dejó de lado aquellas ideas (publicadas por Molinari en varios libros y por ambos en el diario Democracia) y optó decididamente por las ideas del “industrialista” ministro Miguel Miranda. Al decidir establecer un orden económico centralmente planificado por el Estado (Planes quinquenales) aquella maligna dupla “propiedad privada de la renta del suelo más sistema de impuesto al trabajo” se consolidó. De esta herencia no se ha podido desprender el país, a pesar de haber empleado los más diversos medios, algunos realmente atroces.
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Hoy, en el umbral del Bicentenario de la Revolución de Mayo, el país lejos está de ser lo que se suponía que podía lograr cuando se celebraban los primeros cien años de su mayor revolución política, económica y social, la Revolución de Mayo. El país no solo está mal materialmente. Lo peor es que – desde el punto de vista de la cuestión que hemos tratado – está mucho peor culturalmente. Se lo ve en los actos planeados para celebrar el Bicentenario. Carecen (cuando se los hace) de vigor espiritual. El mal que nos acarrea la conjunción del derecho romano de propiedad de la tierra y un sistema de impuestos que castiga al trabajo y la inversión, al productor y al consumir, mina el espíritu público. La prueba es que no es visualizado como tal por la inteligencia argentina. Esto es muy grave.
Roguemos que se haga la luz en las cabezas de quienes con justa razón sienten arder sus corazones ante la declinación y la injusticia reinante. El país, sus habitantes, las futuras generaciones y “todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”, necesitan se haga la luz.