Contrario a la doctrina liberal que sustenta el origen de los recursos fiscales en las Rentas fundiarias, el Neoliberalismo hace de la tierra fuente de especulación y los impuestos fuente de saqueo y pobreza para las grandes multitudes
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Neocolonialismo y pobreza
En marzo, y luego de meses de protestas que provocaron 135 muertos, el Presidente de Madagascar, Marc Ravalomanana, debió abandonar el gobierno. El pueblo se sintió traicionado porque había firmado un contrato para ceder a la multinacional surcoreana Daewoo los derechos de explotación de un millón trescientas mil hectáreas para cultivar maíz durante 99 años.
La indignación es lógica en un país que importa alimentos mientras tiene tierras fértiles y el setenta por ciento de su población está desnutrida o mal alimentada.
El caso de Magadascar mostró el costado más dramático de la apropiación de la tierra por grupos privados o gobiernos, conocida en ingles como “land gabbing”, que viene creciendo de manera alarmante en los últimos años.
“El incremento de las compras masivas de terrenos en África y otros continentes aumenta el riesgo de que los pobres se vean desposeídos o se les impida el acceso a la tierra y el agua”. Ésta es la conclusión principal de uno de los primeros estudios sobre la compra de inmensas extensiones de tierras en países de África, América Latina y el sudeste asiático por parte de empresas transnacionales y Estados importadores de alimentos.
El informe fue encargado al Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED), por la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), y revela que este es un negocio de multinacionales, empresas locales filiales de empresas extranjeras y de Estados con superávit de capital y déficit de tierra cultivable.
Las compras de tierras suelen estar acompañadas de expropiaciones. Según advierte el documento, las legislaciones locales no protegen el derecho de acceso a la tierra de la población, dejando que los acuerdos entre empresas y gobiernos se hagan sin transparencia y sin la participación de los actuales habitantes.
La preocupación por la seguridad alimentaria y energética es uno de los motivos de estas operaciones, a los que se suman las oportunidades de negocio y la demanda de productos básicos agrícolas para la industria. Entre 15 y 20 millones de hectáreas de países pobres cambiaron de manos desde el 2006, el monto de las operaciones ronda entre los 20 y 30 mil millones de dólares.
Los países que más tierra venden o alquilan son Rusia, Ucrania, Brasil, Pakistán, Filipinas, Laos, Indonesia, Sudán, Madagascar, Mozambique y otros africanos. Las empresas que más compran están radicadas en Corea del Sur, China, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Japón e India.
La mayoría de las compras se realizan a través de empresas intermediarias de los Estados, Bancos o fondos de inversión privados, como el banco estadounidense Morgan Stanley, el inversor ruso Renaissance Capital y el fondo británico Landkom en Ucrania, por un total de 700 mil hectáreas; el Británico Emergent Asset Management, que comprará 50 mil hectáreas en Mozambique, Sudáfrica, Botsuana, Zambia, Angola y Congo y los fondos suecos Black Earth Farming y Alpcot Agro en Rusia por 450 mil hectáreas.
En noviembre del 2007 el grupo japonés Mitsui compró cien mil hectáreas en Brasil para la producción de soja. También el grupo holandés Louis Dreyfus compró en Brasil sesenta mil hectáreas.
El Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico decidió crear una empresa conjunta o un fondo de inversión común para producir alimentos en el exterior. Sudan es un ejemplo de las formas que toma esta operatoria.
En este país, tradicionalmente conocido como el granero del mundo árabe, empresas surcoreanas, de Emiratos Árabes Unidos y la compañía estadounidense Jarch Capital firmaron acuerdos para cultivar un millón quinientas mil hectáreas.
Laos, uno de los países más pobres del sur de Asia, es otra clara muestra. Entre dos y tres millones de hectáreas de tierras -el quince por ciento de su territorio- fueron entregadas a compañías extranjeras de Tailandia, Vietnam, Malasia y China.
El Banco Mundial y el FMI, con sus históricas exigencias a favor de la apertura de los mercados, abrieron las puertas a las multinacionales que ahora se benefician del negocio de la tierra y la demanda de agro combustibles.
El Banco Mundial asigna millones de dólares para que empresas agrícolas compren tierras, mientras condiciona la concesión de préstamos a países como Ucrania para que liberen sus terrenos a los inversores extranjeros.
La gran mayoría las empresas que participan en este negocio y especulan con el precio de los alimentos participaron y participan en las causas y efectos de la crisis económica actual.
Según datos de la FAO, 2008 fue el año en que se produjo la mayor cantidad de alimentos en la historia y sin embargo mil millones de personas todavía pasan hambre. En el mismo año los alimentos alcanzaron precios récord. Lo irracional de esta situación se debe en gran parte a la especulación.
Además, muchas de estas empresas no generan empleo. Sólo en África trabajan más de un millón de chinos en explotaciones agrícolas. En Bolivia, hasta hace poco se vendían las haciendas con los trabajadores como si fueran parte del inventario.
“Se producen cada vez más alimentos, pero se reparten peor. Las políticas de outsourcing agrícola (compra de productos manufacturados a una empresa extranjera para abaratar costos) son un crimen”, afirma Devinder Sharma, director del Foro de Biotecnología y Seguridad Alimentaria de India.
Este proceso amenaza con despojar a los países vendedores de su soberanía alimentaria. Lo que se está viendo es países con hambruna que exportan el producto de sus tierras.
Con este modelo aumentar la seguridad alimentaria en un país desarrollado implicaría reducirla en otro más pobre. Son escalofriantes los casos de Sudán, con la crisis de Darfur y sus cinco millones de refugiados, y el de Camboya y Etiopia, con medio millón de hambrientos en los cuales sus gobiernos venden las tierras fértiles a multinacionales.
Sin embargo, las poblaciones afectadas no siempre son pasivas. Además de la larga lucha del pueblo mapuche contra Benetton en Chile y Argentina, el citado caso de Madagascar es paradigmático.
Países africanos como Níger y Paraguay prohíben la venta de tierras a extranjeros, algo que se plantea hacer Uruguay, mientras Brasil quiere reformar sus leyes para que los compradores tengan que declarar qué porcentaje del dinero es extranjero.
En Pakistán, Tailandia y Filipinas rechazaron ofertas y bloquearon ventas. “La comida se ha convertido en un bien para especular. Mientras los mercados de valores son muy inestables, la gran bolsa mundial de agricultura sigue siendo muy rentable”, insiste Olivier Longué, presidente la ONG Acción contra el Hambre.
Las multinacionales en busca de negocio, que compran como inversión, pueden manipular el precio de los alimentos básicos. Si la comida se transforma en una fuente de negocio, los más pobres seguirán siendo las víctimas porque los más ricos se aseguraran los alimentos con la propiedad de las tierras.
El director de la FAO Jacques Diouf, declaró al Wall Street Journal que “puede estarse creando una forma de neocolonialismo”.
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