Un aporte desde Rosario: SISTEMA DE IMPUESTO ÚNICO POR NIVEL DE GOBIERNO (SIUNG)

Por Rafael Micheletti
Creo que la variable que más ayuda a la igualdad de oportunidades de progreso en una sociedad es la desconcentración del poder de decisión. Por eso la importancia del Estado de Derecho democrático, que al establecer reglas de juego por encima del interés y la voluntad de la minoría gobernante traslada el poder de decisión del gobernante al ciudadano, y por eso también la importancia del fomento de la competencia, que traslada el poder de decisión del empresario al consumidor.
Una vez aclarado lo anterior, es muy fácil darse cuenta de la importancia que para un país posee el diseño y el funcionamiento de su sistema impositivo. La cantidad, el grado de regresividad, la distorsión y la simpleza de los impuestos que un Estado les cobra a sus ciudadanos, determinarán en gran medida la distribución del poder de decisión entre los mismos y, por lo tanto, su desenvolvimiento económico y social.
Si hay impuestos más regresivos y complejos que otros, podemos afirmar que cuantos menos impuestos haya, al margen del valor de los mismos, es decir, sin tener en cuenta cuánto dinero deberán pagar en total los ciudadanos por cada uno de ellos, más fácil será su cálculo y menos tiempo y recursos deberán invertirse en ello. A su vez, más fácil será para el ciudadano tener una noción acerca de cuánto dinero le quita cada gobierno y para qué, y se reducirían los efectos distorsivos de los impuestos ya que permanecerían unos pocos, pudiendo elegirse para ello a los más justos y socialmente más deseables.
No sería algo fácil de lograr, ya que se requerirían grandes consensos probablemente para alcanzar las mayorías necesarias, pero, una vez hecha una reforma como ésta, sería muy fácil llevarla a cabo. Primero, porque no implicaría un desfinanciamiento del Estado, sino una simplificación y reducción de las fuentes de sus recursos. Segundo, porque abriría las puertas a un auténtico federalismo, en el que se delimitarían adecuadamente qué impuestos deberían ser recaudados por las provincias y los municipios y cuál por la nación, lográndose de esta manera que no haya superposición o múltiple imposición.
Podría establecerse por ley nacional qué impuesto debe ser recaudado por los municipios, cuál debe ser recaudado por las provincias y cuál por la nación. Esto no iría en contra de nuestra Constitución, ya que, si se estableciera que el Estado federal debe recaudar el IVA, impuesto indirecto, y las provincias el impuesto a las ganancias, de carácter directo, no se violaría la letra de la Constitución Nacional ya que no se les estaría quitando a las provincias ninguna facultad reservada. De todas maneras, en caso de no ser suficiente este argumento, podría aplicarse por medio de una ley convenio a la cual podrían adherirse libremente las provincias, lo que casi seguramente harían ya que, al hacerlo, estarían quitándose de encima el complejo y distorsivo entramado de impuestos nacionales.
Por ejemplo, la ley de Sistema Impuesto Único por Nivel de Gobierno (SIUNG), podría establecer que los municipios sean los encargados de cobrar el impuesto fundiario urbano, es decir, al valor de la tierra libre de mejoras dentro de su jurisdicción, que las provincias cobren el impuesto fundiario rural o, en caso de no alcanzar, un impuesto a las ganancias y que la nación recaude el impuesto al valor agregado, dejando libre de gravamen a los artículos de primera necesidad y actividades consideradas socialmente deseables, como la caridad, la religión, etc.
Este es sólo un ejemplo, pues las posibles combinaciones de impuestos a recaudar por los distintos niveles de gobierno serían numerosas. Hago un especial hincapié en los impuestos (o mejor dicho cánones) fundiarios porque es una exacción que capta una renta artificial, que no es producto del trabajo humano y que se desprende de la escasez de ciertos bienes, como la tierra y los recursos naturales.
De esta manera, ninguno de estos impuestos sería distorsivo o lo serían en la menor medida de lo posible, al tiempo que los municipios y comunas podrían efectuar, dada la cercanía y el reducido tamaño de su jurisdicción, un control eficiente a los efectos de cobrar un impuesto a la tierra libre de mejoras que, no sólo les concedería recursos más que suficientes para atender los problemas de su gente, sino que, además, ayudaría a liberar el trabajo de los impuestos, captando el Estado una renta fundiaria que no es fruto del trabajo sino de la propiedad de la tierra, lo que reduciría el precio de los terrenos, facilitaría el acceso a la vivienda, fomentaría el uso productivo de nuestro territorio y desconcentraría aún más el poder de decisión y las riquezas entre todos los ciudadanos.
Cabe aclarar que la selección del IVA como impuesto único nacional se basa en tres consideraciones: 1) es el único impuesto que podría cobrarse a nivel nacional según la letra de nuestra Constitución; 2) puede no ser regresivo en absoluto si se aplica sólo al consumo suntuario; 3) en un marco de acentuación del federalismo el impuesto a nivel nacional sería el más leve y en este contexto el IVA implicaría mayor poder de decisión y capacidad de ahorro de la gente para salir de la pobreza, ya que podría elegir no realizar ningún consumo suntuario durante determinado tiempo y de esa manera no pagar ningún impuesto nacional, lo que ayudaría al progreso y equilibrio social de nuestra sociedad.
El federalismo, a su vez, se vería fortalecido, ya que los municipios podrían aumentar sus recursos y asumir funciones de gobierno de una manera más cercana al ciudadano y más transparente, lo que llevaría a que los reclamos por reducciones de impuestos se enfoquen sobre los niveles superiores de gobierno. Esto aseguraría también una acción rápida y eficiente del Estado en materia de ayuda social, desde que se tendría una mayor información y mejores incentivos para solucionar de manera definitiva problemas de esta naturaleza.
Por otra parte, este sistema permitiría un control adecuado de no confiscatoriedad de los impuestos por parte de nuestra Justicia. Hoy en día la Justicia alega que es confiscatorio un impuesto que grava más del 33% de una fuente de ingresos de un particular. Sin embargo, admite que la confiscatoriedad se da por cada impuesto, y no por sumatoria de todos los impuestos en relación al total de los ingresos de cada ciudadano. De esta manera, en la práctica, el control de no confiscatoriedad es nulo, ya que el Estado puede y se ve incentivado a multiplicar los impuestos para poder seguir recaudando cada vez más, lo cual no hace más que complejizar innecesariamente nuestro sistema impositivo.
Finalmente, el SIUNG podría incluir que cada nivel de gobierno, al momento de cobrarle a cada uno de sus ciudadanos el impuesto único, estuviera obligado a informarlo acerca de qué porción de ese impuesto estará destinada a cada gasto estatal. Es decir, en la boleta del impuesto, además de decir “Usted debe pagar $400”, diría “de estos $400, $100 (25%) se gastarán en educación, etc.”, con una dirección Web y teléfono gratuito para aquellos que deseen profundizar su conocimiento al respecto.
Esto último sería una manera, no sólo de darles más publicidad a los actos de gobierno, sino también de fomentar una cultura democrática participativa capaz de hacer que los ciudadanos se interesen en el presupuesto y puedan castigar y premiar con el voto a sus gobernantes con una mayor precisión y facilidad.

De esta manera, el sistema impositivo resultante sería libre, justo, simple y democrático. Libre, porque se liberaría en la medida de lo posible el trabajo de cargas y obstáculos fiscales, aumentando la igualdad y la capacidad de ahorro y progreso de la gente y al mismo tiempo favoreciendo el federalismo. Sería justo, ya que cada cual aportaría según el valor de sus propiedades y aquellos que estuvieran en una situación de mayor dificultad y necesidad podrían decidir no incurrir en ningún consumo suntuario, lo que los liberaría de todo impuesto nacional aumentando su capacidad de ahorro. Sería también simple, porque al existir un sólo impuesto por nivel de gobierno se reduciría el costo del cálculo empresarial, volviendo a nuestra economía más eficiente. Y finalmente sería democrático porque favorecería una mayor transparencia, conocimiento y capacidad de influencia de la gente sobre lo que los gobernantes hagan con su dinero.