Raúl Girbau, Economista
Por caminos inesperados se han generado en esta semana fuertes tensiones entre la CGT y el Gobierno nacional. Los analistas políticos tienden a explicarlas por causas inmediatas emergentes de malas relaciones políticas entre los dirigentes de esa entidad y los del Poder Ejecutivo. Pero lo cierto es que esta vez la CGT ha invocado como "causa de la protesta" una cuestión olvidada para mal del país. La cuestión del " impuesto a las ganancias".
Desde el año 1932, año en que el gobierno conservador aprobara la "ley de impuesto a los réditos" solo por "3 años" y que por el tptal descuido que se le ha deparado, rige hasta hoy bajo el engañoso nombre de "impuesto a las ganancias". Que la mayor Central de trabajadores argentinos haya convocado a un paro laboral para protestar contra ese impuesto - aunque sea solo en forma casual - ha de ser valorado como el acto mas importante que ha hecho en lo que va del siglo.
La propuesta ha sorprendido al Gobierno por los efectos que para su bolsillo puede de tener una derogación de esa fuente de ingresos. Le importa mas eso que el acto de protesta. La convocatoria no podía dejar de calar -casi de modo inconsciente - en las otras agrupaciones sindicales, a pesar de las grandes diferencias que mantienen con la CGT. Se trata nada menos que de recuperar el "salario" de los trabajadores, castigado por esa ley.¿Cómo podrían permanecer ajenos?
De manera inexplicable la convocatoria a los trabajadores por semejante causa ha dejado a los políticos - oficialistas y de la oposición -. sin palabras. Al menos sin una palabra clara y precisa capaz de reconocer - mas allá de supuestas y ocasionales intenciones - que modificar una ley que castiga a quienes viven de su trabajo es una cuestión de primer orden social,
No solo para los trabajadores. Lo es la ocasión para que todos los argentinos y no solo los salariados, para que por fin tomemos conciencia que el actual sistema de impuestos es la principal, causa de nuestra prolongada decadencia. DE trabajadores asalariados, empresarios, comerciantes y consumidores. Y aunque suene a paradójico, de la decadencia del orden político, de la democracia y de los gobiernos también.
Por esa razón he seleccionado el capitulo un capitulo que sobre ese importante asunto ha escrito un hombre un hombre instruido en la cuestión y lo mas importante que condujera al éxito a una empresa local. Lo que Transcribo parte del libro "Economía sin Barreras" que Ernesto Sandler acaba de publicar. Es de gran utilidad para todos los argentinos. Para los trabajadores asalariados, para empresarios, consumidores y sobre todo para políticos progresistas en serio. Ahí se acredita que un buen sistema de recursos para el Estado es la base para la necesaria alianza entre empresarios y asalariados. Lo pongo a vuestra consideración.
DETRÁS DE ALGUNOS ACONTECIOMIENTOS
El régimen impositivo argentino no considera la doble finalidad que deben tener los impuestos. Detrás del exclusivo objetivo de recaudación, el régimen impositivo nacional genera efectos negativos para el buen funcionamiento del orden económico. El régimen impositivo perjudica a las empresas para desarrollar actividades económicas plenas. Castiga a los trabajadores reduciendo su capacidad de ingreso para satisfacer sus necesidades. Priva a los consumidores de acceder a bienes o servicios por los altos precios generados por el IVA y otros impuestos.
Si se analizan los Ingresos Públicos de la Nación Argentina a mayo de 2011 se puede apreciar que el 58% de la recaudación proviene de los impuestos al trabajo, el consumo, las ganancias y el patrimonio. Otro 12% proviene de las retenciones de la Aduana por el comercio internacional. El otro 30% restante son extracciones a los ingresos de los trabajadores y empresas para mantener básicamente los sistemas de salud y jubilaciones.
El régimen impositivo argentino grava esencialmente la actividad económica. Todo el que realiza una actividad destinada a producir, consumir o intercambiar bienes es penado con un impuesto. Si no hay actividad económica no hay impuesto alguno. El que no realiza ningún trabajo, produce o invierte no es punible con ningún tipo de tributo relevante. Por eso es un régimen perverso. Perjudica a quien trabaja y produce, mientras que estimula a los que especulan o no trabajan.
Al aplicarse la presión impositiva de manera casi excluyente sobre el trabajo, la inversión empresarial, el comercio y el consumo, se generan efectos perversos en todo el orden económico argentino. El régimen impositivo vigente reduce la capacidad adquisitiva de los creadores de riqueza, achica el mercado interno, impide la expansión de la demanda y frena la actividad empresarial. El peor efecto es el psicológico: traumatiza a los emprendedores. Los hace inseguros y excesivamente mesurados.
El régimen impositivo vigente desordena la actividad productiva de las empresas y empuja a los empresarios al mercado negro. Estimula la evasión y la especulación. La “delincuencia impositiva” pasa a ser la clave del éxito empresarial. Acaba con el federalismo político y hace que el país resulte poco atractivo para las inversiones internacionales.
La única forma de evitar esta situación negativa es cambiar la estructura del régimen impositivo vigente en la Argentina. Hay que de evitar que siga castigando a los que producen, invierten y consumen reduciendo sus ingresos y su capacidad de crecimiento. Se debe generar un sistema de ingresos públicos que suministre recursos suficientes al Estado y a la vez estimule la producción. Un sistema que esté fundado en la Justicia, la igualdad, la solidaridad y en la rentabilidad económica de todos los integrantes de la sociedad.
La manera de lograr esos objetivos es cambiar el paradigma sobre el cual se construyó el régimen impositivo vigente. El Estado no debe seguir castigando a los que producen y trabajan. Debe abandonar la persecución a los que realizan una actividad económica. Para eso debe cambiar su mirada sobre cómo funciona la economía y cuáles son los resortes de la actividad productiva. Debe tener un diagnóstico correcto sobre las barreras que en Argentina impiden acceder a los factores de producción y frenan una equitativa distribución de los ingresos.
La sociedad debe comprender que mientras el principal factor de la producción –constituido por la tierra y sus recursos naturales– no ingrese en plenitud en el proceso de creación de bienes, no habrá crecimiento económico sustentable para las empresas y los trabajadores. Los titulares de la tierra seguirán especulando con el aumento del valor de la renta social, negando la posibilidad de que la tierra de la República se ponga al servicio de la producción y distribución equitativa de la riqueza.
La privatización de la renta social –habilitada por el Código Civil– disminuye aún más los alicaídos ingresos de las empresas y trabajadores. Se suma a la merma de los ingresos que generan los impuestos aplicados a las empresas y los trabajadores. A través de la venta o locación de inmuebles, autorizada por nuestro derecho positivo, la privatización de la renta social reduce los ingresos de empresarios, comerciantes o trabajadores.
Es necesario que la sociedad argentina cambie su paradigma mental y conceptual. Debe animarse a considerar que ha llegado el momento de fijarse como objetivo la eliminación gradual de los impuestos a la producción, la inversión y el consumo que absorbe el 40% de los ingresos. Debe terminar con los impuestos actuales que perjudican a todos los que intentan realizar una actividad productiva. Debe acabar con la barrera impositiva que frena el desarrollo social argentino, que impide el crecimiento y la consolidación de las empresas.
En lugar del perverso esquema de recaudación existente se debe implementar otro sistema de recursos para el gobierno, que al mismo tiempo sirva para ordenar la economía de una manera productiva y justa. Un sistema que recaude los recursos que el Estado requiere para cumplir con sus objetivos y que sea un instrumento idóneo para mejorar el funcionamiento del orden económico nacional.
El nuevo sistema de ingresos públicos debe terminar con la vasta, compleja e inequitativa imposición a los contribuyentes que trabajan y producen. El nuevo sistema debe sustentarse básicamente en una redistribución a la renta social acumulada sobre la tierra de la República. Esta contribución social debe ser el principal y casi excluyente gravamen que debe imponerse en Argentina para solventar el gasto público. Debe ser la columna vertebral del sistema de ingresos públicos y la clave para ordenar de manera eficiente las actividades económicas de la sociedad. (Ernesto Sandler, ECONOMÍA SIN BARRERAS. MÁS EMPRESAS, MENOS IMPUESTOS, Buenos Aires, 2011, pag.416)
No hay comentarios:
Publicar un comentario