Déficit habitacional - Ciudadanía política y económica . Por Dr. Ing. Luis Clementi

Una situación que no admite excusas, la de la falta de viviendas para los argentinos. Inconcebible, además, en pleno Bicentenario …


“Algunos autores como Pezeu – Massabuau , sostiene que la vivienda constituye para el hombre una vestimenta que le permite protegerse de las condiciones externas. En la evolución de la humanidad desde el nomadismo al sedentarismo, el hombre buscó además, que su hábitat le permitiera un rápido acceso al agua, a la caza, a la madera, y más tarde se preocupó por la calidad y la productividad del suelo y de un entorno con seguridad.
Por lo tanto es natural que el hombre aspire a tener su propia casa y tal es así que nuestra Constitucional Nacional, en el Artículo 14 Bis, expresamente garantiza “el acceso a una vivienda digna”.

Sin embargo, la realidad es muy distinta.

Cuando en Argentina queremos hablar de déficit habitacional el primer problema que enfrentamos es dimensionarlo, dado que según las fuentes, las cifras difieren. Pero atento a que el motivo del presente trabajo es simplemente poner de relieve un aspecto político del problema, tomaré a los efectos, el Censo del año 2001 (donde se indicaba un déficit de aproximadamente 2.753.000 viviendas) que sumadas a la necesidad vegetativa anual (del orden de las 210.000 viviendas) y restadas las construidas en el período 2002- 2008, hace un déficit actual aproximado de 3.500.000 viviendas. El número por si solo, refleja el grave problema social que se genera y que hasta el momento, ningún gobierno lo tomó en serio como para desenvolver una verdadera “política de Estado”, tal como sucede en otras latitudes. Pero es interesante revisar un poco nuestra historia y analizar la evolución que tuvo el uso del suelo en nuestro país, tomando a la tierra como recurso básico de producción y el acceso a la vivienda. Por supuesto será un análisis parcial y de un solo factor, dado que no entraré en los aspectos que hacen a la generación de riqueza y del ahorro, la capitalización, la inversión, el acceso al crédito, a la financiación, etc.

En vísperas del Bicentenario de la Revolución de Mayo, nuestra sociedad esgrime muchas virtudes, algunos defectos y también muchas carencias. Una de ellas y que afecta a gran parte de nuestra población como dijimos, es el déficit habitacional, que adquiere niveles incompatibles con una sociedad que se precie de moderna y progresista. Una simple y odiosa comparación pone de relieve nuestra incapacidad para construir una sociedad mejor. Cuando analizamos nuestra situación, por ejemplo, con Australia y Canadá, dos países que a principios del siglo XX tenían una similar “situación” con la Argentina, comprobamos el desigual desarrollo político, social, económico y de casi todos los indicadores de progreso, y si es que en algo nos distinguimos es por habernos quedado muy rezagados.

Ahora, ¿que nos pasa a los argentinos si efectivamente estamos condenados al éxito? (y yo creo firmemente que es así por infinidad de atributos que posee nuestra sociedad, por nuestros recursos tangibles e intangibles y porque todavía está vigente el sueño de una Argentina grande y generosa para todos los argentinos y, que todavía y a pesar de tantas frustraciones, mantenemos una cierta sensación de orgullo nacional y de vocación de grandeza). Que desgracia aconteció para que nuestro tremendo potencial y crecimiento durante parte de los primeros cien años de vida institucional, se convirtieran en este casi fracaso que caracteriza a nuestro subdesarrollo. Algo falló y seguramente muchos fallamos, como así también son muchas las causas de nuestros desencuentros.

Pero la intención de este primer artículo sobre el “déficit habitacional”, es plantear un interrogante sobre un tema de fondo. Quizás, como una de las causas principales de muchos aspectos culturales que caracteriza a nuestra sociedad, donde planteamos grandes ideales, legislamos según le convenga a los grupos de poder y luego dejamos en la “intemperie” a los “convidados de piedra “ que supuestamente eran los destinatarios de aquellos nobles ideales. El problema es político pero tiene una profunda base cultural, por la cual millones de argentinos no acceden a su casa propia y están condenados a ser nómades, vulnerables y permanentes clientes del sistema político. La falta de una vivienda digna, es una de las consecuencias de no legislar para el bien común y es un problema que afecta a lo sentimientos más profundos del hombre, dado que desespera la inseguridad de no poder contar con un lugar estable, un espacio propio y digno, un “hogar” que permita al grupo familiar crecer y desarrollarse.

Miremos un poco nuestra historia. La constitución de 1853/60, estaba diseñada para generar una sociedad de hombres libres, que en un pie de igualdad pudieran a través de la cooperación fraterna, lograr que cada individuo alcance su propio y máximo desarrollo personal. En el Preámbulo y en la parte primera sobre Derechos y Garantías, se establecen claramente los enunciados de una sociedad integrada por individuos, habilitados para desarrollarse en los cuatros planos del orden social humano: el cultural, el político, el jurídico y el económico. Ahora si es así, porque todo nos salió tan mal. Seguramente no existe una sola causa y la suma de varias nos trajo hasta aquí.

En un reciente trabajo realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires por el Profesor Dr. Héctor Sandler y colaboradores , se sostiene que existieron tres principios fundamentales en la Revolución de Mayo: a) libertad de trabajo y propiedad sobre el fruto del trabajo; b) tierra barata para quien la necesite y c) el gasto público debía ser pagado con la renta del suelo. Este trinomio legal de la revolución de Mayo no pueden ser tratados como logros independientes, pues son indivisibles y cada uno de ellos, le da sentido a los otros dos.

Analicemos someramente cada uno de estos principios. El primero de orden social fue: “libertad de trabajo y propiedad sobre el fruto del trabajo”. La Asamblea del año XIII declaró la “libertad de vientres” y puso fin a la esclavitud. Pero en un sentido más amplio significó “ser dueño de aplicar libremente su trabajo y ser dueño exclusivo del producto del propio trabajo”. En otras palabras, era la prohibición de usar la fuerza o artimañas para apropiarse del trabajo ajeno. Este principio le otorgó dignidad moral y espiritual a la asociación humana.
Sorprende sin embargo, como comentario al margen, el trabajo que sobre la esclavitud en la sociedad moderna, realizó Kevin Bales , donde demuestra como, al mejor estilo de la esclavitud del siglo XIX, se generan mecanismos perversos que en la actualidad producen millones de “esclavos” a través de regímenes políticos, de trabajo y previsionales absurdos que provocan que las personas, sean esclavas pero sin dueños que velen por su seguridad e integridad a lo largo de su vida, en forma inversa a la actitud del “dueño” del siglo XIX.

El segundo principio: “tierra barata para quien la necesite”, se fue desarrollando en sucesivos pasos. Se comenzó por decretar que la tierra era un recurso de propiedad de la sociedad argentina. En el Congreso de 1826, se dictó la “Ley de Enfiteusis”, mal comprendida al principio y peor tratada después. Esta ley mantuvo para la sociedad la titularidad del dominio sobre la superficie terrestre de la nueva nación. Estableció a su vez, el derecho de un fácil acceso al suelo a favor de todos los habitantes, presentes y futuros, con el único cargo de pagar un arancel, promoviendo que todos y cada uno de los habitantes pudieran acceder a la tierra para producir mediante el trabajo y la inversión de capital.
El tercer principio: “el gasto público debe ser pagado con la renta del suelo”. La ley de enfiteusis estableció la correlativa obligación de pagar un canon y de monto proporcional al valor de la tierra y ponía a cargo del poseedor, la carga de trabajar y hacerla producir. De esta manera el Estado promovía la ocupación de todo el territorio y a través de los ingresos se solventaba el gasto público, se evitaba la especulación sobre la tierra y el “impuesto” que muchas veces no guarda relación con el factor de producción que posee la tierra. Paralelamente esto permitía al mismo tiempo crear y contar con un fondo creciente destinado a formar el “tesoro público”.

No puede desconocerse que estos principios enfrentaran la resistencia de la “sociedad antigua” que ya llevaba, en aquel tiempo, tres siglos de existencia. Es por ello, que a partir de la Ley de enfiteusis, unitarios y federales, entre 1830 y 1852, con el egoísta interés material de apropiarse para si todo el territorio argentino, hicieron uno de los más escandalosos fraudes de la historia, para que pocos se apoderaran y acumularan inmensas extensiones de tierra (vivaz ejemplo de la “picardía criolla”). Esta situación, fue luego “normalizada” como “propiedades adquiridas” a través del Código Civil que elaboró Dalmacio Vélez Sarsfield, y que fue aprobado en una sesión del Congreso Nacional a libro cerrado. De esta manera, los terratenientes establecidos (unitarios y federales) aseguraron para si el dominio de inmensas regiones de nuestro país. El Código Civil que fue objeto de admiración general no mereció igual aplauso por parte de Alberdi, padre de la Constitución Nacional. Así, mediante unos pocos artículos del Código Civil se introdujo el derecho antiguo de Roma, y se decretó la burla al principio constitucional que invitaba a todos los hombres del mundo a poblar el suelo argentino para vivir en libertad y del fruto de su trabajo, y con igualdad de derecho para el acceso a la tierra.

Más adelante se creyó que a través del “contrato de locación en la ciudad y el arrendamiento en la campaña”, se podrían subsanar las falencias que originaba la tenencia de la tierra, pero en la práctica, un creciente número de personas, fue condenada a vivir en lúgubres conventillos, pensiones y villas miserias. Los inmensos espacios vacíos de nuestro vasto territorio dan prueba que tampoco sirvió para poblar y desarrollar la campaña.

La Ley Saenz Peña, “un hombre un voto”, era para darle sentido pleno y eficacia al sistema electoral, que además requería una profunda reforma legal para organizar las bases de un sistema de recursos fiscales “compatible con la prosperidad económica fundada en la iniciativa particular. Orden económico necesario para poder gozar de los beneficios de la democracia, la república y el federalismo”. Con la muerte del presidente Saenz Peña el proyecto fue archivado y se impuso el criterio de la “sociedad antigua”, porque se aceptó la reforma política pero se resistieron a tratar la reforma fiscal.

Este impulso imperaba en el mundo de entonces y la Argentina no era una excepción. Los países nórdicos, sajones y germanos adoptaron las recomendaciones que a principios del 1900 realizó Henry George , sobre la base del derecho positivo y mediante reformas legales que tuvieron rápida concreción. Sus efectos se notan hoy en el desarrollo de países como Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Dinamarca y varios Estados norteamericanos.

Alberdi, con su consejo de “Gobernar es poblar”, asignaba mayor importancia al derecho al trabajo (cuestión económica) que al derecho político (cuestión política).
En el Sistema Rentístico se afirmó una verdad hoy vigente: participar en la vida política es una opción; participar en la vida económica es una necesidad. No es lo mismo que en cada elección voten “ciudadanos” con autonomía económica que “clientes” o “esclavos” dependientes del gobierno o del sistema político. Así, por la ley electoral se concedió ciudadanía política a millones de habitantes; pero subsistió en pleno vigor el “derecho romano de propiedad sobre el suelo”, imposibilitando el ejercicio pleno de la ciudadanía económica. Se logró una insensata separación entre “ciudadanía política” y “ciudadanía económica”, desalentando e imposibilitando el derecho a acceder a la tierra y más tarde generando una falta de apego a la libre iniciativa, que como en la antigua Roma, dio paso a una ruinosa transformación del orden social.

Los “ciudadanos políticos” sin base económica real se convirtieron en “clientes” del sistema político y dependientes económicos de sus caprichos. Creo que a todos nos debiera interesar que los ciudadanos posean derechos políticos y además derechos económicos plenamente ejercidos para evitar el “clientelismo” de cualquier bandera.
¿Y en ese razonamiento, a quien le importa el déficit habitacional si los “CIUDADANOS POLÍTICOS” votan y eligen a sus representantes tal como ellos quieren? ¿A quién le importa si esos mismo “ciudadanos” no pueden acceder a las condiciones económicas que, entre otras, le permitan lograr una vivienda digna por la falta de políticas públicas adecuadas?

Cuesta ligar a la historia, la Constitución Nacional, el Código Civil y a la “viveza y picardía criolla” con el déficit habitacional. Muchos males que hoy nos aquejan, tienen una profunda raíz política y cultural convalidada por el tiempo, por la pasiva aceptación ciudadana y por un sistema político que no privilegió y no privilegia el interés general”.

1- Pezeu – Massabuau, J. La vivienda como espacio social. FCE, 1988
2- Unidad de Coordinación de Políticas de Juventud- M.D.S – G.C.B.A - Vivienda- 2008
3- Sandler, H. Ojeada retrospectiva al Bicentenario de la revolución de Mayo – Contribución Académica - Facultad de Derecho - U.B.A 2009.
4- Bales, K. La nueva esclavitud en la economía global- Madrid- México. Siglo XXI- 2000 5- George, H. – Progreso y Miseria – s/i.

(*) www.clementipropiedades.com
www.bellcomingenieria.com.ar
www.luisclementi.com.ar

El Doctor e Ingeniero LUIS CLEMENTI, reúne una dilatada experiencia en temas vinculados a la vivienda. Preside la inmobiliaria que lleva su nombre, e integra en carácter de alto Directivo, la Empresa BELLCOM Ingeniería (*). Escribió la presente nota, titulada “Déficit Habitacional - Ciudadanía política y económica”, especialmente para ENFOQUES POSITIVOS.