“Hay una deuda de la democracia con la distribución de la tierra”
El reclamo de recursos genuinos para construir los barrios sociales
El Censo 2010 reveló que 50.462 personas viven en ranchos o casillas, aunque la situación de pobreza e indigencia se podría trasladar a muchas otras personas que viven sin los servicios básicos, como cloaca, electricidad y agua potable, aunque su casa sea de material. Luciano Scatolini, director de la Cátedra de Hábitat Popular de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y unos de los impulsores del proyecto MAPU (tierra en idioma Mapuche) habló sobre la crisis habitacional y el acceso a la tierra en la región, con el informe publicado ayer por Diagonales como disparador.
–El Censo relevó que hay más de 50 mil personas que viven en ranchos o casillas.
–Ese era, más o menos, el dato que teníamos de MAPU, el colectivo que armamos para relevar la situación de las villas y asentamientos en La Plata. De todas maneras, la Unidad Hábitat de Naciones Unidad dice que hay que evaluar cuatro variantes para conocer la situación de los habitantes de una ciudad. Además de la precariedad de la vivienda, hay que tener en cuenta la seguridad jurídica de la posesión del bien, la infraestructura básica -si tienen agua corriente o cloaca-, y la conformidad de las normas urbanísticas. Hay viviendas que tal vez sean de material, pero que figuran como una parcela rural, lo que significa que ese barrio también es informal. El Censo no analiza la cuestión desde esa idea de hábitat, que es más profunda.
–¿Cuál fue la intención con la que crearon MAPU?
-Conocer en profundidad la situación, desde el punto de vista, no sólo de una foto, sino para saber qué acciones desarrollar desde el Estado y, si se quiere, también desde las organizaciones sociales, para encontrar una solución de fondo en relación a la política de hábitat.
–¿Cuáles son las conclusiones?
–En Argentina tenemos que hacer una autocrítica en lo que respecta a la agenda urbana. Mientras otros países como Colombia o Brasil avanzaron en leyes debatidas durante varias décadas, con normativas que son respetadas por todos los gobiernos, más allá de los sectores políticos a los que representan. En la provincia de Buenos Aires tenemos una Ley del año 1977, cuando la realidad ha variado enormemente. Estamos, en ese sentido, como con la Ley de Medios: con la distribución de la tierra hay una deuda de la democracia. Hoy por hoy hay libertad absoluta del mercado, lo que hace que el precio del suelo sea inaccesible incluso para los sectores medios. Hay que buscar mecanismos regulatorios, sin violentar ni violar el derecho de propiedad, ni los derechos adquiridos de terceros. Hay que buscar más acciones creativas que favorezcan a los que menos tienen. La Ley de Tierras a nivel nacional es un gran aporte. A la agenda política que quedó planteada por la presidenta Cristina Fernández con el reparto de la tierra rural, hay que agregarle la tierra urbana.
–¿Qué proponen?
–Hay que buscar recursos extrapresupuestarios a través de la captación de una parte de lo que produce el desarrollo de la obra pública. Si una obra que desarrolla a una región hace que el valor de la tierra pase de 1 a 10, el Estado tiene que poder obtener una parte de esos nueve puntos del valor, que son una ganancia extraordinaria para la propiedad de la tierra, muchas veces especulativa. En la Provincia, tenemos el ejemplo concreto de Trenque Lauquen (ver aparte) donde se creó una ordenanza de valorización del suelo. Si bien no hay una norma nacional, tampoco está prohibido, o sea que los propios municipios pueden establecer sus normas, sin poner excusas. En Brasil, el estatuto de las ciudades define que los beneficios en el uso del suelo deben generar construcción de vivienda social, es decir que las urbanizaciones se dan en operaciones interligadas, proyectos que deben tributar a través al aporte a construcciones de interés comunitario. En Colombia se cobra un porcentaje del dinero que se invierte.
El caso de Trenque Lauquen
La Municipalidad de Trenque Lauquen cobra una Plusvalía y una Contribución por mejoras que implica que los propietarios de quintas aledañas a la ciudad que pretendan subdividirlas y venderlas como terrenos privados deben tributar un porcentaje de esos terrenos, sobre la base de que: “Es contrario a la justicia social y a los mínimos principios éticos y jurídicos que el propietario de la tierra recupere para sí la totalidad de aquellas rentas que no se derivan de su esfuerzo y trabajo propio, sino del esfuerzo de la colectividad”, según la ordenanza, que hace referencia a las obras de infraestructura realizadas por el Estado.Los propietarios deben contribuir con el 12 por ciento del total de la tierra loteada. Con la medida, el municipio obtuvo más de 700 lotes que fueron destinados a la construcción de viviendas sociales (en su mayoría del Plan Federal 2) y otros vendidos en concursos de precios y licitaciones a valores estimados en el 50 por ciento de lo ofrecido en el mercado privado, lo que -además-, generó una depresión de los valores generales y facilitó el acceso a personas que tenían vedada esta posibilidad.
RESPUESTA DE ESTE BLOG
EXISTE UNA SOLUCION MAS SENCILLA E INTEGRAL
Todo esta brutal injusticia se termina con una simple reforma tributaria que reemplace los impuestos al trabajo y al consumo por RENTAS fundiaria -generadas por el 1,5% del valor de la tierra -valor generado por la sociedad y no por el dueño de la tierra-- como manda la Ley Cristiana –en Levítico 25:23-, la Economía Clásica, la Revolución de Mayo de 1810 –mediante la “Ley de Enfiteusis” de Belgrano-, y la Constitución de 1853 –mediante su Sistema Económico y Rentístico de recursos del Estado-.
La Ley Cristiana fue eliminada por el Catolicismo Romano; La Economía Clásica y Rentística fue reemplazada por el Neoliberalismo Tributario; y los argentinos hemos traicionados nuestros principios fundantes al reemplazarlos en el Art 2503 del Código Civil por la corrupta “Ley Romana” que permite la apropiación de la renta publica para favorecer a los ricos –dueños de la tierra-, a la especulación, a la desigualdad y a la corrupción; en desmedro de los trabajadores que además de verse forzados a pagar alquileres altísimos tendrán que sostener al estado con un perverso Régimen Tributario que con 84 impuestos liquida el poder de compra del salario.
El mismo Derecho Romano que destruyo a Roma esta destruyendo a la Argentina y a todos los países que lo adoptaron. Nuestros intelectuales en Derecho y Economía como señalaba San Juan “No podrán ver mas que lo que han aprendido” convirtiéndose en un peligro para la paz y el progreso.
"La Plata” debería nominarse "Capital Nacional de la Corrupción" donde políticos lucran con la miseria de los trabajadores platenses.Mientras las autoridades políticas platenses compran tierras en zonas rurales por hectárea, luego modifican el Código de Planeamiento a su favor -haciendo la tierra urbana artificialmente escasa para aumentar su valor- y las venden luego por metro2 haciéndose millonarios con la maniobra, silenciada por la complicidad de todos los actores políticos y la prensa.
Cientos de miles de lotes y tierras aptas para vivienda son eliminadas de la oferta –por acción del Código de Planeamiento para favorecer a un puñado de políticos inescrupulosos. Aprendan de Alemania. en http://elrelativismojuridico.blogspot.com/2011/08/por-que-alemania-evito-la-burbuja.html.
Seguir ocultando todo esto es un crimen de “Lessa Argentinidad”.
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