martes, 9 de junio de 2009

El Pensamiento de Mayo y la doctrina de Echeverría


Fue don Alfredo L. Palacios quien tuvo el acierto designar a Esteban Echeverría “albacea” del pensamiento de Mayo . Por entreverada que haya sido la forma en que acontecieron los hechos iniciales , gracias a los cuales alumbró en el mundo una nueva nacionalidad – la Argentina – y por enrevesados que hayan sido los posteriores a la Revolución de 1810, no puede dudarse que desde sus formas germinales, la nueva nación aspiró a justificar su existencia histórica partir de un formidable impulso espiritual que trascendía a su ocasionales actores y cuya su primera expresión se conoce como “pensamiento de Mayo”. Sin exageración alguna, nunca podría ser mejor aplicada a una nación la famosa frase con que comienza el Evangelio de Juan: “En principio era el Verbo”. El pensamiento de Mayo –no acabadamente explorado aún – fue el verbo del cual nuestra patria nació.
Nicolas Shunway , profesor norteamericano en Yale, confiesa que tras haber sido “conquistado” por la Argentina durante una primera visita en su juventud, a partir de ese acontecimiento “la mayor parte de su vida profesional la dedicó al estudio de lo argentino”. Dispuesto a enfocar nuestra historia , no titubea en calificarla como la “historia de una idea” No importa aquí la posibilidad de probar científicamente el basamento teórico , las llamadas por este autor “ficciones orientadoras” que determinan el itinerario o historia de un pueblo. Lo que importa es que no es posible contemplando la total historia argentina dejar de intuir que una fuerza que escapa a la percepción sensible la impulsa hacia un derrotero especial, a la vez que una obstinada resistencia se le opone. Tampoco es Shumway el único, ni mucho menos, que se formula preguntas como éstas:
“¿Qué pasó? ¿Cómo pudo ser que a una nación beneficiada con envidiables recursos naturales y humanos le resulte tan difícil revenir esta lenta y melancólica declinación hacia la mezquindad y la insignificancia”
Predomina la tendencia – explicable en muchos respectos – a considerar que nuestra corta historia como nación independiente presenta un quiebre a la mitad del camino. “En la década de 1920 nadie habría considerado a la Argentina un país subdesarrollado”, dice Shumway. Pero, “a partir de los últimos cincuenta años la Argentina transitó de crisis en crisis”, hasta llegar al su estado actual .
Este juicio, como veremos, no se ajusta de manera estricta a los hechos. Pero vale en cuanto revela la presencia de un impulso espiritual nacido en Mayo. Impulso que, tan pronto encuentra la posibilidad de encarnarse en la materia institucional que corresponde a su naturaleza, da como resultado formas de civilización y cultura de indiscutible originalidad . Por el contrario, cuando por la causa que fuere se pretende que obre en instituciones que le son contrarias, se revuelca sobre sí mismo, daña nuestra existencia social y produce los efectos más negativos e inesperados.
Esteban Echeverría nació en 1805. Alcanzó la significativa edad de 35 años – el quinto septemio de vida , diría Rudolf Steiner – cuando instituciones vigentes desde la Revolución por la restauración rosista – repugnaban cerradamente al pensamiento de Mayo. Por la fineza de su espíritu pudo captar Echeverría el pensamiento de Mayo como ningún otro. Pero vio también que el impulso de esta fuerza era inviable por causa del paralizante enfrentamiento entre unitarios y federales. A partir de esta comprensión y convicción aplicó todas sus energías espirituales en la tarea de bocetar los principios de orden a los que deberían ceñirse nuestras instituciones para que aquella fuerza , que impulsaba la emergencia de una patria diferente , alcanzara a ser una efectiva nueva nación en el mundo.
En términos breves digamos que Echeverría fue propulsor de la democracia social argentina. No cualquier democracia. Una que era posible para toda la humanidad, pero cuyo modelo ejemplar nosotros debíamos iniciar. Una democracia social de individuos muy individuales ( si se me permite la expresión) ,en la que pudieran ser fueran libres en todas las esferas de la vida, tratados sin excepción en un pie de igualdad y, sobre todo , vivir unidos por un sentimiento fraternal .
Con ese fin dedicó sus máximos esfuerzos – incluyendo su obras literarias y poesías - a pensar sobre esos principios institucionales. La mayoría de ellos, vía el legado que cumplieran hombres como Juan Bautista Alberdi , fueron receptados en la Constitución de 1853. Pero uno de sus principios – quizá el más fundamental – por causas que trataremos de explicar aquí fue descuidado. Es posible que en los 1860 no pudiera ser receptado por falta de suficiente comprensión de los hombres de la época, por dificultades materiales de toda índole o por el afán de hacer rápido a la nación , aunque sea mal, pero hacerla.
Esta omisión no se sintió en las primeras décadas de vida institucional; pero a poco andar comenzaron a notarse sus efectos. Efectos que como bola de nieve se han ido agravando hasta llevar a la Argentina a situaciones que nadie alcanza a comprender. La omisión del principio rector imaginado por Echeverría generó el drama social argentino. Drama que en ocasiones se ha transformado en situaciones trágicas muy difíciles de superar. Mientras no sea encarnado en nuestro orden institucional no solo le será difícil recuperarse a la Argentina sino que le será imposible evitar males mayores.
El principio de orden social a que nos referimos, cuya omisión vamos a historiar, fue proclamado por Echeverría en este lacónico y acertado artículo:

El impuesto territorial es entre todos el más seguro, el más fácil de establecer, el que menos dificultad presenta para su recaudación y el que proporciona al Estado una renta fija .

Este gran principio de orden, base necesaria para una economía de mercado en libre concurrencia y de una economía pública solvente, no fue receptado por la legislación dictada para concretar los mandatos de la Constitución Nacional de 1853-1860. En consecuencia, la constitución del país real resultó, desde un principio, distinta a la diseñada y programada en nuestra magnífica ley fundamental.
En el derrotero histórico del país, el descuido de ese principio, obligó a crear instituciones legales estrafalarias contrarias a la Constitución Nacional. Aunque parezca asombroso, esta omisión es la responsable que la Constitución Argentina , una de las más notables del mundo, se haya transformado en letra muerta para la mayoría de la población. Mucho se ha discurrido sobre la “anomia” como mal nacional. Pero antes de discurrir por qué tantos argentinos viven “al margen de la ley”, mas valiera examinar cuántos hombres, mujeres y familias – por causa de las leyes – han sido puestos “al margen de la Constitución”.
Tomar conciencia de los efectos del olvido de la institución recomendada por Echeverría es el primer paso, inevitable, para iniciar la reconstrucción de la Argentina. Sin revisar esta realidad , sin poner aparte los prejuicios provenientes de la estrechez de miras de la ciencia dogmática jurídica que domina en la formación profesional de los juristas, no se podrá reconstruir a la Argentina.

El último colapso
La llamada “crisis del 2001”, por su impacto material interno y externo , proyectado en imágenes de violencia y pobreza trasmitidas por la televisión, dejaron perplejo al mundo entero sobre el estado real de la Argentina.
De manera imprevisible personas bien vestidas perdían su compostura destrozando de modo irascible las vidrieras de los bancos y comercios en el centro de la ciudad. No se trataba tan solo de una de las frecuentes “corridas bancarias” en la que millares de personas reclaman sin éxito la devolución de sus ahorros. Otras escenas no menos dramáticas, pero de muy diferente tono, acompañaban a esa explosiva ira de los ahorristas. Al ponerse el sol aparecen oscuras masas de figuras fantasmales de hombres, mujeres y niños de aspecto miserable. Emergían, no se sabe de dónde, porque incluso la mayoría ignoraba su existencia, para deambular por las calles céntricas revolviendo cualquier bulto sobre las aceras y las bolsas de desperdicios. A esta oscura marea humana de “cartoneros” – así comenzó a llamárselos - se le sumó otra más compleja y abrumadora. Millares de personas exasperadas se encolumnaban al azar en airada y violenta protesta. Eran parte de los millones de hombres y mujeres sin trabajo, desocupados forzosos, que a diario interrumpían las vías de acceso a la Capital y atascaban provocativamente las calles más céntricas de la ciudad. Formaban “piquetes” para impedir el paso de los vehículos como un recurso para desahogar sus caldeados estados de ánimo y hacer conocer su desgraciada situación al resto del país. Por las noches, “asambleas barriales” de vecinos se formaban para discutir acaloradamente problemas que los afectaban sin que, de hecho, se arribara a conclusión alguna.
Interín la clase dirigente no salía de su perplejidad. En pocos días se sucedieron cinco presidentes de la Nación tras la renuncia y fuga del primer mandatario quien, apenas hacia dos años, había sido elegido para gobernar por una mayoría abrumadora de votos. El precio del dólar, que se había mantenido fijo por una década aumentó un 500%. Esta feroz depreciación del peso desequilibró millones de relaciones crediticias y puso a miles de contratos al borde de la ruptura por imposibilidad de cumplimiento. El huracán financiero, económico y político, renovó su fuerza en lo social por el incremento de la delincuencia, robos, asesinatos y secuestros, cometidos en muchos casos por hampones sospechados de estar vinculados al mundo policial. En espontánea reacción miles de personas se auto convocaron alrededor del padre de un joven asesinado por sus secuestradores – Axel Blumberg – exigiendo del gobierno mayor seguridad. Otros miles no desperdiciaban la ocasión para reunirse al grito “que se vayan todos” ante las puertas del Congreso de la Nación, dirigidos a diputados, senadores y políticos sin distinción. La dirigencia sindical brillaba por su ausencia. No se llegó al caos. Pero se padecía de una “sensación caótica”, del mismo modo que se padece sensación térmica más allá de lo que marquen los termómetros. Una anticipada convocatoria a elecciones a mediados del 2003 para elegir a un Presidente de la Nación consiguió amainar la intensidad de la conmoción social. El nuevo gobierno llego al poder por descarte. Sin estar sostenido ni por aproximación por la mayoría de votos que justificaran un origen democrático, pudo establecer un nuevo gobierno constitucional. Es posible que hayan influido en esta salida institucional la general ansia de restablecer un mínimo de paz y el recuerdo de los hechos dramáticos sufridos en los 1970 que remataron en muchos años de dictadura militar y terrorismo de Estado.
Se habla de la crisis del 2001. Sin ánimo de sobre cargar las tintas, considerando que hubo una especie de paralización de los centros nerviosos del orden social, la palabra colapso se ajusta más a lo ocurrido. Hay que tener en cuenta que la Argentina viene sufriendo desde más de medio siglo una persistente decadencia. Una amplia mayoría la atribuyó a la reiterada ruptura del orden político democrático. Pero en 2001 hacía casi veinte años que la democracia política estaba en vigencia. Recuperada en 1983, a diferencia de lo sucedido en etapas anteriores, para el 2001 existía una opinión general contraria a poner fin a la democracia
Se comprende entonces cierta duda general sobre la supuesta eficacia de la democracia política para afrontar y resolver los problemas sociales, en especial los económicos. En el ámbito de la Universidad de Buenos Aires – en la Facultades de Ciencias Económicas y la de Derecho - aparecieron iniciativas destinadas a formular diagnósticos sobre lo acontecido y para discutir necesarios cambios en lo social. Se formo un grupo a fin de esbozar un plan para recuperar la economía argentina, cuyas proposiciones son publicadas bajo el sugestivo título de “Hacia el Plan Fénix”. El Decano de la Facultad de Derecho de la misma Universidad, Dr. Atilio Alterini, convocó a todos los sectores y miembros de la sociedad dispuestos a colaborar en el “Proyecto “Mariano Moreno” para reconstruir el Pacto Social Argentino Ambas iniciativas aunque no idénticas, son semejantes. Las dos reconocen que lo ocurrido tiene mucho que ver con el tipo de orden económico existente. Ambas, tienen en vista la necesidad de una reconsideración de la “constitución social argentina”. Por otra parte, un grupo de estudiosos en el ámbito del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja ha iniciado un seminario con “el objetivo de plantear el problema del Estado nacional argentino como parte de una problemática mayor que articula este tema con los problemas de la sociedad, la economía, la cultura, la política, la pobreza, la distribución y el poder”. Muchos otros esfuerzos se están llevando a cabo motivados por la misma o semejante preocupación
Provocada por el colapso descripto y en el marco de los emprendimientos intelectuales citados, creemos procedente esta pregunta: ¿Puede detectarse alguna estructura institucional jurídica-económica que primero haya obrado como motor del impresionante desarrollo argentino de los 1860 y a la vez actuando como causa de la posterior decadencia?
Este planteo se justifica, en principio, por que muchos consideran casi un misterio la paralización del progreso argentino en los 1900 y la posterior decadencia en las últimas décadas. Desde un punto de vista teórico se justifica también porque si bien hay muchas explicaciones, lo son sobre la evolución de alguna parte de esa historia; pero ninguna sobre el curso completo de la parábola “crecimiento-decadencia”. Pretendemos abrir una vía de investigación con ese propósito.
Luces y sombras del milagro argentino de los 1860
A partir del colapso del 2000 han emergido para recuperar nuestro país muchas opiniones que reclaman retomar una “actitud constituyente”, semejante a la adoptada por los hombres que organizaron nuestro país tras el derrocamiento de Rosas. Se recomienda y con razón examinar las claves institucionales básicas, para que restablecidas, se opere la anhelada recuperación.
Acaba de escribir un autor argentino para justificar su idea de recuperar las instituciones que permitieron el rutilante progreso argentino a partir de 1860:
“Éramos el país más irrelevante de América latina y pudimos llegar a ser el más admirado....Cuando digo “país exitoso” no me refiero a ningún paraíso. Soy de los que está seguro que no existen paraísos en la tierra. Por bella, satisfecha y feliz que pueda parecer una sociedad, siempre encontraremos por arriba yo por debajo de la alfombra la suciedad de conflictos, injusticias y carencias”

Estas actitudes son tan plausibles como recomendables. Pero no contribuirán a solucionar nuestro problema de reordenamiento social si no se parte de reconocer la estricta realidad. Se ha expandido en estos años una idea errónea sobre como fue, efectivamente, el “rutilante progreso” argentino desde el derrocamiento de Rosas. No puede negarse que lo hubo. Pero hay serios testimonios de la época que obligan, como mínimo, a reflexiones mas profundas.
Conviene meditar sobre el siguiente discurso pronunciado por el Dr. José A. Terry en el año 1898, el día que inauguraba la cátedra de Finanzas en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
“La República Argentina ha vivido 88 años de vida libre, es decir independiente. Ha sido dueña única y exclusiva de sus actos y destinos: y hoy, después de tantos años, si dirigimos nuestra mirada hacia el pasado y si juzgamos el presente, tendremos que confesar con tristeza que la República ha perdido lastimosamente tiempo y riqueza. Tengo para mí, que si la República hubiera vivido honradamente, que si gobernados y gobernantes hubiéranse inspirado siempre en el deber y el patriotismo, hoy podríamos presentarnos ante el mundo con 20 millones de habitantes, en lugar de 4, con cien veces más riquezas y progreso moral y material y sin los ruinosos compromisos, causas de nuestras quiebras anteriores y de nuestras serias dificultades del presente”.
Ante esta tajante descripción de quien ocupara tan importantes cargos en la conducción de los negocios públicos de la Nación, fundador de la cátedra de Finanzas, uno debe formularse algunas preguntas.
¿Será verdad que los notorios fracasos económicos que Terry denuncia - que echan por la borda el mito del progreso rutilante del que tan a menudo hoy se habla - se debieron a que gobernados y gobernantes no estuvieron a la altura de sus deberes por fallas en el sentimiento patriótico?
Comprendemos el enojo de Terry y no descartamos que haya habido entonces, como las hay hoy, fallas como las mencionadas. Pero alguna responsabilidad hay que asignar al sistema o tipo de orden jurídico/económico. Si Terry sostiene que debiéramos haber contado ya en 1898 con una población con 20 millones de habitantes cuando apenas alcanzaba a 4; si Sarmiento, en 1868 había comprometido su gestión como presidente en hacer 100 Chivilcoy, iniciando así el camino para que nuestra población alcanzara , en poco tiempo, la cifra de 100 millones y Alberdi -mentor de la Constitución – ya en 1852 había sentado como consigna lo que hoy se llamaría “política de Estado” que en la Argentina “gobernar era poblar” , ¿qué paso para que una política tan firmemente declarada una y otra vez y estatuida como norma constitucional haya fracasado tan estrepitosamente?
Hay una visible separación entre la voluntad declarada de los dirigentes, lo dispuesto por la Constitución Nacional, y el efectivo poblamiento del país. ¿Eran acaso tan malos calculistas o hubo algún freno que frustró aquella decidida voluntad ajustada por entero a los preceptos constitucionales?
¿Tiene algo que ver ese rotundo fracaso con los síntomas de decadencia económica que se manifiestan tempranamente alrededor del 1900? ¿A que se debe que permaneciendo el territorio argentino – en términos de densidad poblacional – tan desértico como entonces, dejara de atraer inmigrantes y desde 1950 pasara a ser un país de emigrantes? ¿Habrá acaso algún factor institucional responsable desencadenante del incomprensible periplo de la Argentina?

La gran incógnita
No mienten quienes afirman que en apenas unas décadas a partir de 1860 la Argentina se mostró ante el mundo como un portento, a la vez que contra todas las expectativas, lo que prometía ser una potencia mundial se vino abajo. Este proceso pareciera encerrar una incógnita no suficientemente contestada.
“El explosivo crecimiento que la Argentina experimentó en los cincuenta años posteriores a 1860 es uno de los casos de mayor éxito que se inscriben en la historia de las economías capitalistas. No se re¬gistra ninguna otra economía cuyo crecimiento haya sido tan impor¬tante y tan rápido. El único caso comparable es el de los Estados Uni¬dos.
La economía norteamericana fue de mayor magnitud tanto al comienzo como al final de su más rápido crecimiento. Pero, de acuer¬do con las mediciones tradicionales del crecimiento - aquéllas que se centran en las proporciones o porcentajes de cambio el caso de la economía argentina registró valores mucho más elevados que el de la norteamericana y ha sido objeto de numerosos estudios.
Lo fascinante del caso argentino no radica sólo en su asombroso éxito inicial, sino también en el hecho de su clasificación como tierra de colonización relativamente reciente y como economía de expor¬tación. Este último factor ha proporcionado la base para establecer comparaciones con otros países de reciente colonización, especial¬mente los Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. La mayoría de estas comparaciones, al menos aquellas que datan de 1960 en adelante, han resultado desfavorables para la Argentina, pues se han centrado en el prolongado estancamiento de su economía en la última mitad del siglo.
Producto de las comparaciones, ha prolife¬rado una extensa bibliografía mediante la cual se intenta responder a la pregunta: "¿Qué se hizo mal?". O, extendiendo el acertado aforis¬mo de W. W. Rostow, ¿por qué la Argentina se estrelló después de despegar? .
La metáfora de Rostow es impresionante y útil para despertar interés en la cuestión. Pero la figura de un ascenso lineal y una catastrófica precipitación a tierra, no responde cabalmente a los hechos históricos. Un somero y rápido inventario da cuenta de problemas sociales con raíces económicas en épocas tempranas dentro del milagroso despegue. Tal la crisis financiera de 1877, la de 1890, la huelga de inquilinos en la Capital Federal de 1907, el rebelión de arrendatarios conocida como el Grito de Alcorta de 1912, la huelga obrera con fuerte represión, llamada Semana Trágica de 1919 y la huelga y represión de los trabajadores en la Patagonia de los años 1923.
Para una respuesta capaz de explicar la parábola del crecimiento y decadencia argentina, son útiles algunas postales de la época que revelan una estructura total cuyos efectos se viven aún en nuestros días.

Desigual distribución del territorio entre los habitantes
La cuestión de la adjudicación de la tierra a los habitantes del territorio de la República Argentina tiene una larga historia que se remonta a la conquista española, sobre la cual no falta literatura. De ella no podemos ocuparnos en esta oportunidad. Lo que importa destacar es que esa cuestión formó parte como problema principal abordado por los revolucionarios de Mayo y, en apariencia resuelto con una legislación novedosa: la ley de Enfiteusis dictada por el Congreso de 1826. Sin embargo esta ley, considerada desde un punto de vista ideal como un notable adelanto en la materia, tres décadas más tarde sería juzgada como la principal causa de muchos de los males que se abatían sobre la República. Como en otros casos ambos juicios – el de laudatorio y el de condena – no guardaban la debida proporción. Había razones para pensar que la ley de enfiteusis no podría cumplir su verdadero cometido: poblar al país con pequeños propietarios (enfiteutas en este caso) echando las bases para una democracia agraria; pero, desde otro punto de vista, hay buenas razones para pensar que mas allá de las dificultades para hacerla efectiva en su justa medida, conspiraban contra ella rasgos del carácter argentino.
Enrique Arana nos traza un cuadro de los hombres de ese tiempo que refleja muy bien esa peculiar relación hombre/tierra, producto de la poca gente en un inconmensurable territorio:
“El instinto de la tierra tenía fuerzas de “orientación” en su espíritu. El latifundio sugirió siempre cierto sabor de grandeza y de superficie infinita al recorrer los inmensos prados vírgenes; despertaba sentimientos de estabilidad. Parado en medio de sus campos sin fin, surgía en el espíritu sencillo del viejo estanciero la confusa sensación de aquellos dominios en los que no se ponía el sol”
¿Cómo podría funcionar la ley de enfiteusis en una sociedad cuyos hombres venían de una tradición en la que “cincuenta leguas unos, treinta o cuarenta otros , llegaron muchos a tener verdaderos feudos, concedidos por este procedimiento generoso , ya por el rey, o los gobiernos patrios, ya bajo el aspecto de premios militares. Se regaló tierra a manos llenas.”
En cuanto al pueblo, según Arana, “no quería tierra ni trabajo muy duro, sino la holganza, que permitía el pastoreo en vida fácil, que, a su manera, a todos satisfacía, a pesar de ciertas privaciones que el bravo carácter salvaba”
So pretexto de poner a cubierto las fronteras de las incursiones de los indios (Decreto del 19 de septiembre de 1829) se acordaron a los vecinos de la provincia de Buenos Aires “gracias abundantes” a los que quisieran establecerse en el Arroyo Azul. “cada uno de ellos recibía en propiedad una suerte de estancia de la extensión de media legua de frente por legua y media de fondo”(alrededor de 2400 hectáreas), con el cargo de levantar un rancho de paja y abrir un pozo de balde. Vino así el acaparamiento de muchas suertes de estancia en una sola mano: “cada uno de los ranchos convirtíose en uno de los tantos puestos del gran establecimiento del futuro”.
En su momento Juan Manuel de Rosas asumió el gobierno. Dice Arana: “Para no contrariar la costumbre, Rosas tuvo que ser el sostenedor y fomentador del latifundio, porque la subdivisión de la tierra en forma de creaciones de pueblos fue completamente ilusoria como medio para fomentar la pequeña propiedad.” Pero con su derrocamiento en 1852 no cambiaron las costumbres. Sus más tenaces opositores lo sucedieron en el poder; pero solo recién en 1857 derogaron la ley de enfiteusis. Les resultó tan propicia para acaparar tierras baldías como lo fue a los derrocados.
A decir verdad, esa impronta perdura en el carácter nacional argentino. En forma activa, al considerar socialmente valioso y distinguido acaparar tierras. En forma pasiva, cuando con admiración con cierto dejo de envidia, se ve al millonario extranjero hacerse dueño de las más bellas tierras del país, adquiridas para pescar truchas durante un par de semanas al año. En el alma colectiva domina la creencia que se trata de un acto completamente legítimo. Ni siquiera estimula la reflexión.
No es sorprendente que consumada de este modo la distribución del territorio, llegado el momento de establecer la ley civil que habilitara el paso a la tierra, se tomara al derecho romano de propiedad – ya recepcionado por el Code Napoleón – como la fuente principal para el derecho positivo argentino. Teóricamente, este derecho civil debía concretar las garantías constitucionales de libre iniciativa, de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad sobre el fruto del trabajo. Pero el fait accompli, los hechos cumplidos, también impone sus reglas. Esto se aprecia con echar un vistazo al estado de la distribución de la tierra rural al filo del Centenario o sea unos cuarenta años después de aprobado el Código Civil.

Panorama de la distribución de la tierra rural en el 1910

Mucha tierra para pocos. “Se da uno cuenta de la inmensidad de las propiedades argentinas...cuando se ve en los planos anchas manchas multicolores que son las “estancias” de los Alvear, Pereyra, Duggan, Casares, Unzué, Drysdale, Luro, Urquiza, Santa Marina, Martínez de Hoz, etc. Las estancias de 15 a 20.000 hectáreas se cuentan por centenares....Doña Concepción Unzué de Casares posee solo en su estancia de Huetel (provincia de Buenos Aires) 67,500 hectáreas; su hermana la señora Unzué de Alvear tiene 63,5000; Tomas Duggan no tiene menos de 60,000” . Para Jancito Odonne no más de 300 familias gozan de esta posición .
Poca tierra para algunos. Un presidente que a la luz de su Chivilcoy Programa puede ser calificado de “agrarista” – Domingo Faustino Sarmiento – creía en 1857 que “esas estancias, de las que con Plinio podría repetirse latifundia perditit Italiam , se han de subdividir por la acción del tiempo”, cosa que no ocurrió. Con afán colonizador sostenía que “así como para las estancias se han dado posesiones inmensas que han constituido señoríos feudales, un peón puede hacerse rico con 50 cuadras (50 Hectáreas) (pero) con 16 nunca; siempre será pobre y fundará una familia de mendigos” Por esta razón pensaron asignar ese mínimo a los colonos. Pero esta colonización no ocurrió conforme a lo deseado.
Al estudiar el proceso de colonización se ve que no todos los inmigrantes tuvieron la suerte de ser dueños de ese mínimo exigido por Sarmiento. Una gran mayoría tuvo que limitarse a ser inquilino (arrendatarios o aparceros), como lo prueba la rebelión campesina de 1912 provocada por el alto precio del arriendo .
Ninguna tierra para muchos. Aparte de latifundistas y colonos, en su mayoría arrendatarios, existía una legión de trabajadores agrarios, muy prolíferos como ocurre con los extremadamente pobres, que desde el comienzo eran asalariados “temporarios” y no pocas veces “gauchos mal entretenidos”. Su situación es conocida, por lo que no vale la pena extendernos sobre éstos. El gaucho “Martín Fierro”, de José Hernández da cuenta de su suerte. Dramática situación de los hombres de campo sin tierra que comprobó en documento insuperable, editado en dos tomos, Juan Bialet Masse. Su Informe fue presentado en 1904 al Ministro Joaquín V. González . Pero la orientación de los gobiernos no apuntó a resolver la cuestión del acceso a la tierra, sino más bien a proteger la situación de los trabajadores. El arte ha reflejado escenas de explotación a los que muchos estuvieron sometidos, como se ve en la película protagonizada por Hugo del Carril “Las aguas bajan turbias”. A partir de los 1950 se intensificó la migración de esa población. Resuelven abandonar “la patria chica”, para ubicarse en la Capital y el Gran Buenos Aires.
Tulchin describe así el panorama general de la distribución de la tierra agraria:
En la época del centenario, los estudios oficiales realizados por el Ministerio de Agricultura confirmaban lo qué ya se sabía: que la tierra más productiva de la pampa era aquella que estaba en manos de relativamente pocos dueños y que existía en todo el país una amplia clase de arrendatarios que trabajaban en condiciones miserables y quienes tenían poca o ninguna esperanza de lograr alguna vez tener su propia tierra. El patrón de tenencia de la tierra era tal que la organización de la producción permitía la maximización de las ga¬nancias de los dueños de la tierra sin que ello necesariamente implicara el aumento de la producción o el beneficio para el bien común, ni por cierto la presencia de una iniciativa empresarial innovado¬ra. Como respuesta a estos estudios se señaló de forma acomodati¬cia que aún cuando los hechos presentados pudieran ser precisos y aunque fuera lamentable que no se hubieran logrado los objetivos originales, el gran éxito del modelo de desarrollo era tan evidente que realmente no convenía preocupar a la sociedad por estos resultados y que los estudios no debían tornarse como consejeros de la perfección .


La propiedad urbana en Buenos Aires en 1910

La tierra rural fue el polo de atracción de una formidable corriente de inmigrantes provenientes en especial de Europa, tal como expresamente lo disponía la Constitución. A pesar de la opacidad que el latifundio implica, la necesidad de su explotación permitió el ingreso de millones al trabajo agrario; pero no en la medida que hubiese sido posible si otro orden jurídico hubiese imperado. Gran cantidad de inmigrantes, cuyo puerto de arribo principal era Buenos Aires, se radicaron en esta ciudad u otras como Rosario provocando una temprana urbanización en nuestro país. Las tierras urbanas vieron elevar sus precios y como resultado, tomando como base de información las ricas postales de Huret, podemos describir el panorama urbano en nuestra Capital al borde de la celebración del Centenario. Esto nos permitirá apreciar otras dimensiones del “rutilante progreso” iniciado en los 1860, cuyas señales y líneas directrices perduran hasta hoy.
La clase alta . “El barrio de las residencias empieza alrededor de la plaza San Martín...en dirección a la Recoleta y a la Avenida Alvear. En este barrio se alzan suntuosas moradas de la gente rica de Buenos Aires, de la aristocracia, como dicen aquí: los hoteles de los Alvear, Bary, Anchorena, Cobo, Casares, Unzué, Quintana, y Pereyra... el terreno alcanza en ese punto precios exorbitantes” El lector tiene que recordar que el actual Palacio San Martín, era la casa de los Anchorena, como otras residencias particulares, que actualmente ocupan la Embajada de Francia y del Brasil. Residencias que por la belleza y complejidad de su diseño, construcción, calidad de los materiales y costo de la tierra alcanzaban un precio que por sí solo hablaba de las fortunas personales de sus propietarios. Mas abajo veremos como era posible que se “generaran” semejantes fortunas .
La clase trabajadora. “Los barrios obreros están formados por casas miserables...Esas casuchas se llaman en la Argentina “conventillos” y son vastos patios descubiertos donde se abre una serie de tugurios oscuros y sin aire que son las habitaciones. Los inquilinos cocinan fuera, en hornillos pequeños. Lo verdaderamente escandaloso es el alquiler que pagan los 50 infelices que viven en tales antros” . Esto se registra en 1909 dos años después de la huelga de inquilinos de 1907. En 1922 se modifica, por poco tiempo, el Código Civil en lo que se refiere al plazo de locación. En 1943 se congelaran los arrendamientos urbanos por casi 50 años.
Los marginales. “En esta ciudad inmensa que progresa hace treinta años, aún quedan por hacer muchas cosas. El Barrio de San Cristóbal, llamado barrio de las Ranas es un vestigio persistente....Allí es también donde la espuma de la hez social abriga sus liviandades. La arquitectura de sus viviendas (es) “el estilo de petróleo” (querosén) . No se ven allí más que casas construidas con hojalata, cuyas paredes, tejados, puertas y columnas resplandecen al sol. ...Estos palacios y casuchas están habitadas por negras, mestizos, europeos e indígenas. Se ve toda aquella población compuesta de rufianes y prostitutas, de truhanes y libertarios, sentados a la puerta de sus casuchas tomando el mate...alrededor de ellos se levantan montañas de inmundicias o basuras que los carros van a vaciar allí incesantemente . El lector debe tener en mente la visión de las decenas de villas miseria que en condiciones semejantes persisten en la actualidad.
Estas crónicas de un testigo presencial, anticipan lo que décadas después nos relaciona Tulchin respecto de la Ciudad de Buenos Aires :
En la ciudad se aglome¬raban en los barrios bajos y vivían en las condiciones más inhumanas e insalubres. Muchos de quienes lograron conseguir trabajo se unieron a las organizaciones laborales con el fin de mejorar las crueles condiciones de sus lugares de trabajo y aumentar sus ínfimos salarios...La alta incidencia de líderes inmigrantes en los movimientos sindicales a fines del siglo XX facilitó a los oligarcas nativos depositar en lo extranjeros la culpa por las tensiones locales y responder con xenofobia a los esfuerzos organizados de la clase trabajadora por mejorar su suerte. La así llamada ley de Residencia de 1903 fue la más draconiana de una serie de medidas destinadas a refrenar al movimiento sindical.

La ley civil argentina y el orden económico decadente

Juan Bautista Alberdi, en sus duros comentarios al Proyecto del Código Civil de don Dalmacio Vélez Sársfield, escribió cual era a su juicio la mayor cuestión económica que afrontaba el país y el modo de resolverla, en estos términos:
“La mas grande cuestión económica de Sud-América, que es la de su población, esta íntimamente ligada con su legislación civil, y casi depende de ella, El derecho civil de un país despoblado debe tener por principal objeto el poblarlo mediante disposiciones dirigidas a este gran fin económico. El desarrollo de la población argentina, reconoce dos fuentes principales: la familia y la inmigración .

Alberdi no especifica cómo se ha de lograr que las familia argentinas, sus hijos y las familias provenientes del exterior como inmigrantes, han de acceder en un pie de igualdad a la tierra, rural y urbana, sin cuya previsión no se puede ni se podrá jamás constituir una sociedad política y económicamente democrática.
Sin ese derecho existencial , los artículos 14, 17 y 19 de la Constitución, tan acertadamente alabados por el propio Alberdi, con sus garantías para la libre iniciativa, la libertad de trabajo y la de inversión de capital y, en consecuencia, para la plena propiedad sobre el fruto de lo producido, habrían de ser de corto alcance, y en poco tiempo puras afirmaciones retóricas. Problema que no habrían de solucionar palabrerías como las contenidas, con buena intención pero nulo efecto, en el art. 14 bis de la Constitución Nacional.
Alberdi no examinó el Código Civil “artículo por artículo” según reconoce en la Nota con que contestara las quejas de Vélez por esa falta . Cometió un error, pues dada su innegable capacidad como abogado, no se le hubiera escapado en qué grado Vélez Sársfield descuidaba a “la mas grande cuestión económica de Sud-América”.
Si bien en tono reflexivo el autor del Código considera que “la propiedad debía definirse mejor en sus relaciones económicas”; esto es, como “el derecho de gozar del fruto de su trabajo, de trabajar y de ejercer sus facultades como cada uno lo encuentre mejor” , a la hora de legislar sobre los derechos reales, cuyo prototipo es el derecho de propiedad, juzgó “mas conveniente aceptar el derecho puro de los romanos”, según lo expresa, en el párrafo quinto de la nota al artículo 2503. La economía de la Antigua Roma no se basaba en el trabajo de los hombres libres sino en la explotación forzada de los esclavos y en las exacciones a que sometía a los pueblos conquistados. Mal augurio para nosotros.
También habría podido advertir Alberdi que cuando el Código Civil trata de las maneras de adquirir el dominio, comienza, como indica el sentido común, por la apropiación (Art.2524 CC), pues de todo ser humano traído a este mundo – si pudiera expresarse – haría esta inevitable pregunta: ¿Cuál es la parcela del territorio de este país que me corresponde y de la que no puedo ser privado , porque como ser vivo sin ella mi vida no es posible? . Alberdi se habría sorprendido que al tratar de tan fundamental asunto, el Código solo se refiere a las cosas muebles sin dueño o abandonadas por su dueño (Art.2525), mientras que establece que “no son susceptibles de apropiación las cosas inmuebles” (Art.2527), entre las que, desde luego y en primer lugar, figura la naturaleza (Art.2314) . O sea la tierra, esa realidad material sin la cual la vida del hombre es imposible.
Alberdi habría comprendido – como comprendemos nosotros - que “apropiarse” del sitio que todo ser humano necesita no es cosa fácil de resolver. Pero también es verdad que no se puede dejar de hacerlo y de la forma en que se lo haga depende el orden social todo. En esta tarea tiene y ha tenido siempre un rol fundamental el derecho.
Esto lo sabía Vélez. Por ello empezó por desechar la enfiteusis clásica (sin nombrar la propia de 1826) y en el brevísimo noveno párrafo de la Nota (a) del Título IV De los derechos reales, justifica el sistema institucional que adopta respecto de la tierra de este modo:
“Suprimiendo la enfiteusis, evitamos los continuos y difíciles pleitos que necesariamente trae, cuando es preciso dividir por nuestras leyes de sucesión el derecho enfitéutico y el derecho del señor directo. El contrato de arrendamiento será entre los propietarios y los cultivadores o criadores de ganado, un intermediario suficiente”
La solución salta a la vista. Liquidada la legislación de Mayo (ley de Enfiteusis ), con argumentos poco convincentes, pero dominantes en esos momentos, se convalidaron las bases para la división de la sociedad en dos clases: los dueños de la tierra por un lado y los inquilinos por el otro. Este sistema acarrea la división en clases de modo inevitable – salvo que se tome el recaudo sugerido por Echeverría en La Contribución Territorial. Al poco tiempo se le agregaría a las dos primeras una tercera clase: la masa de los sin tierra.
La ley de Enfiteusis argentina fue el fruto de un pensamiento que apuntaba al ideal de una democracia social, sin cuyo propósito la Revolución de mayo se habría limitado a ser una mera secesión del imperio español. Sin embargo, establecer una democracia social con el recurso de enfiteusis probó ser una medicina demasiado fuerte para una sociedad con hábitos autoritarios que en su seno había crecido en demasía el latifundio. En el enfrentamiento entre quienes propugnaban ese ideal y la realidad llamada la “fuerza de las cosas”, ésta se impuso. Con esa ley, como hemos visto, se cometió el mayor fraude legis de nuestra historia. Dictada para generar la base de una democracia social, fue utilizada para organizar una estrecha y poderosa oligarquía terrateniente. Esta desgraciada experiencia explicaría por qué la miraron con verdadero encono y le atribuyeran los males que sufría el país, los más denodados opositores de Rosas, hombres como Sarmiento , Alberdi y Mitre .
Historias paralelas: Antigua Roma y la Argentina
Merece destacarse lo siguiente: a partir de la solución dada a la cuestión de la propiedad de la tierra mediante una institución del derecho civil inspirada en el derecho romano, impulsando el poblamiento masivo de la Argentina, nuestra historia comienza en múltiples aspectos, a repetir los conocidos dramas de la Antigua Roma.
Principia con la prosperidad económica de los magnates – los terratenientes - desde el mismo inicio de la Organización Nacional. Como fue clásico en la Antigua Roma, también aquí desde el punto de vista social pronto se produjeron estallidos que preludiaban tensiones y enfrentamientos propios de un estado de guerra civil. Desde el punto de vista político, como en la Antigua Roma, la República cede su lugar a diversas dictaduras, cada vez más cercanas entre sí y prolongadas en el tiempo. La democracia representativa se convierte, con los caudillos, en democracia de masas y el clientelismo juega un gran papel. La idea del proletariado romano calmado con pan y circo se repite entre nosotros .
La creación de derechos sociales – por todos anhelados – es imposible de concretar y da por resultado la implosión de la economía. La democracia comienza a vaciarse de contenido social para subsistir como esqueleto electoral. Hay votantes políticos, hay movilizadores sociales, pero no personas que gracias a su ciudadanía económica puedan decidir libremente. En lo público y en lo privado hay un general sometimiento al Estado. Si alguien cree ver un apartamiento de la historia romana; debe tener en cuenta el gran progreso tecnológico industrial de nuestra época que ha mitigado muchos padecimientos.
El poder central de hecho y de derecho, como en la Antigua Roma, rebaja a su mínima expresión las autonomías provinciales y locales: se refleja en el decaimiento del sistema federal y el municipio. Debemos recordar que para Esteban Echeverría el municipio era la célula social básica a crear para armonizar los intereses de los individuos y los de la comunidad . Es patente que ni el municipio ni los estados provinciales han logrado la autonomía real que esas sonoras palabras indican. El municipio se ha vuelto inviable en las pocas megalópolis en que se agrupan millones de almas. En el interior del país es imposible pues los pueblos desparecen por abandono de sus habitantes .
A modo de peligroso anticipo del fraccionamiento medieval que sucedió al derrumbe del Imperio en el siglo IV, entre el hacinamiento de las grandes ciudades y los pueblos desérticos, en búsqueda de la seguridad y tranquilidad perdida, gente con mayores recursos se junta en aislados pequeños poblados , a los que embellecen por dentro y cercan por fuera para su protección: los countries. En manifiesta oposición por su fealdad e inseguridad, aparecen completando el rosario de poblaciones que rodean a las grandes ciudades otros asentamientos: las villas miserias, lugares en las que, se dice y con razón, brotan los nuevos bárbaros que con furia atacan las obras de la otrora gran civilización. ¿se puede esperar algún otro resultado que la barbarie en esta situación?

Cuando el mejor negocio sobre la Tierra es la tierra

Anota Huret en su libro sobre la Argentina en el año 1909, capitulo “Las fortunas y la tierra”, esta importante observación que debiera ser el principio de los estudios argentinos en ciencias económicas , jurídicas y sociales:
“Casi todas las grandes fortunas argentinas tienen su origen en el mayor valor de los terrenos que continúa hace cuarenta años, a pesar de las inevitables crisis de esta progresión. He analizado en detalle las formas de esta feliz evolución favorecida por la concurrencia de capitales ingleses y la emigración europea. La tendencia se acentúa cada vez más de dividir en lotes para la colonización inmensas extensiones pertenecientes al Estado o a los particulares: he aquí los factores que explican y justifican entre otros el complejo juego de la valoración de las tierras” .
Este proceso de valoración del suelo era tan previsible como inevitable para un país que disponiendo de un inmenso territorio, uno de los más feraces del globo, resolvió poblarlo mediante una invitación formal constitucional dirigida a “todos los hombres del mundo que quieran habitar” su suelo, a fin que ganen su pan mediante el ejercicio de su libre iniciativa en actividades lícitas, garantizándoles la propiedad del producto de su trabajo y la de inversión de capital real.
Toda vez que el “territorio argentino” era limitado, un dato finito, la demanda de tierra por parte de nuevos habitantes, trabajadores e inversores de capital, tenía que traducirse – inexorablemente- en un aumento del valor del suelo. Como se trata de un caso de demanda inelástica, el incremento debía ser exponencial . Éstos eran los hechos con los cuales había que contar. Ante esta realidad debía operar el ingenio humano y el espíritu elevado para encontrar una solución que mereciera el nombre de derecho correcto. Esto es justamente lo que no ocurrió por desatenderse el principio propuesto por Echeverría en la Contribución Territorial.
El régimen jurídico de la enfiteusis argentina quedó desvirtuado, entre otras cosas, por la falta de instituciones sin las cuales no podía funcionar . Haya sido esta razón suficiente o no para derogarla, no interesa en este caso. Lo que importa es que al dictar y aprobar el Código Civil se repitió un hecho harto frecuente en la historia del derecho argentino: el ansia por las soluciones rápidas. La mayor prueba de la urgencia fue la aprobación a libro cerrado, nada menos que del Código Civil. Con toda razón protestó Alberdi contra este modo de aprobarlo, pues “organizando la propiedad, el Código civil tiene en sus manos los destinos de la democracia moderna” . Y quien organiza el sistema de la propiedad imprime el modo de ser y de evolucionar la economía de una sociedad.
El Código Civil de prosapia romana estableció un sistema institucional de la propiedad de la tierra, que convalidó el acaparamiento llevado a cabo y al facilitar su venta y arrendamiento, sentó las bases para el mejor negocio económico dentro de la sociedad argentina. “Especular con la tierra” se convirtió en un santiamén en la actividad más lucrativa a partir de esa década.
“En todas las clase de la sociedad, desde las más humildes a las directoras, las gentes se dedican a la especulación sobre los terrenos, los unos con método, los otros con pasión, pero todos con una confianza absoluta en el porvenir del país. Puede decirse que salvo los miserables, todo el mundo especula en la Argentina, desde el rico estanciero hasta el inmigrante recién llegado”
Tendencia por completo explicable, pues con pruebas a la vista, no había ningún otro negocio lícito, animado por la libre iniciativa privada, que se le pudiera equiparar. En un informe privado se daba cuenta de este hecho.
“Deseo aclarar que el señor Alcorta compró , a corta distancia de la estación Moreno, una fracción de tierra de dos leguas y media al precio de 600 pesos papel por cuadra. Después que la estación fue levantada sobre los terrenos de esa propiedad, la tierra se vendió en remate, dividiéndose en lotes para la construcción; y algunos de ellos lograron el enorme precio de entre 35.000 y 40.000 pesos papel por cuadra”
“En Morón, de igual modo, un molinero emprendedor, M. De la Roche. Compró en 1855 treinta cuadras de terreno por 16.000 pesos papel. Luego trató con la compañía para que se llevara a la vía férrea a través de su propiedad. Ofreciéndoles una concesión a perpetuidad de 3 cuadras – espacio para la estación – y la tierra ocupada por los rieles. Luego de la inauguración de la línea hasta Morón, dividió su tierra en lotes para la construcción, y los vendió en remate. Varias cuadras se vendieron por 100.000 pesos cada una y algunos lotes rindieron 2.000 pesos por yarda” (menos de 1 m2)
Lo que comenzó por ser un “negocio” rápidamente se transformó en un epidemia lúdica. Cuando ello ocurre todos los resortes morales de la sociedad se resienten y los cambios afectan no solo la vida de los individuos sino al “alma nacional”. Esto lo registró en 1891 el joven José Miró (conocido como Julián Martel) en su celebre novela La Bolsa. La especulación con acciones (como se suele recordar por la de Nueva York en 1929) es asunto peligroso; pero, muchísimo más lo es la especulación con los títulos de propiedad de la tierra, porque éstos – cosa que pocos advierten – impulsan la inflación monetaria . La especulación con la tierra, es en verdad una especulación con títulos. A igual que en el mercado de acciones nadie especula “con fábricas o empresas” sino con los títulos que acreditan una cierta propiedad sobre ellas. Así desde el punto de vista económico funcionan los títulos de propiedad del suelo. El aumento del valor del terreno “infla” el título y genera en su titular un poder de pago superior sin contrapartida de cosas producidas.
La Argentina del rutilante progreso entró vertiginosamente en el “juego especulativo con la tierra” contra el trabajo tesonero como se aprecia en este testimonio:
“A la hora actual los que más pronto se enriquecen no son los industriales y los comerciantes sino los propietarios, los especuladores y los bancos. Y es tan cierto, que un comerciante enriquecido por el negocio, se apresura a comprar tierras. Si es listo, en muy pocos años dobla o triplica su fortuna”
A fines de los 1990 una antigua empresa de molienda (Molinos Morixe) cayó en convocatoria de acreedores. Pese a la aceptación de su oferta de pago con quitas y plazos, sus deudas no podían ser pagadas con la producción. En cambio pudieron ser solventadas gracias al precio del terreno dónde estaban las instalaciones de la fábrica. Una manzana, comprada a principios del siglo XX por unas monedas, a través del tiempo se valorizó a tal punto que con su venta o traspaso se pagaron las cuentas. El terreno estaba tal cual hacia un siglo; la única diferencia es que a su alrededor se había construido el elegante barrio de Caballito.
El poblamiento de nuestro país – tan deseado como justificado – se iba realizando. Pero la institución de derecho civil sobre la propiedad de la tierra producía terribles efectos los que sin embargo eran vistos como “milagrosos” incluso para los propios beneficiados.
“Mi padre adquirió 10 leguas a 2.000 francos la legua. Cuando murió fueron repartidas entre sus cuatro hijos. En 1885, el mayor vendió su parte a 30.000 francos la legua. En 1890, el segundo vendió la suya en 75.000 francos la legua. En 1905, el tercero obtuvo 225.000 francos por legua y el último, acaba de ceder la suya por 325.000 francos la legua”
Estos hechos deben ser contemplados desde el punto de vista del efecto sobre el derecho a acceder al suelo por parte de trabajadores e inversores de capital real. El padre del relato, unas décadas antes, necesitó solo 2000 francos para acceder a una legua. En 1909 un habitante para acceder a la última legua ya necesitaba 325.000 francos. Supóngase que quien deseara acceder al suelo pudiera contar gracias, a su trabajo, con un ingreso suplementario anual de 2000 francos, y los ahorra para adquirir la parcela que necesita para vivir o ampliar su actividad económica. Cuando compró al padre del ejemplo, necesitaba solo 1 año de trabajo. En 1909 el nuevo habitante (inmigrante o hijo del país) necesitaba ¡162 años de trabajo! ¡Cuantos años de trabajo necesita en el 2005? Calcúlelo el lector con hechos que conozca de su propia experiencia.
Esto muestra que ya en el Centenario la tierra había quedado fuera del alcance de millones de trabajadores. Los que ya estaban en el país o eran potenciales inmigrantes. ¿Cómo no iba a cesar el flujo migratorio a pesar que geográficamente el país permaneciese tan desértico como en los comienzos?
El precio de la tierra en la ciudad fue aún mayor. Narra Huret:
“En los centros urbanos, sobre todo en Rosario y Buenos Aires, la valoración , no hay que decirlo, ha seguido una marcha mas extraordinaria. El precio de los terrenos en el barrio elegante y en el comercio, llega a lo fabuloso. El metro vale cien veces más que una hectárea en el campo. La familia Alvear poseía una casa y un jardín en la plaza San Martín con una superficie de 6.000 metros cuadrados. Lo ha vendido al Jockey Club a 1.112 francos el metro, lo que da un total de cerca de 7 millones de francos. En el ángulo de las calles Florida y Rivadavia el metro vale 5.500 francos”
La contracara de este obsceno “boom” era el “barrio de las latas”

El efecto perdurable de la institución de la propiedad de la tierra urbana
La estampa que acabamos de describir corresponde al Buenos Aires de 1909. La que abajo reproducimos – idéntica en lo formal, agravada en lo material – corresponde al año 2005, bicentenario del natalicio de Echeverría. El lector debe hacer la comparación y sacar sus conclusiones.
Más de dos millones de personas viven en villas, asentamientos o tierras sin título de propiedad en el área metropolitana de Buenos Aires, según un relevamiento realizado por un grupo de investigadores de la Universidad Nacional General Sarmiento. Las primeras conclusiones del trabajo señalan que esta población es más del doble de lo que indican los registros oficiales.
Los datos del censo 2001 indican que en el conurbano hay 355 villas o asentamientos, con 638.657 habitantes. "Nuestro equipo está relevando municipio por municipio, junto con ONG y se comprobó que el subregistro al menos se duplica", apunta Raúl Fernández Wagner, que dirige el trabajo.
"Si sumamos la ciudad de Buenos Aires, con no menos de 100.000 habitantes en villas y algunos partidos de la tercera corona de la región metropolitana, como Pilar, Ensenada, Berisso y La Plata, no sería erróneo considerar que al menos dos millones de personas han accedido y habitan en forma irregular", agrega.
El trabajo traza una diferencia entre villas y asentamientos. Las primeras tienen tramas urbanas irregulares, sin calles y con pasillos. Tienen buena localización, en relación a centros de producción y consumo. Los asentamientos son tierras tomadas y se asemejan a barrios, pero están instalados en tierras privadas -basurales o zonas inundables-, por lo cual los propietarios no las reclaman. Sus habitantes quieren que se legalice la posesión.
La investigación señala que la mayoría de las villas tuvo origen por una acción del Estado: "Buena parte de la vivienda pública construida entre los años 60 y el 80, al no tener sus escrituras, pasó a ser parte de un mercado informal. En torno de muchos barrios de viviendas públicas, acabaron estableciéndose villas" .
Efecto del actual sistema de propiedad del suelo sobre la economía pública
Hasta este punto hemos subrayado los efectos del sistema de propiedad del suelo en los ámbitos de la economía social. Pero hay otro que, por rebote, trastoca por completo el sentido de la economía pública y con ello el papel del Estado en la práctica.
No puede ponerse en discusión que es el Estado, directa o por otros medios, el responsable de ofrecer una serie de bienes públicos entre los que figuran en grado muy importante la formulación del derecho positivo y la administración de justicia mediante jueces independientes. Estos bienes y otros más no son gratuitos. Hay que solventarlos con la riqueza forjada masivamente en la economía social. Nunca los gobiernos han dudado un instante sobre esta realidad y han actuado en consecuencia tomando de mil modos parte de la riqueza forjada por los particulares.
El fondo de donde extraer esos recursos para afrontar el gasto del gobierno es uno de los temas más delicados y peor tratados por la doctrina y la práctica. Hay muy buenas razones, cuidadosamente expuestas y empíricamente probadas como verdad, que el fondo primordial del tesoro público – para que subsista una economía de mercado libre y próspera – es la renta fundiaria. Esto es, el valor que adquiere la tierra por causa de la demanda (reflejado en el precio de moneda no adulterada) .
Bien estudiada las cosas el total del valor de la tierra de una comunidad es el crédito que la comunidad tiene contra los ocupantes de su territorio. En otras palabras es el crédito público por excelencia. Pero debido al sistema de propiedad privada de la tierra como el establecido en nuestro país, ese valor queda – si no se toman otras medidas legales – en el bolsillo de los propietarios. Dejadas las cosas en este punto esta claro que no llega al Estado esa renta que debiera percibir en representación de la comunidad, mas pesa sobre él la carga de ofrecer bienes públicos (establecida la democracia son exigidos con prontitud y firmeza por todos). Privado el Estado de aquel recurso debe apelar a otras fuentes. De las muchas inventadas y sin entrar en detalles, tres se destacan:
a. Los impuestos
b. El crédito o endeudamiento en que se compromete el Estado (interno y externo)
c. La emisión de moneda sin respaldo en correlativa producción de riqueza
Más allá que se pueda apelar según las circunstancias a cualquiera de estos medios, la experiencia argentina prueba que son recursos que ponen en situación crítica a la economía del país. También muestra la experiencia que los medios b y c (crédito y emisión de moneda) exigen una rigurosa aplicación del rubro a (los impuestos). De ahí la energía que gastan los gobiernos para lograr que ellos sean pagados. Sin embargo, pese a todo tipo de invocaciones patrióticas, denuestos morales y sanciones penales, el incumplimiento de esta obligación fiscal es enorme. La evasión de impuestos (y por añadidura el de las llamadas cargas sociales), se estima que alcanza la mitad de la suma que legalmente se debiera recaudar.
Tres fantasmas asedian de este modo a la economía pública: pecar por emisión de moneda (pues es para el gobierno el más dulce de los caminos) y por esa causa incurrir en todos los desbarajustes que provoca la inflación, de sobra conocidos en la Argentina. El otro es aprovechar la liquidez interna o internacional e incurrir en el camino del endeudamiento público. Éste por causa de los intereses y los incumplimientos, crece como bola de nieve, comienza por dejar sin recursos a los gobiernos y los conduce a declarar su quiebra como ocurrió en el 2001.
Por último, los impuestos. Las leyes que los crean definen como hechos imponibles a lo más vital de la economía social: las actividades que concurren a la producción, comercio y consumo de la riqueza. Los impuestos son más que un freno a la economía; son el palo en la rueda de la economía social. Para colmo no se limitan a frenar la actividad económica, sino que distorsionan al orden económico hasta trasformarlo por completo. Un orden económico que comienza por ser de mercado, al cabo de cierto tiempo y según la presión impositiva, se convierte en otro que guarda tremenda semejanza con las economías centralmente dirigidas por el Estado.
Establecidos como hechos imponibles las actividades de los particulares, la única manera de conocer la existencia del hecho y el monto gravable es obligando a declarar a los responsables ante el Fisco. Es el llamado “sistema declarativo”. No hay que ser demasiado perspicaz para advertir la tendencia a salvarse de la agresión que implica el sistema. Es decir, la gente apela a la mentira. Falsea sus declaraciones o inventa recursos lícitos para eludir el pago. Los efectos morales son catabólicos para una economía de mercado, la que – por principio – se funda en la verdad y la buena fe. Por añadidura, decae la moral social toda.
Ante la seguridad de la creciente falsedad en las declaraciones, el Estado transforma su naturaleza liberal y democrática para adoptar formas inquisitoriales primitivas, contrarias a la vida moderna. El Estado recaudador deja de ser el “protector” de los ciudadanos para transformarse en el temible Ogro filantrópico descripto por Octavio Paz , dedicado a destrozar todo el orden social, sus instituciones y la vida de los individuos .
Esta descripción es solo un breve pantallazo de los efectos que acarrea a la economía pública y por derivación a la vida social, el descuidar de modo indolente el consejo de Esteban Echeverría. El tremendo daño que se causa al país por haber abandonado la contribución territorial como la base primera y principal del tesoro publico y sustituirla por el malsano sistema de los impuestos.
Otros efectos de la actual institución de propiedad del suelo
Lo que en forma resumida acabamos de describir fue registrado en distintos momentos de nuestra historia económica.
Temprana paralización del crecimiento. Alejandro E. Bunge en 1923 observó que mientras antes de 1900 la relación entre los aumentos de la población activa y la producción era de 1 a 4. Es decir, por cada inmigrante aumentaba cuatro veces la producción. A partir del año 1907 esa relación se mantenía en la proporción de 1 a 1, lo cual indicaba un claro estancamiento de la economía argentina . Hay buenas razones para pensar que el aumento del costo de la tierra en los términos descriptos fue una de las causas que actuó como un freno en el proceso de crecimiento económico interno.
Sin necesidad de entrar en detalles, para entenderlo basta con recordar que cuando el número de propietarios del suelo es reducido y comparativamente enorme el número de los que deben pagar el precio del suelo – vía precio de compra o vía arrendamiento – los ingresos de estos últimos se reducen progresivamente con el aumento del valor de la tierra, cuyos incrementos van a parar en forma directa al bolsillo del pequeño número de dueños del suelo . Esto se traduce en la acumulación de grandes fortunas en pocas manos y en la formación de vastos sectores sin capacidad adquisitiva. Los monumentos que testifican ese desequilibrio social son, por un lado, los afamados palacios argentinos construidos en los cascos de las estancias, que poco a poco el público va conociendo en estos días gracias al turismo y los no menos bellos construidos en la ciudad de Buenos Aires algunos de los cuales hemos nombrado. Del otro lado y en franco contraste están los barrios obreros, los conventillos y villas miseria que – como se ha visto – datan de la era del supuesto rutilante progreso argentino. En resumen, gran depresión del mercado nacional.
Desde un punto de vista macroeconómico otros efectos se pueden apreciar. En primer e importante lugar uno económico: el deprimido mercado de consumo interno. El segundo efecto es que produciendo la Argentina productos agrarios a granel, no podían ser consumidos por sus habitantes y solo tenía sentido llevar a cabo esa producción para el mercado exterior. Pero esta tendencia a orientar todas las fuerzas productivas para el mercado externo no fue determinada pura y exclusivamente por el tipo de producción nacional, sino por el deprimido y estrecho mercado nacional. “Exportar” se fue constituyendo en el ideario nacional por excelencia.
Tempranos fracasos de la economía pública. Otros efectos políticos y de moral social, fueron denunciados por el profesor Terry en la misma clase inaugural de la cátedra de Finanzas en 1898:
Señores, la sociedad argentina ha vivido en el despilfarro y, en consecuencia, en el déficit. Estudiar el déficit y los medios adoptados para enjugarlo, es estudiar la historia financiera y también la historia política de la República”
Agrega más adelante el atribulado profesor estas palabras que deben hacer pensar y meditar a nuestros estudiosos de la sociedad argentina:
“Al estudiar el dominio territorial del Estado Argentino veréis como se ha dilapidado la mayor parte de nuestra tierra pública, habiéndose ensayado todos los sistemas imaginables, desde la donación a favor de los héroes que por desgracia abundan en nuestra historia, hasta la venta de inmensas áreas a simples especuladores. Y al detenernos en el examen del dominio industrial y financiero del mismo Estado, os encontrareis delante de las sombrías e imponentes ruinas de nuestras grandes instituciones bancarias, reveladoras del desgobierno de una época”
Luego de pasar revista a la deuda externa nacional – siempre cuantiosa – se pregunta el egregio profesor:
“¿En que hemos empleado tanto dinero? Señores; nada más doloroso que confesar las faltas de los padres a quienes se ama y se respeta. Condeno el pasado financiero de mi patria, entre vosotros y en la cátedra, que es el templo de la verdad científica e histórica. No concibo el patriotismo con la mentira política, con la mentira electoral, institucional y financiera”
Tras considerar a Esteban Echeverría, como “el más honrado de nuestros escritores”, cierra Terry su magistral disertación formulando una exhortación de plena actualidad que exige ser meditada cuidadosamente. Dirigiéndose a aquel joven auditorio de futuros abogados dice:
”Protesto contra la mentira como régimen, hoy más que nunca, en que necesitamos de todas las energías del patriotismo para afrontar serenos y sin falsos mirajes , serias dificultades internas y externas”
La mentira como régimen
Todos sabemos que la mentira consiste en una expresión contraria a lo que se sabe, piensa o cree. ¿Pero a que habrá querido referirse el profesor Terry con las palabras “mentira como régimen”? Desde un punto de vista psicológico jamás lo sabremos. Pero en el contexto de su disertación es claro que se trata de un enojo contra 88 años de historia. No solo motivado por discursos faltos de sinceridad sino, de manera especial, por la realización de actos concretos, tales como la dilapidación de la tierra pública, el despilfarro financiero, la perpetua deuda del Estado o la impotencia mostrada al intentar poblar el país. Observada así las cosas la expresión “mentira como régimen” cobra un sentido muy distinto. Con ella se alude a fenómenos de carácter institucional. Ninguno de esos actos han sido puros hechos. Han sido actuaciones cumplidas por el ejercicio del gobierno, mediante el derecho positivo, con efectos económicos y sociales. Vale la pena meditar sobre el punto. Si tenemos presente lo dicho sobre los efectos del “sistema declarativo” base del régimen de impuestos, hay que entender por qué para el alma argentina el decir la verdad es algo ocasional.
Contribución territorial o impuestos
La palabra “régimen” en primera acepción significa “modo de gobernar una cosa”. La frase de Terry muestra de entrada un sesgo institucional. Alude a situaciones en que alguna cosa no está siendo gobernada de manera ajustada a lo que ella exige.
No deseamos poner en boca de Terry lo que éste no ha dicho. Pero del contexto de su discurso surge una rebeldía contra la forma de gobernar el país, pero no en todas sus esferas y dimensiones sino en una muy específica: la financiera. Con la fuerza de un profeta hebreo el profesor y ciudadano truena de este modo: ¡Condeno el pasado financiero de mi patria!
Apartando el fondo emotivo que las anima y a las cuales su exhortación final se dirige, mediante un frió análisis, cabe preguntarse: ¿Su protesta es en contra determinadas personas o más bien contra alguna forma institucional? Hay que descartar lo primero para estarse a lo segundo. Pero entonces ¿cuál ha sido la institución corruptora que lo lleva a condenar en bloque al pasado financiero argentino?
No es necesario investigar el pensamiento entero de Terry, en el supuesto que fuera posible. Sí es necesario observar las instituciones constitutivas del orden económico de su tiempo cuyos efectos motivan sus protestas. Es en extremo interesante y necesario hacerlo porque sus quejas tienen, entre nosotros, desgraciada actualidad.
Condenas como las de Terry, que hoy se repiten a menudo, no se pueden fundar de manera trivial como habitualmente suele hacerse, acusando a éste o aquél presidente o ministro. Este tipo de criterio lleva a pensar que a la Argentina le ha tocado la mala fortuna de acaparar para sí los peores presidentes y ministros de economía de la historia del mundo . Sin perjuicio de las posibles y necesarias pesquisas en esa dirección, que pueden llevarse a cabo con otros fines, hay que prestar atención a las instituciones. Ellas son la red constitutiva o generatriz de las cuestiones de orden que perturban la vida del país .
Como le hemos expuesto en otros trabajos , el sistema de propiedad de la tierra rural y urbana establecido en nuestro país (de viejo arraigo histórico, como se ha visto) no ha sido equilibrado con la institución recomendada por Esteban Echeverría: la contribución territorial .
Todo propietario de tierra urbana y rural carga con la obligación tipo propter rem de pagar a la comunidad a la que pertenece por el uso de la tierra. Esta obligación es fundamental cuando se pretende constituir un orden económico coordinado por mercados en libre concurrencia y, a la vez, para asegurar un Estado de derecho con gobiernos financieramente solventes, capaces de pagar los bienes públicos que la Constitución le encomienda ofrecer y el pueblo reclama .
Esta es una obligación que – en lenguaje olvidado – emerge de la “naturaleza de la cosa”. En realidad, lo exige la naturaleza de un orden social en el que todo hombre pueda ser libre en todas las esferas de la vida, gozar del producto de su trabajo, y gozar de aquéllos bienes sin los cuales la libertad y la igualdad son imposibles o carecen de sentido.
Esta obligación, como se ha dicho, emerge de la naturaleza del orden que se pretende constituir. Este orden entre nosotros ha sido consagrado por la Constitución Nacional de 1853-1860. Por lo tanto tiene que ser convertida en obligación jurídica por medio de leyes, y organismos adecuados. La base para calcular la prestación de la contribución territorial tiene que ser el valor de mercado del suelo – rural y urbano – sin consideración a las mejoras que sus propietarios hayan construido o construyan en el futuro sobre él.
La recaudación de la renta fundiaria no es un impuesto. Es una obligación que pesa sobre el propietario, fundada en la ocupación de cierta parte del territorio cuyo dominio eminente corresponde a la comunidad local, al estado federado si existe y a la nación como unidad política del Estado. Salvando las diferencias, es semejante a la obligación que por causa de la mera asociación debe el consorcista de un consorcio inmobiliario al conjunto para que la administración haga frente a los gastos comunes. Este tipo de obligación, como se comprende, precede a todo reglamento.
Del mismo modo la obligación de pagar al Estado por parte de quien ocupa una parcela del territorio de un país precede a las leyes positivas. Estas solo deben reglamentar el monto de la prestación, la forma de pago y demás detalles necesarios para posibilitar y efectivizar su cumplimiento. Se trata de una se trata de la obligación moral de restituir a la comunidad aquel valor que resulta del desarrollo comunitario y que fue a parar a manos del propietario del suelo por causa del sistema instituido para ejercer la propiedad.
El impuesto es algo por completo diferente. Como su nombre lo denota debe ser conceptualizado como una confiscación. Es decir como un acto de fuerza del poder político que, mediante una ley, permite al Estado apropiarse de lo que originariamente es de los particulares. La tierra nunca es cosa originaria del particular, porque es lo dado al hombre Lo que es originario del particular es el fruto del trabajo y, desde luego, de aquella parte del fruto que ahorrado es reinsertado al circuito productivo como inversión de capital. La actividad económica puede ser objeto de imposición con fines muy justificados, legalmente aprobados pero con carácter de excepción. De lo contrario, la economía asociada de hombres libres en pie de igualdad no es posible.

Sobre la propiedad de la renta del suelo
El mayor valor del espacio, según el lugar del país y según la época que se considere, no es hechura de su ocupante individual, sea propietario, inquilino, arrendatario o usurpador. Es el producto del quehacer social. Toda vez que este mayor valor del espacio se manifiesta como un rédito de la tierra, ha sido denominado renta fundiaria, por Achilles Loria, La Rendita Fundiaria.
Dos aspectos sobresalientes caracterizan la renta fundiaria: a) ella no depende de la actividad de un determinado propietario en particular y b) ella existe en función de la actividad cooperativa de la sociedad como grupo comunitario. Un terreno en el centro de la ciudad no vale un céntimo menos por el hecho de que el propietario nunca haya hecho nada en él; su valor estará dado por la cota de valor de la tierra para la zona en que la parcela se encuentre. A la inversa, todo esfuerzo que haga el propietario, no aumentará su valor rentístico en un solo centavo.
La renta fundiaria se acumula sobre cada parcela integrante del espacio económico bajo la presión de las demandas de la sociedad, la que para satisfacer sus necesidades debe invertir sus fuerzas de trabajo y sus capitales reales sobre aquel espacio. En la ciencia económica fue inicialmente apreciada como una renta diferencial en el sentido de que una misma cantidad de trabajo y capital invertidos sobre dos parcelas distintas de tierra, si dan rendimientos diferentes, la diferencia es propia de la condición de cada parcela (así los fisiócratas franceses y David Ricardo, Principios de economía política).
Esta condición puede derivar de causas endógenas (calidad natural del terreno, como describió Francois Quesnay ) o exógenas, si devienen de su ubicación dentro de un espacio mayor, la cercanía a los mercados y el poblamiento y la obra pública y privada construida a su alrededor, tal como lo señalaron Heinrich von Thünen, Alred Weber, August Lösch, Henry George y, notablemente por separado, Esteban Echeverría en su fragmento La contribución territorial.
Echeverría y nuestro porvenir
Lo expuesto pretende ser un homenaje al “más honrado de las escritores argentinos” al decir de Terry. Pero intentamos algo más.
Primero. Mostrar como la “fuerza de las cosas” preexistentes a la Revolución de Mayo en materia de propiedad del suelo y de recursos del Estado, pese a todas las apariencias, ha prevalecido contra una de las ideas centrales del pensamiento de Echeverría. Al no atenderse su consejo y , en consecuencia, no haber compensado los efectos nocivos del sistema de propiedad de la tierra, urbana y rural, se han corroído las bases de la democracia, impedido el municipio, destruido el sistema Republicano, generado increíbles fracturas en la sociedad , desmoralizado a la población y, como efecto del problema interno, arruinado la posición de la Argentina en el mundo.
Segundo. Señalar que el camino de la recuperación económica, moral, y política argentina pasa por un cambio espiritual, concretado en un nuevo sistema de recursos del Estado. Para que la contribución territorial sea la base del tesoro público y haga posible eliminar el maligno sistema de impuestos vigente que castiga al trabajo, a la inversión real, a la producción y al consumo se requiere una gran transformación espiritual en el pueblo argentino.
El epicentro de esta transformación – tal como lo sostenía Echeverría – está en el orden cultural; pero no solo en la educación. En todas las esferas de la cultura. El desgraciado colapso que hemos descripto al inicio ha sido un llamado de atención que involucra a los educadores sin duda, pero que llega a religiosos, científicos, poetas, literatos y hombre dedicados al arte. La razón de esa responsabilidad es clara: para los hombres que viven en y para la cultura rige el principio “nada humano me es ajeno”. No hay excusa admisible.
Hay que rescatar a la fraternidad . El orden económico humano será cada vez más una mayor división del trabajo fundado en la libertad individual, pero que exige una igualdad de trato para todos sus miembros. Pero esto no basta. Un orden económico humano colapsa si es penetrado por la antipatía de unos contra otros y apenas languidece si solo lo anima el interés material. Para ser la base material de la sociedad debe nutrirse de un espíritu fraterno. Bien sabía de esto Echeverría . Las formas y métodos para llevar adelante esta indispensable transformación espiritual escapan a este trabajo. Hemos dejado señales suficientes para avanzar: un cambio espiritual que impulse las reformas legales que cambien el sistema de recursos del estado y reformas legales que propulsen el cambio espiritual.

Tercero. Hemos pretendido mostrar, finalmente, que en la Argentina vivimos una situación límite, pero de antigua data. No hay fractura entre la era del progreso rutilante y la de la decadencia imparable. Hay una línea de continuidad institucional cuyos efectos son acumulativos. La sociedad argentina es un organismo robusto, pero maltratado por las instituciones criticadas. Éstas no vienen dadas por la naturaleza. Son obra nuestra y solo nosotros podemos cambiarlas. “Un pueblo que no trabaja por mejorar de condición no obedece a la ley de su ser” decía Echeverría.
En tiempos de falsa globalización, ocurre cierto grado de sumisión intelectual. Necesitamos un auténtico pensar nacido de observar nuestra realidad. Es bueno recuperar este otro pensamiento del prócer, al que el lector avisado sabrá actualizar:
“¿Qué nos importan las soluciones de la filosofía y de la política europea que no tiendan al fin que nosotros buscamos? ¿Acaso vivimos en aquel mundo? ¿Sería un buen ministro Guizot sentado en el fuerte de Buenos Aires, ni podría Leroux con toda su facultad metafísica explicar nuestros fenómenos sociales”
Es hora de reconstituir el país, sanar sus males y establecer una democracia social de hombres libres. Necesitamos proseguir la senda aconsejada por Echeverría. Cuando su pensamiento encarne en nuestra realidad institucional le habremos rendido el real homenaje que merece.




I. EN BUSCA DEL TESORO PERDIDO

A. El Problema
La paz social, tesoro para la prosperidad social e individual
La paz social es uno de los más inapreciables tesoros a que debe aspirar toda sociedad humana. Es la base ofrecida por el conjunto a sus miembros para que éstos puedan, a su gusto, realizar sus respectivas vidas.
La paz de la que hablamos es muy distinta del orden sedentario que nos presentan a simple vista las cosas materiales. Por el contrario, por de pronto, cada la sociedad humana ha de ser vista como un ser vivo, como un orden unitario diferenciable de otros, que existe y se mantiene como con vida merced a la constante y entretejida actividad de sus miembros internos. Pero con una sustantiva diferencia de complejidad comparado con cualquier otro ser vivo.
Es verdad que los miembros de la sociedad humana, los individuos, son semejantes entre sí y a los miembros de otros organismos vivos, en cuanto participan por su conformación de las regiones mineral, vegetal y animal que existen en el mundo. Pero hasta ahí, no más, llega la semejanza. Frente a todos los demás miembros de organismos vivos, los seres humanos individuales, son fundamentalmente otra cosa. Cada uno es en su núcleo esencial un singular espíritu. Un individuo único no reducible al conjunto social. Si bien por aquellas semejanzas corporales y vitales tiene parentesco con todo lo que existe, parte del Todo con el cual mantiene estrechas relaciones de dependencia, por su núcleo esencial, la singularidad de su ser espiritual , cada ser humano es un individuo único que solo puede llevar a cabo su propia evolución individual, aportar a la del medio social en que históricamente actúa e intervenir en la del mundo del que participa, mediante el ejercicio de lo específico de su rango esencial: su libertad.
Así como las condiciones de semejanza y las de su propia existencia impulsan al ser humano a diversos grados de sociabilización, la fuerza que demanda su creciente individualización somete al conjunto social al que pertenece a enormes tensiones, a la vez que el mismo las sufre. Las tensiones que se generan son tan necesarias como opuestas. Por un lado, las que provienen de la necesidad de mantener al orden social como unidad, sin cuya existencia la vida del individuo no es factible. Por otro lado, la exigencia de una creciente individualización, fruto manifiesto en desarrollo espiritual. La primera tiende a integrarlo con el todo, comenzando por su propia e inmediata sociedad: su familia, su grupo, su pueblo, su nación, la humanidad, al mismo tiempo que con su habitat local, su territorio, el mundo, la naturaleza. La segunda tiende la progresiva separación de todos esos conjuntos. Estas dos fuerzas actúan de modo constante y las tensiones, conflictos y soluciones que generan se aprecian tanto en la evolución ontogenética de cada individuo como en la evolución filogenética de cada pueblo y nación e incluso – de modo cada vez patente - de la humanidad. Las observamos en la biografía de cada individuo y en la historia de las sociedades. Procesos que fluctúan entre etapas dominadas por el conflicto, en las que se gestan avances o retrocesos, y otras que en el sosiego de la armonía del orden permite gozar de la cosecha si el conflicto engendró buenos frutos.
La paz social tal como la definimos no es posible cuando abundan los enfrentamientos, las disensiones, riñas y pleitos. Las estructuras que sostienen la vida social se tensan al colmo de romperse, por lo común de modo imprevisto, exigiendo la intervención de una fuerza superior que evite la propagación de la ruptura. Muy dudosa es la eficacia de estas intervenciones, contempladas desde el punto de vista de la armonía preferible. Con suerte se restaura el silencio; pero quien acalla el ruido no produce música.
Existe paz social cuando se percibe armonía en la compleja resultante formada por el conjunto de inabarcables actividades que en todo momento despliegan libremente, sin necesidad de concierto previo general, los individuos partícipes de la sociedad. Esta paz es un tesoro y como tal, cosa de enorme valor; pero no a fácil alcance de la mano. Para decirlo con una metáfora, no se lo goza con solo desearlo. Tampoco basta la enérgica la voluntad aplicada a conseguirlo. Si bien el deseo es el principio necesario y la voluntad un medio indispensable, se requiere de algún tipo de mapa, para llegar al sitio del tesoro. El mapa indispensable es el resultado del conocimiento verdadero y de la imaginación creadora.
Para la Argentina, como peculiar nación en el mundo, su mapa para alcanzar su armonía social fue la Constitución de 1853-60. Desde otros puntos de vista, un acuerdo básico de esa clase suele ser llamado “contrato social”. La existencia de la paz activa depende no solo de esos proyectos que condensan ideales, sino, de modo principal, de un orden social real que sea el hábitat colectivo para el pleno desarrollo de todos los individuos que en él habitan. Este ambiente de vida es el verdadero tesoro. La Argentina, pese a las dificultades de la época, lo tuvo no en su plenitud, pero sí en gran medida, desde el último tercio del siglo XIX. Pero, por causas que hemos tratado de exponer en otras partes de este libro, tras un proceso de deterioro manifiesto ya alrededor del primer Centenario1910 de la Revolución de Mayo, la perdió en el tercio final del siglo XX. Es tarea de las actuales generaciones del XXI volverlo a encontrar.
Con este propósito nos debemos orientar por nuestra Constitución originaria iniciada en 1853 y completada en 1860. Ella sirve como un mapa a gran escala, pues contiene los principios formativos del orden para que convenga a nuestro país.
Tales principios formativos integran una unidad inescindible. Constituyen la idea de la sociedad argentina que en los hechos los hombres han de concretar y mantener para un buen curso de su evolución.
De esa Idea derivan múltiples exigencias imposibles de tratar aquí y menos en abstracto. Lo que es necesario decir, es que ella se caracteriza por su polaridad. Esta idea no es algo homogéneo ni contiene varios principios homogéneos, obrando todos en la misma dirección e igual sentido. Se trata en grueso de un haz de principios inseparables que pueden ser imaginados, en primera aproximación, como tres vectores que partiendo de un centro se expanden en direcciones diversas y hasta opuestas. Se trata de los mentados principios de libertad, igualdad y fraternidad.
De cada uno de ellos manan exigencias dirigidas a los individuos en tanto tales y a la sociedad como un conjunto vivo, orgánico, con su propia legalidad. Las exigencias no solo son distintas sino que se orientan en diversas direcciones y sentidos, a tal extremo que en los casos de la vida social real someten a los individuos y a la sociedad a tensiones opuestas. Sin embargo la Idea, a pesar aparecer ante el espíritu del hombre como una como trama de exigencias encontradas , puede mantener la unidad que reclama si los que las perciben encuentran la singular manera de lograr , en cada situación, la adecuada y necesaria articulación de equilibrio entre esas tres fuerzas. Esto solo es posible mediante un trabajo individual y social basado, por un lado, en un recto conocimiento de la realidad material que se presenta como problema y, por el otro en la refinada conciencia de las exigencias de la Idea para que de la soluciones ejecutadas florezca, en los hechos, un buen orden social, lo que habla a las claras de cuánto pesa el desarrollo espiritual.
Hay necesidad de articulación porque la peculiaridad de los hechos de la vida social determina que alguna de las exigencias modifique su intensidad, dirección y sentido, con los cual la de todas las demás variarán, suministrando entonces el conjunto de la Idea como una nueva fuente de los datos ideales a respetar para reformar, si es necesario, parte del orden social de modo que por la reforma se reponga la activa paz social.
Frente a los problemas concretos que se generan en el orden de vida social existente, los hombres de ese momento histórico, apelando a sus facultades espirituales, han de captar las exigencias trinitarias que la idea, primero mediante un trabajo de imaginación, semejante al necesario para llevar a cabo una obra artística. Desde luego que este esfuerzo ha de basarse en otro correlativo, también de naturaleza espiritual: la correcta conceptualización de la realidad mediante el pensar para convertir a la que por el momento es mera imagen en un problema solucionable.
Sobre el cimiento constituido por el conocer mediante el pensar y lo imaginado mediante el sentir, en un tercer esfuerzo espiritual - el acto de voluntad – se pueden poner en existencia decisiones – “soluciones” – aptas para reparar el orden allá donde por alguna razón ha fallado. Estas decisiones son , en amplia mayoría, nuevas pautas para la acción social puestas de manifiesto, bien en nuevos comportamientos llevados a bao sin más ni más , bien normas legales, esto es, jurídicas, puestas en existencias por algún poder o autoridad. Sin embargo hay que tener en cuenta que sólo tras las pautas o normas cumplidas se restablece el orden el perdido.
Los hombres – en especial los dirigentes de una sociedad - tienen que realizar siempre el esfuerzo de conceptualizar la Idea contenida en la Constitución a la hora de tomar decisiones que afecten al orden social. Para ese esfuerzo han de recurrir a las facultades propias de la triple estructura del ser humano: cuerpo, alma y espíritu. De lo expuesto salta a vista cuanto importa la calidad del pensar, del sentir y del querer de quienes tomen las decisiones y de aquellos destinadas a cumplirlas. Esta es la razón por la que con justicia se suele repetir a menudo que todo es una cuestión de “educación”. Aunque esa es una demanda correcta, se equivocan quienes piensan que solo se trata de un proporcionar un mayor grado de instrucción técnica, entendiendo por tal la destreza en el manejo de aparatos ya construidos. Ella debe generar la capacidad crear nuevos aparatos.
Según lo expuesto más arriba, aunque no puede prescindirse del necesario conocimiento técnico, la educación debe tener por objeto el desarrollo cualitativo del espíritu de los individuos en la sociedad y la calidad espiritual de los “aparatos institucionales” en ella creados a través del tiempo. No podemos aquí abordar este descuidado tema; pero sí hemos de anticipar que el espíritu lo cultiva el individuo en la esfera de la cultura de la sociedad y ésta depende en alto grado de su “aparato institucional” . En esta esfera, además de la ciencia y los institutos organizados para mantenerla viva, tiene su lugar el arte en sus variadas manifestaciones, la religión, y la ciencia de lo espiritual. Pero la educación no se basta con esta esfera de la cultura en la que descuella el trabajo individual. Todo lo que en ésta se pueda predicar queda reducido – desde el punto de vista del desarrollo del espíritu - a pura alabanza o sermón si en los otros órdenes de la vida social no se hace lugar a una adecuada exigencia espiritual.
Todos los sermones son flatus vocis si el orden político y el derecho no se forjan sobre la base de una igualdad de trato o si el orden económico fomenta el resquemor, cuando no el odio, en lugar de dar entrada a la calidez de la fraternidad. Mucho se repite que la base material de la economía moderna es la división del trabajo. Pero no se habla tanto que ella es inconcebible sin la cooperación entre los agentes de la producción y del consumo. En verdad en la sociedad contemporánea, en el ámbito de la economía , sustancialmente todos trabajamos para los demás , con el palpable beneficio – como contrapartida - que de hecho todos vivimos del trabajo ajeno. ¿Cómo sostener en pie semejante intrincada malla de actividad cooperativa sin un mínimum de sentimiento fraternal, aunque la más de las veces solo sea puesto en existencia de manera inconciente? En la medida que más conciente se sea en una sociedad de este rasgo de la economía humana, de mejor calidad será no solo su economía sino todo su orden social. Con el fin de subrayar la importancia de este fenómeno humano, hay que reconocer que el orden económico ha de constituirse de tal manera que sea escuela de fraternidad. En los hechos, lamentablemente, se la configurado como escuela de odio.

En el plano inmediato inferior a la Constitución están las leyes especificadoras. Merecen ese nombre porque tratan de especificar la Idea contenida en la Constitución para ordenar alguna de las esferas de la vida social; en especial el orden cultural, el orden político y el orden económico. Son las leyes que reglamentan los principios, garantías y derechos reconocidos en la Constitución originaria: art.14, 17 y 19 de la Constitución. Los que no pueden ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio (Art.28 CN) .
Al dictarse las leyes especificadoras se pueden cometer errores, por causa de falsos conocimientos o la presión de intereses sectoriales o particulares. Alberdi temía más que a ninguna otra cosa a este tipo de errores, cometidos involuntariamente o de propósito al momento de legislar sobre la economía nacional. Por esa causa, con la mayor premura, apenas aprobada la Constitución originaria, escribió en 1854 su libro Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853. En él estampó una clara y fuerte advertencia que tiene hoy más actualidad que nunca. Escribió Alberdi:
“Es muy fácil que el legislador y el publicista, según la escuela en que reciban su instrucción, se desvíen de la Constitución y alteren sus principios y miras económicas, sin pensarlo ni desearlo, con solo adoptar principios opuestos en las leyes y reglamentos orgánicos que se dieren para poner la Constitución en ejercicio”
Gran parte de lo que Alberdi temía fue lo que ocurrió, según se podrá apreciar gracias al esquema que más abajo presentamos.
La cuestión económica en el mundo actual
Este trabajo apunta de manera sustantiva a tratar del orden económico como cimiento del contrato social. Corresponde en primer lugar tratar de explicar el carácter de cimiento o fundamento que en la sociedad contemporánea tiene la economía. ¿Es verdad que la economía es el fundamento del contrato social de la sociedad contemporánea? ¿Significa esto, entonces, que han de ser los economistas quienes deben echar sus cimientos ya que, se supone, dominan la ciencia de la economía? ¿Es admisible, en ese caso, que para proyectar un nuevo contrato social argentino se convoque en primer lugar a los juristas? ¿Entonces la iniciativa para diseñar un contrato social corresponde más bien a los hombres de derecho que a los economistas? ¿Qué profundas cuestiones ignoradas en los programas de los estudios superiores laten debajo de estas preguntas?
No se reconoce el papel fundamental de la economía en la sociedad contemporánea en toda su plenitud, si se piensa que ella tiene importancia porque poseyendo el hombre un cuerpo animal, siempre ha regido y rige el principio primum vivere. La necesidad de alimentarse, vestirse y protegerse del medio le impone al hombre, como a todo organismo vivo, como condición de vida, el de atender sus necesidades materiales. ¿Qué hay de nuevo entonces en la actualidad? Desde este punto de vista, nada. Pero esta perspectiva importa desconocer los grandiosos efectos transformadores del hombre en el mundo. Desconocer que su condición espiritual resultan la ciencia, la técnica, la organización política y el derecho. Los hombres de hoy no bregan para satisfacer sus necesidades materiales primarias, aunque millones de ellos aun no las tengan del todo satisfechas. Invocando su dignidad humana – que no tiene raíz animal sino espiritual – bregan en todas partes por un mejor “nivel de vida”. Esto es una cosa muy distinta al primum vivere.
Los animales se esfuerzan y hasta llegan a matarse entre sí por obtener el alimento que sacie su hambre. Pero nunca lo harán de consuno para “mejorar el nivel de vida”. Incluso, a nivel del hombre, solo en los últimos siglos, bastante después de la revolución industrial y política de los siglos XVII y XVIII, cada vez más la cuestión de un nivel de vida como merecimiento para todos los miembros de la sociedad humana, es algo que acaba de pasar a primer plano. Como no podía ser de otra manera lo hizo junto con la cuestión de la justicia social. Dos problemas de naturaleza opuesta – uno material y otro espiritual (las cosas que aseguran el bienestar y su justa distribución), se unen funcionalmente en un solo campo de fuerzas.
Derecho y economía en el mundo actual
A partir de estas nuevas exigencias sociales el derecho y economía en el mundo actual ya no pueden andar cada uno por su lado. De la forma que el orden económico adopte, será posible cierto orden jurídico. Del ordenamiento legal que se establezca, depende la forma que tendrá el orden económico.
Sin embargo aún hoy creen los gobiernos, y la mayoría de la gente, que es posible tratar a la economía y al derecho positivo como esferas independientes. Pretenden asignarles funciones diferentes al sentido profundo que uno y otro tienen, ignorando la inextricable relación que hoy las une, sin perjuicio de sus sendas autonomías. Algunos pretenden usar al derecho como una herramienta para modelar la economía a su gusto, para así “elevar el nivel de vida del pueblo”. El efecto es catastrófico pues, usando al derecho como “herramienta”, el nivel de vida económico decae al miserable estado que existía antes de la revolución industrial y aún al de épocas primitivas.
Para colmo, por el uso impropio del poder legislativo que todo gobierno supone , la sociedad y sus miembros pierden uno de los mas notables productos de la civilización humana: el derecho. Y también se daña a la esfera de vida cultural, pues en este estado de cosas la libertad, que siempre es cosa principal para los individuos, se esfuma. En una carrera por conseguir la más perfecta igualdad, una nueva y fuerte desigualdad emerge: la que media entre los dueños del aparato político y los sometidos a él. Puede parecer que la sociedad está en paz; pero no es una paz activa – metabólica - sino sedentaria, catabólica. La pormenorizada reglamentación, la restricción en sus más variados aspectos de los impulsos que alientan la iniciativa personal, la que suele rematar en procesos de represión sistemática, va contra el secular progreso del género humano.
Hay, por el contrario, otros que también creen posible tratar al derecho y la economía como esferas independientes, aunque son lo opuesto a los que acabamos de describir. Son aquellos que sostienen que la economía social, sólo en la medida que se desarrolle independiente del derecho positivado por el Estado aumenta su rendimiento, la que, aun sin propósito , produce la elevación del nivel de vida general. Desde luego no lo hace de modo parejo. Esto último se explicaría porque no todos tenemos las mismas condiciones ni igual disposición para el trabajo y el ahorro. El efecto de este tipo de experiencias, aunque de distinto contenido, ha sido y puede ser tan catastrófico como el anterior.
Por cierto que para algunas personas, en ocasiones para amplios sectores, el nivel de vida se ha elevado en el último siglo en grado notable; pero a la par legiones de miserables aparecen excluidos de tales beneficios. Esta exclusión sistemática no puede explicarse por las “diferencias” entre los individuos. La economía (y no solo la economía) aparece en este caso cercada y amenazada por una nueva clase de bárbaros dispuestos a destruirlo todo. En cuanto al derecho positivo, en este caso, adquiere un seco y triste rostro. Despojado de su función ordenadora en vista a la justicia, que es su esencia, queda reducido a tratar estallido de “conflictos parciales” y a organizar la “contención”, si se puede, y a legitimar “represión” cuando es necesaria. También en este caso se pierden dos preciosas conquistas de la civilización: a) el recurso de un orden económico cooperativo, fundado en la división del trabajo, gracias al cual cada uno puede vivir de su propio esfuerzo y b) se degrada también la utilidad del orden jurídico, pues el derecho positivo que ha de manifestarlo deja de ser la instancia ante la cual deba rendir cuentas todo abuso de poder.
La sociedad, un organismo integrado por órdenes de vida
Lograr un delicado ensamble entre la economía y el derecho – esferas que en la actualidad no se pueden tratar por separadas - es el más importante problema científico de las ciencias sociales en la actualidad . Para afrontar este problema conviene considerar a cada sociedad humana nacional como un organismo vivo ubicado en el vasto cosmos del Universo en vecindad de otras sociedades semejantes. En diversas ocasiones he expuesto en forma grafica la posición en el mundo real de la economía y el derecho – vistos como sendos órdenes vitales – vinculados con otras esferas de la vida humana, como el orden político y el orden cultural. En su conjunto esos cuatro órdenes conforman el orden social humano. Este orden social cuaternario no flota en el aire sino que está vinculado con la doble realidad del Universo.
Todo individuo es un tenso arco tendido entre el mundo material y el espiritual. La sociedad humana ha de constituirse – y de hecho así se constituye más allá de las diversas formas que adopte – ajustándose a esa condición humana. El conjunto social debe configurarse y funcionar como un gran puente tendido entre el universo material y el universo espiritual para que - transitándolo - cada individuo pueda realizar su destino . En lo bajo, fundamento o cimiento del edificio social, los hombres configuran el orden económico, intermediario entre los individuos y la base material del mundo: la Tierra. En lo alto, forman el orden cultural , sitio en el que la materia es convertida en la más fina expresión directa del espíritu. Esfera social intermediaria entre el individuo y el Mundo Espiritual . Gracias a ella los efectos el Universo espiritual del descienden desde lo alto y penetran a los otros órdenes de vida social espiritualizándolos.
Como la cultura, como el agua, se derrama de arriba hacia abajo, en los miembros de las clases más cultas de la sociedad, existe una irrenunciable responsabilidad en la constitución de un orden social más espiritual, sea cual fuere el puesto que de hecho ocupen o la actividad que desempeñen.
Así describimos a la sociedad humana nacional como una comunidad materialmente basada en un orden vital fundamental – el económico – y alineada por un orden superior – el cultural - desde el cual desciende el influjo espiritual que confiere cariz humano al orden social. Entre ambos, a un mismo nivel, autónomos, separados, pero tan estrechamente vinculados que algunos lo confunden con uno solo –deben ser ubicados el orden político y el orden jurídico. El profundo sentido del primero es el de formar el gobierno que todo conjunto orgánico demanda para mantenerse como tal. De éste recibe el orden jurídico la fuerza sin el cual no es efectivo el derecho positivo que debe ser su manifestación material. Pero la forma esencial del derecho – entendido como orden jurídico – es la que transforma a la mera fuerza política en fuerza jurídica, sin la cual no hay derecho. Esta forma esencial dimana de la naturaleza y el sentido del orden jurídico .
Rol subsidiario pero central del derecho positivo
Tiene así el derecho positivo un papel subsidiario, pero central en el orden social . Su tarea consiste en subsanar y suplir las fallas de orden que se presentan en cada uno de los órdenes de la vida social de modo inevitable por la complejidad de los negocios humanos. Cumple su función cuando determina cómo se debe conformar el gobierno político para que alcance el rango de Estado de Derecho; pero en esa tarea respetará las estructuras ontológicas del orden político que sustenten tal Estado.
También cumple su función, determinando en forma afinada las condiciones que deben cumplir los factores de producción para que exista una economía cooperativa de hombres libres cuyos esfuerzos sean coordinados por mercados no perturbados por los múltiples intereses y poderes que asechan para afectar a la libre concurrencia.
Tiene también el derecho la tarea determinar y afinar el sistema monetario, integrado por puros valores de obligación, los títulos significativos del poder adquisitivo fundado en el trabajo y la inversión de capital real.
Finalmente, también es función del derecho positivo determinar afinadamente la obligación de los miembros de la sociedad para formar el tesoro con el cual el gobierno pueda ofrecer los bienes públicos que toda sociedad demanda y ordenar las formas políticas y administrativas de la economía pública para que se conforme una democracia republicana concurrente con una sociedad económicamente guiada por órdenes de mercado en libre concurrencia.
Quien hable con sinceridad debe admitir que muchas de nuestras crisis y consecuentes rupturas del contrato social argentino, se han debido a conceptos errados. Erróneo conocimiento, oculto bajo una “ignorancia diplomada” en nuestras altas casas de estudio. Por distintas causas, el conocimiento superior oficial ha estado y está por debajo del nivel que exigían y exigen las circunstancias . Esto constituye un muy grave problema, pues los hombres actuamos – a diferencia de los animales – guiados por conocimientos a los que estimamos verdaderos. En consecuencia nuestra vida individual y la de nuestra sociedad peligran, si los conocimientos dominantes son insuficientes o errados.
Con el propósito de mejorar ese saber sobre la constitución efectiva de nuestra sociedad, que sirva de base a reformas capaces de recobrar el tesoro de una paz activa, presento las reflexiones que siguen, producto de la experiencia y una observación de la realidad hecha sin prejuicios. No pretendo poseer la última palabra. Parafraseando a Rudolf Steiner repito aquí la declaración con la que suelo comenzar mis cursos: “No deben creer lo que digo; pero si pensar en lo que les digo”

B. Propuesta de un nuevo esquema cognoscitivo
Necesidad de un nuevo esquema conceptual
Por lo visto en la primera parte, como hemos mostrado en otros trabajos, la crisis argentina del 2001 no es de carácter cíclico, sino una de las tantas causadas por alguna deformación estructural. Sin embargo los diagnósticos más frecuentes, aunque se trate de aquellos que comparten la idea de la existencia de fallas estructurales, no son satisfactorios. En materia de política, economía y derecho, mucho de lo escrito por los autores de moda es inadecuado para resolver nuestros problemas. Hay en la naturaleza del hombre y la sociedad humana elementos y fuerzas permanentes, cuyo conocimiento exige compenetrarse con un tipo de pensamiento clásico. Esta clase de pensamiento es raro que figure entre los best seller, alcancen ese rango por su venta en librerías o su cita en el mundo académico contemporáneo. Para esta tarea lo más nuevo no siempre es lo mejor. La regla de oro es ésta: la información y la literatura son herramientas para resolver un problema, lo que exige el previo reconocimiento del problema y luego el ejercicio del pensamiento propio. De lo contrario, aunque no se lo quiera, la información y la literatura inadecuadas tapan el problema y en su lugar generan falsos problemas (problemas sobre el discurso) que son discusiones estériles. Este tipo de discusión, sin embargo, no deja de afectar a la vida social por el principio del “deslizamiento hacia abajo de la cultura”. Dada la autoridad diplomada que gozan los enredados en esas discusiones, la gente común y no tan común, enmudece ante problemas legales y económicos, porque no entiende de lo que se habla, aunque de lo que se habla es de su más alto interés privado y público. Tal ignorancia general conspira contra el valor de la democracia y puede llegar a convertir a esta forma política en un anti-valor.
Tanto en derecho como en economía se suele buscar el saber estimado necesario para nuestro país en países ajenos a nuestra realidad. Países que, desde luego, son notables por su potencialidad económica y política, pero que han sido construidos sobre bases muy distintas a las nuestras. Se actúa como si lo social humano fuera idéntico a la materia física, que no sabe de fronteras ni de historias, y de modo ligero se tiene a esos países como Meca del saber . Se adquiere de prestado un conocimiento que ignora las graves deformaciones intelectuales existentes en aquellos lugares y no registra la estructura de nuestros particulares problemas. Se produce así una importación de un conocimiento que se convierte en un anti-valor. En lugar de habilitar a la gente a solucionar sus problemas de orden, constituye un foco séptico de falsos problemas.
Pareciera que hacemos una propuesta dilemática. ¿Cómo reconocer el problema si antes no he estudiado alguna teoría que me permita reconocerlo? Se olvida que en materia del hombre y su sociedad el conocimiento se logra a la manera antigua de asaltar una fortaleza. Hay que rodearla tantas veces como sea menester hasta que las trompetas de Jericó, (que para este caso es el pensamiento propio) derrumbe las paredes que ocultan al problema e iluminen sobre la solución por todos comprensible. Si se quiere la democracia sinceramente.
Un nuevo esquema conceptual: el triángulo estructural
Los conceptos gráficos son muy útiles para la tarea que nos proponemos, pues no solo ahorran palabras, evitan malas interpretaciones sino que, además, estimulan en el lector nuevas ideas. En varias ocasiones los he recomendado de modo expreso a los investigadores . Consecuente con este método expositivo en otro trabajo he adelantado algunos conceptos gráficos sobre la relativa posición de los órdenes económico, político, jurídico cultural en la más amplia realidad del mundo y de sus relaciones entre sí. Asimismo he presentado gráficos de carácter conceptual sobre el papel central del derecho en el establecimiento de esas esferas de vida, en particular en el político y el económico. Finalmente dada la importancia del fenómeno del poder en las relaciones humanas, sin cuya consideración no son comprensibles muchos comportamientos sociales, he tratado de presentar gráficamente aspectos de ese fenómeno . Desde cierto punto de vista podría decirse que con esos conceptos ya forjados, bastaría para conformar la base conceptual necesaria para meditar acerca de cómo recomponer el contrato social argentino. Sin embargo, tratándose de reemplazar un paradigma por otro, es necesario ser más tajante en su presentación sintética y en la exposición de algunos ejemplos de la vida real que demuestren su utilidad.
Denominaré mi esquema conceptual con el nombre de “triángulo estructural”. Este triángulo no está formado por elementos heterogéneos sino por elementos homogéneos: por tres sistemas de estructuras jurídico-económicas bien definidas: A) El sistema de acceso a la tierra y del destino de la renta fundiaria; B) El sistema monetario y bancario y C) El sistema de recursos para el Estado. En el esquema se le asigna el rol que le corresponde al derecho positivo, dictado – claro está – para poner en ejercicio a la Constitución de 1853-60. En forma grafica el paradigma se representa de esta manera:

Sistema de acceso al suelo y destino de la renta fundiaria (Sistema A)
La designación del “Sistema de acceso al suelo y del destino de la renta fundiaria” con la letra A es intencional, porque ese sistema es el “alfa” del orden social, si se tiene al orden económico como el cimiento de la vida social y con ello condicionante de los órdenes político, cultural y social. Esta afirmación no es una claudicación materialista sino el reconocimiento de la importancia que en la realidad actual se le asigna a la economía. Es una visión realista como ha de ser toda contemplación que aspire a construir un saber de rango científico. Sobre la importancia y el rol de lo espiritual ya nos hemos expedido.
En toda la historia de las sociedades humanas, las decisiones tomadas respecto a quiénes pueden acceder al uso del suelo, al modo que pueden hacerlo, a los requisitos que deben cumplir, etc. y las tomadas – correlativa, pero independientemente - respecto del trato que ha de depararse a la renta fundiaria, ha condicionado no solo la forma del orden económico sino todas las otras formas de vida que se dan en la sociedad .
Tanto el sistema monetario y bancario como el sistema de recursos para el Estado pueden modelarse a gusto del poder político, mediante disposiciones del gobierno, no importa del sistema político de que se trate. Esto suele hacer creer que son independientes del sistema de acceso a la tierra y de la distribución de la renta del suelo. En la mayoría de estos casos se actúa así para soslayar o aminorar los efectos que produce un inadecuado sistema de acceso a la tierra y las injusticias que provoca el régimen legal al distribuir la renta fundiaria. La historia mundial y la nuestra propia, esta plagada de intentos de esa clase, con resultados catabólicos para la sociedad. Los reiterados ejemplos de leyes congelando los alquileres o manipulando precios donde podría operar la libre concurrencia, son típicos casos de esa torpe creencia.
Puede suceder también (en especial en países cuyo derecho no tiene como fuente el derecho romano de propiedad, como es el caso de los países escandinavos) que por debajo de una legislación en apariencia desordenada y oscura, en la práctica, el derecho para acceder a la tierra sea bastante igualitario o que la renta del suelo no vaya obscenamente a los bolsillos de los particulares. En estos casos el orden económico resulta muy estable con una pareja estabilidad en el orden político y jurídico.
Pero aquellos países cuyo Sistema A torne muy difícil para los individuos acceder al suelo , cuando éstos tienen que vivir de su trabajo personal o que la ley tolere como negocio lícito obtener ganancias sin trabajar ni invertir capital real , el orden social vive en crónico estertor bordeando constantemente el colapso. Basta estudiar con objetividad la historia de la antigua Roma, cuya vida se caracterizó por las guerras civiles y la expansión imperialista para poder sostenerse internamente .
La posibilidad de gozar para sí la renta del suelo producido por la labor de la comunidad, se llama en inglés unearned increment, expresión muy apropiada pero difícil de traducir en su profundo sentido, pues si bien literalmente significa “incremento no ganado”, en verdad seria más justo traducirla como “apropiación indebida de ganancias ajenas”.
Cuando el Sistema A impera, la sociedad tiende de inmediato a dividirse en dos clases: explotadores y explotados (patricios y plebeyos en la república de la Antigua Roma). No ocurre así cuando ese sistema se organiza sobre otras bases, como las dispuestas en las leyes mosaicas (Levítico 25) . A medida que el sistema perdura a aquellas dos clases iniciales se suma una tercera: la de los excluidos, que se presentan con muy distintas vestiduras o roles en la sociedad. Pueden ser los “proletarios” en la Roma del Imperio, los “aventureros” en la Edad media, o los “sin tierra” , “ñoquis”, “subsidiados” o “emigrados” en nuestro país.
Pirenne en la obra citada describe un tipo de gente abundante en la Europa feudal del siglo XII que, inevitablemente, se genera cuando por causa del Sistema A escasea la tierra:
“Gentes sin tierra, son gentes que no tienen nada que perder, y gente que no tienen nada que perder, pueden ganarlo todo. Gentes sin tierra son gentes aventureras, que solo cuentan consigo mismas y a quienes nada estorba. Son también personas instruidas y de recursos, que han visto países, que conocen lenguas y costumbres diversas y a quienes la pobreza hace ingeniosas” (op. cit. p. 154).
Los “sin tierra” no necesariamente se reducen a pobres campesinos, como suelen creer los de corta visión. Basta visitar una antigua mansión construida para un par de familias a comienzos del siglo XX y que en la actualidad se ha transformado en “hotel” en el que se alojan 100 o 150 personas, pagando un alquiler diario. No es sorprendente que muchos de ellos sean “instruidas” y no carentes de recursos. Es, con todo, un sector “afortunado”, comparado con los homeless que duermen en los umbrales. En tales sociedades hay gente “inadaptada” que suelen encolerizarse contra todo y contra todos. Escribió un gran reformados de fin de siglo XIX:
“¿De dónde vendrán los nuevos bárbaros? ¿Pasad por los barrios miserables de las grandes ciudades, y desde ahora podréis ver sus hordas amontonadas! ¿Cómo morirá la ciencia? ¡Los hombres dejaran de leer y con los libros encenderán hogueras o los convertirán en cartuchos” Henry George, Progreso y Miseria (1879).
No cuesta gran esfuerzo ver como esas “hordas” pueden ser calmadas y mutar en “clientes” de algún político con recursos e incluso de un gobierno (así, los “populistas”) , obtenidos casi con seguridad de las arcas estatales o de la cartera de alguno que se beneficia con ellas.
Duele en el alma escuchar de gente ilustrada – cuando se le habla sobre la importancia económica de la tierra – afirmar que la tierra tenía ese valor en épocas anteriores a la Revolución Industrial o solo la tiene relativamente, para la producción agraria; creen que por la tecnología moderna ella ha perdido su antigua importancia. Resulta entristecedor ver como personas cultas no advierten que justo por la tecnología y el desarrollo, la tierra es económicamente miles de veces más importante hoy que en el pasado. La isla de Manhattan fue comprada a los aborígenes por 24 dólares. ¿Cuanto vale hoy el pie cuadrado en esa isla en la actualidad?
Efectos del Sistema A sobre con el sistema monetario (Sistema B)
Cuando el núcleo central del Sistema A otorga a los particulares en su condición de primeros ocupantes del territorio del país, la posibilidad de ser titulares del derecho de propiedad sobre una parcela de tierra y ese derecho incluye, además, como ocurre en el nuestro, el de apropiarse el mayor valor que la tierra tiene por el desarrollo de la comunidad o la región en que está ubicada, las parcelas pueden ser negociadas en el mercado como si fueran “mercaderías”. Se falsea la realidad porque reciben por ley el trato que solo conviene a los valores de producción; esto es, las cosas materiales producidas por el hombre. Este mercadeo con fracciones de tierra da lugar a un negocio legalmente lícito, moralmente cuestionable y económicamente destructivo de la armonía social. Es el punto de arranque de varias y crecientes roturas del contrato social.
A este negocio – considerado “el mejor del mundo” – se lo conoce como “especulación en tierras”. El nombre es correcto, pero no revela de modo claro cómo, entre otras cosas, ese negocio que suele ser corriente en las economías de mercado, mina no solo a la sociedad sino al sistema monetario, o sea al Sistema B. Se verían mejor las cosas si se lo llamara “especulación con títulos inmobiliarios”.
Todos saben que los requisitos para adquirir una fracción de tierra son el título y el modo. El primero es la escritura pública, el segundo es la posesión. Pero pocos reparan que ese título es efectivamente un “ítulo” en el sentido financiero del término. En efecto él puede funcionar en el mundo de los negocios reales como cualquier otro título de crédito (cheques, pagarés, bonos, etc.) incluyendo moneda nacional y divisas. Quien deba una suma de dinero, habiendo acuerdo con su acreedor, puede pagar la suma adeudada con esos “títulos”. Por ejemplo algunos deudores pagan con una variedad de título. Parte paga en pesos moneda nacional, parte en dólares, parte en un bono del tesoro, parte con un pagaré, parte con un cheque contra terceros y parte “transfiriendo” por escritura publica su “título” de propiedad sobre una fracción de terreno.
Aquí no hay que detenerse en menudencias o caracterizaciones formales de la dogmática jurídica. Lo que importa es el carácter o rol económico que puede cumplir legalmente ese título de propiedad. Además de asegurar el derecho al uso del predio (que constituye su recto sentido), tiene la condición de “ser un valor” semejante a la moneda. En el ejemplo dado más arriba, por el acuerdo entre partes, el título de propiedad funcionó como moneda. Con el valor adquirido por la parcela significado en el título de propiedad, el deudor canceló la deuda. La escritura pública y el valor que representa no es un valor de producción (una mercadería producida ) sino un valor de obligación; esto es un crédito que otorga a su poseedor o titular un poder adquisitivo. Tal cual lo hace la moneda.
Ahora vayamos a un ejemplo práctico extraído de la historia argentina. Uno de los miles que ocurridos a partir de la Organización Nacional y que, sin cesar siguen ocurriendo a diario en nuestros días.
“En Morón un molinero emprendedor, M. de la Roche, compro en 1855 una fracción de tierra de 30 hectáreas por el precio de $ 16,000. Luego trato con la compañía de ferrocarril para que la vía férrea pasara por su propiedad, ofreciéndoles una concesión a perpetuidad de 3 hectáreas – espacio para la estación – y la tierra ocupada por los rieles. Luego de la inauguración de la línea hasta Morón, dividió las 26 hectáreas restantes en lotes para la construcción y los vendió en remate. Varias hectáreas se vendieron en $100.000 cada una y algunos lotes “rindieron” hasta $2.000 por metro cuadrado

No poseemos los datos de la operación completa; pero se puede conjeturar sin gran error que las 26 hectáreas se han vendido a una media del 80% de las que se vendieron en 100.000. En tal caso el ingreso por la venta del total habría sido de unos $ 2,080.000, con una “inversión” de capital en billetes de solo $ 16,000. El unearned increment por la adquisición y transferencia de esos “títulos” alcanzaría la friolera, mas o menos, de $2,000.000 de pesos. ¿A que factor se debió ese incremento? A la llegada a ese lugar del ferrocarril Oeste y la construcción de la Estación por la misma compañía, financiada con recursos de la comunidad. Pero esto nos lleva a muy importantes preguntas, cuyas respuestas pueden revelar el “misterio argentino”.
¿Quién pagaría esa fabulosa ganancia del avisado loteador? Calculando unos 50 lotes por cuadra deben haber sido un millar de trabajadores quienes pagaron con el fruto de su trabajo (salarios) el precio del terreno al propietario que se los vendió. Su fin lógico del trabajador, el más corriente de la época, habrá sido construir la casa propia. ¿Sin embargo alcanzaron a tener con esa compra la vivienda? ¡Qué va! Con la compra apenas iniciaron un camino de sacrificios, sin que no todos pudieran alcanzar la soñada meta. Los aun descampados campos salpicados de casas a medio construir que rodean a Buenos Aires lo prueban.
¿Y el emprendedor molinero? Pues éste se hizo millonario y seguramente debió haber abierto una compañía financiera para prestar dinero – al módico interés de un 10% anual – para que los trabajadores pudieran construir su casa. O quizás, si era tan sagaz como parece haberlo sido, habrá repetido una y otra vez negocios en “títulos inmobiliarios” de esa clase multiplicando geométricamente su fortuna.
De ninguna manera fue un caso aislado. Fue el mayor negocio durante toda una época; la que se inicio con la Organización nacional y estaba aún en su plenitud en el Centenario. Dice un francés que registró ese año de esplendor para unos y de miseria para otros:
“Una minoría inteligente se agita en el Jockey Club y el círculo del Progreso, en Florida y Plaza de Mayo, en todos los centros de la actividad nacional, como un Argos de cien ojos y como un Briareo de cien brazos. Esa minoría tiene puesta la mirada en las buenas ocasiones de compra venta de tierras” .
Ahora estamos en condiciones de preguntarnos por el sistema monetario. Cuando en los textos del conocimiento dogmático tratan del sistema monetario se habla de muchas cosas, menos de la influencia que sobre él tiene la apropiación por los particulares el aumento del valor de la tierra . El efecto es claro y se aprecia repasando lo dicho al comienzo y el ejemplo de Morón. Si los “títulos de propiedad” del suelo funcionan como títulos con poder adquisitivo, como la moneda corriente, y por causa del Sistema A su valor es “inflado”, toda medida que se tome respecto del sistema monetario para evitar la inflación, no podrá impedir que ésta se produzca. En un sistema en que la tierra es negociable en el mercado y la renta del suelo es embolsada por los propietarios, todo “boom” inmobiliario no solo anticipa la inflación sino que la produce. El sistema A obra como una bomba que inyecta “títulos” en el circulante.
La moneda debiera ser el metro del valor de las cosas. Pero establecida la estructura del Sistema A , tal como rige en la actualidad, no es posible mantener un sistema monetario estable. Así lo acredita la historia de la moneda argentina.
Esta historia debiera ser mejor conocida y estudiada con mucho mas al detalle a la luz de lo que acabamos de explicar. Si no se lo hace así, las iniciales trampas legales del propio Estado (como la no convertibilidad en los 1930) no tienen otra explicación que el desvarío o la “corrupción de los políticos”. Tales explicaciones no satisfacen al teórico exigente y aparta la atención del foco séptico crónico que significa el escamoteo de riqueza por obra de la especulación con la tierra.
Es deber social de los intelectuales y los políticos amantes de la democracia republicana despertar la conciencia ciudadana sobre la importancia de la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda y – a la vez – de su vinculación con la apropiación de ganancias no ganadas. Este conocimiento general es indispensable para que la democracia deje de ser clientelística y, en cambio, sea un instrumento para la recta transformación social. Hay que hacer un esfuerzo para esclarecer lo que se requiere hacer para gozar del beneficio social que significa contar con una moneda que permita hacer el cálculo económico a productores y consumidores .
Nuestro sistema monetario ha andado el sistema monetario desde la misma Organización nacional. Se alternaron etapas de “inflación reprimida” (mediante contención de precios y salarios), seguidas por bruscas “revelaciones” de la real desvalorización (en 1959, de un dólar sujeto a unos 70 pesos, un salto a los 160; en 1966, de un dólar contenido en los 160, un salto a los 330 pesos, para citar algunos casos), matizada esta accidentada marcha por alguna “hiperinflación” de diverso grado en los años 1975, 1984, 1989, 1990. En la breva etapa que corre de 1975 a 1989 (catorce años), el índice de los precios al consumidor (registro de la desvalorización de la moneda), es terrorífico: en números redondos, de un índice 334 en 1975 se llega al índice 545.517.630 en 1989 . La ya desvalorizada moneda argentina desde 1945, en menos de tres lustros – de 1975 a 1989 - fue prácticamente arrasada. Resulta imposible leer en números su degradación si la pusiéramos en decimales.
Esta desvalorización reconoce su origen – persistente – en la estructura del Sistema A; pero esos “accidentes” fueron siempre el efecto directo de medidas de gobiernos usando, por supuesto, instrumentos legales. Ante esta degradación de la moneda debe recordarse siempre la frase estampada por Elías Canetti en su obra Masa y poder: “En un país en que su moneda no vale nada, su gente no vale nada”.
La cuestión consiste entonces en hacer que la vida de los argentinos valga. Valga la pena de ser vivida. No se lo lograra con “paliativos” sino que se requieren reformas de estructuras; mucho más en el orden económico básico (en el “triángulo estructural”), que en los procesos económico que se generan a partir él.

Efectos del Sistema A sobre Sistema C (Sistema de recursos del Estado)
Desde el momento en que por el Sistema A los particulares pueden embolsarse para sí el valor del suelo, el Estado renuncia a esa fuente de recursos. Esto es lo que ocurre en nuestro país. En la Republica Argentina esta renuncia por parte de los gobiernos fue la renuncia a los ideales de la Revolución de Mayo para ordenar la economía. Y a partir de ésta renuncia, la de toda la sociedad argentina a concretar los ideales liberales originarios. Ideales que no solo fueron pensados sino en gran parte institucionalizados en la breve lapso de 1813 a 1826. Fue el caso de la libertad de vientres (liberación de la fuerza de trabajo), de la libertad de comercio y – pese a su explicable fracaso – el de la ley de enfiteusis de 1826 .
Se puede, desde luego, renunciar a recuperar para la sociedad lo que es fruto del desarrollo de la sociedad, esto es, a la renta fundiaria. Pero el gobierno primero y el Estado después, no pueden mantenerse ni por poco tiempo, si no cuentan con recursos financieros suficientes. En principio para sostenerse en pie como organización; pero mucho más para sostenerse como una estructura republicana de fundamento democrático. Pues no bastará al Estado contemporáneo que se mantenga como los antiguos reinos medievales, ni como los formados en los primeros siglos de la Edad moderna, pues el actual tiene a su cargo el suministro de variados, complejos e importantes bienes públicos, los que, no son gratuitos. De alguna parte ha de obtener los recursos, con arreglo del espíritu y condiciones de la época.
Cuando la republica Argentina comienza su Organización Nacional, por el espíritu del tiempo y por el profundo sentido político de su existencia, revelado en Mayo de 1810, muchos de los tradicionales recursos de que se valieron los Estados de otras épocas, quedaban excluidos. Así la esclavitud, la trata de esclavos, la servidumbre, el botín de guerra, etc. Apenas se conservó del pasado y por razones circunstanciales la concesión de “patentes de corso”. Sin embargo, mantuvo uno tan viejo como los impuestos. Aunque hay muchas razones para explicar esta decisión – unas aceptables, otras no – de hecho fue un retroceso en la ruta del progreso liberal originario.
Renunciando a la mas justa de las fuentes, la mas adecuada a la era liberal, democrática, científica, industrial y favorecedora de los trabajadores, como es la recuperación para la sociedad lo que es de la sociedad - el mayor valor del suelo - , se vio obligado a apelar a una de las antiguallas de la humanidad: los impuestos. Sin percatarse que con ese sistema de recursos minaba los cimientos del hermoso contrato social diseñado en la Constitución nacional.
Esta afirmación exige tener un concepto claro sobre qué cosa es el impuesto. No puede ni debe aceptarse la corriente definición – por completo vulgar – según la cual es el dinero que el gobierno necesita para afrontar los gastos de su mantención y para ofrecer los bienes públicos que todos reclaman. Esta definición, hecha desde la perspectiva del “gasto” enmascara lo que en realidad es el impuesto Por más vuelta que se le dé, explicaciones y justificaciones que se ofrezcan, el impuesto es ante todo la apropiación del Estado contra lo que es propiedad privada de los particulares.
Los barones ingleses en 1215 habían sufrido en carne propia exacciones del poder real sobre sus patrimonios, y para prevenirlas le hicieron suscribir al Rey Juan Sin Tierra la Carta Magna. En este famoso documento se sentó el germen de un principio jurídico-económico de gran valor, pero que tuvo el efecto negativo de introducir en la conciencia social contemporánea una errada convicción. Que los impuestos – siempre un apoderamiento del poder publico de riqueza de propiedad privada – no solo eran legales, sino que alcanzaban a ser legítimos, si se cumplía con el principio “no taxation without representation”.
Con este concepto se llegó a la convicción que la democracia representativa tendría un poder superior al que soñaran tener los alquimistas. Estos se hubieran contentado si hubieran podido conseguir una fuerza capaz de transformar cualquier sustancia en oro. No lo consiguieron. Pero los pueblos modernos creen haber conseguido algo muy superior a la “piedra filosofal”. Mediante la democracia, cualquier acto de poder apoyado con suficiente cantidad de votos – siempre que se cumplan los requisitos formales preestablecidos, será un acto legítimo.
Este es un grueso error, como lo prueba el manoseo de la moneda y los absurdos impuestos. Por buena y necesaria que sea la democracia, ese poder no lo tiene. Porque la legitimidad de las cosas y los actos y la autoridad de las personas no provienen del poder político ni del derecho positivo. Una votación, en la cual se cumplan todos los requisitos formales preestablecidos, hecha mediante impecables representantes o directamente por los integrantes del cuerpo electoral, no puede otorgar ni quitar calidad de obra genial a la 9ª sinfonía de Bethhoven; ni convertir en conducta moralmente buena en una mala. Sin embargo esta imposibilidad fáctica no ha impedido que los gobiernos arbitrariamente. La historia prueba que el poder político no visualiza campo alguno que escape a su tentación para modelar los comportamientos sociales por la fuerza o mediante el derecho. Mucho menos para auto limitarse en la obtención de los recursos que juzga necesarios para mantenerse y actuar. Precisamente esta falta de auto limitación del poder gubernamental exigió y exige crear sistemas altamente complejos para evitar la siempre amenazante arbitrariedad de los gobiernos, en especial en el campo de los recursos y del gasto.
Si el ordenamiento legal que organiza los recursos del gobierno en todos sus niveles (municipal, provincial y nacional) no autoriza (por designio o como consecuencia del resto del ordenamiento legal) a formar el tesoro público recaudando el creciente valor del suelo, los gobiernos procuraran hacerse de esos fondos por otras vías. Por variadas que estas vías fueren, ellas serán siempre una apropiación de parte de la riqueza de los particulares, pues el único fondo público por naturaleza es el valor de la tierra.
En los años iniciales de la Organización nacional los ingresos del gobierno provenían sustancialmente de los impuestos a la exportación. Dadas las condiciones externas de la época y la baratura de la producción exportable argentina, los impuestos a la exportación lo pagaban los compradores foráneos. Este seria el principal ingreso al tesoro público durante las primeras décadas, caracterizada por el bajo precio de la tierra argentina comparada con la europea y los elevados salarios que podían percibir aquí los trabajadores de allá. Una cupla de fuerzas que atraería hacia el país una de las corrientes migratorias más grandes de esos años, solo comparable con la que poblaba – por semejantes razones – a los Estados Unidos de Norteamérica.
Conviene recordar aquí que, por causa de estos impuestos, mediante una reforma constitucional contra el espíritu de la Constitución de 1860, que muy pocos conocen a fondo, la nación despojó a las provincias de ese ingreso, con lo cual se introdujo otro motor destructivo del contrato social argentino. El federalismo económico comenzó a decaer desde entonces hasta reducirse hoy a una áspera y no siempre limpia disputa de las provincias en el reparto de los fondos nacionales entre la Nación, que se lleva la parte del león, y el magro saldo que se reparte entre 23 provincias. Esta degradación del sistema federal de recursos se llama hoy “ley de coparticipación”, prevista en la reforma de 1994, pero que aun no ha sido dictada.
Como se dijo era posible recurrir de modo principal a los impuestos a la exportación por los bajos costos de la producción, la gran demanda internacional y la capacidad de pago de los compradores. En precios relativos la Argentina era endiabladamente competitiva. Pero las fluctuaciones del mercado internacional afectaban a este recurso de la nación y debía complementarlo con otros. El más frecuente fue el pedir prestado, lo que en lenguaje menos claro pero más técnico se llama tomar “empréstitos” en el exterior o dentro del país. Estas políticas fueron y siguen siendo generadores de grandes deudas, internas y externas, las que han acompañado a la Argentina como la sombra al cuerpo. Gran parte de las deudas internas han sido canceladas arbitrariamente, declarando el Estado su voluntad de no respetarlas. También ha recurrido a ese expediente confesando el gobierno estar en quiebra; es decir – como se usa en el lenguaje internacional – declarase en estado de cesación de pagos, como lo hizo en el 2001.
Después de la guerra 1914-1918 el mundo con el cual comerciaba la Argentina cambió por completo. Después de esa (“guerra total”, con su secuela de millones de muertos e inválidos y gigantesca destrucción de bienes materiales, quedo como peor saldo un espíritu belicoso en la cabeza de los gobernantes y de los pueblos. Por empezar se destrozo el orden económico internacional que había comenzado a desarrollarse tras las guerras napoleónicas (1815) para culminar en todo el siglo XIX.
El espíritu belicoso posterior a la guerra 1914-18 culminaría en la guerra 1939-1945. Ese espíritu se manifestó en la economía como una generalización del principio de la autarquía económica en cada una de las naciones en guerra. Este principio para implementarse exige que el Gobierno asuma la dirección central de la economía nacional. Esto y la muerte del librecambio internacional del siglo XIX son dos caras de la misma moneda.
Para la Argentina significo una fuerte reducción del mercado externo y, de modo parejo, una merma en su principal fuente de recursos del Estado: los impuestos a las exportaciones. La tan mencionada crisis de 1930 fue justo el llamado de atención de los hechos – siempre crueles cuando no son escuchados – para volver a los principios de Mayo, retomar el proyecto de Roque Sáenz Peña y poner en marcha la reforma pendiente: hacer de la renta de la tierra la base del tesoro del Estado en sus tres niveles: municipal, provincial y nacional. Esto hubiera abaratado el costo del suelo y permitido continuar de modo firme el proceso de poblamiento del vacío territorio argentino (la Nación tenia a su disposición 10 territorios nacionales). Con seguridad se habría recuperado la corriente inmigratoria que había comenzado a decaer en 1910. Una gigantesca legión de familias perseguidas en una Europa hostil para con sus hijos e inclusos familias norteamericanas agobiadas por la colosal desocupación causada por el crack en los EEUU en los 1930 , se hubieran apresurado a viajar a la Argentina. Un país vacío, capaz de mantenerse neutral ante la guerra en ciernes, se les habría presentado a millones de seres humanos y a inmensos capitales reales como “la tierra prometida”. Si se hubieran tomado en los 1920/30 medidas adecuadas para abaratar la tierra y librare a trabadores e inversores de impuestos expropiadores del fruto de su trabajo e inversión. Pero los gobernantes de la época escribieron otra historia. Se hizo justo lo contrario.
Estrafalarias ideas nacionalistas favorables a la autarquía nacional – como si la Argentina hubiera podido incidir en la balanza de los poderes mundiales – dominaron en el ambiente local. El gobierno conservador hizo lo que se podía esperar de un grupo conservador de base terrateniente: suplemento los recursos del Estado faltantes con la ley de “impuesto a los réditos” dando origen al expoliador sistema actual, creo un Banco Central para manipular a la moneda como “instrumento” de políticas económicas y creo organizaciones estatales para intervenir en la economía social. También mantuvo una firme vigilancia del gasto público y los aumentos salariales, lo cual parece sano, pero de hecho actuó como un generador de las presiones sociales que estallarían en 1945 bajo el soplo alentador de la dictadura militar que se estableciera en 1943. Se hizo de todo; pero la cuestión fundamental – el reordenamiento del destino de la renta del suelo - permaneció soterrada.
La decisión estuvo tomada a favor del Sistema A. Se decidió surtir el tesoro público con la riqueza propiedad de los particulares, pero esta vez no de los extranjeros, sino de los nacionales. Para ello se uso del poder político constituido sobre la base de una previa gran exclusión de votantes (fraude patriótico). Este nuevo gobierno carente de base democrática dispuso crear impuestos que tuvieran como principales hechos imponibles al trabajo, los intereses del capital, la producción, el comercio y el consumo. Este sistema no solo frenó a la actividad productiva y tornó raquítico al mercado nacional, sino que distorsionó por completo los procesos económicos de producción y frenó de cuajo la natural corriente inmigratoria de los 1860. En toda la década de los 1930-40 cundió en las autoridades un fuerte recelo contra los que querían vivir en la Argentina.
Cuando la renta del suelo sigue siendo el principal negocio económico, las actividades preferidas son las bancarias y financieras. No se ha destacado lo suficiente la causa del gran desarrollo del Banco Hipotecario Nacional y la “célula hipotecaria”, supuesto inteligente instrumento para que haya dinero avalado por “títulos públicos” sólidos y casas para la gente. Esa es la teoría.
Tales afirmaciones encierran solo algo de verdad y por lo tanto son globalmente falsas. No revelan que tanto el Banco como la famosa “célula” eran negocios posibles solo en un sistema con la apropiación de la renta fundiaria por los particulares. Se encarece el valor del suelo por las nuevas construcciones, con lo que lo alejan de los trabajadores necesitados de vivienda. Los loteos aparecen por doquier. ¿Quién, aun hoy, no quiere transformar, mediante un loteo, a un par de hectáreas sitas alrededor de la Capital Federal u otra gran ciudad, o cercana a alguna nueva autopista, su “mina de oro”?
La ley 13.512 de propiedad Horizontal revivió al viejo “derecho de superficie medieval”, dando paso a los “loteos de aire”, con lo cual la especulación urbana se dispara constantemente, hasta que por causa del “boom inmobiliario” estalla la correspondiente pompa de jabón, dejando el tendal de empresas y compradores arruinados. Y así hasta un nuevo comenzar, animado el nuevo impulso de la demanda por el crecimiento de la población y la multiplicación de las actividades.
De hecho como sucedió en la época del molinero de Morón, los loteos aparecieron como hongos después de la lluvia, en especial luego de dictada la ley 14.005, que permite pagar el precio del lote en 144 cuotas. Lo que no siempre aparecieron fueron las casas; hay vestigios del intento (casas a medio construir), pero lo que quedo del experimento son miles de lotes vacíos con propietarios ausentes. Manzanas enteras, de pastizales salpicadas con algunas casas. Esos terrenos son la codiciada presa de “usurpadores” organizados. Los “intrusos”, “invasores, “usurpadores” y “okupas”, distintos grupos de los que forman la gran legión de los “sin tierra” en la Argentina.
Iniciado ese camino, la carencia de recursos del Estado es crónica. Cada día se dictan leyes para cobrar impuestos cada vez mas disparatados. Son casos propios del museo de las “curiosidades impositivas”. Así, por ejemplo, se obligó (en los 1990) a pagar un impuesto a los propietarios de automotores para aumentar el sueldo de los maestros; o se creo el “temporario” impuesto al cheque, vigente desde hace años; se retienen las ganancias de los productores agropecuarios, o se obliga a pagar una suma de dinero a los consumidores de energía eléctrica de Buenos Aires para solventar los gastos de una de las provincias con mas recursos naturales y menos gente, como es la de Santa Cruz.
Hay que mencionar, expresamente, el caso de las empresas privadas monopólicas de servicios públicos usadas como “agentes recaudadoras de impuestos”. Dotadas de la formidable arma de poder cortar los servicios por falta de pago de la factura (que incluye juntos la deuda a la empresa y el impuesto debido al Estado) aniquila toda posibilidad defensa del usuario o consumidor. Para colmo se ha establecido una fuerte alianza entre las empresas monopólicas y el Estado. Éste no puede ejercer una efectiva defensa del ciudadano contra los codiciosos intereses de los monopolios y éstos consiguen acuerdos “de gabinete” de distinta clase con el Estado, pues le brinda el nada menor servicio de ser los “publicanos” de hoy. Los efectos públicos se aprecian en la paupérrima calidad de los servicios que prestan. De hecho tras estas alianzas de recíprocos servicios, poco valen para la gente los Entes Reguladores y las Defensorías del Consumidor. En este sistema no hay ciudadanos; solo restan súbditos. No se puede exhibir mayor quiebre del contrato social.
En pocas palabras, se ha estructurado un Sistema de Recursos del Estado enemigo del trabajo, la producción, el comercio y el consumo, de escasa efectividad financiera y poderoso destructor del orden social democrático republicano.
En cuanto a la población en general – en tanto ciudadanos políticos – ha convalidado ese sistema de recursos del Estado, sin advertir que es la causa de su deterioro personal y la ruina de su país. La explicación de esta inepcia es sencilla. Pese a la gran especulación con el suelo en los tiempos iniciales, es decir las primeras décadas siguientes a la Organización nacional, la tierra rural y urbana era suficientemente barata como para que los inmigrantes, con algunos años de trabajo pudieran comprar su campito para la actividad rural o el terrenito para la casa propia. Logros fuera de toda expectativa en sus países de origen.
De esa manera se generó una conciencia social muy respetuosa del sistema de propiedad vigente, hecho comprensible pues los perjudicados no hubieran entendido sus fallas ni ninguna persona culta se las hubiera podido explicar, mientras que en los hechos y por el momento podían hacer en nuestro país lo que ni siquiera podían soñar en el suyo. Se forjó así una cultura favorable la pequeña propiedad de la tierra, rural y urbana, coincidente con el ánimo humano general de apropiarse de la tierra y los intereses del pequeño grupo de 300 familias que describe Jacinto Oddone en su libro La burguesía terrateniente argentina, poseedora de las mejoras tierras del país. El tránsito para pasar de ser una familia sin tierra a ser propietaria - al menos hasta la llegada del Centenario - no era largo y podía ese ínterin ser cubierto con el sistema de la locación.
La pacífica relación inicial comenzó a resquebrajarse con hechos como la huelga de inquilinos en la Capital (1907) y rebeliones agrarias, como la conocida como el Grito de Alcorta (1912). Sin embargo aquella cultura quedó como dominante y los pocos proyectos de reforma agraria que fueron apareciendo abrevaban en fuentes no solo contrarias a la economía de mercado (llamada burdamente “capitalismo”) y a los principios liberales de la Constitución Nacional, sino que su punto de arranque era otro. No era la cooperación económica sino la lucha de clases.
De estos proyectos se diferenciaron los pequeños núcleos informados en el pensamiento de Henry George, alentadores del “impuesto único”. Pero fue un grupo tan empeñoso como reducido, abatido por la tormenta política desatada a partir de los 1930. No obstante esos grupos incidieron en el pensamiento y obra de hombres como el presidente Roque Saenz Peña (1912) , el diputado nacional radical Carlos Rodríguez (1919) y en el gobernador de Córdoba el radical Amadeo Sabatini (1932-1936).

Otros efectos de la privatización de la renta del suelo
Aunque no corresponde tratar dentro del “triangulo estructural” todos los efectos que sobre el orden social provoca nuestro Sistema A, es necesario agregar algunas consideraciones que servirán para medir sus consecuencias en nuestra situación actual. Este breve inventario servirá, además, para mostrar la inexorable necesidad de un pronta reforma , como así también subrayar que los diversos paliativos inventados para mitigar sus efectos solo agravan el mal.
La tierra como caja de ahorro
Hay un efecto de feed back muy negativo. ¿Qué hacen los que poseen importantes sumas de dinero y presienten, por cualquier síntoma, que puede desencadenarse una inflación que desvalorice su capital dinerario? Unos pueden comprar divisas extranjeras, manteniéndolas en sus casas o remitiéndolas al exterior. Pero muchos han aprendido una lección de la vida que conocen los agentes inmobiliarios e ignoran los diplomados en economía: la mejor “caja de ahorro” son los ladrillos. Es una metáfora, porque las casas exigen mantenimiento, envejecen, se deterioran y, además, el Estado, verdadero disparate, cobra impuestos por lo edificado. Por eso “ladrillos” quiere decir “tierra”. Cuando los poseedores de dinero nacional reciben señales de posible inflación, invierten comprando tierras. No la necesitan, pero es su “caja de ahorro” y de casi seguro lucro en el futuro.
¿Qué efecto produce esa corrida hacia los títulos de propiedad, a los que la Bolsa de Valores ni el INDEC prestan atención? Pues sencillamente aumenta los precios del suelo y con ello la profecía se cumple inevitablemente. Porque, en principio, quiérase o no, todas las cosas que se producen mediante la actividad económica, son esencialmente “tierra” transformada. Desde las hortalizas hasta esta PC que estoy usando, pasando por las ondas hertzianas que alquilo para usar la banda de mi correo electrónico. Todo eso y mucho más, como el mar y el subsuelo, es, económicamente, tierra.
En segundo lugar, ninguna actividad, no solo la económica, sino cualquier otra de la vida humana , es imposible cumplirla sin tener acceso a la tierra. El edificio del despacho donde estoy escribiendo, el puesto del canillita que vende sus periódicos en la calle, una planta industrial o una línea aérea, la necesidad de vestir, alimentarse y respirar , son simples ejemplos que muestran una cosa tan sencilla como profunda. Sin tierra no es posible la vida humana, individual y colectiva. . Sin embargo esta profunda y elemental verdad no es una verdad viva en la conciencia la mayoría de la gente. Paradójicamente se trata, muchas veces, de las mismas personas que tienen el más vivo sentimiento y la más elevada sensibilidad por asuntos que se refieran al “territorio” de la Argentina. Una verdadera paradoja social: la mayoría de los carentes de tierra para vivir en condiciones dignas no titubearían un momento en tomar las armas para luchar por el “territorio patrio”. La historia reciente lo acredita. La dicotomía es evidente: el territorio es sentido como algo sagrado para la patria, algo que hace a su existencia misma, lo cual, sin duda, es verdad. Pero, curiosamente, no la misma gente no tiene igual sentimiento respecto a la importancia vital de la tierra para la vida del individuo, de su familia y de la sociedad como habitat de las personas. Son los efectos de una cultura distorsiva que trata como cosas distintas al territorio y a la tierra. Desde luego que a los especialistas puede convenir una diferente conceptualización; pero cuando se trata del constituir una democracia republicana hay que contar con un concepto que supere las distorsiones que la especialización demanda. Sobre este punto ver el caso ejemplar que se narra en el Anexo de este capítulo.
La constante influencia del incremento del valor del suelo
La influencia del valor de la tierra en los precios no opera cada tanto, es decir en ocasión de compraventa de tierra (con o sin construcciones). Lo hace de un modo fluido y constante a través de dos vías principales. Una, es el precio de los alquileres, la otra es el revalúo que hace el propietario hace los cálculos para su propia actividad económica.
En el primer caso, la elevación de los precios del alquiler, incrementa los costos cuando se alquila para producir cosas y servicios. Quien lo paga trata de trasladarlo al consumidor de los bienes que produce o los servicios que presta. Puede trasladarlos cuando no hay tierras libres ni abundancia de locales y viviendas. La tierra administrada según el Sistema A con apropiación por el dueño del mayor valor del suelo, es una oferta inelástica y la posición del propietario se parece al del oferente en un mercado monopólico. En materia de alquileres las alzas suelen ser devastadoras para el comercio, la industria y también para las familias. Las inmobiliarias – midiendo el fenómeno por sus comisiones – consideran a estos aumentos como síntomas de prosperidad, cuando en verdad solo lo es en apariencia y en las etapas iniciales de un ciclo. Con el aumento del alquiler (castigado además el inquilino por el sistema de impuestos), todo nuevo pequeño y mediano emprendimiento bordea el colapso, tiene corta vida y su destino es la quiebra Esto es particularmente desmoralizante para la juventud y para quienes cuentan como único recurso con su habilidad y capacidad para trabajar.
El segundo caso es efecto de las cuentas que hace el propietario para calcular el coste de los productos y servicios que brinda. Esto es muy visible en las corrientes quejas de quienes se dedican a la actividad agraria. Contablemente vistos los números, actualizan su contabilidad según el aumento del valor de los terrenos dedicados a la industria o el comercio o el de las hectáreas dedicadas a la industria agraria. . A la luz de éstos números los ingresos son tan magros que suele pensarse que así “no vale la pena trabajar”. Para aumentar sus rendimientos se puja por el alza de precios. Tratan de trasladar el “mayor valor de la tierra” (que es un crédito y no una cosa ) al consumidor. Pero ello no siempre es posible, en especial en mercados competitivos.
Son sin cuento las fábricas o comercios que han cerrado sus puertas para vender el terreno. El mayor valor de la tierra acumulado en años, hace que rinda más ganancia la fábrica cerrada – sin tener que lidiar con impuestos y leyes laborales – que manteniéndola en producción. Aunque lo que produzca tenga gran demanda en el mercado. El mundo al revés .
Régimen del suelo y la ruina de la familia
El aumento crónico del alquiler de la vivienda familiar produce los más deletéreos efectos en los individuos y en el alma colectiva de la sociedad. El aumento del alquiler devora gran parte del ingreso familiar, lo deteriora a tal grado que acaba por destruir, no solo a las familias concretas, sino la mismísima institución social que recibe ese nombre. Falta un estudio serio que muestre con datos cuanto incide en el creciente fenómeno de sustitución del matrimonio por el estado “vivir en pareja” la cuestión del costo del suelo. Hace falta saber empíricamente cuánto incide este efecto en el derrumbe de matrimonios constituidos con la mayor alegría y esperanza.
La célula madre de la familia es el matrimonio y dicho está que “el casado casa quiere”. El devorador alquiler y la imposibilidad de poseer la casa propia, es una de las causa principales por las que el matrimonio ha dejado de ser un sacramento social. “La pareja líquida”, aventaja por varios cuerpos al “matrimonio hasta que la muerte nos separe”. Con los crónicos aumentos de los alquileres no hay más recurso que mudarse a una vivienda de menor tamaño y calidad. Si el alquiler sigue aumentando cuando los ingresos bajan, en gran parte por impuestos al trabajo y al consumo, la familia inquilina luego de pasar por algún “hotel” (antes llamados conventillos), terminará , con suerte, en alguna villa miseria y si no debajo de algún puente o directamente en la plaza pública. Para conjeturarlo no es necesario recurrir a estadísticas. Basta con recorrer las ciudades. ¿Pueden las nuevas generaciones nacidas y criadas bajo esas apremiantes condiciones mantener el mismo concepto de familia y de matrimonio que fuera cimiento de nuestra sociedad?
¿Y que decir de la educación de los hijos? No hablemos de los padres que están por debajo de la línea de pobreza, objeto de mayor difusión, sino de los que están bastante arriba por encima de ella. Nos referimos a familias en las que el presupuesto mensual alcanza porque la madre y el padre trabajan afuera. Es decir que no atienden a los hijos como su calidad de progenitores demanda. En la mayoría de estos casos de los niños se encarga, de la mañana a la noche , “la muchacha”. Esta “muchacha” suele provenir generalmente de hogares formados por personas que viven “por debajo de la línea de pobreza”. Esta “solución” familiar para la educación de los hijos no es asunto menor para la salud de una sociedad. No siempre, pero este contemporáneo tipo de “cultura familiar”, reconoce su origen en el alto costo de la vivienda y los bajos salarios de los padres.

Colofón
En la Argentina, desde hace más de un siglo, se señala de manera constante que nuestros problemas sociales tienen varias causas, pero entre ellas y de modo principal son las derivadas de las vicisitudes que padece el “tesoro público”. Las sufre bien por el déficit presupuestario, bien por el negativo balance de pagos, bien por el endeudamiento excesivo, bien por el contumaz comportamiento de los contribuyentes que se resisten a entregar lo que por ley están obligados a pagar.
Parte de todo esto es verdad. Pero solo lo es desde una perspectiva técnica y chata. Desde un punto de vista mas elevado, hay que decir que hemos perdido un tesoro mucho mayor. Hemos perdido la posibilidad de desplegar todas nuestras energía individuales en actividades más productivas, para malgastarlas en disputas políticas o, incluso, para aplicarlas en el exterior.
Por muchas causas, pero sobre todo por ignorar las fallas estructurales básicas descriptas, causadas por leyes supuestamente dictadas para poner en ejercicio nuestra bella Constitución de 1853-60. Hemos perdido el mayor de los tesoros de una sociedad humana: la paz social interior. Su rasgo sobresaliente es, por cierto, el aumento de la criminalidad cotidiana y la inseguridad. Pero la tensión conflictiva se aprecia a diario y en todas las relaciones de la vida.
Los mass media tienen una gran responsabilidad en ésto; pero no porque difundan noticias sobre la violencia existente e inviertan en programas de mal gusto, sino por no tener la voluntad y el coraje de dedicar la libertad de prensa que deben ejercer, en analizar las raíces de la violencia generalizada. Pero, hay que advertir los mass media solo son parcialmente responsables. El resto de la responsabilidad le cabe a los hombres cultos, quienes al no ocuparse de tan grave cuestión, dejan sin adecuada fuente de información a los medios de comunicación.
Para recuperar la paz interior de la sociedad no bastan las acusaciones, los reproches ni los lamentos; ni con ser tolerantes y caritativos, ni con embarcarnos en debates ideológicos y discursear a favor de la vigencia de los derechos humanos. Hay que revelar y declarar sin cesar que primer derecho que ha de gozar todo ser humano venido a este mundo, es el derecho existencial de acceder al suelo. Si los bebés pudieran hablar al abrir los ojos, tendrían derecho a hacer esta primera pregunta fundamental a sus padres: ¿Cuál es el trozo de tierra que me corresponde en este mundo al que me han traído y con qué facilidad puedo acceder a ella?
Esta pregunta no la harán, por supuesto, los bebes. Pero los padres la deben pensar, como representantes de los niños que traen a este mundo. Para formularla a conciencia y dar una respuesta con efecto social, debemos aplicar todas nuestras energías hasta forjar un conocimiento claro y verdadero sobre las fallas estructurales existentes en la base de nuestro orden social. La misma causa que impide dar una respuesta clara a la posible pregunta que todo recién nacido, es la que ha frustrado nuestro portentoso arranque inicial como nación y nos ha colocado en el ranking mundial en un rango que nadie se puede explicar .
Nuestro trabajo, como otros de este libro, tratan de develar el “misterio argentino” desde una perspectiva poco frecuente, pero muy necesaria. Quien lea lo expuesto con atención y sin prejuicios, descubrirá en la realidad de la vida cotidiana, como la profunda raíz de la mayoría de nuestros problemas sociales agita nuestras vidas. Debemos dominar este problema para capacitarnos en la constitución de una efectiva democracia republicana y federal. En otras palabras: es necesario modificar este agujero negro de nuestra cultura para que podamos formalizar un sistema político, legal y económico que permitan a los argentinos proyectar al país a la altura que prometió nuestra Constitución originaria.

ANEXO CAPITULO III
Durante un Seminario sostenido en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, cuatro expositores de primera línea expusieron sus puntos de vista acerca de los problemas que obstaculizaban la constitución de una democracia republicana y del federalismo en la Argentina del 2007. Todos dieron sus buenas razones; pero ninguno de ellos se hizo cargo de la cuestión del acceso al suelo por parte de sus habitantes y del destino del mayor valor de la tierra para afrontar el gasto público nacional y provincial. Al hacer el resumen de las exposiciones, dejé constancia de esta falencia, atribuyéndola a una falla del orden cultural . Uno de los exponentes – diplomado en economía – acusó el impacto calificando de “anacrónica” mi observación. Considero una autentica “nuestra de laboratorio” del estado actual de nuestra cultura la queja y la contestación que supe dar a ella No corresponde revelar el nombre de los actores, pues no se trata de una cuestión subjetiva sino de un mal general.
Carta del expositor
Estimado amigo Sandler,
Lamento no poder acompañarles en las nuevas reuniones programadas, porque tengo una agenda cargada en esta época del año.
Es molesto hacerlo por este medio, pero debo aclarar que no he tocado el tema de la tierra porque me parece anacrónico (1).
La agricultura moderna es muy exigente en capital y tecnología y estos faltantes no pueden ser provistos por un agricultor pobre (2).
En muchísimas regiones del país el problema es el minifundio, y el valor venal de la tierra es relativamente bajo (3).
Hago estas aclaraciones porque no acepto ser incluido en un grupo de gente que despreciaría la cuestión (4).
Simplemente es un asunto que ustedes encaran con poco conocimiento económico moderno (5).
Cordiales saludos
Observaciones contenidas en la respuesta dada a la carta
(1) ¿Cómo puede considerarse “anacrónico” a un tema que forma parte de la vida misma? Semejante afirmación significaría que el permanente problema de cómo acceder los seres humanos al suelo en un pie de igualdad (en la doble dimensión: legal y económica) estaría resuelto. ¿Por qué existen por doquier entonces los “okupas”, “las villas miserias”, los “homeless” en las ciudades, a la vez que subsisten los “desiertos” en el interior del país? ¿No son, acaso, estos asuntos “problemas de hoy”? ¿No tienen nada que ver con el sistema legal de acceso a la tierra?
(2) Es muy fácil darse cuenta que incurre usted en un error tan corriente como dominante. Esto es , considerar que el “tema de la tierra” se restringe, tan solo , a la industria agrícola, como si al resto de la actividad industrial, comercial y de la vida ciudadana le fuera un tema ajeno. Esto carece de sentido, pues no hay actividad humana que no deba contar con el suelo, o mejor dicho, con la “naturaleza
(3) No es el valor venal bajo un problema que trabe la actividad económica, sino al revés, es el valor venal alto. Esta es la peliaguda cuestión jurídica/económica: ¿Cómo abaratar el suelo para todo el mundo a pesar de su creciente demanda? Y esto no se da en el “campo agrícola” sino en los lugares más preciados de la urbe. Allá donde están los centros neurálgicos de la economía. La cuestión radica justo en saber quien corresponde que sea el beneficiario de ese “valor crediticio”, porque el valor de la tierra no es una “cosa física” producida, sino una “obligación” para el que la quiere a la vez que un “crédito” para quien la posee. No es este una cuestión de la ciencia “económica moderna”, sino de la ciencia del orden social in totum.
(4) En lo que a mi resumen respecta nunca he dicho que quienes no consideran (en el análisis de los problemas de constitución social al problema de la tierra), “lo desprecien”. Me he limitado a observar que en el conocimiento dominante el problema no esta “objetivamente” incorporado en la agenda de investigación. Justo sus observaciones prueban la verdad de lo que sostengo. Su clara afirmación de considerar la cuestión del acceso a la tierra como “cuestión agrícola” solucionable por la “tecnología” y la inversión de “capital” muestra a las claras que usted no la vé como una cuestión de “ordenamiento social”, cuya solución depende del derecho legal que se establezca. Con esto queremos decir que se trata mucho más de un tema de la ciencia política – en el sentido amplio de la palabra – que de la ciencia económica en el estrecho sentido con que actualmente se la enseña y practica. Es obvio que la “materia regulable” son las relaciones de producción y consumo; pero el instrumento moldeador de esa materia sustantiva es, en las sociedades modernas, el derecho positivado por el poder político. Así sucede, prácticamente sin cuestionamientos, p.e. respecto de la economía de mercado y la economía pública. La forma que una y otra tomen proviene – perdón por el aparente pleonasmo - de las leyes legales que la organicen.
(5) Con todo respeto, me parece justo lo contrario. Son ciencias económicas demodé (la jurídica y la política dominantes) – dueñas de la plaza académica y la vida social – pues consideran que la Riqueza es solo fruto del Trabajo más el Capital. Para estos “modernos” científicos la tierra se volatilizó de sus teorías y doctrinas. ¿Qué clase de ciencia es ésta que excluye de la realidad al objeto que la constituye?
Afectuosamente,
HECTOR SANDLER

II. EL ORDEN ECONÓMICO CONSTITUCIONAL

El problema
Intento con estas reflexiones promover la búsqueda de respuestas a preguntas de este tipo: ¿Tolera la Constitución nacional cualquier política económica que lleve adelante el gobierno federal o ella le impone precisas limitaciones? ¿Establece la Constitución nacional algún paradigma que obligue al legislador y a los funcionarios políticos a crear primero y mantener después, mediante leyes y políticas especiales, algún orden económico específico o, en cambio, pueden las autoridades disponer la configuración del orden que estimen más conveniente, según las mudables circunstancias, sus particulares puntos de vista o las apetencias del electorado? ¿En qué medida pueden los jueces ejercer el control de constitucionalidad de los actos del Congreso y del Poder Ejecutivo destinados a ordenar los comportamientos económicos, sin referencia, consciente o inconsciente, a un paradigma de orden económico establecido por la Constitución?
En otras palabras, ¿cuál es la importancia de la Constitución en la configuración y mantenimiento del orden económico argentino?
Pertinencia del asunto
Las respuestas a tales preguntas son de importancia. Vistas las muchas y variadas políticas económicas promovidas y ejecutadas por el poder político de nuestro país, aceptadas en amplia mayoría por los jueces, pareciera que no existe paradigma constitucional alguno en materia económica. Gran variedad de políticas económicas, muchas de las cuales configuraron distintos órdenes económicos, fueron practicadas, siempre, al amparo de una misma Constitución. En este sentido existiría en materia económica una discrecionalidad en favor del poder político que de ninguna manera se aceptaría en otras esferas de la vida social y personal, como, por ejemplo, en el orden jurídico, en el orden político y, sobre todo, en el campo de los derechos humanos. Sin embargo, a pesar de aquella versatilidad que de hecho importa la negación de un paradigma económico obligatorio, pocos estarían dispuestos a aceptar una absoluta discrecionalidad política en el campo de la economía. Apenas se discurre sobre ciertas instituciones, como la propiedad, la libre iniciativa o los recursos del Estado, para sólo dar algunos ejemplos, se sostiene que la Constitución es en estos puntos categórica, en sentido prohibitivo o permisivo. ¿Cómo conciliar tan ardorosa defensa de instituciones, a las que se considera poco menos que sagradas dado su reconocimiento en la Constitución, con la resignación con que se acepta la voluble conducta de los sucesivos gobiernos en su tarea de ordenar la economía?
El pensamiento dominante como problema
Una explicación a esta cuestión puede encontrarse en el tipo de pensamiento dominante. Es un modo de pensar que separa materias y analiza las instituciones desconociendo de modo efectivo la noción de orden. Es un pensar que pasa por alto que las instituciones jurídicas de contenido económico revelan el estrecho entretejido del derecho con la economía, de manera que las instituciones de uno y otro orden sólo son separables analíticamente, hasta cierto punto y tras determinados fines.
La separación de los estudios en económicos jurídicos tiene sentido; pero para limitadas actividades. Para otras, en las que se necesita la destreza del constituyente primero y del legislador después, esa separación es inadecuada. La contemplación del fenómeno social denominado orden jurídico puede ser hecha desde dos puntos de vista que si bien no son antitéticos ofrecen al analista dos imágenes diferentes. Uno es el punto de vista judiciario, o sea el que hay que adoptar para poner fin a un litigio singular. El otro es punto de vista legislativo que, ineludiblemente, se debe adoptar cuando de lo que se trata es restablecer o poner orden en una región del tejido social donde, por diversas causas, el sistema normativo preexistente, jurídico o no, falla o es insuficiente. Los juristas distinguimos estos casos como de lege lata y lege ferenda; pero no siempre se tiene en cuenta cuán diferentes cargas cognoscitivas exige el adoptar una u otra perspectiva.
La mayor parte de nuestros estudios en las facultades de derecho adoptan el punto de vista de la ley dada; las críticas desde un punto de vista lege ferenda son parciales y accidentales. Con el descarte de las teorías tipo derecho natural y las ciencias sociales atendidas en facultades separadas, no existen estudios sistematizados del orden existente y a establecer .
Pero ¿cómo conocer al unísono realidades que la ciencia dominante se ha encargado de separar al extremo que sus practicantes ignoran recíprocamente sus logros y, para colmo, cuando por sus respectivos métodos posiblemente hayan de ignorarse de modo obligado? El conocimiento necesario, en tal caso, sólo es factible mediante la adopción de otras perspectivas y la formalización de una conceptualización adecuada al propósito de conocer de modo unitario lo que antes se conoció por separado. Es aquí donde la noción de orden, de pensar en términos de orden, aparece como el recurso insustituible para entender la realidad social y poder actuar sobre ella . Aquel pensar separatriz ignora que las instituciones jurídicas de contenido económico son lo que son en tanto y en cuanto funcionan en un tipo de orden económico; fuera de ese orden no tienen el mismo sentido, si tienen alguno. Lo mismo acontece con las instituciones económicas jurídicamente reguladas: dan lo que tienen que dar en el marco del orden jurídico en el que se desarrollan. Sin referencia a ese orden, su sentido se desvanece y sus efectos no son predecibles. Muchas instituciones de esa clase y derechos subjetivos, tenidos por iguales, existen en nuestro orden social por trasplante. Creados en diversas épocas y en diferentes sociedades al ser trasplantados adquieren un sentido distinto del que tienen en otros contextos o conexiones de sentido. Este problema, que siempre ha existido, se ha agravado en los días que corren. Se ha vuelto cosa común poner en acción políticas económicas pensadas en y para países que deslumbran por su aparente poderío económico y que por esa razón son aplicadas por gobiernos de países que no lo son tanto. Este modo de actuar supone que el orden social humano es de un solo tipo y su orden económico -base material de la sociedad- idéntico en todos los casos. Tan difundida creencia es, en gran parte, resultado de la uniformidad de la literatura económica, hecho factible por la extrema especialización ocurrida en el campo de las ciencias sociales. El conocimiento de una reducida porción de la realidad gana en profundización lo que renuncia en extensión; en esto consiste la especialización. El producto cognoscitivo resultante puede ser usado en cualquier medio. Ocurre algo semejante al estudio de los puntos de una curva mediante el cálculo diferencial; salvo que en las ciencias sociales carecemos del correlativo cálculo integral que, al final, sea capaz de dar cuenta de la curva, no de la multitud de puntos. Estos conocimientos especializados son desarrollados en universidades con elevado prestigio intelectual, propagado por cursantes de países foráneos y finalmente canonizado por organismos internacionales, dado su poder decisorio en materia de ayudas y créditos tan solicitados por gobiernos en extremo necesitados. Se genera así, por la semejanza del discurso, un nivel de entendimiento entre los integrantes de la clase intelectual que genera la imagen de la existencia de un saber correcto. Imágen que confiere autoridad a los portadores de esta nueva borla frente a estadistas, legisladores, funcionarios, medios masivos de comunicación y la opinión pública en general. Sin embargo, los fracasos de muchas teorías aplicadas al campo práctico, por un lado, como la manifiesta renuencia de los titulares de aquel saber a hacer predicciones verificables, sugieren la conveniencia de poner en cuestión su presunta validez.
En muchas áreas del conocimiento se viene subrayando la importancia de dominar la legalidad intrínseca del sistema global para captar el sentido y funcionalidad de las partes integrantes. En la ciencia económica no es ésta la perspectiva dominante. Varias razones han concurrido para fomentar una especialización que anonada a quien pretende apreciar de un vistazo el todo económico de una sociedad determinada, esto es, su específico orden económico y su intrínseca legalidad. A este obstáculo, de vastas consecuencias prácticas, se le suma otro nada inferior. Es frecuente la confusión en que se incurre identificando instituciones históricas -hechos reales- con las formas primordiales contenidas en esos hechos y con los tipos de orden que en el plano teórico, con esas formas, se pueden construir para conocer la economía positiva en un determinado momento de una sociedad dada. Es cosa de todos los días oír discurrir indiferenciadamente sobre hechos y conceptos como si fuesen la misma clase de objeto de conocimiento . La palabra “capitalismo”, confusa y cargada de emotividad, que induce a valoraciones simpáticas o antipáticas, y, por tanto, no deja ver lo que conviene y configura imágenes entorpecedoras del análisis, abre ancha vía para la construcción del modelo de ese nombre. Este modelo es una cuestionable generalización de hechos históricos singulares, diferentes e irrepetibles, hecha con el propósito de comprender otros fenómenos históricos no menos singulares e irrepetibles. Este modelo fruto de la generalización de hechos históricos, es usado para describir, analizar y pronosticar la evolución de otros órdenes económicos reales formados en un contexto necesariamente diferente. Es corriente identificar el modelo “capitalista” con los variados tipos abstractos de economía de mercado, y viceversa. En toda la obra de EUCKEN se previene contra confusiones de ese tipo. Dice en un pasaje:

“En el capitalismo se veía y se ve más bien la sustancia activa de la economía moderna. Los fenómenos individuales... se consideran como acciones de un ser real: el capitalismo, y su crisis como una decadencia de este ser. Marx y Sombart han contribuido notablemente a difundir esta forma de pensar. En muchos discípulos de Marx y en otros escritores, el capitalismo llega a convertirse en una sustancia personificada o en una persona. Debería observarse que con ello se comete un grave error de lógica: el error de hipóstasis” .

Sobre yerro de tal magnitud se fundan, en gran medida, muchas políticas económicas contemporáneas. Dado este error básico, debiera causar menos asombro que los efectos logrados por tales políticas sean tan lejanos a los prometidos y esperados. Lo mismo ocurre con la palabra “comunismo” -no menos cargada de emotividad- usada para nombrar otro modelo generalizador. Aquí con algunas notas propias de órdenes políticos y económicos históricos, muy diferentes entre sí, se construye el “modelo comunista” para describir, explicar y analizar la evolución de los tipos de economía centralmente dirigida, e incluso aquellas que sin serlo presentan una fuerte intervención estatal. La primera consecuencia de esta funesta dicotomía es el persistente desconocimiento del orden económico positivo tenido en miras, no obstante lo cual los gobiernos -motivados y guiados por la autoridad que provee el saber dominante no titubean en aplicar políticas económicas “de confección” con el fin de mejorarlo. La segunda consecuencia, causada por la primera, es la creciente homogeneización de los problemas a que se ven abocados los hombres comunes y los gobiernos de los países sometidos a tan uniforme tratamiento. Ligeramente se lo atribuye a la globalización de la economía. Es mucho más probable que los agobiantes problemas contemporáneos -miseria, desocupación, hacinamiento, violencia, insurrección, crecimiento del gasto, insaciable exacción impositiva y aumento de la deuda pública- tengan su raíz en esta terrible combinación: un orden económico originariamente enfermo medicamentado con iguales políticas económicas. A partir de cierto estadio, por la acumulación de errores, todos esos órdenes económicos sometidos a tan insensato tratamiento tienden a parecerse; al menos en cuanto a los gemidos de la gente y los lamentos de los gobiernos.
La Constitución como matriz de orden
Un buen intento de evitar que las sociedades sufran los padecimientos que acarrean la discrecionalidad gubernamental en materia económica es la puesta en existencia de una Constitución que contenga los parámetros configurativos de un específico orden económico. Tal es el caso de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica y la nuestra de 1853. Sin embargo, en ninguno de estos dos casos -tomados como ejemplos- la Constitución ha sido suficiente, por sí sola, para asegurar el establecimiento de un específico orden económico, a pesar de haber sido elegido como el más adecuado a la condición humana y, al mismo tiempo, consistente con los demás órdenes normativos constitucionalmente postulados. Conviene señalar en este lugar que, en grueso, el orden económico propiciado por ambas constituciones, fue muy semejante; sin embargo, los órdenes económicos positivos, los efectivamente concretados en ambos países han llegado a ser muy distintos, según se aprecia por sus resultados, para la sociedad en su conjunto y para los individuos que la integran. La diferencia se puede explicar, en una primera aproximación, recordando que toda Constitución afronta el desafío de vencer las resistencias que ofrece el orden económico preconstitucional. Aquí es indispensable el examen integral de los órdenes preexistentes. En segundo lugar, hay que subrayar que la Constitución es un programa de acción y como tal exige un trabajo político para constituir el orden económico por ella postulado; demanda una política económica constituyente, materializada, ampliamente, por leyes y disposiciones jurídicas La política económica constituyente debe ser distinguida de la política económica de coyuntura. Mientras aquélla tiende a realizar el modelo constitucional, éstas tienden a preservarlo de la erosión causada o a causar por el proceso económico que acontece dentro del orden y de los efectos provenientes de las variables circunstancias internas y externas.
Desde luego que una política económica, bajo la apariencia de ser de coyuntura, de hecho puede constituir un orden económico distinto del postulado por la Constitución. Es aquí donde aparece con toda su dimensión la necesidad de contar con una teoría sobre el orden económico propiciado por la Constitución. Sin el desarrollo de una teoría del orden económico de la Constitución, construida en término de órdenes, capaz de dar cuenta de los fundamentos reales e ideales en que se apoya la Constitución, es muy probable que ésta sea desvirtuada, incluso de buena fe o ingenuamente, mediante políticas de coyuntura. Sin tal teoría firmemente desarrollada y compartida por los detentadores de la autoridad y la gente en general, es muy probable que resulte fallida la propia política económica constituyente. Luego de aprobarse una Constitución suele ser necesario, inclusive por sus propias disposiciones, el dictado de leyes que hagan viable, en la práctica, la configuración del modelo constitucional gracias a las cotidianas conductas de funcionarios y hombres comunes. El desvío por causa de esa “legislación orgánica” fue lo que Alberdi más temió desde un comienzo. Con la intención de evitar ese mal, desarrolló una respetable, aunque incompleta, teoría sobre el orden económico constitucional. En ese sentido muchos integrantes de aquella generación y la siguiente, mostraron una percepción de los problemas que planteaba el orden constitucional que no se aprecia en los estudiosos y dirigentes actuales.
Alberdi es tenido, y con razón, como uno de los principales gestores de nuestra Constitución de 1853 y, respecto del tema que nos ocupa, su primer y fundamental intérprete. Dice el ilustre tucumano:
“La Constitución federal argentina contiene un sistema completo de política económica... Esparcidas en varios lugares de la Constitución, sus disposiciones no aparecen allí como piezas de un sistema, sin embargo de que le forman tan completo como no lo presenta tal vez constitución alguna de las conocidas en ambos mundos... Me propongo reunir esas disposiciones en un cuerpo metódico de ciencia... Al legislador, al hombre de Estado, al publicista, al escritor, sólo le toca estudiar los principios económicos adoptados por la Constitución, para tomarlos por guía obligatoria en todos los trabajos de legislación orgánica y reglamentaria... Pero como la economía política es un caos, un litigio interminable y complicado en que no hay dos escuelas que se entiendan... es muy fácil que el legislador y el publicista se desvíen de la Constitución y alteren sus principios... sin pensarlo ni desearlo, con sólo adoptar principios opuestos en las leyes y reglamentos orgánicos que se dieran para poner la Constitución en ejercicio” .
Los temores de Alberdi se vieron confirmados, desde su punto de vista, nada más ni menos que con la aprobación del Código Civil proyectado por Vélez Sársfield. Tan pronto Alberdi tuvo el proyecto en su poder dijo: “Yo no intento ocuparme del Código Civil en sí mismo, sino del espíritu del Código proyectado...” (pág. 801). Dice más adelante:
“Como instrumento de la libertad (que) es la propiedad, se sigue que la propiedad al alcance de todos es realmente la libertad en todos, es la igualdad, es la democracia. Organizando la propiedad, el Código Civil tiene en sus manos los destinos de la democracia moderna. La propiedad no es inviolable si no lo es su fuente natural, a saber: el derecho al trabajo libre”( pág. 921).
Alberdi critica severamente a Vélez Sársfield el haberse inspirado en códigos civiles preparados o dictados en países que han desconocido la democracia en toda su historia. La crítica aún hoy tiene su miga. En la nota al art. 2503 del C. C. Vélez, al tratar de los derechos reales, textualmente dice: “Hemos juzgado que era más conveniente aceptar el derecho puro de los romanos”. Por cierto que no tuvo en cuenta que ese sistema de propiedad aplicado al suelo sumió a la sociedad romana en constantes guerras civiles y acabó por despoblarla. Frente a esto denuncia Alberdi:
“Es un error funesto para la riqueza del país, el creer que el Código Civil nada tenga que ver con la producción y la distribución... La más grande cuestión económica de Sud-América, que es la de su población, está ligada íntimamente con su legislación civil, y casi depende de ella” [p. 109].
Una visión y correlativa preocupación sobre el orden general se ve en los escritos y en la acción de gobierno de hombres como Domingo F. Sarmiento y Nicolás Avellaneda, entre otros .
Los enigmas de la Constitución
Hoy nos encontramos en situación semejante a la que temió Alberdi. Según la mitología griega la esfinge de Tebas cerraba el paso a todo aquel que pretendía entrar en la ciudad, exigiéndole la resolución de un enigma bajo pena de devorarlo. “Descifra el enigma o jamás alcanzarás la tierra prometida”, parecería ser el sentido de aquella fábula. Algo semejante se nos presenta a los argentinos: si no desciframos algunos enigmas contenidos en nuestra Constitución no alcanzaremos el orden prometido en su Preámbulo. Tales enigmas ya los presentaba la Constitución de 1853. Siempre estuvimos necesitados de una teoría del orden económico constitucional; la necesidad creció a partir de la reforma de 1957; pero a partir de la de 1994 el reto se ha vuelto insoslayable. El enigma económico, formulado antes de manera algo velada, hoy se presenta de modo conciso en términos verdaderamente desafiantes. Dice el inc. 19 del art. 75:
“Corresponde al Congreso [...] proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento”.

El mandato constitucional es tan claro como difícil de cumplir: el orden económico a viabilizar mediante el orden jurídico, debe satisfacer -simultáneamente- seis parámetros: desarrollo humano, progreso económico, productividad económica, justicia social, empleo para todos y mantenimiento del valor adquisitivo de la moneda ¡vaya reto para los legisladores! La posibilidad de una respuesta a la altura del desafío depende mucho menos de la honorabilidad y responsabilidad de los políticos, cosa que siempre se zarandea, que de los productos intelectuales que sea capaz de ofrecerles la universidad argentina, cosa que se comenta mucho menos.
Si nos basamos en la experiencia histórica argentina este teorema no tiene solución. Según la etapa histórica que examinemos veremos que en ella se han concretado sólo algunos de estos parámetros; pero siempre provisoriamente y a costa de los restantes. Es un hecho muy sugestivo para el estudioso esta falta de concreción simultánea de todos los parámetros mencionados, y también que a partir de cierto momento (¿1890?), las etapas de logros parciales y provisorios, hayan rematado en los derrumbes de la economía, denominados crisis. A veces por evidente desplome del orden económico; más frecuentemente por convulsiones sociales y políticas, pero cuya raíz económica no es difícil rastrear .
Tampoco pareciera tener solución el teorema constitucional con las teorías sustentadas por los especialistas formados a partir de mitad de siglo. Aquellas experiencias y este saber son causantes del patente escepticismo respecto a la posibilidad de concretar aquel mandato constitucional y generadores de la tendencia a considerar a esas normas puramente declamatorias. Disposiciones como las del inciso 19 pasan a ser letra muerta para el buen orden social, pero activas para incrementar el desorden, como lo ha sido - en lo sustancial- el art. 14 bis de 1957. Nada impide (y esto también es parte de nuestra historia) que grupos de la sociedad tomen tales textos por lo que son - por letra viva- y aun si proponérselo hagan que la convulsión social irrumpa para permanecer. Es entonces cuando no faltan gobiernos que intenten – con beneplácito de las mayorías - pone orden con el garrote, legisladores que dictan leyes sin debate y jueces que quiebran la continuidad jurisprudencial, columna vertebral de la seguridad jurídica, pronunciando fallos formalmente correctos, aunque materialmente inviables o de dudosa legitimidad. En todos esos momentos se afectan los cimientos de la sociedad; según la entidad del asunto, emerge la esfinge que amenaza con devorarnos a todos. Lamentablemente, no han faltado desgraciados días en que muchos seres humanos y no pocas instituciones y hábitos necesarios a la republica democrática, fueron devorados.
El estudioso de la sociedad no puede resignarse tan fácilmente a aquella triste conclusión y a estos deplorables resultados. Salvo, claro está, que participe de la creencia de que la Constitución nacional no es obligatoria en cuanto al orden económico que debe imperar en nuestra sociedad y que su configuración depende del azar o del oportunismo gubernamental. Pero, aún en el caso que se sostuviera esta creencia (como de hecho ocurre toda vez que se admite, de una u otra manera, la discrecionalidad del poder público en la toma de medidas económicas), es difícil, sin embargo, defenderla como un principio de orden que pudiera ser llevado hasta sus últimas consecuencias.
Todo el sistema de derechos y garantías individuales y el orden político democrático republicano (sobre los cuales no hay discusión y en cuya defensa se recurre rápidamente a la Constitución) quedan vaciados de contenido en proporción directa al cercenamiento de la libertad económica de los habitantes, sea como productores o consumidores. Esta es la terrible, pero provechosa enseñanza, que nos han dejado las economías centralmente dirigidas por el gobierno. Y, recuérdese, los derechos económicos del individuo dependen del tipo de orden económico del cual es miembro.
Los adalides de los derechos y garantías individuales, de la democracia y de la república, debieran revisar más cuidadosamente sus teorías políticas a la luz de las experiencias de las economías centralmente dirigidas por el Estado. La sustancia de los derechos individuales, de los derechos humanos y de la democracia republicana, es la libertad. Esto está fuera de cuestión. Pero estas instituciones jurídicas y políticas, para tener efectiva vigencia, exigen un orden económico también fundado en la libertad. La libertad como fundamento del orden social (desde los puntos de vista filosófico, político, económico y jurídico), se encuentra en toda la obra de autores como Friedrich A. Hayek , y también en la de Ludwdig von Mises y sus seguidores. Sin embargo, sus análisis omiten o menosprecian la libertad económica primordial, sin la cual, ninguna otra puede desarrollarse a pleno, por lo que no es factible una perdurable economía de mercado. Llamo libertad económica primordial al igual derecho al suelo que deben gozar todos los seres humanos, hayan llegado antes o después que otros a este mundo.
Sugestivos trabajos inspirados en la teología hebrea y cristiana sobre este derecho existencial han sido escritos por los profesores Andelson y Dawsey . Los trabajos que investigan los fundamentos teológicos de esta pieza fundamental del orden social humano cobran subido interés en los actuales momentos cuando las tres principales religiones monoteístas buscan puntos en común, no sólo en vista a la recíproca tolerancia sino principalmente en atención a la necesidad de establecer nuevas condiciones de vida social. Subrayamos el relevante valor de la idea rectora “libertas” por el cuestionamiento que viene sufriendo en nuestro país desde 1930 en adelante . Pero téngase en cuenta que en nuestro sentir esta idea rectora se complementa con las de “igualdad” y “fraternidad” en todas las esferas de vida social. Incluso, como hemos dicho en otra parte, no puede concebirse la economía de mercado sin la fraternal cooperación .
Economía social y economía gubernamental
En la actualidad pocos son los que teóricamente rechazan en términos absolutos una economía fundada en la libertad. Lo que lleva a apartarse de una posición favorable a la libertad económica de los individuos, como productores y consumidores, proviene del campo práctico. Resulta que una libertad por la que se ha luchado durante milenios -que para nosotros los argentinos fue la razón de la independencia como pueblo soberano-, ejercida en la vida cotidiana, pareciera no dar los resultados esperados. A partir de este hecho, verdadero en muchas ocasiones, se han desarrollado teorías que sin ser contrarias a la libertad apuntan a restringirla en distintas esferas de la vida. Hoy son rechazadas las teorías cuya aplicación rematara en el cercenamiento de las libertades políticas y la cancelación abierta de los derechos humanos. En cambio mantienen cierto predicamento doctrinas o teorías que por postulación o resignación, recomiendan el cercenamiento de la libertad económica. Esto habla a las claras de la necesidad de una teoría de un orden social fundado en la libertad individual, que comprenda no sólo las libertades civiles y políticas sino también la económica. La teoría sobre el orden económico constitucional esbozada por Alberdi era incompleta. Éste es el lugar para aclarar en parte este juicio. Alberdi dice muy correctamente en el Sistema, que “la libertad económica es trabajar, adquirir, enajenar bienes privados”, mientras que la libertad política es tomar parte en el gobierno. O sea que mientras ésta se puede restringir a los ciudadanos, de aquélla no puede carecer ningún habitante. Sin embargo, esta buena doctrina no rinde sus efectos porque Alberdi no alcanza a explicar cómo se puede llevar adelante un sistema que asegure la libertad e igualdad económica de acceso al suelo. Por lo demás, hombre de su época , siguió mansamente las doctrinas de Adam Smith, dejando de lado demasiado ligeramente los pensamientos de Esteban Echeverría sobre la necesidad de la “armonía social”, solo factible de ser satisfecha, llevando las exigencias del ideal trinitario “libertad-igualdad-fraternidad”
No podemos desarrollar tal teoría en este trabajo. Pero sí hemos de subrayar ciertos aspectos de la vida real que obstaculizan un mayor consenso en favor de la libertad económica.
Ciertos hechos de la vida contemporánea enervan la voluntad de la gente para adoptar una posición favorable a esa libertad, a la vez que de rebote tal actitud facilita a los gobiernos actuar de manera desembozada contra toda libertad e incluso contra los derechos más elementales asegurados por la Constitución. Algunos de esos hechos dominan el panorama, en cuanto gravitan pesadamente sobre el pensamiento de la gente y el de los responsables en el diseño y concreción de reformas del orden social mediante el derecho. Uno de ellos es la miseria que sufre una importante cantidad de los habitantes, junto a la aparente imposibilidad de su redención sin una acción gubernamental directa. El otro, en apariencia ajeno e independiente, pero en fuerte conexión que la teoría debe develar, es la permanente penuria financiera del gobierno para afrontar el gasto público, pese a una meditada organización administrativa y reiterados embates para recaudar impuestos.
Son éstos dos principales problemas en nuestra sociedad. Alrededor de ellos giran la mayoría de las políticas económicas, a veces lanzadas por problemas en apariencia ajenos, pero que reconocen como raíz aquéllos. El primer problema central -la indigencia - es asunto del orden económico-social; el segundo está configurado por problemas del orden económico gubernamental. Al plantear la totalidad económica de este modo, aparece un interrogante de primera magnitud: ¿Cuál es y cuál debiera ser la relación entre ambos órdenes de la realidad social?
Es esta una relación problemática y a través de la historia las sociedades la han atendido de los modos más diversos. Sin embargo, en la actualidad, no se la plantea como una cuestión pendiente. Se la tiene por resuelta mediante las medidas que -atendiendo a su contenido- los gobiernos han tomado desde la antigüedad. Es realmente asombroso que en medio de una sociedad industrial y tecnológica, fundada en la ciencia y en criterios de racionalidad, democrática y protectora de los derechos humanos, la cuestión de los recursos del Estado siga siendo atendida y resuelta – en esencia - tal cual se lo viene haciendo desde la antigüedad más remota: sustrayendo por la fuerza a los productores y consumidores parte de la riqueza de su propiedad.
“No pondrás bozal al buey que trilla”, dice el Deuteronomio. No obstante Estado actual no sólo pone bozal a los consumidores rebajando sus ingresos y mermando el poder adquisitivo del mercado interior, sino que por añadidura pone palos en la rueda de la producción. Con esa desopilante política más temprano que tarde han de ocurrir la recesión y la desocupación. Pasan por alto que – mas allá de las formas - el sistema no se diferencia de los que antaño se sostenían con el botín, el asalto, la piratería, la esclavitud y la servidumbre de las personas.
La relación funcional que vincula en la sociedad moderna a la economía gubernamental con la social es ineludible y por lo mismo uno de los problemas más decisivos a resolver por el derecho. Pero una buena solución a ese problema exige una teoría del orden social fundado en la libertad de los individuos.
La cuestión de los recursos del Estado debe ser resuelta, por un orden jurídico compatible con un orden político democrático republicano y un orden económico en el que los productores puedan ser dueños exclusivos del producto de su trabajo e inversión; esto sin perjuicio que el Estado -simultáneamente- cuente con los recursos necesarios para solventar los gastos públicos. Por la claridad de los planteos, el rigor del análisis y la lógica de sus conclusiones, sigue siendo un buen punto de partida el pensamiento de Henry George . No son pocos los distinguidos pensadores en economía que ignoran u omiten citar a George. No faltan quienes lo hacen casi con la intención que el lector pierda todo interés en conocer su obra. Entre nosotros un caso ejemplar es la obra del eminente jurisconsulto Guillermo Ahumada. En lugar de hacerse cargo del problema que hemos expuesto, y que ninguna sociedad contemporánea puede eludir, narra la opinión de una nube de autores vinculados al tema, con lo cual consigue quitar a los ojos del lector toda originalidad al pensamiento de George , el que es liquidado valiéndose del dicho de sus críticos. Los efectos de esta típica maniobra de diversión literaria aparecen en la Sección final del capitulo, donde tras de reconocer los “loables propósitos” de la ley de Enfiteusis de 1826, y atribuir su fracaso a la anarquía entonces reinante, genera en la mente del lector la idea que esa ley (y no la anarquía), fue causa del “más grande fracaso que el país soportara en su economía”. Ni una palabra respecto del problema de orden social que esa ley procuraba resolver ni sobre el hecho que él sigue pendiente de solución .
Sin embargo, la historia con sus sorpresas de fines del siglo XX, ha puesto en crisis muchas doctrinas y teorías tenidas por óptimas y es posible que haya que prestar mayor atención a George. De hecho no son pocas las obras que han ido apareciendo últimamente y que ratifican esa tendencia.
Relación entre la economía social y la gubernamental
En el párrafo anterior hemos traído a consideración dos nociones que merecen una disgregación. La economía social es el orden económico sostén de la sociedad global, mientras que la economía gubernamental no es otra cosa que el orden económico que permite la existencia, funcionamiento y acción del gobierno.
La mayoría de las nociones elaboradas por la ciencia económica son el resultado de estudios y reflexiones realizados sobre la economía social. No faltan, por cierto, estudios sobre la economía gubernamental; pero esos conocimientos se han desarrollado desde una perspectiva de especialidad y con una idea por completo ajena a la noción de orden, como es el concepto de sector. Se piensa que la economía nacional de cada país se integra por dos sectores: el público, a cargo del Estado, y el privado, a cargo de los particulares. Con esta visión es imposible descubrir la existencia de dos órdenes diferentes, en ineludible relación y regidos cada uno por una legalidad intrínseca informada por principios opuestos. La oscuridad se incrementa cuando el concepto de sector se aplica, además, a aquellos dos sectores. Conceptos como “sector externo”, “sector urbano”, “sector industrial”, “sector financiero”, y así sucesivamente, tan en boga , son creados por la mente sin que se encuentre en la realidad su efectivo correlato. Una ciencia de tal clase trabaja con imaginaciones conceptuales y no con conceptos descriptivos de la realidad.
La legalidad del orden económico-social, deriva de la situación de escasez que mueve al hombre a la actividad económica, y hace que ella tienda, en todo momento, a reducir el gasto de los recursos disponibles y, si es posible, evitarlos. Esta idea central da sentido al verbo economizar y al adjetivo económico. Es lo opuesto a despilfarrar, malgastar, derrochar. ¿Rige este principio en la economía gubernamental? No a la luz de la experiencia y menos aún según el sentido que tiene la acción de gobernar. Las partidas presupuestarias están para ser gastadas, no para ser ahorradas.
Cierto es que al tratarse y autorizarse partidas presupuestarias el rostro de la escasez se hace presente y se supone que los representantes políticos de la economía social exigen mesura y discreción en la fijación de sus montos; pero también es verdad que la gente quiere que el gobierno satisfaga muchas necesidades explicables y justificadas y a veces no tanto. A resultas de esto los presupuestos públicos tienden a crecer, no a disminuir. Pero el hecho más decisivo, el que cambia la legalidad intrínseca de la economía gubernamental, es la aprobación del presupuesto público. A partir del momento en que es aprobado (la autorización para gastar otorgada junto con la concesión de la facultad para extraer, compulsivamente, los fondos necesarios de los bolsillos de los particulares), los funcionarios del Estado gastan como si la escasez no existiera. Y en verdad, para ellos, la escasez ha terminado desde el momento en que el presupuesto se aprobó. Estos hechos, inevitables porque están en la lógica de las cosas, hacen que la legalidad intrínseca del orden económico gubernamental sea distinta y opuesta al de la economía social. Se podría decir que está dominado por el principio del derroche: si el recurso existe, se gasta.
Observar el complejo fenómeno de las relaciones entre la economía social y la gubernamental con el concepto de sector no permite apreciar las radicales oposiciones de principio que permean uno y otro orden. Menos aún permite encontrar parámetros, objetivamente fundados, que marquen el límite del gasto público, a partir de cuyo traspaso el gobierno en lugar de generar orden puede provocar situaciones caóticas. En la actualidad, más allá de todo lo que se diga, rigen los criterios subjetivos de los actores sociales y de los funcionarios políticos. La línea definitoria del gasto es fluctuante y se fija en función y como resultado del enfrentamiento constante entre la fuerza del poder público para recaudar y la habilidad de los contribuyentes para eludir. En los albores del Estado nacional se inventó el sistema denominado división de poderes, organización del orden gubernamental en la que mucho tuvo que ver el principio no taxation without representation. Este ingenioso sistema ha sido y sigue siendo muy útil para muchos efectos de la vida social; pero ha resultado inútil para fijar límites al poder recaudador del Estado y para proteger a la economía social. El Estado como productor masivo del derecho positivo y titular del monopolio de la fuerza ha unido ambos rasgos en materia de recursos para el gobierno (como no podría ser de otra forma); pero careciendo de una teoría que armonice esas posibilidades con las libertades individuales y las necesidades de la economía social, se ha convertido en un ogro . No se alimenta de carne humana, como el de la mitología europea; pero destruye muchas formas de vida humana, laboriosamente creadas en milenios de evolución, sin más argumento que su necesidad de recursos y la posibilidad que tiene de ser el principal formulador de la ley jurídica .
Los llamados decretos de necesidad y urgencia son severamente cuestionados, y con razón, por los juristas; pero lo importante es que antes de la reforma constitucional de 1994, entre julio/89 y noviembre/94 se dictaron 308, de los cuales en amplia mayoría contienen medidas económicas o motivos económicos: 69 sobre impuestos; 32 sobre salarios; 28 sobre la deuda pública y 29 sobre servicios públicos. La hiperinflación de fines de 1980 estuvo detrás de este gran cambio institucional. En Brasil la situación es semejante.
Conclusión
La faz destructiva que ha asumido el Estado contemporáneo ha reavivado la discusión sobre su sentido, organización, sus fines y su competencia, e incluso ha generado una fuerte tendencia hacia su reducción. El “Estado mínimo” es propuesto como un ideal por muchos pensadores. La explicable reacción contra el Estado que sostiene la llamada política de privatizaciones y de desregulación de la economía no equivale a la formalización del orden económico postulado para la Constitución. Pero sí genera un tembladeral institucional. Muchas instituciones sociales, políticas y jurídicas, consideradas como logros de la civilización, son tironeadas, deformadas e incluso abolidas en aras de un orden económico presuntamente eficaz. El gran motor de ese tembladeral, la realidad que ha obligado a sustituir varios buenos amores de ayer por algunos dudosos deberes de hoy, es la cuestión de los recursos del Estado. Ella no puede ser tratada como un tópico por especialistas en derecho tributario o política fiscal. Ni siquiera por juristas, economistas o politicólogos actuando por separado. Se trata de una cuestión global del orden social: de las relaciones jurídicamente ordenadas que deben mediar entre la economía social y la economía gubernamental para que teoremas como el del inciso 19 del art. 75 e incluso el Preámbulo de la Constitución, puedan ser la base y el remate de nuestro orden social.
Para Aristóteles era prueba de sabiduría, en cada esfera del saber, no esperar más exactitud que la permitida por la naturaleza del objeto. Dada la complejidad de los problemas sociales no es mucha la exactitud que podemos esperar. Sin embargo, sostenemos que son posibles soluciones algo mejores que las que hasta ahora se ofrecen.