TELEVISIÓN DIGITAL, TIERRA Y RECURSOS DEL ESTADO

Por Hector R. Sandler, Profesor, Derecho, UBA.

Cuando en una conversación común ( e incluso en la mayoría de las académicas), cuando uno subraya a la “tierra” como una cuestión central de la economía, la mayor parte de los presentes, sino todos, entienden que se referirá a la agricultura. Cuesta bastante trabajo hacerles comprender que para ordenar la economía social y pública la palabra “tierra” debe ser usada como un “término”, tal como se los construye para hacer lógica o álgebra, y que él ha de mentar a un especial concepto jurídico /económico. Concepto que, a su vez, ha de aludir algo específico: el espacio físico de la Tierra sin excepciones. Concepto que incluye no solo la tierra agraria y urbana sino también cosas muy reales , aunque invisibles y muy lejanas del pensamiento habitual como, por ejemplo, las ondas hertzianas.

Sin embargo, aún vencida esta primera dificultad al abordar la cuestión “tierra”, aparece otra segunda. Entender que es la cuestión de la “renta de la tierra”. Este asunto también nombrado con expresiones como “renta del suelo”, “renta fundiaria” o – como en los economistas clásicos – simplemente con la palabra “renta”. También en este caso se necesita asignar a esta palabra el carácter de “término”. La dificultad del ignaro es mayor aquí. A diferencia del caso anterior el término “renta” no mienta en este caso a una cosa física sino a algo inefable, sin existencia material. Ese “algo” al que alude el concepto “renta del suelo” es una “deuda”, la que ha de pagar aquel que pretende acceder a cierto espacio material para su ocupación o uso. Se trata de una obligación.
Como en toda relación obligatoria hay dos polos. En uno está el deudor, en el otro el acreedor. Para el ocupante o poseedor del suelo hay un “crédito” a su favor. El que pretenda ocupar ese espacio en su lugar deberá satisfacer la “deuda” que afronta. En palabras corrientes, todo aquel que tenga bajo su efectivo control un espacio ( o recurso natural) es un potencial acreedor por el monto del valor de mercado de ese espacio o recurso. Allí donde haya “mercado de tierras” tiene un crédito erga omnes; o sea contra cualquier demandante que pretenda usar el recurso natural que controla .

Solo dominando en forma clara y firme estos dos conceptos se puede llegar a comprender la crucial importancia económica de la cuestión de la tierra y la jurídica que la sigue como la sombra al cuerpo. Hablamos de la importancia del derecho positivo dictado para ordenar el acceso a los recursos naturales , el destino de la renta de la tierra y el sistema de recursos del Estado.
Como la mayoría de las personas, inclusive las más preparadas, no han captado ni dominan esos conceptos, es innumera la cantidad de profesionales y académicos que sostienen, con conmovedora superficialidad, que el tema de la tierra y su renta no solo es asunto agrícola (del campo), sino que históricamente habría sido superada por la Revolución Industrial. Para este tipo de creencia no hay duda alguna que hoy y por la grandiosa Revolución Tecnológica que vivimos, la cuestión del acceso a la tierra y la del destino de su renta carecen de toda importancia.
Pues bien, la realidad observada sin prejuicios desmiente rotundamente esta creencia vulgar. En el diario La Nación del 13 de junio del 2009 , Marcelo Diamant , en su columna, ha anunciado el “Adiós a la televisión análoga”. Así es porque desde ayer en los EEUU, la televisión análoga ha sido reemplazada por la televisión digital. Diamant discurre sobre distintos efectos de la aplicación de este notable avance tecnológico. Pero a nuestros fines lo revelador se concreta en un párrafo que – tal como lo anunciara el economista norteamericano Henry George en 1879 – confirma que la renta del la tierra se incrementa exponencialmente con el avance de la civilización y, en especial, con el progreso científico y técnico. El párrafo dice así:
“La razón de la mudanza a la televisión digital no es exclusivamente tecnológica. El cambio le ha permitido al gobierno liberar espacio en el espectro de radiofrecuencia (las señales digitales utilizan menos espacio que las análogas) que ha sido rematado entre empresas de telefonía celular y que le ha permitido colectar la bonita suma de 19.600 millones de dólares.”
Aunque usando el lenguaje común resulta sumamente extraño, esa enorme cantidad de dinero – la friolera de casi 20.000 millones de dólares – a pagar por los que accedan al uso de esos “canales” , es “renta de la tierra”. Es el “crédito” que cobrará la concesionaria del “espacio herziano” controlado por el Estado. Es la suma “debida” por los que los que resulten adjudicatarios , en subasta, del “espacio” preexistente (ondas electromagnéticas). Espacio antes más ocupado por la primitiva tecnología analógica y del que ahora quedó “libre”, “desocupado”, una enorme extensión gracias a la tecnología digital. Este “espacio” en tanto percibido por los sentidos físicos del tacto y la vista es por cierto completamente diferente al que denominamos “lote de terreno” en una ciudad, “hectáreas” en la zona rural o “ruta aérea” en la atmósfera terrestre. Sin embargo desde el punto de vista jurídico/económico tiene la misma condición: es el soporte de actividad humana.
Mayor población, mayor desarrollo económico, mayor progreso tecnológico son algunas de las poderosas fuerzas concurrentes que “encarecen” el valor de la tierra (entendido el concepto en las amplias dimensiones expuestas). Esto significa que aumenta la cantidad de dinero que deben pagar las personas que necesitan de alguna porción del “espacio” para aprovecharlo.
Es interesante observar el crecimiento paralelo entre estos dos rubros de la economía : aumento del valor del espacio/aumento del gasto público. Como dijera George, el plan divino de la Creación es tan sabio que si bien con el desarrollo de la actividad humana aumenta el “gasto publico” por las mayores necesidades de sus miembros , de manera proporcional aumenta el valor del espacio. Valor económico que ha de ser políticamente visto y jurídicamente tratado como el “fondo público” necesario para afrontar aquel gasto. Es la “divina proporción” , el numero Phi, en lo social.
Si los hombres ignoran esta “proporción áurea” y con su derecho positivo van contra ella, permitiendo que el valor creciente del espacio, en lugar de beneficiar a todos sea aprovechado en forma egoísta por algunos, sucederán grandes calamidades. Su “sistema inmunológico” decae y toda clase de virus, parásitos y bacterias lo afectarán, hasta destruir el organismo social. Si se tolera (como ocurre en la mayoría de los países, y especialmente en la Argentina) que el mayor valor de la tierra vaya al bolsillo de unos pocos, “los muchos” habrán de ser castigados con impuestos, exacciones que castigarán al trabajo, la producción y al consumo. El desarrollo social e individual marchará a los sacudones, como un motor que combustiona mal.
La Argentina , con su inmenso espacio material, ha sido bendecida por el Creador. Pero sus habitantes y sus gobiernos se resisten a ajustar su derecho positivo a la “proporción áurea”. Y a ambos les va muy mal. Son patéticos y conmovedores los efectos del derecho positivo vigente. La Argentina se ha obligado en su “pacto social” fundacional a dictar un derecho positivo que constituya un orden social especial. La Constitución Nacional de 1853, “inspirada en Dios fuente de toda razón y justicia”, como reza su Preámbulo, ordena que se aseguren “los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”. ¿Cómo gozar de los beneficios de la libertad en condiciones de igualdad y de fraterna cooperación social, si el derecho positivo, dictado por una u otra causa, no se ajusta a las exigencias que imponen la limitación del espacio y el aumento de su valor?
Tenemos la solución en nuestras manos. Debemos dictar un derecho ajustado a las exigencias del espacio limitado, el inevitable aumento de su valor y el creciente gasto público que la democracia y la justicia social demandan. Son las exigencias de la áurea proporción social y ella exige un conocimiento correcto. Emerge con una singular responsabilidad de los intelectuales ante sí y frente a la ciudadanía que, desesperadamente clama por la armonía social.