CRONOLOGÍA DE UN DRAMA SOCIAL
Hector Sandler
“El crecimiento con instituciones pobres no dura”, Informe de desarrollo mundial 2006, Banco Mundial
Ataque aereo civil americano al ente recaudador de impuestos en Austin EE.UU.
Instituciones legales y orden económico
A comienzos del año 2001 una tremenda crisis financiera, económica, política y social estalló en la cara de los argentinos. Su contundencia en todas las esferas de la vida social argentina reveló el carácter de piedra fundamental que en la sociedad moderna tiene el orden económico.
El hecho de ser éste el orden materialmente básico para la actual configuración de la sociedad contemporánea lleva a la mayoría de las personas a equivocarse sobre la importancia de los otros órdenes de vida social humanos para que la economía funcione adecuadamente. De manera correlativa hay una notable falta de atención a los requerimientos que demanda un orden económico si se quiere que permita no solo la satisfacción de las diversas necesidades materiales individuales y colectivas de una sociedad , sino que sirva tambien de sostén y estímulo al desarrollo de los otros órdenes de vida social. En otras palabras se ha dejado de lado la necesidad de actuar y comportarse – desde el gobierno y desde el llano – con miras a constituir y mantener al conjunto como un orden social armonioso , a pesar de la diversidad de órdenes que lo integran y, gracias a esta armonía , lograr un orden social saludable para la vida de los individuos y de la sociedad.
Varias causas han concurrido en los últimos siglos para producir esta miopía, cuando no ceguera absoluta , respecto a la necesidad de la armonía social para la vida humana. Una de ellas, muy importante, ha sido la fragmentación del pensamiento por causa de la especialización del conocimiento: fragmentación del pensar que conduce, indefectiblemente, a la fragmentación de la realidad, con la generación de problemas individuales y colectivos que , sin una transformación en esa base radical , se presentan como insolubles.
Los órdenes de vida que requieren del económico para sostenerse y desarrollarse son el orden cultural, el orden político y el orden jurídico . El tipo de pensamiento materialista que emergió en el siglo XIX llegó a predicar que estos tres órdenes no eran sino una manifestación de la forma de ser del economico; las experiencias sociales practicadas en el siglo XX bajo el influjo de ese modo de pensar más bien probaron lo contrario: el orden economico resultó susceptible de ser moldeado a gusto por el poder político, mediante un derecho especifico, ambos iluminados – paradójicamente – por aquel pensar materialista. De cualquier manera, las experiencias de las últimas centurias si bien mostraron lo exagerado de la tesis materialista, pusieron también a la vista de todo aquel que quiera ver la recíproca relación, no siempre simétrica, que existe entre esos cuatro órdenes. Con ello se hizo patente la responsabilidad del hombre en la tarea de configurar su adecuado orden social , atenido a las exigencias de lo material y de lo espiritual, dada la ternaria constitución de los seres humanos. Seres que en compleja integración se presentan como individuos de cuerpo, alma y espíritu necesitados de lo social para alcanzar y perfeccionar su individualidad.
El profundo sentido del orden cultural es justo el desarrollo y perfección del individuo , que nacido como tal por su condición espiritual vive y ejerce su libertad en mira a ser persona. La biografía de cada uno da cuenta de esa evolución.
El recóndito sentido del orden político es otro. Éste procura la emergencia de un gobierno del y para el conjunto llamado sociedad. No solo se trata de producir un gobierno y sino que se gobierne. Se generan en este ambito fuertes tensiones entre el poder que detentan los que gobiernan y la autoridad que justifique el ejericio de ese poder.
; el del tercero consiste en servir de terreno en el que la acción de gobierno ponga de manifiesto el derecho positivo que en forma latente se contiene en todo lo social.
Aparece el derecho positivo como ordenamiento legal , complejo sistema de normas que, de modo primordial, tiene por propósito nuclear contribuir a la buena constitución de todos los demás ordenes de vida: el económico, el político y el cultural. El asignar un papel suplementario al derecho positivo, contra lo que puede llevar a pensar una mirada superficial, en lugar de rebajarlo en importancia lo coloca en el centro mismo del orden social actual. Se nota por doquier en todos los países del mundo una tendencia desmesurada en la tarea de crear normas legales. Se incurre en cierto ruinoso abuso en la creación de derecho positivo, en gran medida, por el choque de encontrados intereses , el impulso de fervorosos ideales, la torpeza del empleo del poder público y , sobre todo, por la ignorancia en materia de asuntos humanos y sociales causada por la fragmentación del conocimiento . Pero este abuso tiene como punto de partida un hecho real irreversible: la vida social contemporánea no es posible sin recurrir al derecho positivo.
Limitándonos al orden económico hay que reconocer que si bien ha sido, es y será inevitable fundamento de la vida social, la forma que adopta ha dejado de ser un producto espontáneo de las relaciones sociales. El tipo de orden que en cada sociedad se constituye en concreto está condicionado y en gran parte configurado por un mundo de naturaleza institucional. Dentro de ese mundo institucional tiene un papel preponderante el derecho positivo.
Por de pronto el ordenamiento legal tiene un rol decisivo en la estructura de la llamada economía estatal o economía pública, entendiendo por tal la del Estado en cuanto proveedor de “bienes públicos”. Lo tiene en igual grado en la configuración de ese suborden económico especial denominado genéricamente sistema de recursos del Estado. Y finalmente igual fuerza formativa la posee en la configuración del sistema monetario. En todos estos casos, como no puede ser de otra forma, la fuerza formativa de esos órdenes y sistemas, proviene del poder político pero se manifiesta como ordenamiento legal. En otras palabras, queda claro que la organización de esa “región económica”, es obra del Estado.
No se piensa de igual modo cuando alguien se refiere a la economía social. Esto es, aquella otra región económica en la que agentes y factores concurren para producir riqueza. De acuerdo a nuestra Constitución Nacional, en especial teniendo en cuenta los artículos 14 ,17 y 19 esta región u orden económico debe estar a cargo de los particulares. En opinión del sector más liberal , poco o nada debe hacer el Estado en esta región. No yerra del todo quien así piensa si con ello quiere decir que en tanto la economía pública, el sistema de recursos del Estado y el sistema monetario son organizados mediante leyes con específicos contenidos de conducta, la economía social, si bien requiere de algunas leyes, estas se caracterizan por su formalidad y escaso contenido material. La ley civil establece que formas debo cumplir para comprar alguna cosa, pero nada dice sobre cuando, como y a quien debo comprarla. El orden económico de tráfico o mercado es construido de hecho por las múltiples negociaciones que en concreto las partes libremente celebran. Sin embargo es un pensar por completo equivocado si se pretende sostener que la economía social de mercado se puede establecer y desarrollar sin que el Estado actúe mediante el derecho positivo. En la vida contemporánea ocurre todo lo contrario. Una economía social basada en la libre planificación económica de los particulares, cuyos planes sean coordinados por mercados en libre concurrencia , solo puede establecerse y mantenerse gracias a un derecho positivo especialmente dictado con ese fin.
La idea laissez faire, laissez passer, fue una reacción contra el estrecho mercantilismo europeo subsistente a comienzos de la Edad Moderna. Este tipo de reacción revive y revivirá cada vez que los gobiernos usen su poder político para estorbar las libertades que exige la economía social coordinada por los mercados. Sin embargo la lógica demanda de mayor libertad económica en contextos que la conculquen, no debe llevar a pensar que es necesario el mayor abstencionismo posible por parte del gobierno en su tarea de ordenar legalmente la economía social. Este error de la concepción denominada “minimal State” es la contra cara del otro consistente en sostener que corresponde a los gobiernos intervenir en los negocios de los particulares para lograr un “Estado de bienestar” social. Ambos errores provienen de una grosera consideración de las estructuras de orden que deben adoptar el derecho y la economía para responder a la particular naturaleza corporal, anímica y espiritual del hombre.
En principio se ignora que el nombre colectivo “economía de mercado” no se puede aplicar, sin grave riesgo de diagnóstico y tratamiento, a una multiplicidad de órdenes económicos que si bien portan dentro de su estructura la institución “mercado”, por la forma en que estos se constituyen y el modo en que dirigen a los procesos económicos son por completo diferentes.
Walter Eucken observando en la realidad las formas más simples de oferta y demanda que se dan en concreto y sin detenerse en la complejidad que introduce la consideración del sistema monetario, diseñó una matriz que presenta 25 tipos de mercado posible . De ellos uno y solo uno, es de concurrencia perfecta , pues oferentes y demandantes tienen que tomar el precio del mercado como dato base para hacer sus propios planes de producción o consumo. En los otros 24 casos – cada uno diferente del otro - no hay mercado plenamente libre, pues alguna de las partes, oferente o demandante, gracias a gozar de cierto poder , impone su precio al mercado. Detrás de cualquiera de estas formas de mercado hay un derecho positivo que la ha generado y que la sostiene. La conclusión es clara: quien quiera mercados en concurrencia perfecta, en los que reine la libertad de los negociantes, debe crear el derecho positivo adecuado a ese objeto .
No es el momento de profundizar un tema sustancial: qué cosas pueden ser objeto de negociación en el mercado en libre concurrencia. Sin embargo no podemos dejar de señalar que en principio el mercado solo es utilizable cuando se trata de cosas producidas por el hombre. No obstante – debidamente pensado y complementado por el derecho adecuado – el mercado ha probado ser una institución muy útil en otros campos de la actividad económica. Pero que sea útil, neutro o dañino a la sociedad o los individuos, depende , por un lado , de los problemas concretos a resolver, y por el otro, del acierto del derecho que se dicte .
La rica experiencia del siglo XX muestra que el derecho positivo suele ser el más directo responsable de la forma que adopta un orden económico concreto. Ahora bien: como el orden económico concreto es el suministrador de los datos necesarios para que las personas pongan en marcha procesos económicos, por carácter transitivo el derecho positivo aparece como un agente principalísimo de las condiciones económicas de una sociedad .
Las cosas no siempre han sido así. Lo han sido desde que las sociedades contemporáneas se han organizado en la forma política denominada Estado nacional. Se suele sostener que en esta forma el gobierno se reserva para si “el monopolio de la fuerza”. En rigor, se reserva para sí la facultad de decidir qué es derecho junto con la fuerza para obligar a tenerlo por tal, aún en casos que salta a la vista que lo dispuesto es ajeno a toda idea de rectitud. Esto genera difíciles problemas en la constitución del orden político, que no se resuelven con la rápida y frecuente remisión a la “democracia” como fuente de poder .
Es propio de ese Estado nacional incurrir en “inflación legislativa” la que remata en “pobreza institucional”, que como lo dice el epígrafe de este trabajo afecta negativamente al crecimiento económico. Esto es así porque la inflación legislativa va contra la certeza y claridad que el derecho ha de tener para realizar el valor seguridad jurídica . La actividad económica, sobre todas las cosas, requiere de seguridad para planificar, hacer cálculos y cumplir los planes.
Si la pobreza institucional es un obstáculo para la prosperidad económica, mucho más lo es la “malicia institucional”. Esta ocurre cuando el ordenamiento jurídico contiene instituciones catabólicas para la actividad económica. Se trata de instituciones legales que de propósito o por efecto, desalientan o hacen imposible el empleo de los factores de la producción y la actividad económica de los individuos.
Cuando en la sociedad se instalan instituciones legales económicamente catabólicas, si no se llega a identificarlas de una manera correcta, ni la gente ni los gobiernos advierten su deletéreo carácter. Lo que una vez fue una simple idea constitutiva del orden social, puede a través de su histórica aceptación transformarse en creencia social. Mientras a las ideas se las acepta o rechaza, las creencias pasan al plano de lo subconsciente y dejan de ser cuestionadas pues son la base de la acción. Si una institución social entra en el campo de las creencias, por mala que fuere, es difícil desacreditarla con buenas ideas. A partir de ese momento los pueblos sufren increíbles padecimientos. Con razón se reacciona contra los efectos , pero no se repara en la causa que los genera. La gente pide “medidas” y a esa demanda se atiende respetando el explicable pero grosero principio según el cual “frente al mal, algo hay que hacer”.
Las medidas que se tomen, ignorándose la causa, suelen ser bien recibidas y hasta con el aplauso de la opinión pública. Pero como tales medidas no erradican las instituciones catabólicas, esas políticas complican aun más la situación. Las sucesivas disposiciones legales producen frecuentes efectos inesperados , demandan nuevas leyes y se forma así una telaraña institucional , que oculta cada vez más bajo el espeso velo de discusiones doctrinarias inútiles , a las instituciones jurídicas causantes del malestar social . Por otra parte , la atención y la energía de los estudiosos y de la opinión pública es atraída por efectivos nuevos problemas .
Si este proceso no es atajado a tiempo , conduce al desorden permanente. Incluso modifica el arte de gobernar. En lugar de limitarse a ser la serena administración de la cosa pública, se transforma en una beligerante actitud. La relación “amigo-enemigo” domina el panorama político y crece el ansia por “librar batallas” contra reales o supuestos enemigos de la prosperidad y bienestar perdidos. Los resultados son “victorias pírricas” que alimentan la anécdota periodística pero no logran sanar el orden social. Trataremos aquí de una de esas instituciones catabólicas. De una incrustada en nuestro ordenamiento legal que explica, en gran medida, las raíces del drama social argentino desde la Revolución de Mayo a la fecha.
El Pensamiento de Mayo y la doctrina de Echeverría
Fue don Alfredo L. Palacios quien tuvo el acierto designar a Esteban Echeverría “albacea” del pensamiento de Mayo . Por entreverada que haya sido la forma en que acontecieron los hechos iniciales , gracias a los cuales alumbró en el mundo una nueva nacionalidad – la Argentina – y por enrevesados que hayan sido los posteriores a la Revolución de 1810, no puede dudarse que desde sus formas germinales, la nueva nación aspiró a justificar su existencia histórica partir de un formidable impulso espiritual que trascendía a su ocasionales actores y cuya su primera expresión se conoce como “pensamiento de Mayo”. Sin exageración alguna, nunca podría ser mejor aplicada a una nación la famosa frase con que comienza el Evangelio de Juan: “En principio era el Verbo”. El pensamiento de Mayo –no acabadamente explorado aún – fue el verbo del cual nuestra patria nació.
Nicolas Shunway , profesor norteamericano en Yale, confiesa que tras haber sido “conquistado” por la Argentina durante una primera visita en su juventud, a partir de ese acontecimiento “la mayor parte de su vida profesional la dedicó al estudio de lo argentino”. Dispuesto a enfocar nuestra historia , no titubea en calificarla como la “historia de una idea” No importa aquí la posibilidad de probar científicamente el basamento teórico , las llamadas por este autor “ficciones orientadoras” que determinan el itinerario o historia de un pueblo. Lo que importa es que no es posible contemplando la total historia argentina dejar de intuir que una fuerza que escapa a la percepción sensible la impulsa hacia un derrotero especial, a la vez que una obstinada resistencia se le opone. Tampoco es Shumway el único, ni mucho menos, que se formula preguntas como éstas:
“¿Qué pasó? ¿Cómo pudo ser que a una nación beneficiada con envidiables recursos naturales y humanos le resulte tan difícil revenir esta lenta y melancólica declinación hacia la mezquindad y la insignificancia”
Predomina la tendencia – explicable en muchos respectos – a considerar que nuestra corta historia como nación independiente presenta un quiebre a la mitad del camino. “En la década de 1920 nadie habría considerado a la Argentina un país subdesarrollado”, dice Shumway. Pero, “a partir de los últimos cincuenta años la Argentina transitó de crisis en crisis”, hasta llegar al su estado actual .
Este juicio, como veremos, no se ajusta de manera estricta a los hechos. Pero vale en cuanto revela la presencia de un impulso espiritual nacido en Mayo. Impulso que, tan pronto encuentra la posibilidad de encarnarse en la materia institucional que corresponde a su naturaleza, da como resultado formas de civilización y cultura de indiscutible originalidad . Por el contrario, cuando por la causa que fuere se pretende que obre en instituciones que le son contrarias, se revuelca sobre sí mismo, daña nuestra existencia social y produce los efectos más negativos e inesperados.
Esteban Echeverría nació en 1805. Alcanzó la significativa edad de 35 años – el quinto septemio de vida , diría Rudolf Steiner – cuando instituciones vigentes desde la Revolución por la restauración rosista – repugnaban cerradamente al pensamiento de Mayo. Por la fineza de su espíritu pudo captar Echeverría el pensamiento de Mayo como ningún otro. Pero vio también que el impulso de esta fuerza era inviable por causa del paralizante enfrentamiento entre unitarios y federales. A partir de esta comprensión y convicción aplicó todas sus energías espirituales en la tarea de bocetar los principios de orden a los que deberían ceñirse nuestras instituciones para que aquella fuerza , que impulsaba la emergencia de una patria diferente , alcanzara a ser una efectiva nueva nación en el mundo.
En términos breves digamos que Echeverría fue propulsor de la democracia social argentina. No cualquier democracia. Una que era posible para toda la humanidad, pero cuyo modelo ejemplar nosotros debíamos iniciar. Una democracia social de individuos muy individuales ( si se me permite la expresión) ,en la que pudieran ser fueran libres en todas las esferas de la vida, tratados sin excepción en un pie de igualdad y, sobre todo , vivir unidos por un sentimiento fraternal .
Con ese fin dedicó sus máximos esfuerzos – incluyendo su obras literarias y poesías - a pensar sobre esos principios institucionales. La mayoría de ellos, vía el legado que cumplieran hombres como Juan Bautista Alberdi , fueron receptados en la Constitución de 1853. Pero uno de sus principios – quizá el más fundamental – por causas que trataremos de explicar aquí fue descuidado. Es posible que en los 1860 no pudiera ser receptado por falta de suficiente comprensión de los hombres de la época, por dificultades materiales de toda índole o por el afán de hacer rápido a la nación , aunque sea mal, pero hacerla.
Esta omisión no se sintió en las primeras décadas de vida institucional; pero a poco andar comenzaron a notarse sus efectos. Efectos que como bola de nieve se han ido agravando hasta llevar a la Argentina a situaciones que nadie alcanza a comprender. La omisión del principio rector imaginado por Echeverría generó el drama social argentino. Drama que en ocasiones se ha transformado en situaciones trágicas muy difíciles de superar. Mientras no sea encarnado en nuestro orden institucional no solo le será difícil recuperarse a la Argentina sino que le será imposible evitar males mayores.
El principio de orden social a que nos referimos, cuya omisión vamos a historiar, fue proclamado por Echeverría en este lacónico y acertado artículo:
El impuesto territorial es entre todos el más seguro, el más fácil de establecer, el que menos dificultad presenta para su recaudación y el que proporciona al Estado una renta fija .
Este gran principio de orden, base necesaria para una economía de mercado en libre concurrencia y de una economía pública solvente, no fue receptado por la legislación dictada para concretar los mandatos de la Constitución Nacional de 1853-1860. En consecuencia, la constitución del país real resultó, desde un principio, distinta a la diseñada y programada en nuestra magnífica ley fundamental.
En el derrotero histórico del país, el descuido de ese principio, obligó a crear instituciones legales estrafalarias contrarias a la Constitución Nacional. Aunque parezca asombroso, esta omisión es la responsable que la Constitución Argentina , una de las más notables del mundo, se haya transformado en letra muerta para la mayoría de la población. Mucho se ha discurrido sobre la “anomia” como mal nacional. Pero antes de discurrir por qué tantos argentinos viven “al margen de la ley”, mas valiera examinar cuántos hombres, mujeres y familias – por causa de las leyes – han sido puestos “al margen de la Constitución”.
Tomar conciencia de los efectos del olvido de la institución recomendada por Echeverría es el primer paso, inevitable, para iniciar la reconstrucción de la Argentina. Sin revisar esta realidad , sin poner aparte los prejuicios provenientes de la estrechez de miras de la ciencia dogmática jurídica que domina en la formación profesional de los juristas, no se podrá reconstruir a la Argentina.
El último colapso
La llamada “crisis del 2001”, por su impacto material interno y externo , proyectado en imágenes de violencia y pobreza trasmitidas por la televisión, dejaron perplejo al mundo entero sobre el estado real de la Argentina.
De manera imprevisible personas bien vestidas perdían su compostura destrozando de modo irascible las vidrieras de los bancos y comercios en el centro de la ciudad. No se trataba tan solo de una de las frecuentes “corridas bancarias” en la que millares de personas reclaman sin éxito la devolución de sus ahorros. Otras escenas no menos dramáticas, pero de muy diferente tono, acompañaban a esa explosiva ira de los ahorristas. Al ponerse el sol aparecen oscuras masas de figuras fantasmales de hombres, mujeres y niños de aspecto miserable. Emergían, no se sabe de dónde, porque incluso la mayoría ignoraba su existencia, para deambular por las calles céntricas revolviendo cualquier bulto sobre las aceras y las bolsas de desperdicios. A esta oscura marea humana de “cartoneros” – así comenzó a llamárselos - se le sumó otra más compleja y abrumadora. Millares de personas exasperadas se encolumnaban al azar en airada y violenta protesta. Eran parte de los millones de hombres y mujeres sin trabajo, desocupados forzosos, que a diario interrumpían las vías de acceso a la Capital y atascaban provocativamente las calles más céntricas de la ciudad. Formaban “piquetes” para impedir el paso de los vehículos como un recurso para desahogar sus caldeados estados de ánimo y hacer conocer su desgraciada situación al resto del país. Por las noches, “asambleas barriales” de vecinos se formaban para discutir acaloradamente problemas que los afectaban sin que, de hecho, se arribara a conclusión alguna.
Interín la clase dirigente no salía de su perplejidad. En pocos días se sucedieron cinco presidentes de la Nación tras la renuncia y fuga del primer mandatario quien, apenas hacia dos años, había sido elegido para gobernar por una mayoría abrumadora de votos. El precio del dólar, que se había mantenido fijo por una década aumentó un 500%. Esta feroz depreciación del peso desequilibró millones de relaciones crediticias y puso a miles de contratos al borde de la ruptura por imposibilidad de cumplimiento. El huracán financiero, económico y político, renovó su fuerza en lo social por el incremento de la delincuencia, robos, asesinatos y secuestros, cometidos en muchos casos por hampones sospechados de estar vinculados al mundo policial. En espontánea reacción miles de personas se auto convocaron alrededor del padre de un joven asesinado por sus secuestradores – Axel Blumberg – exigiendo del gobierno mayor seguridad. Otros miles no desperdiciaban la ocasión para reunirse al grito “que se vayan todos” ante las puertas del Congreso de la Nación, dirigidos a diputados, senadores y políticos sin distinción. La dirigencia sindical brillaba por su ausencia. No se llegó al caos. Pero se padecía de una “sensación caótica”, del mismo modo que se padece sensación térmica más allá de lo que marquen los termómetros.Una anticipada convocatoria a elecciones a mediados del 2003 para elegir a un Presidente de la Nación consiguió amainar la intensidad de la conmoción social. El nuevo gobierno llego al poder por descarte. Sin estar sostenido ni por aproximación por la mayoría de votos que justificaran un origen democrático, pudo establecer un nuevo gobierno constitucional. Es posible que hayan influido en esta salida institucional la general ansia de restablecer un mínimo de paz y el recuerdo de los hechos dramáticos sufridos en los 1970 que remataron en muchos años de dictadura militar y terrorismo de Estado.
Se habla de la crisis del 2001. Sin ánimo de sobre cargar las tintas, considerando que hubo una especie de paralización de los centros nerviosos del orden social, la palabra colapso se ajusta más a lo ocurrido. Hay que tener en cuenta que la Argentina viene sufriendo desde más de medio siglo una persistente decadencia. Una amplia mayoría la atribuyó a la reiterada ruptura del orden político democrático. Pero en 2001 hacía casi veinte años que la democracia política estaba en vigencia. Recuperada en 1983, a diferencia de lo sucedido en etapas anteriores, para el 2001 existía una opinión general contraria a poner fin a la democracia
Se comprende entonces cierta duda general sobre la supuesta eficacia de la democracia política para afrontar y resolver los problemas sociales, en especial los económicos. En el ámbito de la Universidad de Buenos Aires – en la Facultades de Ciencias Económicas y la de Derecho - aparecieron iniciativas destinadas a formular diagnósticos sobre lo acontecido y para discutir necesarios cambios en lo social. Se formo un grupo a fin de esbozar un plan para recuperar la economía argentina, cuyas proposiciones son publicadas bajo el sugestivo título de “Hacia el Plan Fénix”. El Decano de la Facultad de Derecho de la misma Universidad, Dr. Atilio Alterini, convocó a todos los sectores y miembros de la sociedad dispuestos a colaborar en el “Proyecto “Mariano Moreno” para reconstruir el Pacto Social Argentino Ambas iniciativas aunque no idénticas, son semejantes. Las dos reconocen que lo ocurrido tiene mucho que ver con el tipo de orden económico existente. Ambas, tienen en vista la necesidad de una reconsideración de la “constitución social argentina”. Por otra parte, un grupo de estudiosos en el ámbito del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja ha iniciado un seminario con “el objetivo de plantear el problema del Estado nacional argentino como parte de una problemática mayor que articula este tema con los problemas de la sociedad, la economía, la cultura, la política, la pobreza, la distribución y el poder”. Muchos otros esfuerzos se están llevando a cabo motivados por la misma o semejante preocupación
Provocada por el colapso descripto y en el marco de los emprendimientos intelectuales citados, creemos procedente esta pregunta: ¿Puede detectarse alguna estructura institucional jurídica-económica que primero haya obrado como motor del impresionante desarrollo argentino de los 1860 y a la vez actuando como causa de la posterior decadencia?
Este planteo se justifica, en principio, por que muchos consideran casi un misterio la paralización del progreso argentino en los 1900 y la posterior decadencia en las últimas décadas. Desde un punto de vista teórico se justifica también porque si bien hay muchas explicaciones, lo son sobre la evolución de alguna parte de esa historia; pero ninguna sobre el curso completo de la parábola “crecimiento-decadencia”. Pretendemos abrir una vía de investigación con ese propósito.
Luces y sombras del milagro argentino de los 1860
A partir del colapso del 2000 han emergido para recuperar nuestro país muchas opiniones que reclaman retomar una “actitud constituyente”, semejante a la adoptada por los hombres que organizaron nuestro país tras el derrocamiento de Rosas. Se recomienda y con razón examinar las claves institucionales básicas, para que restablecidas, se opere la anhelada recuperación.
Acaba de escribir un autor argentino para justificar su idea de recuperar las instituciones que permitieron el rutilante progreso argentino a partir de 1860:
“Éramos el país más irrelevante de América latina y pudimos llegar a ser el más admirado....Cuando digo “país exitoso” no me refiero a ningún paraíso. Soy de los que está seguro que no existen paraísos en la tierra. Por bella, satisfecha y feliz que pueda parecer una sociedad, siempre encontraremos por arriba yo por debajo de la alfombra la suciedad de conflictos, injusticias y carencias”
Estas actitudes son tan plausibles como recomendables. Pero no contribuirán a solucionar nuestro problema de reordenamiento social si no se parte de reconocer la estricta realidad. Se ha expandido en estos años una idea errónea sobre como fue, efectivamente, el “rutilante progreso” argentino desde el derrocamiento de Rosas. No puede negarse que lo hubo. Pero hay serios testimonios de la época que obligan, como mínimo, a reflexiones mas profundas.
Conviene meditar sobre el siguiente discurso pronunciado por el Dr. José A. Terry en el año 1898, el día que inauguraba la cátedra de Finanzas en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
“La República Argentina ha vivido 88 años de vida libre, es decir independiente. Ha sido dueña única y exclusiva de sus actos y destinos: y hoy, después de tantos años, si dirigimos nuestra mirada hacia el pasado y si juzgamos el presente, tendremos que confesar con tristeza que la República ha perdido lastimosamente tiempo y riqueza. Tengo para mí, que si la República hubiera vivido honradamente, que si gobernados y gobernantes hubiéranse inspirado siempre en el deber y el patriotismo, hoy podríamos presentarnos ante el mundo con 20 millones de habitantes, en lugar de 4, con cien veces más riquezas y progreso moral y material y sin los ruinosos compromisos, causas de nuestras quiebras anteriores y de nuestras serias dificultades del presente”.
Ante esta tajante descripción de quien ocupara tan importantes cargos en la conducción de los negocios públicos de la Nación, fundador de la cátedra de Finanzas, uno debe formularse algunas preguntas.
¿Será verdad que los notorios fracasos económicos que Terry denuncia
- que echan por la borda el mito del progreso rutilante del que tan a menudo hoy se habla - se debieron a que gobernados y gobernantes no estuvieron a la altura de sus deberes por fallas en el sentimiento patriótico?
Comprendemos el enojo de Terry y no descartamos que haya habido entonces, como las hay hoy, fallas como las mencionadas. Pero alguna responsabilidad hay que asignar al sistema o tipo de orden jurídico/económico. Si Terry sostiene que debiéramos haber contado ya en 1898 con una población con 20 millones de habitantes cuando apenas alcanzaba a 4; si Sarmiento, en 1868 había comprometido su gestión como presidente en hacer 100 Chivilcoy, iniciando así el camino para que nuestra población alcanzara , en poco tiempo, la cifra de 100 millones y Alberdi -mentor de la Constitución – ya en 1852 había sentado como consigna lo que hoy se llamaría “política de Estado” que en la Argentina “gobernar era poblar” , ¿qué paso para que una política tan firmemente declarada una y otra vez y estatuida como norma constitucional haya fracasado tan estrepitosamente?
Hay una visible separación entre la voluntad declarada de los dirigentes, lo dispuesto por la Constitución Nacional, y el efectivo poblamiento del país. ¿Eran acaso tan malos calculistas o hubo algún freno que frustró aquella decidida voluntad ajustada por entero a los preceptos constitucionales?
¿Tiene algo que ver ese rotundo fracaso con los síntomas de decadencia económica que se manifiestan tempranamente alrededor del 1900? ¿A que se debe que permaneciendo el territorio argentino – en términos de densidad poblacional – tan desértico como entonces, dejara de atraer inmigrantes y desde 1950 pasara a ser un país de emigrantes? ¿Habrá acaso algún factor institucional responsable desencadenante del incomprensible periplo de la Argentina?
La gran incógnita
No mienten quienes afirman que en apenas unas décadas a partir de 1860 la Argentina se mostró ante el mundo como un portento, a la vez que contra todas las expectativas, lo que prometía ser una potencia mundial se vino abajo. Este proceso pareciera encerrar una incógnita no suficientemente contestada.
“El explosivo crecimiento que la Argentina experimentó en los cincuenta años posteriores a 1860 es uno de los casos de mayor éxito que se inscriben en la historia de las economías capitalistas. No se re¬gistra ninguna otra economía cuyo crecimiento haya sido tan impor¬tante y tan rápido. El único caso comparable es el de los Estados Uni¬dos.
La economía norteamericana fue de mayor magnitud tanto al comienzo como al final de su más rápido crecimiento. Pero, de acuer¬do con las mediciones tradicionales del crecimiento - aquéllas que se centran en las proporciones o porcentajes de cambio el caso de la economía argentina registró valores mucho más elevados que el de la norteamericana y ha sido objeto de numerosos estudios.
Lo fascinante del caso argentino no radica sólo en su asombroso éxito inicial, sino también en el hecho de su clasificación como tierra de colonización relativamente reciente y como economía de expor¬tación. Este último factor ha proporcionado la base para establecer comparaciones con otros países de reciente colonización, especial¬mente los Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. La mayoría de estas comparaciones, al menos aquellas que datan de 1960 en adelante, han resultado desfavorables para la Argentina, pues se han centrado en el prolongado estancamiento de su economía en la última mitad del siglo.
Producto de las comparaciones, ha prolife¬rado una extensa bibliografía mediante la cual se intenta responder a la pregunta: "¿Qué se hizo mal?". O, extendiendo el acertado aforis¬mo de W. W. Rostow, ¿por qué la Argentina se estrelló después de despegar? .
La metáfora de Rostow es impresionante y útil para despertar interés en la cuestión. Pero la figura de un ascenso lineal y una catastrófica precipitación a tierra, no responde cabalmente a los hechos históricos. Un somero y rápido inventario da cuenta de problemas sociales con raíces económicas en épocas tempranas dentro del milagroso despegue. Tal la crisis financiera de 1877, la de 1890, la huelga de inquilinos en la Capital Federal de 1907, el rebelión de arrendatarios conocida como el Grito de Alcorta de 1912, la huelga obrera con fuerte represión, llamada Semana Trágica de 1919 y la huelga y represión de los trabajadores en la Patagonia de los años 1923.
Para una respuesta capaz de explicar la parábola del crecimiento y decadencia argentina, son útiles algunas postales de la época que revelan una estructura total cuyos efectos se viven aún en nuestros días.
Desigual distribución del territorio entre los habitantes
La cuestión de la adjudicación de la tierra a los habitantes del territorio de la República Argentina tiene una larga historia que se remonta a la conquista española, sobre la cual no falta literatura. De ella no podemos ocuparnos en esta oportunidad. Lo que importa destacar es que esa cuestión formó parte como problema principal abordado por los revolucionarios de Mayo y, en apariencia resuelto con una legislación novedosa: la ley de Enfiteusis dictada por el Congreso de 1826. Sin embargo esta ley, considerada desde un punto de vista ideal como un notable adelanto en la materia, tres décadas más tarde sería juzgada como la principal causa de muchos de los males que se abatían sobre la República. Como en otros casos ambos juicios – el de laudatorio y el de condena – no guardaban la debida proporción. Había razones para pensar que la ley de enfiteusis no podría cumplir su verdadero cometido: poblar al país con pequeños propietarios (enfiteutas en este caso) echando las bases para una democracia agraria; pero, desde otro punto de vista, hay buenas razones para pensar que mas allá de las dificultades para hacerla efectiva en su justa medida, conspiraban contra ella rasgos del carácter argentino.
Enrique Arana nos traza un cuadro de los hombres de ese tiempo que refleja muy bien esa peculiar relación hombre/tierra, producto de la poca gente en un inconmensurable territorio:
“El instinto de la tierra tenía fuerzas de “orientación” en su espíritu. El latifundio sugirió siempre cierto sabor de grandeza y de superficie infinita al recorrer los inmensos prados vírgenes; despertaba sentimientos de estabilidad. Parado en medio de sus campos sin fin, surgía en el espíritu sencillo del viejo estanciero la confusa sensación de aquellos dominios en los que no se ponía el sol”
¿Cómo podría funcionar la ley de enfiteusis en una sociedad cuyos hombres venían de una tradición en la que “cincuenta leguas unos, treinta o cuarenta otros , llegaron muchos a tener verdaderos feudos, concedidos por este procedimiento generoso , ya por el rey, o los gobiernos patrios, ya bajo el aspecto de premios militares. Se regaló tierra a manos llenas.”
En cuanto al pueblo, según Arana, “no quería tierra ni trabajo muy duro, sino la holganza, que permitía el pastoreo en vida fácil, que, a su manera, a todos satisfacía, a pesar de ciertas privaciones que el bravo carácter salvaba”
So pretexto de poner a cubierto las fronteras de las incursiones de los indios (Decreto del 19 de septiembre de 1829) se acordaron a los vecinos de la provincia de Buenos Aires “gracias abundantes” a los que quisieran establecerse en el Arroyo Azul. “cada uno de ellos recibía en propiedad una suerte de estancia de la extensión de media legua de frente por legua y media de fondo”(alrededor de 2400 hectáreas), con el cargo de levantar un rancho de paja y abrir un pozo de balde. Vino así el acaparamiento de muchas suertes de estancia en una sola mano: “cada uno de los ranchos convirtíose en uno de los tantos puestos del gran establecimiento del futuro”.
En su momento Juan Manuel de Rosas asumió el gobierno. Dice Arana: “Para no contrariar la costumbre, Rosas tuvo que ser el sostenedor y fomentador del latifundio, porque la subdivisión de la tierra en forma de creaciones de pueblos fue completamente ilusoria como medio para fomentar la pequeña propiedad.” Pero con su derrocamiento en 1852 no cambiaron las costumbres. Sus más tenaces opositores lo sucedieron en el poder; pero solo recién en 1857 derogaron la ley de enfiteusis. Les resultó tan propicia para acaparar tierras baldías como lo fue a los derrocados.
A decir verdad, esa impronta perdura en el carácter nacional argentino. En forma activa, al considerar socialmente valioso y distinguido acaparar tierras. En forma pasiva, cuando con admiración con cierto dejo de envidia, se ve al millonario extranjero hacerse dueño de las más bellas tierras del país, adquiridas para pescar truchas durante un par de semanas al año. En el alma colectiva domina la creencia que se trata de un acto completamente legítimo. Ni siquiera estimula la reflexión.
No es sorprendente que consumada de este modo la distribución del territorio, llegado el momento de establecer la ley civil que habilitara el paso a la tierra, se tomara al derecho romano de propiedad – ya recepcionado por el Code Napoleón – como la fuente principal para el derecho positivo argentino. Teóricamente, este derecho civil debía concretar las garantías constitucionales de libre iniciativa, de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad sobre el fruto del trabajo. Pero el fait accompli, los hechos cumplidos, también impone sus reglas. Esto se aprecia con echar un vistazo al estado de la distribución de la tierra rural al filo del Centenario o sea unos cuarenta años después de aprobado el Código Civil.
Panorama de la distribución de la tierra rural en el 1910
Mucha tierra para pocos. “Se da uno cuenta de la inmensidad de las propiedades argentinas...cuando se ve en los planos anchas manchas multicolores que son las “estancias” de los Alvear, Pereyra, Duggan, Casares, Unzué, Drysdale, Luro, Urquiza, Santa Marina, Martínez de Hoz, etc. Las estancias de 15 a 20.000 hectáreas se cuentan por centenares....Doña Concepción Unzué de Casares posee solo en su estancia de Huetel (provincia de Buenos Aires) 67,500 hectáreas; su hermana la señora Unzué de Alvear tiene 63,5000; Tomas Duggan no tiene menos de 60,000” . Para Jancito Odonne no más de 300 familias gozan de esta posición .
Poca tierra para algunos. Un presidente que a la luz de su Chivilcoy Programa puede ser calificado de “agrarista” – Domingo Faustino Sarmiento – creía en 1857 que “esas estancias, de las que con Plinio podría repetirse latifundia perditit Italiam , se han de subdividir por la acción del tiempo”, cosa que no ocurrió. Con afán colonizador sostenía que “así como para las estancias se han dado posesiones inmensas que han constituido señoríos feudales, un peón puede hacerse rico con 50 cuadras (50 Hectáreas) (pero) con 16 nunca; siempre será pobre y fundará una familia de mendigos” Por esta razón pensaron asignar ese mínimo a los colonos. Pero esta colonización no ocurrió conforme a lo deseado.
Al estudiar el proceso de colonización se ve que no todos los inmigrantes tuvieron la suerte de ser dueños de ese mínimo exigido por Sarmiento. Una gran mayoría tuvo que limitarse a ser inquilino (arrendatarios o aparceros), como lo prueba la rebelión campesina de 1912 provocada por el alto precio del arriendo .
Ninguna tierra para muchos. Aparte de latifundistas y colonos, en su mayoría arrendatarios, existía una legión de trabajadores agrarios, muy prolíferos como ocurre con los extremadamente pobres, que desde el comienzo eran asalariados “temporarios” y no pocas veces “gauchos mal entretenidos”. Su situación es conocida, por lo que no vale la pena extendernos sobre éstos. El gaucho “Martín Fierro”, de José Hernández da cuenta de su suerte. Dramática situación de los hombres de campo sin tierra que comprobó en documento insuperable, editado en dos tomos, Juan Bialet Masse. Su Informe fue presentado en 1904 al Ministro Joaquín V. González . Pero la orientación de los gobiernos no apuntó a resolver la cuestión del acceso a la tierra, sino más bien a proteger la situación de los trabajadores. El arte ha reflejado escenas de explotación a los que muchos estuvieron sometidos, como se ve en la película protagonizada por Hugo del Carril “Las aguas bajan turbias”. A partir de los 1950 se intensificó la migración de esa población. Resuelven abandonar “la patria chica”, para ubicarse en la Capital y el Gran Buenos Aires.
Tulchin describe así el panorama general de la distribución de la tierra agraria:
En la época del centenario, los estudios oficiales realizados por el Ministerio de Agricultura confirmaban lo qué ya se sabía: que la tierra más productiva de la pampa era aquella que estaba en manos de relativamente pocos dueños y que existía en todo el país una amplia clase de arrendatarios que trabajaban en condiciones miserables y quienes tenían poca o ninguna esperanza de lograr alguna vez tener su propia tierra. El patrón de tenencia de la tierra era tal que la organización de la producción permitía la maximización de las ga¬nancias de los dueños de la tierra sin que ello necesariamente implicara el aumento de la producción o el beneficio para el bien común, ni por cierto la presencia de una iniciativa empresarial innovado¬ra. Como respuesta a estos estudios se señaló de forma acomodati¬cia que aún cuando los hechos presentados pudieran ser precisos y aunque fuera lamentable que no se hubieran logrado los objetivos originales, el gran éxito del modelo de desarrollo era tan evidente que realmente no convenía preocupar a la sociedad por estos resultados y que los estudios no debían tornarse como consejeros de la perfección .
La propiedad urbana en Buenos Aires en 1910
La tierra rural fue el polo de atracción de una formidable corriente de inmigrantes provenientes en especial de Europa, tal como expresamente lo disponía la Constitución. A pesar de la opacidad que el latifundio implica, la necesidad de su explotación permitió el ingreso de millones al trabajo agrario; pero no en la medida que hubiese sido posible si otro orden jurídico hubiese imperado. Gran cantidad de inmigrantes, cuyo puerto de arribo principal era Buenos Aires, se radicaron en esta ciudad u otras como Rosario provocando una temprana urbanización en nuestro país. Las tierras urbanas vieron elevar sus precios y como resultado, tomando como base de información las ricas postales de Huret, podemos describir el panorama urbano en nuestra Capital al borde de la celebración del Centenario. Esto nos permitirá apreciar otras dimensiones del “rutilante progreso” iniciado en los 1860, cuyas señales y líneas directrices perduran hasta hoy.
La clase alta . “El barrio de las residencias empieza alrededor de la plaza San Martín...en dirección a la Recoleta y a la Avenida Alvear. En este barrio se alzan suntuosas moradas de la gente rica de Buenos Aires, de la aristocracia, como dicen aquí: los hoteles de los Alvear, Bary, Anchorena, Cobo, Casares, Unzué, Quintana, y Pereyra... el terreno alcanza en ese punto precios exorbitantes” El lector tiene que recordar que el actual Palacio San Martín, era la casa de los Anchorena, como otras residencias particulares, que actualmente ocupan la Embajada de Francia y del Brasil. Residencias que por la belleza y complejidad de su diseño, construcción, calidad de los materiales y costo de la tierra alcanzaban un precio que por sí solo hablaba de las fortunas personales de sus propietarios. Mas abajo veremos como era posible que se “generaran” semejantes fortunas .
La clase trabajadora. “Los barrios obreros están formados por casas miserables...Esas casuchas se llaman en la Argentina “conventillos” y son vastos patios descubiertos donde se abre una serie de tugurios oscuros y sin aire que son las habitaciones. Los inquilinos cocinan fuera, en hornillos pequeños. Lo verdaderamente escandaloso es el alquiler que pagan los 50 infelices que viven en tales antros” . Esto se registra en 1909 dos años después de la huelga de inquilinos de 1907. En 1922 se modifica, por poco tiempo, el Código Civil en lo que se refiere al plazo de locación. En 1943 se congelaran los arrendamientos urbanos por casi 50 años.
Los marginales. “En esta ciudad inmensa que progresa hace treinta años, aún quedan por hacer muchas cosas. El Barrio de San Cristóbal, llamado barrio de las Ranas es un vestigio persistente....Allí es también donde la espuma de la hez social abriga sus liviandades. La arquitectura de sus viviendas (es) “el estilo de petróleo” (querosén) . No se ven allí más que casas construidas con hojalata, cuyas paredes, tejados, puertas y columnas resplandecen al sol. ...Estos palacios y casuchas están habitadas por negras, mestizos, europeos e indígenas. Se ve toda aquella población compuesta de rufianes y prostitutas, de truhanes y libertarios, sentados a la puerta de sus casuchas tomando el mate...alrededor de ellos se levantan montañas de inmundicias o basuras que los carros van a vaciar allí incesantemente . El lector debe tener en mente la visión de las decenas de villas miseria que en condiciones semejantes persisten en la actualidad.
Estas crónicas de un testigo presencial, anticipan lo que décadas después nos relaciona Tulchin respecto de la Ciudad de Buenos Aires :
En la ciudad se aglome¬raban en los barrios bajos y vivían en las condiciones más inhumanas e insalubres. Muchos de quienes lograron conseguir trabajo se unieron a las organizaciones laborales con el fin de mejorar las crueles condiciones de sus lugares de trabajo y aumentar sus ínfimos salarios...La alta incidencia de líderes inmigrantes en los movimientos sindicales a fines del siglo XX facilitó a los oligarcas nativos depositar en lo extranjeros la culpa por las tensiones locales y responder con xenofobia a los esfuerzos organizados de la clase trabajadora por mejorar su suerte. La así llamada ley de Residencia de 1903 fue la más draconiana de una serie de medidas destinadas a refrenar al movimiento sindical.
La ley civil argentina y el orden económico decadente
Juan Bautista Alberdi, en sus duros comentarios al Proyecto del Código Civil de don Dalmacio Vélez Sársfield, escribió cual era a su juicio la mayor cuestión económica que afrontaba el país y el modo de resolverla, en estos términos:
“La mas grande cuestión económica de Sud-América, que es la de su población, esta íntimamente ligada con su legislación civil, y casi depende de ella, El derecho civil de un país despoblado debe tener por principal objeto el poblarlo mediante disposiciones dirigidas a este gran fin económico. El desarrollo de la población argentina, reconoce dos fuentes principales: la familia y la inmigración .
Alberdi no especifica cómo se ha de lograr que las familia argentinas, sus hijos y las familias provenientes del exterior como inmigrantes, han de acceder en un pie de igualdad a la tierra, rural y urbana, sin cuya previsión no se puede ni se podrá jamás constituir una sociedad política y económicamente democrática.
Sin ese derecho existencial , los artículos 14, 17 y 19 de la Constitución, tan acertadamente alabados por el propio Alberdi, con sus garantías para la libre iniciativa, la libertad de trabajo y la de inversión de capital y, en consecuencia, para la plena propiedad sobre el fruto de lo producido, habrían de ser de corto alcance, y en poco tiempo puras afirmaciones retóricas. Problema que no habrían de solucionar palabrerías como las contenidas, con buena intención pero nulo efecto, en el art. 14 bis de la Constitución Nacional.
Alberdi no examinó el Código Civil “artículo por artículo” según reconoce en la Nota con que contestara las quejas de Vélez por esa falta . Cometió un error, pues dada su innegable capacidad como abogado, no se le hubiera escapado en qué grado Vélez Sársfield descuidaba a “la mas grande cuestión económica de Sud-América”.
Si bien en tono reflexivo el autor del Código considera que “la propiedad debía definirse mejor en sus relaciones económicas”; esto es, como “el derecho de gozar del fruto de su trabajo, de trabajar y de ejercer sus facultades como cada uno lo encuentre mejor” , a la hora de legislar sobre los derechos reales, cuyo prototipo es el derecho de propiedad, juzgó “mas conveniente aceptar el derecho puro de los romanos”, según lo expresa, en el párrafo quinto de la nota al artículo 2503. La economía de la Antigua Roma no se basaba en el trabajo de los hombres libres sino en la explotación forzada de los esclavos y en las exacciones a que sometía a los pueblos conquistados. Mal augurio para nosotros.
También habría podido advertir Alberdi que cuando el Código Civil trata de las maneras de adquirir el dominio, comienza, como indica el sentido común, por la apropiación (Art.2524 CC), pues de todo ser humano traído a este mundo – si pudiera expresarse – haría esta inevitable pregunta: ¿Cuál es la parcela del territorio de este país que me corresponde y de la que no puedo ser privado , porque como ser vivo sin ella mi vida no es posible? . Alberdi se habría sorprendido que al tratar de tan fundamental asunto, el Código solo se refiere a las cosas muebles sin dueño o abandonadas por su dueño (Art.2525), mientras que establece que “no son susceptibles de apropiación las cosas inmuebles” (Art.2527), entre las que, desde luego y en primer lugar, figura la naturaleza (Art.2314) . O sea la tierra, esa realidad material sin la cual la vida del hombre es imposible.
Alberdi habría comprendido – como comprendemos nosotros - que “apropiarse” del sitio que todo ser humano necesita no es cosa fácil de resolver. Pero también es verdad que no se puede dejar de hacerlo y de la forma en que se lo haga depende el orden social todo. En esta tarea tiene y ha tenido siempre un rol fundamental el derecho.
Esto lo sabía Vélez. Por ello empezó por desechar la enfiteusis clásica (sin nombrar la propia de 1826) y en el brevísimo noveno párrafo de la Nota (a) del Título IV De los derechos reales, justifica el sistema institucional que adopta respecto de la tierra de este modo:
“Suprimiendo la enfiteusis, evitamos los continuos y difíciles pleitos que necesariamente trae, cuando es preciso dividir por nuestras leyes de sucesión el derecho enfitéutico y el derecho del señor directo. El contrato de arrendamiento será entre los propietarios y los cultivadores o criadores de ganado, un intermediario suficiente”
La solución salta a la vista. Liquidada la legislación de Mayo (ley de Enfiteusis ), con argumentos poco convincentes, pero dominantes en esos momentos, se convalidaron las bases para la división de la sociedad en dos clases: los dueños de la tierra por un lado y los inquilinos por el otro. Este sistema acarrea la división en clases de modo inevitable – salvo que se tome el recaudo sugerido por Echeverría en La Contribución Territorial. Al poco tiempo se le agregaría a las dos primeras una tercera clase: la masa de los sin tierra.
La ley de Enfiteusis argentina fue el fruto de un pensamiento que apuntaba al ideal de una democracia social, sin cuyo propósito la Revolución de mayo se habría limitado a ser una mera secesión del imperio español. Sin embargo, establecer una democracia social con el recurso de enfiteusis probó ser una medicina demasiado fuerte para una sociedad con hábitos autoritarios que en su seno había crecido en demasía el latifundio. En el enfrentamiento entre quienes propugnaban ese ideal y la realidad llamada la “fuerza de las cosas”, ésta se impuso. Con esa ley, como hemos visto, se cometió el mayor fraude legis de nuestra historia. Dictada para generar la base de una democracia social, fue utilizada para organizar una estrecha y poderosa oligarquía terrateniente. Esta desgraciada experiencia explicaría por qué la miraron con verdadero encono y le atribuyeran los males que sufría el país, los más denodados opositores de Rosas, hombres como Sarmiento , Alberdi y Mitre .
Historias paralelas: Antigua Roma y la Argentina
Merece destacarse lo siguiente: a partir de la solución dada a la cuestión de la propiedad de la tierra mediante una institución del derecho civil inspirada en el derecho romano, impulsando el poblamiento masivo de la Argentina, nuestra historia comienza en múltiples aspectos, a repetir los conocidos dramas de la Antigua Roma.
Principia con la prosperidad económica de los magnates – los terratenientes - desde el mismo inicio de la Organización Nacional. Como fue clásico en la Antigua Roma, también aquí desde el punto de vista social pronto se produjeron estallidos que preludiaban tensiones y enfrentamientos propios de un estado de guerra civil. Desde el punto de vista político, como en la Antigua Roma, la República cede su lugar a diversas dictaduras, cada vez más cercanas entre sí y prolongadas en el tiempo. La democracia representativa se convierte, con los caudillos, en democracia de masas y el clientelismo juega un gran papel. La idea del proletariado romano calmado con pan y circo se repite entre nosotros .
La creación de derechos sociales – por todos anhelados – es imposible de concretar y da por resultado la implosión de la economía. La democracia comienza a vaciarse de contenido social para subsistir como esqueleto electoral. Hay votantes políticos, hay movilizadores sociales, pero no personas que gracias a su ciudadanía económica puedan decidir libremente. En lo público y en lo privado hay un general sometimiento al Estado. Si alguien cree ver un apartamiento de la historia romana; debe tener en cuenta el gran progreso tecnológico industrial de nuestra época que ha mitigado muchos padecimientos.
El poder central de hecho y de derecho, como en la Antigua Roma, rebaja a su mínima expresión las autonomías provinciales y locales: se refleja en el decaimiento del sistema federal y el municipio. Debemos recordar que para Esteban Echeverría el municipio era la célula social básica a crear para armonizar los intereses de los individuos y los de la comunidad . Es patente que ni el municipio ni los estados provinciales han logrado la autonomía real que esas sonoras palabras indican. El municipio se ha vuelto inviable en las pocas megalópolis en que se agrupan millones de almas. En el interior del país es imposible pues los pueblos desparecen por abandono de sus habitantes .
A modo de peligroso anticipo del fraccionamiento medieval que sucedió al derrumbe del Imperio en el siglo IV, entre el hacinamiento de las grandes ciudades y los pueblos desérticos, en búsqueda de la seguridad y tranquilidad perdida, gente con mayores recursos se junta en aislados pequeños poblados , a los que embellecen por dentro y cercan por fuera para su protección: los countries. En manifiesta oposición por su fealdad e inseguridad, aparecen completando el rosario de poblaciones que rodean a las grandes ciudades otros asentamientos: las villas miserias, lugares en las que, se dice y con razón, brotan los nuevos bárbaros que con furia atacan las obras de la otrora gran civilización. ¿se puede esperar algún otro resultado que la barbarie en esta situación?
Cuando el mejor negocio sobre la Tierra es la tierra
Anota Huret en su libro sobre la Argentina en el año 1909, capitulo “Las fortunas y la tierra”, esta importante observación que debiera ser el principio de los estudios argentinos en ciencias económicas , jurídicas y sociales:
“Casi todas las grandes fortunas argentinas tienen su origen en el mayor valor de los terrenos que continúa hace cuarenta años, a pesar de las inevitables crisis de esta progresión. He analizado en detalle las formas de esta feliz evolución favorecida por la concurrencia de capitales ingleses y la emigración europea. La tendencia se acentúa cada vez más de dividir en lotes para la colonización inmensas extensiones pertenecientes al Estado o a los particulares: he aquí los factores que explican y justifican entre otros el complejo juego de la valoración de las tierras” .
Este proceso de valoración del suelo era tan previsible como inevitable para un país que disponiendo de un inmenso territorio, uno de los más feraces del globo, resolvió poblarlo mediante una invitación formal constitucional dirigida a “todos los hombres del mundo que quieran habitar” su suelo, a fin que ganen su pan mediante el ejercicio de su libre iniciativa en actividades lícitas, garantizándoles la propiedad del producto de su trabajo y la de inversión de capital real.
Toda vez que el “territorio argentino” era limitado, un dato finito, la demanda de tierra por parte de nuevos habitantes, trabajadores e inversores de capital, tenía que traducirse – inexorablemente- en un aumento del valor del suelo. Como se trata de un caso de demanda inelástica, el incremento debía ser exponencial . Éstos eran los hechos con los cuales había que contar. Ante esta realidad debía operar el ingenio humano y el espíritu elevado para encontrar una solución que mereciera el nombre de derecho correcto. Esto es justamente lo que no ocurrió por desatenderse el principio propuesto por Echeverría en la Contribución Territorial.
El régimen jurídico de la enfiteusis argentina quedó desvirtuado, entre otras cosas, por la falta de instituciones sin las cuales no podía funcionar . Haya sido esta razón suficiente o no para derogarla, no interesa en este caso. Lo que importa es que al dictar y aprobar el Código Civil se repitió un hecho harto frecuente en la historia del derecho argentino: el ansia por las soluciones rápidas. La mayor prueba de la urgencia fue la aprobación a libro cerrado, nada menos que del Código Civil. Con toda razón protestó Alberdi contra este modo de aprobarlo, pues “organizando la propiedad, el Código civil tiene en sus manos los destinos de la democracia moderna” . Y quien organiza el sistema de la propiedad imprime el modo de ser y de evolucionar la economía de una sociedad.
El Código Civil de prosapia romana estableció un sistema institucional de la propiedad de la tierra, que convalidó el acaparamiento llevado a cabo y al facilitar su venta y arrendamiento, sentó las bases para el mejor negocio económico dentro de la sociedad argentina. “Especular con la tierra” se convirtió en un santiamén en la actividad más lucrativa a partir de esa década.
“En todas las clase de la sociedad, desde las más humildes a las directoras, las gentes se dedican a la especulación sobre los terrenos, los unos con método, los otros con pasión, pero todos con una confianza absoluta en el porvenir del país. Puede decirse que salvo los miserables, todo el mundo especula en la Argentina, desde el rico estanciero hasta el inmigrante recién llegado”
Tendencia por completo explicable, pues con pruebas a la vista, no había ningún otro negocio lícito, animado por la libre iniciativa privada, que se le pudiera equiparar. En un informe privado se daba cuenta de este hecho.
“Deseo aclarar que el señor Alcorta compró , a corta distancia de la estación Moreno, una fracción de tierra de dos leguas y media al precio de 600 pesos papel por cuadra. Después que la estación fue levantada sobre los terrenos de esa propiedad, la tierra se vendió en remate, dividiéndose en lotes para la construcción; y algunos de ellos lograron el enorme precio de entre 35.000 y 40.000 pesos papel por cuadra”
“En Morón, de igual modo, un molinero emprendedor, M. De la Roche. Compró en 1855 treinta cuadras de terreno por 16.000 pesos papel. Luego trató con la compañía para que se llevara a la vía férrea a través de su propiedad. Ofreciéndoles una concesión a perpetuidad de 3 cuadras – espacio para la estación – y la tierra ocupada por los rieles. Luego de la inauguración de la línea hasta Morón, dividió su tierra en lotes para la construcción, y los vendió en remate. Varias cuadras se vendieron por 100.000 pesos cada una y algunos lotes rindieron 2.000 pesos por yarda” (menos de 1 m2)
Lo que comenzó por ser un “negocio” rápidamente se transformó en un epidemia lúdica. Cuando ello ocurre todos los resortes morales de la sociedad se resienten y los cambios afectan no solo la vida de los individuos sino al “alma nacional”. Esto lo registró en 1891 el joven José Miró (conocido como Julián Martel) en su celebre novela La Bolsa. La especulación con acciones (como se suele recordar por la de Nueva York en 1929) es asunto peligroso; pero, muchísimo más lo es la especulación con los títulos de propiedad de la tierra, porque éstos – cosa que pocos advierten – impulsan la inflación monetaria . La especulación con la tierra, es en verdad una especulación con títulos. A igual que en el mercado de acciones nadie especula “con fábricas o empresas” sino con los títulos que acreditan una cierta propiedad sobre ellas. Así desde el punto de vista económico funcionan los títulos de propiedad del suelo. El aumento del valor del terreno “infla” el título y genera en su titular un poder de pago superior sin contrapartida de cosas producidas.
La Argentina del rutilante progreso entró vertiginosamente en el “juego especulativo con la tierra” contra el trabajo tesonero como se aprecia en este testimonio:
“A la hora actual los que más pronto se enriquecen no son los industriales y los comerciantes sino los propietarios, los especuladores y los bancos. Y es tan cierto, que un comerciante enriquecido por el negocio, se apresura a comprar tierras. Si es listo, en muy pocos años dobla o triplica su fortuna”
A fines de los 1990 una antigua empresa de molienda (Molinos Morixe) cayó en convocatoria de acreedores. Pese a la aceptación de su oferta de pago con quitas y plazos, sus deudas no podían ser pagadas con la producción. En cambio pudieron ser solventadas gracias al precio del terreno dónde estaban las instalaciones de la fábrica. Una manzana, comprada a principios del siglo XX por unas monedas, a través del tiempo se valorizó a tal punto que con su venta o traspaso se pagaron las cuentas. El terreno estaba tal cual hacia un siglo; la única diferencia es que a su alrededor se había construido el elegante barrio de Caballito.
El poblamiento de nuestro país – tan deseado como justificado – se iba realizando. Pero la institución de derecho civil sobre la propiedad de la tierra producía terribles efectos los que sin embargo eran vistos como “milagrosos” incluso para los propios beneficiados.
“Mi padre adquirió 10 leguas a 2.000 francos la legua. Cuando murió fueron repartidas entre sus cuatro hijos. En 1885, el mayor vendió su parte a 30.000 francos la legua. En 1890, el segundo vendió la suya en 75.000 francos la legua. En 1905, el tercero obtuvo 225.000 francos por legua y el último, acaba de ceder la suya por 325.000 francos la legua”
Estos hechos deben ser contemplados desde el punto de vista del efecto sobre el derecho a acceder al suelo por parte de trabajadores e inversores de capital real. El padre del relato, unas décadas antes, necesitó solo 2000 francos para acceder a una legua. En 1909 un habitante para acceder a la última legua ya necesitaba 325.000 francos. Supóngase que quien deseara acceder al suelo pudiera contar gracias, a su trabajo, con un ingreso suplementario anual de 2000 francos, y los ahorra para adquirir la parcela que necesita para vivir o ampliar su actividad económica. Cuando compró al padre del ejemplo, necesitaba solo 1 año de trabajo. En 1909 el nuevo habitante (inmigrante o hijo del país) necesitaba ¡162 años de trabajo! ¡Cuantos años de trabajo necesita en el 2005? Calcúlelo el lector con hechos que conozca de su propia experiencia.
Esto muestra que ya en el Centenario la tierra había quedado fuera del alcance de millones de trabajadores. Los que ya estaban en el país o eran potenciales inmigrantes. ¿Cómo no iba a cesar el flujo migratorio a pesar que geográficamente el país permaneciese tan desértico como en los comienzos?
El precio de la tierra en la ciudad fue aún mayor. Narra Huret:
“En los centros urbanos, sobre todo en Rosario y Buenos Aires, la valoración , no hay que decirlo, ha seguido una marcha mas extraordinaria. El precio de los terrenos en el barrio elegante y en el comercio, llega a lo fabuloso. El metro vale cien veces más que una hectárea en el campo. La familia Alvear poseía una casa y un jardín en la plaza San Martín con una superficie de 6.000 metros cuadrados. Lo ha vendido al Jockey Club a 1.112 francos el metro, lo que da un total de cerca de 7 millones de francos. En el ángulo de las calles Florida y Rivadavia el metro vale 5.500 francos”
La contracara de este obsceno “boom” era el “barrio de las latas”
El efecto perdurable de la institución de la propiedad de la tierra urbana
La estampa que acabamos de describir corresponde al Buenos Aires de 1909.La que sigue – idéntica en lo formal, agravada en lo material – corresponde al año 2005, bicentenario del natalicio de Echeverría. El lector debe hacer la comparación y sacar sus conclusiones.
Más de dos millones de personas viven en villas, asentamientos o tierras sin título de propiedad en el área metropolitana de Buenos Aires, según un relevamiento realizado por un grupo de investigadores de la Universidad Nacional General Sarmiento. Las primeras conclusiones del trabajo señalan que esta población es más del doble de lo que indican los registros oficiales.
Los datos del censo 2001 indican que en el conurbano hay 355 villas o asentamientos, con 638.657 habitantes. "Nuestro equipo está relevando municipio por municipio, junto con ONG y se comprobó que el subregistro al menos se duplica", apunta Raúl Fernández Wagner, que dirige el trabajo.
"Si sumamos la ciudad de Buenos Aires, con no menos de 100.000 habitantes en villas y algunos partidos de la tercera corona de la región metropolitana, como Pilar, Ensenada, Berisso y La Plata, no sería erróneo considerar que al menos dos millones de personas han accedido y habitan en forma irregular", agrega.
El trabajo traza una diferencia entre villas y asentamientos. Las primeras tienen tramas urbanas irregulares, sin calles y con pasillos. Tienen buena localización, en relación a centros de producción y consumo. Los asentamientos son tierras tomadas y se asemejan a barrios, pero están instalados en tierras privadas -basurales o zonas inundables-, por lo cual los propietarios no las reclaman. Sus habitantes quieren que se legalice la posesión.
La investigación señala que la mayoría de las villas tuvo origen por una acción del Estado: "Buena parte de la vivienda pública construida entre los años 60 y el 80, al no tener sus escrituras, pasó a ser parte de un mercado informal. En torno de muchos barrios de viviendas públicas, acabaron estableciéndose villas" .
Efecto del actual sistema de propiedad del suelo sobre la economía pública
Hasta este punto hemos subrayado los efectos del sistema de propiedad del suelo en los ámbitos de la economía social. Pero hay otro que, por rebote, trastoca por completo el sentido de la economía pública y con ello el papel del Estado en la práctica.
No puede ponerse en discusión que es el Estado, directa o por otros medios, el responsable de ofrecer una serie de bienes públicos entre los que figuran en grado muy importante la formulación del derecho positivo y la administración de justicia mediante jueces independientes. Estos bienes y otros más no son gratuitos. Hay que solventarlos con la riqueza forjada masivamente en la economía social. Nunca los gobiernos han dudado un instante sobre esta realidad y han actuado en consecuencia tomando de mil modos parte de la riqueza forjada por los particulares.
El fondo de donde extraer esos recursos para afrontar el gasto del gobierno es uno de los temas más delicados y peor tratados por la doctrina y la práctica. Hay muy buenas razones, cuidadosamente expuestas y empíricamente probadas como verdad, que el fondo primordial del tesoro público – para que subsista una economía de mercado libre y próspera – es la renta fundiaria. Esto es, el valor que adquiere la tierra por causa de la demanda (reflejado en el precio de moneda no adulterada) .
Bien estudiada las cosas el total del valor de la tierra de una comunidad es el crédito que la comunidad tiene contra los ocupantes de su territorio. En otras palabras es el crédito público por excelencia. Pero debido al sistema de propiedad privada de la tierra como el establecido en nuestro país, ese valor queda – si no se toman otras medidas legales – en el bolsillo de los propietarios. Dejadas las cosas en este punto esta claro que no llega al Estado esa renta que debiera percibir en representación de la comunidad, mas pesa sobre él la carga de ofrecer bienes públicos (establecida la democracia son exigidos con prontitud y firmeza por todos). Privado el Estado de aquel recurso debe apelar a otras fuentes. De las muchas inventadas y sin entrar en detalles, tres se destacan:
a. Los impuestos
b. El crédito o endeudamiento en que se compromete el Estado (interno y externo)
c. La emisión de moneda sin respaldo en correlativa producción de riqueza
Más allá que se pueda apelar según las circunstancias a cualquiera de estos medios, la experiencia argentina prueba que son recursos que ponen en situación crítica a la economía del país. También muestra la experiencia que los medios b y c (crédito y emisión de moneda) exigen una rigurosa aplicación del rubro a (los impuestos). De ahí la energía que gastan los gobiernos para lograr que ellos sean pagados. Sin embargo, pese a todo tipo de invocaciones patrióticas, denuestos morales y sanciones penales, el incumplimiento de esta obligación fiscal es enorme. La evasión de impuestos (y por añadidura el de las llamadas cargas sociales), se estima que alcanza la mitad de la suma que legalmente se debiera recaudar.
Tres fantasmas asedian de este modo a la economía pública: pecar por emisión de moneda (pues es para el gobierno el más dulce de los caminos) y por esa causa incurrir en todos los desbarajustes que provoca la inflación, de sobra conocidos en la Argentina. El otro es aprovechar la liquidez interna o internacional e incurrir en el camino del endeudamiento público. Éste por causa de los intereses y los incumplimientos, crece como bola de nieve, comienza por dejar sin recursos a los gobiernos y los conduce a declarar su quiebra como ocurrió en el 2001.
Por último, los impuestos. Las leyes que los crean definen como hechos imponibles a lo más vital de la economía social: las actividades que concurren a la producción, comercio y consumo de la riqueza. Los impuestos son más que un freno a la economía; son el palo en la rueda de la economía social. Para colmo no se limitan a frenar la actividad económica, sino que distorsionan al orden económico hasta trasformarlo por completo. Un orden económico que comienza por ser de mercado, al cabo de cierto tiempo y según la presión impositiva, se convierte en otro que guarda tremenda semejanza con las economías centralmente dirigidas por el Estado.
Establecidos como hechos imponibles las actividades de los particulares, la única manera de conocer la existencia del hecho y el monto gravable es obligando a declarar a los responsables ante el Fisco. Es el llamado “sistema declarativo”. No hay que ser demasiado perspicaz para advertir la tendencia a salvarse de la agresión que implica el sistema. Es decir, la gente apela a la mentira. Falsea sus declaraciones o inventa recursos lícitos para eludir el pago. Los efectos morales son catabólicos para una economía de mercado, la que – por principio – se funda en la verdad y la buena fe. Por añadidura, decae la moral social toda.
Ante la seguridad de la creciente falsedad en las declaraciones, el Estado transforma su naturaleza liberal y democrática para adoptar formas inquisitoriales primitivas, contrarias a la vida moderna. El Estado recaudador deja de ser el “protector” de los ciudadanos para transformarse en el temible Ogro filantrópico descripto por Octavio Paz , dedicado a destrozar todo el orden social, sus instituciones y la vida de los individuos .
Esta descripción es solo un breve pantallazo de los efectos que acarrea a la economía pública y por derivación a la vida social, el descuidar de modo indolente el consejo de Esteban Echeverría. El tremendo daño que se causa al país por haber abandonado la contribución territorial como la base primera y principal del tesoro publico y sustituirla por el malsano sistema de los impuestos.
Otros efectos de la actual institución de propiedad del suelo
Lo que en forma resumida acabamos de describir fue registrado en distintos momentos de nuestra historia económica.
Temprana paralización del crecimiento. Alejandro E. Bunge en 1923 observó que mientras antes de 1900 la relación entre los aumentos de la población activa y la producción era de 1 a 4. Es decir, por cada inmigrante aumentaba cuatro veces la producción. A partir del año 1907 esa relación se mantenía en la proporción de 1 a 1, lo cual indicaba un claro estancamiento de la economía argentina . Hay buenas razones para pensar que el aumento del costo de la tierra en los términos descriptos fue una de las causas que actuó como un freno en el proceso de crecimiento económico interno.
Sin necesidad de entrar en detalles, para entenderlo basta con recordar que cuando el número de propietarios del suelo es reducido y comparativamente enorme el número de los que deben pagar el precio del suelo – vía precio de compra o vía arrendamiento – los ingresos de estos últimos se reducen progresivamente con el aumento del valor de la tierra, cuyos incrementos van a parar en forma directa al bolsillo del pequeño número de dueños del suelo . Esto se traduce en la acumulación de grandes fortunas en pocas manos y en la formación de vastos sectores sin capacidad adquisitiva. Los monumentos que testifican ese desequilibrio social son, por un lado, los afamados palacios argentinos construidos en los cascos de las estancias, que poco a poco el público va conociendo en estos días gracias al turismo y los no menos bellos construidos en la ciudad de Buenos Aires algunos de los cuales hemos nombrado. Del otro lado y en franco contraste están los barrios obreros, los conventillos y villas miseria que – como se ha visto – datan de la era del supuesto rutilante progreso argentino. En resumen, gran depresión del mercado nacional.
Desde un punto de vista macroeconómico otros efectos se pueden apreciar. En primer e importante lugar uno económico: el deprimido mercado de consumo interno. El segundo efecto es que produciendo la Argentina productos agrarios a granel, no podían ser consumidos por sus habitantes y solo tenía sentido llevar a cabo esa producción para el mercado exterior. Pero esta tendencia a orientar todas las fuerzas productivas para el mercado externo no fue determinada pura y exclusivamente por el tipo de producción nacional, sino por el deprimido y estrecho mercado nacional. “Exportar” se fue constituyendo en el ideario nacional por excelencia.
Tempranos fracasos de la economía pública. Otros efectos políticos y de moral social, fueron denunciados por el profesor Terry en la misma clase inaugural de la cátedra de Finanzas en 1898:
“Señores, la sociedad argentina ha vivido en el despilfarro y, en consecuencia, en el déficit. Estudiar el déficit y los medios adoptados para enjugarlo, es estudiar la historia financiera y también la historia política de la República”
Agrega más adelante el atribulado profesor estas palabras que deben hacer pensar y meditar a nuestros estudiosos de la sociedad argentina:
“Al estudiar el dominio territorial del Estado Argentino veréis como se ha dilapidado la mayor parte de nuestra tierra pública, habiéndose ensayado todos los sistemas imaginables, desde la donación a favor de los héroes que por desgracia abundan en nuestra historia, hasta la venta de inmensas áreas a simples especuladores. Y al detenernos en el examen del dominio industrial y financiero del mismo Estado, os encontrareis delante de las sombrías e imponentes ruinas de nuestras grandes instituciones bancarias, reveladoras del desgobierno de una época”
Luego de pasar revista a la deuda externa nacional – siempre cuantiosa – se pregunta el egregio profesor:
“¿En que hemos empleado tanto dinero? Señores; nada más doloroso que confesar las faltas de los padres a quienes se ama y se respeta. Condeno el pasado financiero de mi patria, entre vosotros y en la cátedra, que es el templo de la verdad científica e histórica. No concibo el patriotismo con la mentira política, con la mentira electoral, institucional y financiera”
Tras considerar a Esteban Echeverría, como “el más honrado de nuestros escritores”, cierra Terry su magistral disertación formulando una exhortación de plena actualidad que exige ser meditada cuidadosamente. Dirigiéndose a aquel joven auditorio de futuros abogados dice:
”Protesto contra la mentira como régimen, hoy más que nunca, en que necesitamos de todas las energías del patriotismo para afrontar serenos y sin falsos mirajes , serias dificultades internas y externas”
La mentira como régimen. Todos sabemos que la mentira consiste en una expresión contraria a lo que se sabe, piensa o cree. ¿Pero a que habrá querido referirse el profesor Terry con las palabras “mentira como régimen”? Desde un punto de vista psicológico jamás lo sabremos. Pero en el contexto de su disertación es claro que se trata de un enojo contra 88 años de historia. No solo motivado por discursos faltos de sinceridad sino, de manera especial, por la realización de actos concretos, tales como la dilapidación de la tierra pública, el despilfarro financiero, la perpetua deuda del Estado o la impotencia mostrada al intentar poblar el país. Observada así las cosas la expresión “mentira como régimen” cobra un sentido muy distinto. Con ella se alude a fenómenos de carácter institucional. Ninguno de esos actos han sido puros hechos. Han sido actuaciones cumplidas por el ejercicio del gobierno, mediante el derecho positivo, con efectos económicos y sociales. Vale la pena meditar sobre el punto. Si tenemos presente lo dicho sobre los efectos del “sistema declarativo” base del régimen de impuestos, hay que entender por qué para el alma argentina el decir la verdad es algo ocasional.
Contribución territorial o impuestos
La palabra “régimen” en primera acepción significa “modo de gobernar una cosa”. La frase de Terry muestra de entrada un sesgo institucional. Alude a situaciones en que alguna cosa no está siendo gobernada de manera ajustada a lo que ella exige.
No deseamos poner en boca de Terry lo que éste no ha dicho. Pero del contexto de su discurso surge una rebeldía contra la forma de gobernar el país, pero no en todas sus esferas y dimensiones sino en una muy específica: la financiera. Con la fuerza de un profeta hebreo el profesor y ciudadano truena de este modo: ¡Condeno el pasado financiero de mi patria!
Apartando el fondo emotivo que las anima y a las cuales su exhortación final se dirige, mediante un frió análisis, cabe preguntarse: ¿Su protesta es en contra determinadas personas o más bien contra alguna forma institucional? Hay que descartar lo primero para estarse a lo segundo. Pero entonces ¿cuál ha sido la institución corruptora que lo lleva a condenar en bloque al pasado financiero argentino?
No es necesario investigar el pensamiento entero de Terry, en el supuesto que fuera posible. Sí es necesario observar las instituciones constitutivas del orden económico de su tiempo cuyos efectos motivan sus protestas. Es en extremo interesante y necesario hacerlo porque sus quejas tienen, entre nosotros, desgraciada actualidad.
Condenas como las de Terry, que hoy se repiten a menudo, no se pueden fundar de manera trivial como habitualmente suele hacerse, acusando a éste o aquél presidente o ministro. Este tipo de criterio lleva a pensar que a la Argentina le ha tocado la mala fortuna de acaparar para sí los peores presidentes y ministros de economía de la historia del mundo . Sin perjuicio de las posibles y necesarias pesquisas en esa dirección, que pueden llevarse a cabo con otros fines, hay que prestar atención a las instituciones. Ellas son la red constitutiva o generatriz de las cuestiones de orden que perturban la vida del país .
Como le hemos expuesto en otros trabajos , el sistema de propiedad de la tierra rural y urbana establecido en nuestro país (de viejo arraigo histórico, como se ha visto) no ha sido equilibrado con la institución recomendada por Esteban Echeverría: la contribución territorial .
Todo propietario de tierra urbana y rural carga con la obligación tipo propter rem de pagar a la comunidad a la que pertenece por el uso de la tierra. Esta obligación es fundamental cuando se pretende constituir un orden económico coordinado por mercados en libre concurrencia y, a la vez, para asegurar un Estado de derecho con gobiernos financieramente solventes, capaces de pagar los bienes públicos que la Constitución le encomienda ofrecer y el pueblo reclama .
Esta es una obligación que – en lenguaje olvidado – emerge de la “naturaleza de la cosa”. En realidad, lo exige la naturaleza de un orden social en el que todo hombre pueda ser libre en todas las esferas de la vida, gozar del producto de su trabajo, y gozar de aquéllos bienes sin los cuales la libertad y la igualdad son imposibles o carecen de sentido.
Esta obligación, como se ha dicho, emerge de la naturaleza del orden que se pretende constituir. Este orden entre nosotros ha sido consagrado por la Constitución Nacional de 1853-1860. Por lo tanto tiene que ser convertida en obligación jurídica por medio de leyes, y organismos adecuados. La base para calcular la prestación de la contribución territorial tiene que ser el valor de mercado del suelo – rural y urbano – sin consideración a las mejoras que sus propietarios hayan construido o construyan en el futuro sobre él.
La recaudación de la renta fundiaria no es un impuesto. Es una obligación que pesa sobre el propietario, fundada en la ocupación de cierta parte del territorio cuyo dominio eminente corresponde a la comunidad local, al estado federado si existe y a la nación como unidad política del Estado. Salvando las diferencias, es semejante a la obligación que por causa de la mera asociación debe el consorcista de un consorcio inmobiliario al conjunto para que la administración haga frente a los gastos comunes. Este tipo de obligación, como se comprende, precede a todo reglamento.
Del mismo modo la obligación de pagar al Estado por parte de quien ocupa una parcela del territorio de un país precede a las leyes positivas. Estas solo deben reglamentar el monto de la prestación, la forma de pago y demás detalles necesarios para posibilitar y efectivizar su cumplimiento. Se trata de una se trata de la obligación moral de restituir a la comunidad aquel valor que resulta del desarrollo comunitario y que fue a parar a manos del propietario del suelo por causa del sistema instituido para ejercer la propiedad.
El impuesto es algo por completo diferente. Como su nombre lo denota debe ser conceptualizado como una confiscación. Es decir como un acto de fuerza del poder político que, mediante una ley, permite al Estado apropiarse de lo que originariamente es de los particulares. La tierra nunca es cosa originaria del particular, porque es lo dado al hombre Lo que es originario del particular es el fruto del trabajo y, desde luego, de aquella parte del fruto que ahorrado es reinsertado al circuito productivo como inversión de capital. La actividad económica puede ser objeto de imposición con fines muy justificados, legalmente aprobados pero con carácter de excepción. De lo contrario, la economía asociada de hombres libres en pie de igualdad no es posible.
Sobre la propiedad de la renta del suelo
El mayor valor del espacio, según el lugar del país y según la época que se considere, no es hechura de su ocupante individual, sea propietario, inquilino, arrendatario o usurpador. Es el producto del quehacer social. Toda vez que este mayor valor del espacio se manifiesta como un rédito de la tierra, ha sido denominado renta fundiaria , por Achilles Loria, La Rendita Fundiaria.
Dos aspectos sobresalientes caracterizan la renta fundiaria: a) ella no depende de la actividad de un determinado propietario en particular y b) ella existe en función de la actividad cooperativa de la sociedad como grupo comunitario. Un terreno en el centro de la ciudad no vale un céntimo menos por el hecho de que el propietario nunca haya hecho nada en él; su valor estará dado por la cota de valor de la tierra para la zona en que la parcela se encuentre. A la inversa, todo esfuerzo que haga el propietario, no aumentará su valor rentístico en un solo centavo.
La renta fundiaria se acumula sobre cada parcela integrante del espacio económico bajo la presión de las demandas de la sociedad, la que para satisfacer sus necesidades debe invertir sus fuerzas de trabajo y sus capitales reales sobre aquel espacio. En la ciencia económica fue inicialmente apreciada como una renta diferencial en el sentido de que una misma cantidad de trabajo y capital invertidos sobre dos parcelas distintas de tierra, si dan rendimientos diferentes, la diferencia es propia de la condición de cada parcela (así los fisiócratas franceses y David Ricardo, Principios de economía política).
Esta condición puede derivar de causas endógenas (calidad natural del terreno, como describió Francois Quesnay ) o exógenas, si devienen de su ubicación dentro de un espacio mayor, la cercanía a los mercados y el poblamiento y la obra pública y privada construida a su alrededor, tal como lo señalaron Heinrich von Thünen, Alred Weber, August Lösch, Henry George y, notablemente por separado, Esteban Echeverría en su fragmento La contribución territorial.
Echeverría y nuestro porvenir
Lo expuesto pretende ser un homenaje al “más honrado de las escritores argentinos” al decir de Terry. Pero intentamos algo más.
Primero, mostrar como la “fuerza de las cosas” preexistentes a la Revolución de Mayo en materia de propiedad del suelo y de recursos del Estado, pese a todas las apariencias, ha prevalecido contra una de las ideas centrales del pensamiento de Echeverría. Al no atenderse su consejo y , en consecuencia, no haber compensado los efectos nocivos del sistema de propiedad de la tierra, urbana y rural, se han corroído las bases de la democracia, impedido el municipio, destruido el sistema Republicano, generado increíbles fracturas en la sociedad , desmoralizado a la población y , como efecto del problema interno, arruinado la posición de la Argentina en el mundo.
Segundo. Señalar que el camino de la recuperación económica, moral, y política argentina pasa por un cambio espiritual , concretado en un nuevo sistema de recursos del Estado. Para que la contribución territorial sea la base del tesoro público y haga posible eliminar el maligno sistema de impuestos vigente que castiga al trabajo, a la inversión real, a la producción y al consumo se requiere una gran transformación espiritual en el pueblo argentino.
El epicentro de esta transformación – tal como lo sostenía Echeverría – está en el orden cultural; pero no solo en la educación. En todas las esferas de la cultura. El desgraciado colapso que hemos descripto al inicio ha sido un llamado de atención que involucra a los educadores sin duda, pero que llega a religiosos , científicos, poetas, literatos y hombre dedicados al arte. La razón de esa responsabilidad es clara: para los hombres que viven en y para la cultura rige el principio “nada humano me es ajeno”. No hay excusa admisible.
Hay que rescatar a la fraternidad . El orden económico humano será cada vez más una mayor división del trabajo fundado en la libertad individual , pero que exige una igualdad de trato para todos sus miembros. Pero esto no basta. Un orden económico humano colapsa si es penetrado por la antipatía de unos contra otros y apenas languidece si solo lo anima el interés material. Para ser la base material de la sociedad debe nutrirse de un espíritu fraterno. Bien sabia de esto Echeverría . Las formas y métodos para llevar adelante esta indispensable transformación espiritual escapan a este trabajo. Hemos dejado señales suficientes para avanzar: un cambio espiritual que impulse las reformas legales que cambien el sistema de recursos del estado y reformas legales que propulsen el cambio espiritual.
Tercero. Hemos pretendido mostrar, finalmente, que en la Argentina vivimos una situación límite, pero de antigua data. No hay fractura entre la era del progreso rutilante y la de la decadencia imparable. Hay una línea de continuidad institucional cuyos efectos son acumulativos. La sociedad argentina es un organismo robusto , pero maltratado por las instituciones criticadas. Éstas no vienen dadas por la naturaleza. Son obra nuestra y solo nosotros podemos cambiarlas. “Un pueblo que no trabaja por mejorar de condición no obedece a la ley de su ser” decía Echeverría.
En tiempos de falsa globalización, ocurre cierto grado de sumisión intelectual. Necesitamos un auténtico pensar nacido de observar nuestra realidad. Es bueno recuperar este otro pensamiento del prócer, al que el lector avisado sabrá actualizar:
“¿Qué nos importan las soluciones de la filosofía y de la política europea que no tiendan al fin que nosotros buscamos? ¿Acaso vivimos en aquel mundo? ¿Sería un buen ministro Guizot sentado en el fuerte de Buenos Aires, ni podría Leroux con toda su facultad metafísica explicar nuestros fenómenos sociales”
Es hora de reconstituir el país, sanar sus males y establecer una democracia social de hombres libres. Necesitamos proseguir la senda aconsejada por Echeverría. Cuando su pensamiento encarne en nuestra realidad institucional le habremos rendido el real homenaje que merece.
