Capítulo V: POLÍTICA DE URBANISMO, SUELO Y VIVIENDA, dice lo siguiente:
Urbanismo y suelo.
La política de suelo y urbanismo propuesta se basa en tres principios:
Primero, en que la actuación pública debe reflejar el deseo social de ocupación y uso del suelo urbano; segundo, en que el plusvalor sobre el suelo urbano es fundamentalmente de la colectividad y, finalmente, que el sector público debe asumir un papel principal en lo referente a garantizar la entrada en uso del suelo urbano.
En el punto 6 del mismo apartado se dice: “Se presentarán antes del 31 de marzo de 1978 un requerimiento de expropiaciones y unas bases para la reforma estructural de la política del suelo, con especial énfasis en que la apropiación pública del plusvalor y la introducción de los derechos de tanteo y retracto o figuras de efectos equivalentes”.
En el punto 8 se dice: “Se agilizará la recalificación del suelo urbano poniendo en práctica en forma inmediata el Impuesto sobre Solares (Real Decreto 3250/1976 del 30 de diciembre) con el objeto de penalizar su retención especulativa” y en el punto 9: “Se aplicará de forma urgen el Impuesto de Incremento del Valor de los Terrenos (Real Decreto 3250/1976 del 30 de Diciembre), para recuperar parte de las plusvalías”.
Tanto en el impuesto sobre Solares, el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), como se lo llama ahora y el Impuesto al Incremento del Valor de los Terrenos se aplicaron, pero con tasas tan bajas que no tuvieron efecto alguno.
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