UN ECONOMISTA PERPLEJO

Los que nos hemos dedicado al estudio de la ciencia económica y hemos reconocido el enorme esfuerzo intelectual realizado por pensadores como Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, Henry George, Alfred Marshall. John M. Keynes, Joseph Schumpeter, Friedrich von Hayek, Walter Eucken, Milton Friedman y Paul A. Samuelson por citar algunos, al establecer los fundamentos y la estructura de dicha ciencia, nos sorprende la liviandad con que se expresa la sociedad argentina (políticos, intelectuales, sindicalistas, periodistas o el hombre común) sobre la problemática económica.

Una vez le preguntaron, si no recuerdo mal, a Milton Friedman cuál era su divergencia con Samuelson. Aquel respondió en un 95% estamos de acuerdo sólo en un 5% tenemos puntos de vista distintos. ¡Qué diferencia con nuestros colegas!

Es decir, entre aquellos existe plena conciencia qué es la eficiencia, qué significa el principio del menor esfuerzo, sobre la importancia del dinero y su estabilidad, sobre la ineficiencia de la asignación en formas monopólicas, sobre la importancia del management, sobre el rol del empresario innovador, sobre la productividad, y otros términos que la ciencia económica ha desarrollado y clarificado por prestigiosos economistas a lo largo de los años.

Sin embargo, en nuestro país -incluso entre algunos economistas- se sostiene que la eficiencia es un invento capitalista. Hace unos años en un antiguo edificio de ENtel (Av. Cabildo y Dorrego) en el frontispicio había una leyenda que decía: “Monopólica pero eficiente”. De igual forma se expresan periodistas, intelectuales, sindicalistas, políticos, funcionarios e incluso, porteros, plomeros, etc que aunque sostengan ideas diferentes en otros temas en materia económica su postura es lamentable. No salen de frases comunes y sientan cátedra.

La semana pasada tuve la oportunidad de ver un Programa en la TV, a cargo de un dirigente político actual Diputado provincial, que presidía la mesa como anfitrión donde los participantes aparte de militantes eran de extracción obrera, ya que habían sido obreros de fábricas cerradas en la “Nefasta Década de los 90”. El anfitrión, que parece tener buenas intenciones pero escaso o nulo conocimiento económico, los animaba a que se constituyeran en cooperativa o formaran una PYME a los efectos de reabrir aquellas vetustas instalaciones. Mientras transcurría el almuerzo algún comensal expresaba su pensamiento sobre las ventajas de la escuela pública, otro sobre la necesidad de apoyar a la industria nacional y otro recordaba el viejo “Siam Di Tella”, temas que mostraban un marcado sesgo nacionalistoide.

En ningún momento, el Diputado insinuó alguna idea concreta cómo se debería instrumentar tal iniciativa. Es decir, cuál debería ser la organización administrativa, bajo qué espíritu empresarial se debería actuar, qué productos o servicios ofrecer, que management o logística utilizar en un mundo globalizado. Con qué factores e insumos se debería contar aparte del trabajo de los operarios allí reunidos. Deberían usurparse las viejas instalaciones fabriles a los actuales dueños y de esta manera burlar el principio constitucional del derecho de propiedad o solicitar un subsidio al Estado y a partir de ese momento pasar a integrar parte de la burocracia estatal? Nada de eso, sólo pura superficialidad como se caracterizan las conversaciones familiares del tipo “Doña Rosa”.

Asimismo, al margen de echarle la culpa de todos los males a la Década de los 90, nadie explicó que el cierre de esas obsoletas fábricas quizás se debió su existencia a medidas económicas producto de una equivocada política económica como era el otorgamiento de créditos baratos que no son otra cosa que subsidio a los productores, fijación de tipos de cambio múltiples, control de cambios, control oficial de precios y divisas, precios sostén para los productos agropecuarios, subsidios a sectores económicos, nacionalización de servicios públicos e insumos básicos ineficientes, inflación reprimida, poder coercitivo de los sindicatos, lobbies empresariales y que la política económica de la Década de los 90 intentó corregir.

Aquí vale la pena hacer una breve mención de la denostada Década de los 90, como lo fue en otra época la Década Infame de los años 30, cuya carga ideológica es bien conocida y repetida sin el menor análisis serio.

En julio de 1989, Argentina vivía un proceso hiperinflacionario, un caos económico y un presidente que abandonaba anticipadamente el poder (Alfonsin). En agosto y setiembre de ese año, el Parlamento Nacional sancionó las leyes 23.696 y 23.697, de Reforma del Estado y de Emergencia Económica a fin de superar la situación creada por las graves circunstancias económicas y sociales que la Nación padecía y para que las Nuevas Autoridades Nacionales elegidas pudiesen ejecutar su programa de Gobierno.

No fue -como se sostiene- imposición del Consenso de Washington, sino la decisión de la Asamblea Legislativa Nacional integrada por peronistas (algunos nombres vale recordar, Duhalde, Ballestrini, de la Sota, Díaz Bancalari, A. Rodriguez Saa,

Lamberto, Marin, Pampuro, Soria, Puerta, Yoma), radicales ( Jaroslavsky, Conrado y Federico Storani, Stubrin, Jesús Rodríguez, León, Solari Yrigoyen, de la Rúa, Moreau, Neri), socialistas y demoprogresistas (Lázara, Natale, Alende, Estevez Boero, Auyero) y sindicalistas (Curto, Pepe, Britos, Cassia, etc.) en representación del pueblo argentino que votó afirmativamente para que el Poder Ejecutivo Nacional encabezado por el Dr. Menem ejecutara el Programa de Gobierno basado en los contenidos de las leyes comentadas.

Para ello, las principales medidas implementadas por el Gobierno Nacional se basaron en las Leyes 23.696 y 23.697: libertad y competencia en los mercados de mercancías y servicios; libertad en el comercio exterior; desregulación global de las actividades económicas; independencia del BCRA, cuyo objetivo es mantener el valor de la moneda; programa monetario basado en la ley de Convertibilidad; privatización y/o concesión de los servios ofrecidos por las empresas públicas; mayor flexibilidad del mercado laboral y ajuste y saneamiento fiscal. El error fundamental del Programa fue que el ajuste fiscal se logró mediante el financiamiento a través de organismos internacionales, deuda pública y el producido de la venta de empresas públicas concebido.

En la 1. Etapa (1990-94) la convertibilidad funcionó mas o menos bien debido a que existía un presidente con autoridad y legitimidad suficientes, que comenzó una seria reforma económica (apertura de la economía, libertad en el mercado de divisas, control de la oferta monetaria, libertad en los mercados de bienes y servicios, privatizaciones y/o concesiones de servicios públicos, pero con alto grado de corrupción personal.

Aquí conviene hacer una breve disquisición y aclarar algo que no define bien. La corrupción en sí es mala pero peor es la corrupción estructural que la personal. La corrupción personal se refiere a los beneficios “non santo” que recibe un Ministro o un Secretario pero que termina con este, mientras que la corrupción estructural es muchísimo peor porque es permanente. Por ejemplo, YPF contaba con 65.000 empleados cuando el Ing. Estensoro se hizo cargo de la empresa. La transformó en una empresa eficiente con 6.500 empleados, se cotiza en bolsa y la Provincia de Santa Cruz recibió en concepto de títulos más de 1.000 millones de dólares. Asimismo, otra corrupción estructural es actualmente AA que tiene un déficit diario de 2 millones de dólares con ejecutivos que cobran enormes sueldos y pilotos que cobran 38.000 pesos mensuales sin horas de vuelo.

La 2. Etapa (1994-1999) estuvo signada por un presidente ansioso de permanecer un segundo mandato, lo cual fue necesario reformar la Constitución Nacional mediante el Pacto de Olivos (Menem-Alfonsin) que autorizó la reelección presidencial contra la incorporación a la CN de una serie de figuras jurídicas incluidas en los Capítulos “Nuevos Derechos y Garantías”, “De la Cámara de Diputados”, “Del Senado”, “Atribuciones del Congreso”, “Auditoria General de la Nación”, “Del Defensor del Pueblo”, “Del Jefe de Gabinete”, “Del Ministerio Público”, “Consejo de la Magistratura” que producen mayores gastos públicos burocráticos sin ninguna mejora económica y social perceptible para la población.

Además se abandonó todo espíritu de reforma, particularmente en el Estado. Menem tiro por la borda lo que comenzó y ahora sufre las consecuencias del desprecio social injustificado. No se pueden olvidar sus cosas positivas como la apertura económica, la desburocratización global del Estado, la relación estrecha con los Estados Unidos y Gran Bretaña, la incorporación al Grupo de los 20, por citar solo algunas.

La 3. Etapa (1999-2001) se caracterizó por la constitución de una Alianza cuyo único propósito no era Menem sino terminar con el Programa que se comenzó a ejecutar a principios de la Década de los 90. Cuando se habla de la Década de los 90 hay que distinguir claramente estos tres períodos, sobre todo la 3. Etapa enmarcada en un desorden ideológico entre el Presidente de la Rúa y un Vicepresidente ideológicamente contrario al Programa de los 90 que no tuvo ningún empacho ante la primera dificultad política de renunciar y dejar herido en el ala a su compañero de fórmula con total irresponsabilidad de su parte.



La 4. Etapa (2001-2012) se caracteriza por ir desarmando el Programa que muchos de los actuales diputados, senadores, gobernadores, intendentes, funcionarios apoyaron plenamente. Se comenzó por derogar por Decreto la Ley de Convertibilidad, se re-estatizaron y se crearon nuevas empresa públicas deficitarias, el BCRA dejó de cumplir su función de mantener estable el valor externo e interno de la moneda, se establecieron derechos a la exportaciones, el impuesto al cheque, se prohibe la indexación en los balances de las empresas, lo cual hace que resulte como ganancia lo que es realmente mero impuesto inflacionario, se otorgan jubilaciones sin aporte alguno, se congelan tarifas públicas lo cual no se invierte y merma la producción nacional lo que obliga a abundantes importaciones en materia energética, los famosos superávits comercial y fiscal se transforman en déficits recurrentes que obligan a un severo control de cambios, desabastecimiento de insumos y productos menores exportaciones, obsolescencia tecnológica, etc.

Finalmente, esa política económica que ejecuta actualmente Argentina y que cuenta con el apoyo de gran parte de la población, se vuelve a la más vetusta ideología de la sustitución de importaciones que aplicó el peronismo en el período que va del 43 a 1955, cuyos efectos negativos se traducen en una alta inflación camino a la hiperinflación y nuevamente afloran las imperfecciones de ese pseudomodelo que beneficia a industriales y sectores económicos prebendarios cuyas consecuencias conocemos y que en nuestro país se repite en forma recurrente generalmente cada diez años.
Prof. Guillermo A. Sandler

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