Dice, Hector Raul Sandler, profesor Consulto, Derecho, UBA
En un articulo aparecido en el diario La Nación (julio 7, 2009) el contador público Elías Lisicki formula muy interesantes observaciones y sugerencias sobre la importancia de cobrar y pagar impuestos, y el estado de conciencia pública en esta materia.. El articulo se titula “Impuestos: pagar y recibir”. La importancia del artículo radica menos en las opiniones que contiene que en revelar el nivel de conciencia jurídica del autor , de cuyo nivel participa la mayoría de los argentinos. De hecho, en la sección dedicada a comentarios de lectores, no los hubo muchos y – lo mas asombroso - es que los pocos formulados no discreparon con los juicios de valor que el articulo contiene. A partir de esta observación empírica (reforzada por el hecho que la nota ha sido publicada en la pagina principal de tan importante diario) , se puede conjeturar que a pesar de las reiteradas quejas (públicas y privadas) contra los impuestos que se deben pagar, existen pocas perspectivas que el sistema sea cambiado. Salvo una enérgica y concentrada acción cultural -.como la que lleva adelante este blog – tratando de “despertar el alma dormida” de la ciudadanía argentina. Con este fin me permito comentar críticamente un par de párrafos del articulo mencionado.
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Comienza el autor diciendo: “El impuesto, en todas sus variantes, implica la generación de dos obligaciones: la de los contribuyentes, de cumplir la ley y pagar los tributos, y la del Estado, de percibirlos y usar su producido con transparencia y responsabilidad, para lo cual ostenta el Poder Impositivo, que en los Estados modernos le llega desde la comunidad para dirigirla en una justa, equitativa y ordenada vida en sociedad.”
Digo yo: La primera parte de este párrafo es una afirmación errónea. Esta a la vista que el autor toma al “impuesto” como un “hecho” de la naturaleza o producido por los humanos, hecho que “genera obligaciones legales”. No es así. Es justo al revés. Son las leyes positivas (dictadas por el gobierno) las generan en cabeza de los habitantes “obligaciones” de pagar sumas de dinero a favor del Estado y nada mas. Otras leyes (la principal, pero no la única, la ley de Presupuesto) generan via “autorizaciones formalmente regladas por ley” algo asi como “derechos a gastar” el tesoro publico, o sea el dinero obtenido de los ciudadanos. Puestas asi las cosas , el autor hace una impropia simplificación. Afirma que existe una simetría necesaria entre “obligaciones de los habitantes” y las” obligaciones del Estado” .. Esta simetría, aunque idealmente deseable, no existe. La reducción simplista del autor es el frecuente argumento de propaganda de las oficinas recaudadoras del Estado. Aunque como toda propaganda tiene un punto de verdad, ella no deja de ser propaganda, destinada a velar la realidad. El único punto de verdad es que habitantes deben costear los costos de los bienes públicos que ellos demanden. Pero la equilibrada relación “aporte/beneficio” lejos está de darse simple y directamente. Ella se configura mediante complejas y asincrónicas eslabones de muy diversos actos de gobierno. Tan complejos que – en la realidad – lo común es que equilibrio no se da. Algo peor aun: develar el grado de desequilibrio en la relación de cada aportante y los beneficios recibidos es imposible. El grado de equilibrio de la relación “aporte/ beneficio” solo puede apreciarse “indirectamente” por sus efectos generales en el curso del tiempo , observando la calidad de vida del mayor número de personas y en el fortalecimiento de algunas instituciones sociales, no de todas ( instituciones que generan el gigantismo estatal y la hiper-burocracia son malas y deben ser eliminadas. Mantenerlos es “despilfarrar” los recursos). En consecuencia la meneada “transparencia” (exigida y prometida) es un imposible fáctico. Lo que se puede y debe pretender es el establecimiento de específicos y consistentes órdenes políticos, legales y económicos, fundados en un conocimiento y una educación que los haga viables. Conjunto sistémico de órdenes que por sus fundamentos teóricos y experiencias históricas recogidas, acrediten que en ese orden social, con menos aportes al Estado logre que un mayor número de habitantes tengan una mejor calidad de vida.
Continuo diciendo: En la segunda parte del párrafo se alude al Poder Impositivo en los Estados modernos. Este nombre y concepto merece un profiláctico analisis. Por empezar, hablar de un Poder Impositivo (con mayúscula) revela un desvío ideológico. En nuestra Constitución tal Poder Impositivo no existe; aunque de hecho nadie duda de su existencia, pues la mayoría le teme y los que pueden tratan de escapar de él. Ante los efectos de este “poder”, los intelectuales no deben “legitimar” su existencia así como así. En la historia sobran ejemplos del efecto destructivo de este “poder de los gobernantes” ejercido contra los súbditos. De lo que se debe y puede hablar es que hay un creciente grado de civilización cuando la sociedad ha sido capaz de “cercenar” a ese poder. Acotándolo en la fuerza y en los métodos. No puede discutirse que de tal “poder” parece necesitar todo aquel al que se le otorga el gobierno en la sociedad. ¿Pero a alguien se le ocurriría sostener que en un consorcio de propiedad horizontal al administrador se le confiere un “Poder Impositivo” para fijar y cobrar las expensas? Lo que sí está claro es en los consorcistas pesa un deber de “contribuir” a formar las expensas necesarias para pagar los “gastos públicos” que el consorcio insume: electricidad , l ascensor, limpieza, etc. Este es un debe emergente de la “naturaleza de la cosa, del tipo de sociedad llamada “consorcio” . El consorcio democráticamente cuantifica a ese deber y lo cualifica transformándolo en obligación legal de pagar mensualmente para los gastos “presupuestados”. Asunto nada insignificante para este tipo de problema social, pues no es casual que la expensa cuantificadas dentro de un mismo edificio sea en proporción a la superficie ocupada por el consorsista. Jamás se inquiere (ni se aceptaría se le investigara) sobre el uso dado a su piso, lo que gasta para sus gustos , su tipo de consumo o el monto de sus ingresos.
Es solo a partir del “proceso”, de determinar el quantum de la expensa , se le confiere al administrador un “poder”, no impositivo” sino un “poder de cobro”, para percibir la expensa que cada uno deba. Este poder para “recaudar” es algo muy distinto de lo que el autor (y no solo el autor sino la mayoría de los argentinos) entiende por Poder Impositivo del Estado. Tal como está configurado por el orden legal ese poder es contrario a la Constitución Nacional, pues, en verdad, es un ”poder de exacción”, en la segunda acepción de la palabra: cobro injusto y violento. Merece ser calificado, además, de irracional. Su irracionalidad queda probada no solo por su origen y fundamentos teóricos y por los pésimos bienes que los gobiernos (el de la nación y los de provincias) brindan, sino, especialmente, por trabar al desarrollo de la producción y el consumo y ser la peor la plaga que sufren trabajadores, inversores y consumidores.
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Veamos ahora una propuesta del autor. Casi al final de su artículo sostiene ideas que parecen calcadas de La República de Platón. Para este filosofo griego lo fundamental para su Estado (nada liberal por cierto), era educar a la infancia y la juventud , para hacer de ellos súbditos virtuosos, no ciudadanos libres.
Dice el autor que comentamos: “Si se habla de una nueva "cultura tributaria", comenzando la enseñanza en las escuelas primarias y secundarias, mostrando qué es y para qué sirven los impuestos, pero esto se practica en ámbitos donde el alumno queda confundido: edificios vetustos y peligrosos, aulas sin calefacción, docentes mal pagos y otros comentarios negativos que los alumnos escuchan en su hogar, se genera poca credibilidad e imposibilita la comprensión de lo que se pretende enseñar, con lo que resulta ineficiente e inútil el esfuerzo. Si la realidad lo permite, la educación tributaria se podría encarar explicando a los estudiantes un listado de obligaciones estatales que se deberían llevar a cabo con la recaudación de los tributos y mostrar cómo se han llevado a cabo o no.”
Para nada repara el autor en los desastrosos efectos del actual régimen impositivo. No advierte al lector que este régimen es la suma de sucesivas exacciones, que - salvo un cambio de conciencia cívica - no se detendrán. Régimen que fue concebido en la dictadura de 1930, nacido y criado durante la era del fraude patriótico (1932-1942) y alimentado y engordado desde entonces a espaldas los intereses y necesidades de todos los argentinos. En particular de los trabajadores e inversores. ¿Cuándo desde la vuelta a la democracia (1983) se ha discutido, siquiera una vez, los fundamentos del actual el sistema de impuestos, descubriendo sus malignos cimientos? Esto la acaba de hacer y muy bien, el economista Meier Zylberberg; pero es una mosca en la leche. No denuncia el autor que se trata de un régimen enemigo del mandato constitucional, “gobernar es poblar”. No responsabiliza al actual sistema del pertinaz desierto de vastas regiones del territorio argentino; de provincias escuálidas y del denigrante hacinamiento urbano , llamados con pudor académico “cinturones de pobreza”.
Todo esto y mucho más puede imputarse al conjunto de “textos ordenados” de las leyes que han forjado el régimen impositivo argentino. Lo que al autor le preocupa es la contumacia y resistencia que oponen los súbditos; tanto en declarar su sumisión (dar cuenta de sus ingresos) como a oblar el “tributo” resultante de la declaración. “Confesión” hecha a requerimiento amenazante y coactivo del recaudador . Para curar esos males, a semejanza de Platon,, propone educar a los niños argentinos sobre sus “obligaciones estatales”. Servidumbre del Estado en lugar de encender la llama de la libertad en sus tiernos corazones.
No me place criticar a colegas que seguramente escriben convencidos de su verdad. Pero en rigor el articulo criticado ha sido publicado por medio muy importante y en lugar preferido. Asi se forja la cultura. Uno debe medir los efectos que esos pensamientos acarrean. Las ideas publicadas entrañan un grave sentimiento , conservador de una pésima tradición. Es deber de todo argentino erradicarla. Si fuera un pensamiento aislado, exclusivo del autor, no hubiera escrito lo que he escrito. Me apuro a hacerlo convencido que solo una nueva conciencia cívica puede tornar útil a la democracia y poner fin a este funesto sistema de recursos del Estado. Cuál debe sustituirlo es asunto de otro costal.
Buenos Aires, julio 7 de 2009
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