Héctor Raúl Sandler, Profesor Consulto, Derecho, UBA
He prestado atención al proyecto presentado por Manuel Ayau y me limito a un par de observaciones:
1) El centro de su proyecto es modificar el orden político construyendo un Senado cuasi vitalicio “conservador” como órgano creador del Derecho (en el sentido de ley inmutable); a la par dejar en mano de los Diputados del “pueblo” el dictado de leyes que dictan la “política” legislativa, en el sentido de leyes que atiendan a la coyuntura. Comentario: es altamente sugestivo el parecido de este “sistema” con el que se fue estableciendo en la Antigua Roma, la que se degradó de la Republica al Cesarismo monárquico al Imperio con decadencia general. No se puede cuestionar su buena intención de Ayau y sus acompañantes. Apartar a las leyes fundamentales de los volubles intereses de la dinámica social, parece bueno.
2) Esa fue la decisión en 1853 en Argentina, pues el Senado se integraba por representantes de los Estados federados , mientras que los Diputados eran representantes de los intereses de “la gente” o el “pueblo” o de los ocasionales “grupos internos”.
Como “Biblia civil” se dicto la Constitución y el Código Civil. Era el Derecho por esencia, ley permanente.
3) Aquellas dos instrumentos parecían adecuados para garantizar la libertad individual, la igualdad ante la ley y de oportunidades y la fraternidad entre los habitantes. El fulminante “progreso” entre los 1860 a 1910 parecen ser prueba irrefutable.
4) Pero la historia romana y la argentina muestran que “algo” dentro del “sistema económico/político/cultural” jurídicamente diseñados minó la vigencia de aquellos principios e instrumentos . Hay que prestar atención a la progresiva decadencia del poblamiento del país, aun vacío y, mas aun, a los conflictos socio-económicos ocurridos a partir del Centenario (cito pocos pero significativos ejemplos: Huelga de inquilinos, 1907; Grito de Alcorta, 1912; semana trágica, 1919; leyes congelando alquileres, 1921). A partir de 1950 ceso la inmigración y la reemplazo una imparable hemorragia migratoria del interior a las capitales y de todos hacia el exterior. Una legión de familias “sin vivienda” desde 1930 se convirtió en parte de la “geografía humana argentina” con el nombre de villas miseria.
5) Este despoblamiento y conflicto social in crescendo se han dado con la degradación de la economía de mercado dispuesta por la Constitución (Art.14 y s) y a partir de la instalación de la democracia en 1916. Juntas reguladoras y Banco Central (1930); Estatizaciones de empresas y planes quinquenales a partir de 1943 y 1946; nacionalización del sistema bancario; posterior intervención central de la Nación en la economía con indeferencia del partido o grupo político llegado al gobierno (1955, 1958, 1963, 1966, 1973, 1976, 1983) y la general intervención del Gobierno en los negocios públicos provinciales y los privados. Todo a partir del régimen de impuestos creado en 1932 .
6) Ante “los hechos” hay que abandonar la cómoda pretensión de resolver el “algo” que como un cáncer corroe las entrañas del orden público y privado. La literatura dominante (y el proyecto Ayau) solo se ocupa del “orden político” ignorando la real complejidad que ofrece la interconexión de las esferas de vida política, cultural, económica y jurídica.
7) Una actitud hay que adoptar: la semejante a la adoptada por la generación de 1837 a la que pertenecieron Echeverria y Alberdi. Hay que desarrollar una visión holística, sistémica, orgánica, no ideológica. Tal actitud exige ver la realidad con visión recta y formularse preguntas olvidadas por el exponente en Guatemala y por muchos de nosotros:
1) ¿Hay igualdad de acceso a la tierra para todos los hombres del mundo que quieran habitar el territorio argentino?
2) ¿Cuál es el destino actual del mayor valor de la tierra libre de mejoras, llamada renta por los clásicos y renta del suelo por los contemporáneos?
3) ¿Son las caprichosas exacciones cometidas por los gobiernos contra productores y consumidores, llamados “impuestos”?
¿No hay literatura alguna que exponga otros sistemas de recursos para los gobiernos que aseguren el municipalismo, el federalismo, el poblamiento regular, la apertura a las fuentes de trabajo, la legitimidad e inviolabilidad del derecho de propiedad sobre el fruto del trabajo de cada trabajador?
¿Puede asegurarse una efectiva ciudadanía política negando la ciudadanía económica?
Si no se formulan y contestan seriamente estas preguntas, todo otro tipo de “invento” (raramente “moderno”) solo azuza el conflicto ideológico y arrastra, inevitablemte, al drama social.
Junio 17, Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo
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