Nacionalizar el mejor negocio sobre la tierra: La tierra argentina???...

DEBEMOS PROPONERNOS ARGENTINIZAR LA TIERRA ARGENTINA
Por Héctor Raúl Sandler, profesor Derecho, UBA


La noticia:
La diputada kirchnerista Diana Conti, el federado Pablo Orsolini, y la peronista disidente Ivana Bianchi, coinciden en proyectos con el mismo espíritu: poner freno a la tierra que adquieren los extranjeros. Aunque a priori podría afirmarse que nunca estarán de acuerdo aunque digan lo mismo, oficialismo y oposición presentaron proyectos que comparten una misma preocupación: poner freno a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

MI OPINIÓN
He leído la información sobre los proyectos de los diputados Diana Conti , Pablo Orsolini e Ivana Bianchi. No puede negarse que al parecer los anima un espíritu patriótico. Sus proyectos se fundan en una base emotiva muy sensible. Pueden despertar un sentimiento nacional que se extienda como reguero de pólvora en el corazón de millones de argentinos. No es para menos. Según los informes y considerandos, el territorio patrio esta siendo vendido. Y nada menos, que a los extranjeros. Este es el punto central de la cuestión.
Ahora me hago una pregunta. ¿Esos apellidos Conti , Orsolini, Bianchi, suenan a tehuelches o guaraníes? No lo creo. Sus ancestros respectivos han sido visiblemente extranjeros y aunque ignoro detalles de sus vidas, lo más probable es que sus parientes llegados al país, en algún momento, habrán comprado algún terreno. Es lo que hizo la mayoría de los inmigrantes al fin del sigo XIX y comienzos del XX.
En otras palabras, la “extranjerización” del territorio viene de lejos. Y se explica. El principio de orden social anunciado en el Preámbulo de la Constitución originaria, nunca alterado, que cierra “invocando a Dios fuente de toda razón y justicia”, contiene una pública invitación a todos los extranjeros del mundo para que vengan a habitar el suelo argentino. Y en su Parte Primera, declarando los “derechos y garantías” para todos los habitantes, sin distinción entre nativos y extranjeros (art.16), les asegura la libertad de “usar y disponer de su propiedad” (art.14), la que es “inviolable”, sin que “ningún habitante pueda ser privado de ella sino por sentencia fundada en ley ” (art.17). Ley que en ningún caso, desde luego, puede contradecir el espíritu y letra de la Constitución (art.28).

Los diputados Conti , Orsolini y Bianchi debieran tener presente que el derecho de los habitantes a ser propietarios de cosas incluye, dentro del sistema constitucional, serlo sobre un pedazo del territorio patrio, toda vez que en el art.4º la Constitución prevé para “proveer a los gastos de la Nación” y formar el tesoro público …. la “venta o locación de tierras”. ¿Fueron, acaso, los constituyentes de 1853 irresponsables y carentes del mismo sentido patriótico que parecen tener a los legisladores Conti, Orsolini y Bianchi, cuando dictaron estas disposiciones básicas del orden social argentino? No es legítimo pensar de esa manera. A la luz de la experiencia histórica, gracias a esa Constitución, desde 1860 hasta los 1900, pasaron a formar parte de la sociedad argentina millones de hombres de trabajo de los que, en alguna forma, estos legisladores son sus descendientes. Un país que en los 1860 con menos de 1 millón de habitantes, gracias a esa Constitución, en menos de cuatro décadas quintuplicó su población y se coloco a la cabeza del mundo. Esto se logró gracias a la aluvional inmigración de extranjeros, la mayoría de los cuales vino porque podía “extranjerizar” parte del territorio argentino. Ser dueño de un terreno. El Código Civil, por su parte, hizo de la tierra un objeto susceptible de ser comprado y vendido a semejanza de cualquier mercancía (arts. 2311, 2503, 2506 y correlativos).
Aunque en forma cada vez mas menguada, la inmigración de extranjeros continuó a principios de los 1900. La Argentina era, junto a los EEUU de America, fue entonces uno de los principales países “pais receptores de inmigrantes” extranjeros europeos y por imperio de la misma Constitución (art.25). Pero solo hasta mediados del siglo XX. En este punto se acabó el flujo hacia nuestro país para revertirse hacia el exterior.

Desde entonces La Argentina ha pasado a ser un “país de emigrantes”. No hay lugar en el mundo donde no se encuentre uno con un nativo argentino. Esta curva de rápido crecimiento población por flujo inmigratorio, cese de la inmigración europea y la vuelta atrás del proceso, pasando a ser país de emigración, ocurre mientras seguimos poseyendo uno de los mejores y más vastos territorios del mundo. Poblado con una miserable densidad poblacional. Esto es lo que debiera ser el enigma que debiera preocupar a todos los diputados y senadores, nacionales y provinciales, para cumplir con la consigna alberdiana “gobernar es poblar”. Debemos convencernos de una vez por todas de este escandaloso hecho social: la Argentina posee uno de los territorios más aptos para la vida humana y permanece materialmente vacía.

En los proyectos de los diputados Conti , Orsolini y Bianchi algo que les preocupa y con justifica razón. Se trata de algo maligno – especie de cáncer – que afecta al desarrollo argentino. Preocupación a la cual nos sumamos. Se trata del “latifundio”. Esto es el ejercicio del derecho de propiedad sobre una inmensa superficie de tierra, en manos de una sola persona o sociedad. Un “trozo” del territorio cuya superficie es equiparable, cuando no mayor, al todo el territorio de muchos países del mundo. Y tienen razón los legisladores al preocuparse por ese maligno hecho. No olvidemos la sentencia de Plinio. “El latifundio destruirá a Roma”. Y la destruyó. ¿Podrá evitar la Argentina correr la misma suerte?

Roma fue abatida por las invasiones sólo cuando su sociedad interior estuvo completamente carcomida por causa del latifundio. La pésima distribución de la tierra y los altos impuestos tornaron imposible su primigenia “unión nacional”. Aquella Roma de campesinos y matronas se fue dividiendo en tres irreconciliables clases sociales. En sus primeros tiempos, en los que forjó su férrea moral cívica, Roma fue “mono clasista” (así cuando Corogliano posponía el trabajo de cultivar su finca para actuar momentáneamente como jefe vencedor de los Vosgos). Luego por causa del sistema legal de propiedad de la tierra adoptado, pasó a ser “biclasista”. En el Siglo IV aC ya se componía de “patricios” (dueños de la tierra) y de “plebeyos” (trabajadores sin tierra). Llegó el momento en que se enzarzaron en una cruenta guerra civil, solo “calmada” por momentos, pero jamás salvada. El fruto del enfrentamiento abierto entre “patricios” y “plebeyos” fue la Ley de las XII Tablas. Ley inservible para acabar con la guerra civil. En nada esta legislación era parecida a las “tablas de Moisés, las leyes hebreas, cuyo principio básico – en esta materia – está en el Levítico 25:23: “La tierra es mía – dice Jehová – pues vosotros forasteros v extranjeros para conmigo sois”. Roma, ajena a este fundamental principio de orden moral y económico, asolada por la continua guerra civil, entró en decadencia final cuando sus clase política para la tercera clase social (los “sin tierra”, el proletariado) adoptó como remedio el “panen et circenses”. Aceptaron que Roma habría de ser “tri clasista”: patricios (dueños de la tierra), plebeyos (comerciantes) y proletarios (sin plata ni tierra). Para estos últimos la receta de patricios y plebeyos fue “pan (gratis) y circo (gratis)”. Así comenzó la caída final del más grande y civilizado de los imperios que el hombre ha construido.
¿Nadie advierte entre nosotros la alarmante semejanza que guarda nuestra historia desde 1860 a la fecha con el crecimiento, estancamiento y caída de Roma?
Más valiera que se la tenga en cuenta, toda vez que nuestro Código Civil en materia de propiedad de la tierra ha adoptado el “derecho puro de los romanos” (ver nota al párrafo 5º del Titulo IV del Código Civil).

Quien se contente con definir como “representante del pueblo” a quienes se limitan a expresar las ideas vulgares del pueblo, no pueden ser cuestionados como representantes; al menos en una dimensión. Pero en esta materia de la tierra es peligroso y fatal limitarse a eso. Porque sin excepción la amplia mayoría del pueblo argentino sueña con ser “dueño de un palmo de tierra” y, si puede con varios “palmos” más, y si la suerte se lo permite, bien venido recibirá un latifundio. Gracias a la inmensidad de nuestro territorio y al Código Civil que trata a la tierra como una “mercancía”, se ha forjado una “moral social” que nos impulsa a todos en esa dirección. No la modifica la variada ideología política de los habitantes, que apunta a otras cosas y no a la primaria base del orden social.
Yerran los diputados nombrados si creen que adquirir tierra argentina es solo una aspiración de “extranjeros”. Vibra en el alma de todos los argentinos. Desde el que consigue un par de metros (en lo que será una villa miseria) al “villero constituido en terrateniente”, pues ya posee un miserable rincón en el que puede vivir como “dueño”. Aunque carezca de escritura pública. Y a manera de ensueño en todos vibra la idea que ser propietario de tierra, pues presienten y ven con sus ojos que en la Argentina que “el mejor negocio de la Tierra es la tierra misma”(“ladrillos”, que le dicen públicamente los agentes intermediarios).

Pero para ser “representante del pueblo” para una democracia de hombres libres, en los que todos sean tratados en un pie de igualdad, de modo que puedan vivir fraternalmente, exige al legislador actuar en otra dimensión. No basta con que exprese el “sentir popular”; no siempre “vox populi, vox dei”. Tiene el deber moral y legal como representante de un mundo mejor que “imaginar”, “inventar”, nuevas formas de orden social. El que más conviene a todos y a la república y dictar leyes en consecuencia. Consolidar formas e instituciones legales que acierten con la “ley debida”, la que surge de los hechos pero que si no las hace derecho positivo , permanece en el “aire”.

Mal rumbean los diputados Conti , Orsolini y Bianchi con sus proyectos, explicables, pero que de aprobarse en nada mejorarían a nuestro desorden social ni detendrían nuestra decadencia. No es a la “extensión física de los terrenos” bajo propiedad a lo deben prestar atención. A lo que deben dirigir la mirada atenta y actuar en consecuencia es a la RENTA DE LA TIERRA. Este es el valor comercial que la tierra tiene y que se expresa en moneda (entre nosotros siempre y sugestivamente en dólares). El precio real que aparece evaluado en el mercado, no en las ridículas boletas de ABL. ¿Si pudieran elegir, qué elegiría cualquiera de los señores diputados autores de los proyectos? ¿10.000 hectáreas en la Antártida o solo 1 en Florida y Avenida Corrientes?

El valor del predio libre de mejoras es la suma de dinero que todo interesado esta dispuesto a pagar para vivir y trabajar en él. (En nuestro régimen legal-impositivo alienta a “especular” con el aumento de su valor, derivado de la obra publica y privada que se alza a su entorno). El total de ese valor acumulado en cada provincia es el “tesoro social” al que han de acudir los gobiernos para afrontar el gasto publico. Así se logra el federalismo. Cuando esto se hace, hay que eliminar los impuestos que matan a trabajadores, empleados, empresarios e inversores. Hay que eliminarlos progresivamente según la cantidad de lo que se recaude en concepto de renta inmobiliaria. ¡Tierra barata! ¡Trabajo libre de impuestos! He aquí la formula contraria a la de “pan y circo”.

Si nuestros representantes meditan sobre estas ideas, verán con claridad qué pesada carga seria para el latifundista (rural y sobre todo urbano) pagar el tanto por ciento del valor de mercado del predio bajo su titulo de propiedad , obligados a pagarlo por la ley positiva que esta esperando ser dictada. Se acabaría con el negocio de la “especulación”, especulación sobre lo que es don de Dios. ¡Es increíble que cueste tanto ver algo tan claro!

Quieran los representantes del pueblo argentino disponer que se recaude la renta del suelo libre de mejoras y dispongan a la vez las correlativas derogaciones para eliminar los aberrantes impuestos al trabajo, el comercio, la inversión, la producción y el consumo.
Permitan los legisladores que la Argentina sea tan grande, feliz y poderosa como su territorio le permite y la capacidad y energía de sus habitantes lo merece.
Permitan a todos sus habitantes vivir de su propio trabajo. Anulen la terrible verdad – dicha por un legislador – según la cual “en la Argentina nadie hace plata trabajando”.
Deroguen impuestos y pongan a la tierra de la Patria a disposición de todos sus habitantes por igual.
Es lo que Dios, la Patria y la Constitución les demandan.

Con tales medidas pondrían, suavemente, en marcha una revolución social que haría memorable al Siglo XXI. Sería recordada esa reforma como la más importante de su historia contemporánea, pues haría que la Argentina volviera a ser la patria amada por todos los hombres del mundo deseosos de vivir en libertad de su trabajo. Millones de argentinos exiliados retornarían al seno del hogar, al ver que es posible aquí tener el derecho a vivir con dignidad y en fraternidad.
El Bicentenario hace propicia la ocasión para intentarlo.


N. de la R.: Es preciso recordar también a los Señores Diputados que la tierra urbana es 10000 veces más cara que la rural. Es decir que si nacionalizamos 1 hectárea urbana estaríamos nacionalizando el equivalente a 10.000 hectáreas rurales.